Kitabı oku: «La oposición al franquismo en el Puerto de Sagunto (1958-1977)», sayfa 5

«La oscuridad al final del túnel»

Para los habitantes de Puerto de Sagunto el final de la guerra significó el inicio de un periodo de represión, oscuridad y miedo. La localidad encarnaba para los vencedores todo lo que sus enemigos eran y representaban: la mayoría pertenecía a la clase trabajadora, tendía al «bolchevismo» revolucionario y era atea. Tras la guerra el poder había vuelto a manos de las derechas tradicionales: «personas relevantes que habían sido toda la vida de derechas […]. Ingenieros, gente de comercio, gente obrera cualificada también».⁷²

Cuando las tropas franquistas entraron en Puerto de Sagunto llevaron a cabo numerosas detenciones de «rojos», personas que habían luchado al lado de la República contra las tropas franquistas, entre ellos muchos trabajadores de los Altos Hornos. En un primer momento, los detenidos fueron llevados a un almacén en Sagunto para posteriormente ser trasladados a la prisión provincial de San Miguel de los Reyes, en Valencia, donde la mayoría siguieron presos durante años. La penuria de las esposas e hijos que habían quedado en Puerto de Sagunto, obligadas a subsistir a duras a penas sin el jornal del cabeza de familia ahora preso, se vio todavía agrandada por las múltiples expropiaciones. Los años de posguerra estuvieron marcados en Puerto de Sagunto por la tuberculosis y el hambre. Como relata uno de los entrevistados, «no había nada» y algunas familias se vieron obligadas a alimentarse casi exclusivamente de las naranjas que robaban en los campos cercanos: «Comimos naranjas y hierba, con el hambre que teníamos. Así pasamos tres años. Esto aquí era una zona de tuberculosis».⁷³

Como en tantas otras de las zonas que habían permanecido fieles a la República, también en Puerto de Sagunto fueron fusilados varios republicanos. Las estimaciones según Santos Juliá parten para toda España de unos 140.000 republicanos fusilados entre 1936 y 1950, unos 100.000 ejecutados durante la guerra y unos 40.000 en la posguerra. En contraste a estimaciones anteriores, según revisiones las cifras de las víctimas de la represión republicana no debían superar las 50.000 en toda España.⁷⁴ De los 60 «disidentes» que fueron fusilados en el distrito de Sagunto, por lo menos 21, según las estimaciones de Simeón, provenían del Puerto de Sagunto.⁷⁵ Entre las víctimas de los fusilamientos se hallaban varios militantes anarcosindicalistas y de la UGT, que durante la República y la Guerra Civil habían empeñado un papel importante en los diferentes comités para la gestión municipal y el control de la fábrica. Eso era el caso de Hipólito Delgado, calderero y presidente de la junta directiva de la CNT en Puerto de Sagunto, que fue fusilado en 1939 a los 25 años en Paterna. Ulpiano Alonso Presa, ejecutado en el mismo año, fue laminador y miembro del comité de la Defensa del Puerto, los comités de control de fábrica y de control anexos a la siderúrgica en Cieza y presidente del Sindicato Siderometalúrgico de la UGT.⁷⁶ «Estas personas», cuenta un testigo de la época, «uno de ellos el jefe de la CNT»:

trabajaban en Altos Hornos, casualmente, y lo pasaron muy mal, muy mal hasta el punto de que […] estuvieron encarcelados en el famoso cementerio de Sagunto. Según cuentan […], aquellas personas que habían estado en el bando político opuesto o que sin haber estado tenían chivatazos, y eran apresados, a los que juzgaban rápidamente, que los condenaban a muerte, los llevaban al cementerio en una furgoneta […] y al amanecer los fusilaban.⁷⁷

Igualmente, también algunas mujeres que se habían destacado por luchar durante la guerra del lado de la República, como la famosa «Jabalina» fueron detenidas, llevadas a la cárcel de mujeres de Valencia y posteriormente ejecutadas.

Los años entre 1939 y 1945 fueron años de hambre, la población tenía que sufrir bajo la rigurosa autarquía económica franquista y el aislamiento prácticamente completo de la economía española respecto del mercado internacional. Los más perjudicados por la errónea intervención estatal y la deficiente situación de los abastecimientos fueron los centros industriales del país, cuya población no estaba en condiciones de abastecerse a sí misma con productos del campo. Los alimentos estuvieron racionados hasta entrada la década de 1950. El mercado negro y el estraperlo se convirtieron en una práctica habitual en poblaciones sin producción agrícola, como Puerto de Sagunto. Muchos de sus habitantes procedentes de comarcas rurales (sobre todo de la más cercana Aragón) tejieron una densa red de contrabando. En las entrevistas numerosos testimonios informan de familiares que participaban en el mercado negro: cualquiera que tuviera un carro y caballos podía traer aceite y harina de los pueblos a las ciudades, pero se arriesgaba a ser sorprendido en los frecuentes controles de carreteras y a poner en peligro su subsistencia, dadas las cuantiosas multas con que se penaban dichas actividades.

Claro, en aquellos años después de la guerra, podría ser por el 40 o 41, por ahí, mi padre se dedicó al estraperlo. A comprar frutas en el pueblo […] mi padre y un sobrino […]. Y se iban a estraperlo por ahí, iban a Cuenca, a todo el entorno de ahí a vender. Y vendían la fruta, pero la gente ahí no podía comprar y la cambiaban por trigo. Y lo traían a casa […]. No nos faltaba de nada, porque mi padre se había tirado en el estraperlo […]. Y en el primer viaje que hace mi padre le colgó la fiscalía de tasa. Lo denunció […] y ya pues, tuvo que vender mi padre una finca, porque entonces la multa eran 7.000 pesetas, que era muchísimo, cuando te hablo yo del cuarenta y tantos.⁷⁸

Tras la ocupación por las tropas nacionales, Valencia, la «zona roja» se vio especialmente afectada por la represión franquista. El nuevo estado no tenía dudas sobre quiénes habían ganado la guerra y quienes la habían perdido y en ningún momento trató de integrar el bando de los vencedores o de buscar un consenso general. Carente de un concepto ideológico revolucionario de carácter integrador para el futuro de España al contrario de los dictadores fascistas de Alemania o Italia, con su retórica de superación de clases en un horizonte nacional, Franco no estaba dispuesto a incluir a la mayoría de la población en un proyecto de «comunidad nacional», equiparable a la Volksgemeinschaft nacionalsocialista. Fracasados rápidamente en los primerísimos años de posguerra algunos intentos falangistas de superación (revolucionaria fascista, no democrática) de las diferencias entre vencedores y vencidos, que no ofrecieran a estos últimos únicamente medidas represivas, la política de las nuevas autoridades destacó más bien por su carácter marcadamente reaccionario, con la persecución y aniquilación de los antiguos líderes y defensores de la República, la represión de la democracia y del socialismo como medidas preferentes. La violenta represión fue el factor que impregnó la dictadura franquista, con el único objetivo de atemorizar moralmente y paralizar mediante el terror y el miedo cualquier intento de oposición.⁷⁹

Quan s'acaba la guerra ací era un «desmadre». No podies anar tres persones juntes pel carrer. No podies tindre en el treball una reunió. Aixo és de veres. Ens abstinguérem moltes vegades de moltes coses, perque la primera vaga que varem fer nosaltres ací, ens imposaren unes coses molt estranyes.⁸⁰

La dictadura utilizó el terror no sólo para eliminar a sus enemigos, sino también como apoyo recurrente para recordar una y otra vez a gran parte de la población cuál era su lugar en la sociedad, que no era otro que el de los perdedores. A los que querían sobrevivir no les quedó otra elección que resignarse exteriormente al sistema y aprender a callar. Franco no buscaba ninguna reconciliación, sino manipular el pasado y aprovecharse del dolor colectivo. Sin embargo, la hostilidad y los deseos de venganza de los vencidos para con el régimen sólo ocasionalmente desembocó en acciones públicas de protesta. La mayoría de la población, y con ella también buena parte de la clase trabajadora, adoptó un papel más bien pasivo, ante el acendrado temorazuzado de forma muy consciente por la dictadurade que la traumática experiencia de la guerra pudiera repetirse. La atmósfera en la ciudad fabril estaba impregnada por el miedo, sobre todo a la actuación de las escuadras fascistas de Falange y de la Guardia Civil. «Había mucho miedo», explica un testigo de la época, «porque entonces veías a un guardia civil, veías a uno de Falange y parecía que eran el diablo. Huíamos de ellos porque te pegaban. Aquí se han pegado muchos palos… yo he visto cosas muy muy…».⁸¹

Sobre todo para los primeros tiempos tras el fin de la guerra informan los testimonios de constantes actos de violencia e intimidación por parte de los vencedores: gente golpeada por haberse negado a levantar la mano en el saludo fascista, mujeres de «rojos» a las que se rapaba la cabeza o discriminadas en el reparto de los de por sí ya racionados alimentos, ateos/as a los que se obligaba a arrodillarse al paso de procesiones… La Iglesia desempeñó en la represión un papel nada secundario: obligaba a los habitantes a asistir semanalmente a misa y alcanzó mediante la imposición de su moral tradicional una influencia en la vida cotidiana del pueblo que no hay que subestimar. Las formas de comportamiento considerado «inmoral», como por ejemplo bañarse con «demasiado poca» ropa, hacer manitas en público o diversiones como los bailes sociales, eran severamente condenadas. Para una clase obrera de tendencias ateas como la de Sagunto la Iglesia representó desde un primer momento el prototipo del aparato represivo conservador, responsablejunto con la burguesía y el ejércitodel recorte de sus libertades; una percepción que el concordato con la Santa Sede en 1953 no parecía más que confirmar.⁸²

Si bien la dirección de la empresa, siguiendo la política paternalista entonces predominante, adoptó una postura algo moderada con sus trabajadores, que, como ya ha sido mencionado, acabó enfrentándola con las autoridades locales, civiles y eclesiásticas,⁸³ no dejaba por ello de ser a ojos de los trabajadores, en tanto que representante de la burguesía industrial, un aliado tradicional de la Iglesia. Con el inicio de la década de 1940 la empresa solicitó el envío a Puerto de Sagunto de misioneros, los llamados paúles, que se instalaron en la iglesia de Begoña y en las escuelas dependientes de la empresa.⁸⁴ Pese a todo, los intentos de convertir a los trabajadores tuvieron pocos resultados: a misa iban sólo los interesados en congraciarse con la dirección de la empresa y la jerarquía local, sobre todo, ingenieros, personal de administración y maestros artesanos, esto es, empleados con sueldo mensual y que así se diferenciaba de la masa. En la iglesia de Begoña se diferenciaba espacialmente entre trabajadores y directivos: había accesos separados y los ingenieros jefes tenían bancos propios con sus iniciales grabadas. En este sentido, el creciente distanciamiento de la mayoría de la población en el tema de la religiosidad era una consecuencia también de las contradicciones de clase, como lo relataba un sacerdote de la época en una de las entrevistas: «El obrero aquí no era practicante, pero era por la historia de la imagen de la iglesia en Puerto de Sagunto. La iglesia en este momento estaba identificada con el poder, como Begoña era la iglesia de los altos cargos, la dirección, los ingenieros… el poder del pueblo».⁸⁵

La implantación del Sindicato Vertical

Y me acordaré siempre del primer día que vinimos aquí, a la casa del Sindicato Vertical, a hablar con un abogado para que nos dijera qué podíamos hacer. Este señor nos dijo: «Mirad, muchachos: nos costó 36 meses ganar España; nos cuesta 36 minutos daros un puñetazo a cada uno y meteros en la cárcel. Aquí no se viene a protestar por nada. No tenéis vosotros suerte ni nada, que tenéis los puestos de trabajo ya garantizados».⁸⁶

Los vencedores de la guerra eran totalmente conscientes de que, para asegurar la pervivencia de la dictadura, el sometimiento del movimiento obrero debía ser uno de los objetivos más importantes. A la vista de la creciente industrialización era inevitable que existieran trabajadores, pero se podían limitar los potenciales peligros del proletariado con represión en sentido clásico (la fuerza policial, la militar) o con la creación de órganos de control, como las organizaciones del partido único y su aparato sindical universal.

No obstante, es necesario abrir aquí un paréntesis para tratar del inicio y la forma de la dictadura franquista. La construcción del nuevo estado español había comenzado el 1 de octubre de 1936, con el nombramiento del general de división Francisco Franco como Jefe del Estado español. De hecho, el poder del que disfrutó hasta su muerte no estuvo más que limitado por su propia voluntad. En abril de 1937 decretó la unificación de todos los grupos y partidos políticos de la zona «nacional» en la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET y de las JONS) como partido único «bajo su mando» y él sería el Jefe Nacional del Movimiento. De esta manera, Franco asumía el cargo de José Antonio Primo de Rivera, hijo del anterior dictador y desde 1933 líder-fundador del partido fascista español, ejecutado en zona republicana en noviembre de 1936. José Antonio, que en vida nunca alcanzó un verdadero éxito político con su partido fascista, fue estilizado posteriormente como héroe y mártir; permitiendo el culto mortuorio en torno a su persona. Franco pretendía ganarse el favor de los camisas viejas. En una época en que toda Europa parecía someterse a un procesado generalizado de fascistización, Falangeque en las últimas elecciones democráticas había obtenido un magro 0'4% de los votosse convirtió en la imagen del nuevo régimen español, si bien el propio general Franco veía al movimiento fascista con mucho escepticismo y creciente desprecio.⁸⁷

Con la unificación forzada de los partidos de la derecha del espectro político (tradicionalistas carlistas, monárquicos alfonsinos, católicos y falangistas) bajo el paraguas del partido único fascista, se consiguió sellar una poderosa alianza que resultaría decisiva para la victoria del bando franquista; una unidad de la que las fuerzas democráticas republicanas carecerían hasta el final. Sin embargo, la unidad de los grupos de derecha tampoco fue nunca tan grande como pretendió demostrar públicamente el pomposo Desfile de la Victoria de mayo de 1939. Sin duda, todas las fuerzas que durante la guerra apoyaron al bando franquista compartían un profundo rechazo de la democracia, del parlamentarismo y del marxismo, además de tener un común interés en la destrucción de la República. En realidad, los objetivos ideológicos de los diferentes grupos a la hora de construir un nuevo orden estatal alternativo a la odiada democracia eran fundamentalmente diferentes: en el interior de la «coalición», las diferentes corrientes de derechas continuaron definiéndose como falangistas, carlistas, monárquicos o católicos. Al fin y al cabo, al inicio de la guerra ningún partido había contado con que la sublevación reaccionaria acabaría tres años después con la construcción de una dictadura franquista.⁸⁸ Pese a todo, Franco supo mantener, sin posicionarse a favor de una determinada fuerza política, como líder supremo el frágil equilibrio entre «compromiso ideológico y mero oportunismo» y apoyarse en una u otra dependiendo de la cambiante correlación nacional o internacional de fuerzas.⁸⁹

Ya durante la guerra civil dio comienzo la construcción de una ideología de Estado cuyos pilares fundamentales serían la Gleichschaltung -sincronizacióninstitucional, el sistema de partido único, un ejército victorioso y fuerte y una iglesia católica aliada con el sistema. Un último pilar sería la creación de un sindicato único vertical que, totalmente fiel a sus ejemplos fascista y nacionalsocialista, integrara a los trabajadores en el régimen. El objetivo principal del sindicato era el control y la represión de los trabajadores, cuyo potencial conflictivo suponía a ojos de las autoridades franquistas una constante amenaza para el orden público. Con la implantación del sindicato, oficialmente Organización Sindical de España (OSE, más conocida en la práctica como Sindicato Vertical), no se pretendió en primer lugar ganar a los trabajadores para el sistema o facilitar su participación activa en él. Efectivamente, el régimen muy pronto había renunciado a la idea de obtener un «consenso activo y entusiasta» entre la población, y por lo tanto la reacciones ante las pocas iniciativas en búsqueda de colaboración fueron poco favorables. La mayoría de los obreros contestó con pasividad y rechazo, postura que se expresa muy claramente en las entrevistas realizadas con antiguos trabajadores de Altos Hornos. A pesar de ello, así lo subrayan Saz y Molinero, existía una cierta «voluntad de aproximación a las masas» por parte de algunos sectores del régimen encabezado por el ministro de Trabajo José Antonio Girón, y que se expresó con una «política del paternalismo social, que se vio perfectamente completada» por el paternalismo empresarial de la época.⁹⁰ Durante su mandato entre los años 1941-1957, Girón elaboró un «discurso obrerista», introduciendo un sistema de amplias actividades sociales, seguridad de enfermedad y una red de asistencia sanitaria, convirtiéndose así en la «cara social» del régimen. Del mismo modo, Girón frecuentemente buscó el contacto directo con los trabajadores y una de las zonas repetidamente visitadas fueron Valencia y el Puerto de Sagunto.

Aunque sus intenciones de «aproximación a las masas» y la voluntad de atender a las justas reivindicaciones sociales y económicas obreras, le aseguró una cierta popularidad, la política socio-laboral del régimen no dejó de estar llena de contradicciones. Al fin y al cabo, el discurso falangista no se mostró «capaz de compensar la realidad de unas relaciones de trabajo absolutamente desfavorables» para los obreros, los cuales acabaron de recurrir a la protesta abiertahecho que se manifestó claramente en las conflictos sociales a principios de los años cincuenta, como la huelga de tranvías en Barcelona en 1951.⁹¹

La estructura sindical del nuevo estado debía de formarse siguiendo las directrices de la teoría falangista del nacionalsindicalismo. Su principio ideológico base era la represión de todo conflicto laboral y la negación sistemática de la «lucha de clases», es decir, el rechazo de los principios del capitalismo liberal o del marxismo. Por el contrario, empresarios y trabajadores debían colaborar armónicamente para hacer progresar la producción industrial y agraria. En los 26 puntos de Falange se puede leer al respecto: «Nuestro régimen hará radicalmente imposible la lucha de clases, por cuanto todos los que cooperan a la producción constituyen en él una totalidad orgánica».⁹² Según la teoría falangista, todo el Estado español debía estar organizado en una sola unidad de productores; es decir, todas las fuerzas que participaran en el proceso productivo debían unirse pacíficamente. Los conflictos sociales, las protestas y las huelgas eran equiparados a la traición a los principios del Estado.

Ya en 1937 se crearon las Centrales Nacional Sindicalistas (CNS), embrión de la futura organización sindical estatal. El objetivo perseguido era desposeer de legitimidad a los viejos sindicatos y prevenir la creación de agrupaciones nuevas, ajenas a la doctrina falangista.⁹³ El fundamento legislativo del nuevo sistema sindical lo constituía el Fuero del Trabajo de marzo de 1938, que conformaba un derecho laboral fuerte inspirado en la Carta del Lavoro mussoliniana. En él se exponía la estructura de la futura Organización Sindical Española, la cual consiguió organizarse institucionalmente tras el fin de la guerra civil mediante la promulgación de la Ley de la Unidad Sindical y de la Ley de Bases de la Organización Sindical (ambas de 1940).⁹⁴

La Ley de la Unidad Sindical establecía la base del monopolio sindical del Partido único FET y de las JONS, que excluía por definición la existencia de los tradicionales sindicatos. La Ley de Bases de la Organización Sindical, de diciembre de 1940, definía el marco administrativo y la estructura jerárquica de la OSE. En la cima de la jerarquía sindical a nivel nacional se encontraba el delegado Nacional de Sindicatos, nombrado personalmente por el Jefe Nacional del Movimiento, es decir, por Franco. Desde esta instancia superior hacia abajo el sindicato se dividía en dos niveles: uno horizontal y otro vertical. Los sindicatos nacionales estructurados verticalmente constituían los elementos institucionales más importantes dentro del sindicato y desarrollaban sus actividades en el plano nacional y provincial. La subdivisión vertical se desglosaba en 28 ramas sindicales, que abarcaban los sectores industrial, agrario y de servicios, en los que cualquier empresa había de integrarse dependiendo de su sector.

Siguiendo lo estipulado en la Ley de Bases de la Organización Sindical, en un primer momento la afiliación era voluntaria, pero en 1943, a raíz del escaso entusiasmo demostrado, la Ley de la Colocación Obrera la convirtió en obligatoria para cada trabajador. Normalmente, la cuota de afiliación se descontaba directamente del sueldo. La legislación laboral tejió una densa red de instancias de control, las oficinas de colocación, encargada de supervisar la correcta expedición de la cartilla profesional, un documento de identificación individual que informaba sobre el currículo, la historia laboral y, eventualmente, la pertenencia a organizaciones de Falange. Los empresarios tenían prohibido contratar trabajadores que carecieran de cartilla profesional. Evidentemente, esta normativa estaba también vigente en los AHV:

Art. 3° Admisión. El personal que solicite colocación deberá presentar documentos de identidad […], carnet de parado de la Oficina de Colocación, calificación profesional acreditada por las certificaciones de trabajo de las empresas donde hubiere sido colocado.⁹⁵

Igualmente, el sindicato controlaba la pertenencia de cualquier trabajador joven a la organización juvenil de Falange, el Frente de Juventudes, o a la Sección Femenina en el caso de las mujeres. La dirección de la empresa, en la que normalmente había también miembros de Falange, colaboraba de forma habitual en los rigurosos controles a sus empleados. Un trabajador de Puerto de Sagunto nos informaba que, ante su negativa a afiliarse al Frente de Juventudes, se le negó la incorporación a la fábrica y sólo años después pudo conseguir un contrato de trabajo.⁹⁶

Con la creación de la OSE con su estructura organizada jerárquicamente, pudo el estado franquista intervenir en las relaciones laborales y en los conflictos surgidos en el lugar de trabajo y controlar así la estrecha integración del trabajador en el sistema. No obstante, un segundo punto de importancia era la función socio-económica que los sindicatos nacionales adoptaban en lo referente al control estatal del proceso productivo. El sindicato constituía un medio efectivo para imponer hasta en la empresa más pequeña la política económica promovida por el régimen.⁹⁷

Si bien en la organización sindical trabajadoresproductoresy empresarios ocupaban, en el sentido del nacionalsindicalismo, posiciones teóricamente iguales, en la práctica el resultado era bien diferente: la colaboración armónica entre trabajadores y patronos era únicamente una fórmula utilizada hasta la saciedad por la propaganda ajena a la realidad. Los trabajadores tenían prohibido cualquier tipo de participación dentro o fuera de los órganos sindicales, a pesar de la introducción de esporádicas elecciones sindicales en 1944.⁹⁸ Aunque teóricamente los trabajadores de cualquier categoría estaban representados, de manera más o menos proporcional, por los denominados enlaces, representantes sindicales, lo cierto es que la Falange local solía manipular las respectivas elecciones de tal manera que sólo podían presentarse como candidatos partidarios del régimen. La Delegación Nacional de Información e Investigación, el órgano superior de espionaje de Falange se encargaba personalmente de la supervisión de las elecciones sindicales y de llevar a término la depuración entre los candidatos presentados. Se puede, así, leer en una nota sobre los preparativos oficiosos de las elecciones de 1957 en Valencia:

La Jefatura Superior de Policía, se ha dispuesto hacer una información lo más amplia posible, de cada uno de los enlaces propuestos. En la mayoría de los casos, los agentes se dirigen a la empresa […], en otros casos, los agentes efectúan la información reservada, bien por medio de amigos […], pero en otras, para terminar antes, los agentes van a los domicilios de los interesados y allí los someten a una serie de preguntas, que en muchos casos, son difíciles de contestar […], ya que sobre todo Valencia que no tuvo la suerte de ser nacional durante el Alzamiento.⁹⁹

En marzo de 1947, con ocasión de las segundas elecciones sindicales que iban a celebrarse, se publicó una nueva regulación que establecía formalmente la «fiabilidad política» de los candidatos como requisito indispensable para su presentación como candidatos. De esta manera, los mandos falangistas sindicales que actuaban a nivel local y provincial recibían de parte oficial un cheque en blanco para manipular las elecciones. Las estrictas normativas, de interpretación además flexible, que determinaban los motivos para desposeer a alguien de su cargo, entre los cuales se encontraba la «falta de lealtad para con el Sindicato» o «la ausencia de respeto ante el Estado», completaban el marco legal de las elecciones del Sindicato Vertical.¹⁰⁰

La Ley de las Reglamentaciones de Trabajo, promulgada en 1942, no hizo sino reforzar la posición de impotencia de los trabajadores en la nueva estructura sindical. La ley declaraba cometido estatal toda regulación sobre las condiciones en el puesto de trabajo y condenaba cualquier tipo de negociación directa entre trabajador y empresario. Las empresas con más de 50 trabajadores estaban obligadas a desarrollar un reglamento de régimen interior que creara las condiciones marco para controlar rigurosamente a los trabajadores dentro de la empresa. Dicho reglamento preveía la clasificación de la plantilla en categorías o grupos salariales, establecía el pago de los sueldos o de bonificaciones, fijaba la duración de las vacaciones, la política social de la empresa y definía las sanciones de unas faltas divididas en «leves», «graves» o «muy graves». Las infracciones podían ser castigadas con el despido y la suspensión de sueldo durante un periodo que, según la gravedad de la falta, oscilaba entre 2 y 60 días. Como infracción de mayor gravedad estaba estipulada, junto con el uso de palabras ofensivas para con los superiores o sus familiares, las blasfemias en el puesto de trabajo.¹⁰¹

Durante las primeras décadas de la dictadura, la obediencia incondicional con el superior representó el puntal de cualquier tipo de relaciones laborales. La aplicación del generalizado principio de paternalismo no solía conllevar a conflictos con la legislación franquista y la autoridad estatal. Antes al contrario, los órganos administrativos y de control franquistas se caracterizaron por la complacencia frente a los poderosos patronos. La Magistratura del Trabajo, creada expresamente para intervenir en conflictos laborales y para mediar entre trabajador y empresario, se situaba con un «prejuicio escandaloso» de parte del empresario.¹⁰² En consecuencia, los obreros no se sentían representados por los órganos de un sindicato, que, según el discurso franquista, estaban destinados a integrarles en las relaciones laborales: «Es que nos obligaron a afiliarnos al sindicato […]. Era otra clase de sindicato […]. Era un sindicato vertical, que ellos hacían lo que querían […]. Era más a favor de la fábrica […]. Allí no conseguías nada».¹⁰³

Sin embargo, en algunas ocasiones se producían disputas de competencias entre los patronos y las autoridades, especialmente en la estela de depuraciones de «elementos» republicanos y comunistas en las empresas. En el caso de Puerto de Sagunto, la dirección de la empresa renunció -como ya ha sido mencionadoa purgas excesivas, también para no perjudicar la recuperación de la producción de un acero tan necesitado. Trabajadores que habían sido despedidos en un primero momento por los mandos del sindicato falangista, fueron pronto readmitidos a instancias de la dirección vasca de la empresa bajo Jerónimo Roure. En sentido contrario, en otros lugares se dieron también casos de exceso de celo depurador de la empresa ante los cuales las autoridades locales se vieron obligadas a intervenir.

La política autárquica franquista favorecía especialmente a sectores tan importantes para la economía como la producción de acero y metal. Mano de obra habíacomo consecuencia de la inmigración de jornaleros provenientes de zonas tradicionalmente agrícolasmás de la necesaria. La deficiente tecnologización y una capacidad de modernización inexistente en las fábricas eran compensadas mediante el empleo en masa de un ejército de mano de obra no cualificada. En numerosas empresas había, por tanto, un exceso de mano de obra, reflejado en la política de sueldos y en las relaciones laborales. En primer lugar, los sueldos, controlados por el Estado, siguieron hasta bien entrada la década de 1950 en niveles mínimosen Puerto de Sagunto un recolector de naranjas cobraba en aquella época más que un trabajador de la fábricay, en segundo lugar, la excesiva oferta resultaba un arma efectiva a la hora de contrarrestar la aparición de posibles conflictos laborales. Una empresa con una plantilla de 5.000 «productores» (concepto utilizado eufemísticamente por el régimen para evitar la palabra «obrero», de evidentes resonancias marxistas) no tenía demasiados problemas a la hora de despedir a doscientos huelguistas para asustar al resto; una práctica frecuentemente concurrida en los conflictos laborales de las décadas de 1950 y 1960. La explotación excesiva de la mano de obra por parte de los patronos conllevó también en AHV, en perfecta sintonía con la legislación franquista, la reintroducción de la pre-republicana semana de 48 horas, las cuales con las horas extras y el trabajo de fin de semana fijados arbitrariamente por la empresa podían convertirse fácilmente en 60 horas.¹⁰⁴