Kitabı oku: «La paz sin engaños», sayfa 4
Hacia una definición propia de paz estructural
Vistos grosso modo aspectos como la paz y sus definiciones, la paz y las violencias, así como los distintos tipos de conflictos, hay la necesidad operativa de proponer una definición propia de la paz que necesitan países como Colombia. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el concepto de paz ha entrado en ese grupo de palabras en los que su utilización es tan indiscriminada que hay que precisar muy bien el contexto. En un proceso de paz como el colombiano, ya sea en las negociaciones, en las agendas o en los acuerdos firmados, es preciso agregarle, al acoger el llamado común de las definiciones recogidas por Posada Carbó, un adjetivo. El de paz estructural acoge el consenso en torno a la necesidad de resolver los graves desequilibrios sociales y políticos llegando hasta sus raíces. Así en este estudio se entenderá por paz estructural.
Al tipo de paz que supere las secuelas producidas tanto por la violencia directa como por los efectos inherentes a la violencia indirecta y/o encubierta. De manera que la ausencia de guerra o conflicto armado sea concomitante a la superación de las desigualdades extremas, la integración de las poblaciones excluidas y el goce efectivo de los derechos ciudadanos para toda la población.
Un definición que se ajusta no solo al sentir de la mayoría de definiciones “necesarias” para abordar la paz en Colombia; sino que además se acerca a la elaborada por elaborada por el CIIIP, que además, recoge el elemento central de la formulación en la que Johan Galtung ha trabajado durante los últimos años. la desigualdad.{47}
Es decir que al evidenciar el papel de las relaciones de poder, con su determinismo violento y su sistema de desigualdad, se facilita la comprensión de las causas de la mayoría de los conflictos armados. La desigualdad no está limitada al orden estricto de lo económico y su imposición pasa por todas las relaciones humanas, individuales o colectivas, en donde el objetivo central es la dominación o el aniquilamiento del otro. Aunque en América Latina, por los bajos índices de participación ciudadana, educación y conciencia política, no siempre el grado de desigualdad ha sido proporcional al grado de confrontación.
Capítulo 2
Procesos de paz en Colombia
Al hacer una breve arqueología de la paz colombiana durante el siglo XX se descubre que, sin excepción, las principales causas del conflicto social nunca fueron modificadas por ninguno de los distintos acuerdos de paz. Lo que se impuso fue un sistema de pacificación, ya fuera por imposición, engaño o a cambio de algunas prebendas para los líderes de los levantamientos. Esta forma de hacer la paz evadió de forma transitoria las razones de los insurgentes y dio apenas un respiro mientras se recomponían o formaban nuevas fuerzas de oposición armada.
Más de un siglo después de la firma de los tratados de Wisconsin, Neerlandia y Chinácota, en 1902, los colombianos siguen buscando las fórmulas efectivas que culminen en una paz real y duradera. Para este estudio interesa detallar las negociaciones y acuerdos de paz realizados en Colombia durante más de medio siglo (1949-2002); y se pueden periodizar conforme al hecho más relevante durante cada una las distintas etapas de la historia del país. Además, por considerar su importancia pedagógica y su éxito relativo, se incluye en este capítulo un análisis comparativo entre el periodo más relevante de negociaciones directas entre gobierno y grupos insurgentes en Colombia (1998-2002) con las agendas y acuerdos que facilitaron el fin de la guerra en El Salvador (1992) y Guatemala (1996).
La paz extraviada (1949-1953)
Este periodo comprende el fin de la hegemonía liberal en 1946, iniciada en 1930 y promotora de importantes reformas que modernizaron al Estado y establecieron las bases de la promoción social de amplios sectores, y la asunción de la dictadura militar en 1953. El hecho crucial durante este periodo fue el asesinato del líder disidente liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, que marcó el reconocimiento abierto de una confrontación armada ya existente y significó la generalización de los choques armados en vastas regiones del país.
Desde 1946 a 1950, bajo el gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez, se incrementó una profunda crisis institucional con la intensificación de la violencia armada en zonas rurales del centro del país y la división interna del liberalismo. En la elección presidencial de 1950, en las que no se presentó ninguna candidatura opositora por la falta total de garantías debido a la violencia generalizada, quedó como presidente Laureano Gómez, de ideología cercana al falangismo español. Una de sus tareas fue la continuidad de un plan estratégico para la desaparición física de opositores que resultó en la muerte de miles de colombianos, periodo conocido como el de La Violencia.{48}
Tanto Ospina como Gómez impusieron un régimen de terror encubierto a “sangre y fuego”, con la implantación del estado de emergencia nacional, la disolución del parlamento y la suspensión de las ya precarias libertades democráticas.{49} El clima de confrontación violenta predominante en este periodo impidió cualquier posibilidad de diálogo entre las partes enfrentadas. La paz se extravió con la proliferación de masacres y la violencia extrema generada por venganzas interpartidarias fuera del control de las dirigencias liberales y conservadoras. Las relaciones entre las bases liberales y conservadoras que llevaron el peso de la guerra civil no declarada y sus direcciones propiciaron la existencia de un lenguaje ambivalente. conciliador en la cúspide, residente sobre todo en las ciudades, y el lenguaje sangriento de las bases, ubicadas la mayoría en la periferia rural y separadas muchas veces más por cuestiones religiosas que por la ideología del partido por el que mataban o morían.{50}
La paz de la dictadura (1953-1957)
En 1953, cuando las bandas armadas auspiciadas por el gobierno conservador extendían su terror por todo el país, asumió el poder una dictadura militar, apoyada en principio por la jerarquía del Partido Liberal, como una manera de contención del revuelo social creado por los abusos cometidos contra la población opositora. Una de las primeras medidas del gobierno militar fue la promulgación de un plan de pacificación. Se buscó así la desmovilización de los grupos armados insurgentes de tendencia liberal y comunista.
Luego del acuerdo entre la cúpula militar y la Dirección Nacional Liberal (DNL), se decidió que esta última pidiera a sus jefes guerrilleros la rendición y la entrega de las armas. La DNL optó por buscar la división entre los jefes guerrilleros al privilegiar a parte de ellos y, como contraprestación, los obligó a enfrentar con apoyo de tropas de la dictadura a sus antiguos compañeros de rebeldía.{51} Así, en julio de 1953, estos núcleos guerrilleros liberales, además de su entrega, pactaron con la dictadura un compromiso para “capturar y entregar a los guerrilleros que no querían presentarse bajo la promesa de que por cada guerrillero que entreguen recibirán una suma de dinero y por la respectiva arma una bonificación especial”.{52}
Mientras tanto, los liberales no desmovilizados y los comunistas actuaron como aliados ante la represión conservadora que los acosaba sin distingo. Las fuerzas insurgentes que optaron por la continuación de la lucha armada presentaron como argumento principal que: “La estrategia de los liberales no llegaba más allá del derrocamiento del gobierno conservador, la restitución del poder al liberalismo y la defensa de la Constitución avasallada por el Estado de Sitio”.{53} Las guerrillas de tendencia izquierdista, tanto liberales como comunistas, optaron entonces por diferenciarse de las liberales oficialistas con la difusión de un programa agrario aprobado en su Primera Conferencia Nacional de Movimientos Populares de Liberación Nacional, en 1952. Como resultado de este plan pacificador acordado por la dictadura y la jerarquía del Partido Liberal e implementado en cada región por las fuerzas liberales desmovilizadas, el movimiento guerrillero de izquierda se adentró en zonas selváticas mientras reponía sus diezmadas cuadrillas.{54}
Ante el incumplimiento de la dictadura y la extinción de las guerrillas liberales, los grupos de disidentes armados de Antioquia y Tolima exigieron, por medio de una circular, los puntos centrales para su desmovilización y el acotamiento al plan nacional de paz de la dictadura.{55} El 8 de septiembre de 1953, en Monterrey, pequeña población de los llanos orientales de Colombia, se firmó el documento de entrega de armas y, el 15 del mismo mes, 3500 guerrilleros liberales de esa zona hicieron entrega de su armamento. En total, en todo el país, la desmovilización insurgente alcanzó a 6500 insurrectos. Como se dijo con anterioridad, las guerrillas que no se desmovilizaron se vieron abocadas a dos opciones: el bandolerismo social para su sobrevivencia económica o su internación como colonos en las selvas del oriente y sur del país, rumbo definitivo de todas las guerrillas de tendencia izquierdista.{56}
La paz excluyente (1958-1974)
Al caer la dictadura en 1957, al agotar su papel asignado por el bipartidismo de pacificar el país, es reemplazada por una Junta Militar que inició un proceso de transición hacia una democracia formal. Los jefes de los partidos Liberal y Conservador reunidos en Benidorm, España, firman un pacto político al que denominan “Frente Nacional”. La cláusula principal del mismo fue la alternancia cada cuatro años, por un periodo de dieciséis (1958-1974), de la presidencia de la República solo entre candidatos de estas dos formaciones políticas.{57} Además, se acordó que toda la carga burocrática del Estado fuera repartida equitativamente entre sus militancias, cerrando la posibilidad a fuerzas no tradicionales de participar, no solo en la contienda política sino también en cualquier actividad de la administración pública.{58}
En 1964, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, se implementó la política de exterminio total de la guerrilla, respondiendo a un plan quinquenal contrainsurgente (1960-1965), denominado Plan LASO (Latin American Security Operation), creado por Estados Unidos con la finalidad de contener las re percusiones de la Revolución Cubana en la región.{59} Así se realizan los ataques a los reductos guerrilleros que según el gobierno habían conformado “Repúblicas Independientes” en el territorio selvático al sur del país. Los insurgentes no fueron aniquilados y su resistencia sirve desde entonces como referencia para el nacimiento de las FARC-EP.{60}
En la parte nororiental del país, casi de forma simultánea, nacía otro movimiento insurgente, el ELN, conformado en su mayoría por jóvenes universitarios que seguían el ejemplo de la Revolución Cubana y las teorías de focos guerrilleros de Che Guevara y con una marcada representación de religiosos seguidores de la Teología de la Liberación.{61} A finales de la misma década del sesenta se conformó el EPL, que seguía orientaciones maoístas acordes con su origen agrario, en los departamentos de Antioquia y Córdoba, al noroeste del país.
En general, durante los últimos gobiernos del Frente Nacional (Carlos Lleras, 1966-1970; Misael Pastrana, 1970-1974) fue implementada una política de represión constante a los reductos guerrilleros, bajo la tesis de que el ejército oficial controlaba e impedía su acercamiento a las principales ciudades del país. Durante este periodo se completan los grandes flujos migratorios que transforman a Colombia en un país más urbano que rural. Comienza así un continuo ajuste poblacional a la vida urbana que, al coincidir con un relativo crecimiento económico, da cierto bienestar social y calma el ambiente de confrontación política armada.
Desde la mitad del Frente Nacional el grueso de la población, ahora más urbana, se desatendió de la situación de la violencia rural y, salvo la noticia de la muerte del cura guerrillero Camilo Torres en 1966 y las esporádicas protestas de índole salarial, el clima político estuvo centrado en los debates parlamentarios por corrupción de las familias López, Peñalosa y Vives, figuras notorias del bipartidismo. En ese ambiente fue imposible plantear cualquier acercamiento de paz con los débiles núcleos guerrilleros de los que solo se esperaba su desaparición; fuera por el agotamiento producto de sus difíciles condiciones de subsistencia o de su aniquilación total por parte de las Fuerzas Armadas.
La paz represiva (1974-1982)
A pesar del término formal del Frente Nacional, en 1974 se dio continuidad al sistema de paridad electoral y burocrática durante los gobiernos de Alfonso López Michelsen (1974-1978) y Julio César Turbay (1978-1982), que recurrieron a la criminalización de la protesta cívica. El primero con la cruenta represión del paro cívico de 1977 y el segundo con la promulgación de un represivo Estatuto de Seguridad que llevó a las cárceles a cientos de opositores políticos. Estatuto que sirve de referente para el comienzo del uso sistemático de la tortura en los interrogatorios y la desaparición física en las cárceles estatales.{62}
La excepción a la represión generalizada fue el reconocimiento del status político de un grupo armado (M-19), al resolver de forma negociada un acto violento como la “toma” de la embajada de República Dominicana por un comando del M-19.{63} Fuera de esto no se percibe durante este periodo mayor interés por parte de los dos gobiernos de realizar ningún acercamiento de paz y, más bien, ya sea por la corrupción imperante o la baja participación electoral, se observa el debilitamiento del Estado y el crecimiento de los grupos alzados en armas.{64}
Tal situación tiene como resultado más llamativo el avance en las propuestas de abrir espacios políticos de forma que la guerrilla, luego de su desmovilización, se integre al debate nacional; en consecuencia la oposición armada “se va articulando paulatinamente como un proyecto político alternativo que empieza a ser percibido ya como una amenaza para el sistema político”, en particular por la presencia de las FARC-EP.{65} Ante el auge insurgente, Turbay propone en marzo de 1981 una ley de amnistía con la condición de que los grupos armados entregaran las armas y se acogieran a un modelo de democracia restringida, sostenido con leyes excepcionales emanadas del estado de sitio, el cual imperaba casi de manera ininterrumpida por más de treinta años. Al final ningún movimiento armado se acogió a la amnistía por considerarla insuficiente.
La paz objetiva (1982-1986)
El lapso comprendido entre 1982 y 1986, denominado aquí la paz objetiva, coincide con el gobierno del presidente Belisario Betancur y se caracteriza por ser el primero en reconocer las llamadas “causas objetivas” de la violencia como caldo de cultivo para la gestación de la oposición armada. En noviembre de 1982, Betancur dictó una ley de amnistía que fue bien acogida, aunque con reservas, por los grupos insurgentes al facilitar que cientos de sus miembros salieran de las cárceles de todo el país. Las FARC-EP se acogieron de inmediato a la ley “para convertirla en un instrumento de movilización de masas”.{66} Durante este lapso aparece un sinnúmero de comisiones, oficiales o de los gremios, involucradas en un amplio debate sobre la paz. Es durante el gobierno Belisario Betancur cuando el Estado colombiano comienza a reconocer la imposibilidad de un aniquilamiento rápido y definitivo de las guerrillas.
En otro paso adelante en la búsqueda de la paz, el 28 de mayo de 1984, se firmaron los acuerdos de la Uribe, población donde las FARC-EP tenían instalado su Secretariado Nacional. Se firmó el cese bilateral del fuego, sin la entrega de armas ni la desmovilización de las guerrillas.{67} El gobierno se comprometió a promover en el parlamento una serie de reformas en materia política, económica y social; al tiempo que implementaría un Plan Nacional de Rehabilitación en las zonas más afectadas por el conflicto armado, mientras las FARC-EP adquirieron el compromiso de respetar el cese al fuego, fin al secuestro y al terrorismo; así como la espera de la concreción de las promesas gubernamentales para una posible desmovilización.
Se presenta entonces la paradoja que a medida que se abría una oportunidad real de participación de los alzados en armas, producto de unos acuerdos de paz, fuerzas dentro del mismo gobierno y de los estamentos militares impedían esta apertura.
Fueron los llamados, tiempo después, por el propio presidente Belisario Betancur como “enemigos de la paz”, debido a que en su gobierno “no logro unir al establecimiento alrededor de su política de paz. Ni el Ejército ni la clase política ni los gremios apoyaron sus proyectos de reforma”.{68}
Este periodo se caracteriza como importante en la medida en que introduce una pedagogía de paz, pues por primera vez hay conciencia nacional sobre la necesidad urgente de resolver los conflictos por canales pacíficos. Era de lamentar, al decir de Alfredo Rangel, que “Las fuerzas militares estuvieron permanentemente divorciadas de la política gubernamental y al final retomaron, por la vía de los hechos, el control”.{69} Para otros analistas un logro importante de Belisario Betancur fue el posible comienzo de deslegitimación del recurso de las armas como única vía para lograr las transformaciones políticas que requiere el país.{70}
Aunque este periodo se recuerda como uno de los más prolíficos en materia de paz, fue empañado por los cruentos sucesos de la toma guerrillera (M-19) del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985; así como el inicio de una serie de asesinatos selectivos de cientos de militantes de agrupaciones civiles y políticas, igual que de varios dirigentes guerrilleros en fase de negociación con el gobierno o en tregua.{71}
En un hecho histórico, apenas posterior unos meses a la crisis del Palacio de Justicia, las FARC-EP se proclamaron partícipes activos del proyecto político legal, la Unión Patriótica (UP) del que formarían parte también amplios sectores progresistas e incluso, en algunas regiones del país, con la participación activa de liberales y conservadores.{72} La UP participó en las elecciones de 1986 y gracias a alianzas estratégicas con sectores independientes obtuvo resultados muy favorables: 350 concejales, 23 diputados, 9 representantes a la Cámara y 6 senadores en el Congreso. En las elecciones presidenciales consiguió la mayor votación lograda hasta ese momento por alguna fuerza política distinta del bipartidismo tradicional.{73}
Sin embargo, el freno contra este proyecto político comenzó el 11 octubre de 1987, con el asesinato de su excandidato presidencial Jaime Pardo Leal. En las tres campañas electorales siguientes cayeron también asesinados, otro candidato presidencial de la UP, Bernardo Jaramillo, el 22 de marzo de 1990; dos senadores, varios representantes a la Cámara y más de 4000 dirigentes de la Unión Patriótica y de sus aliados políticos. Ante el temor de la continuidad de los éxitos logrados por la UP, se desató un periodo de “Guerra sucia”, bajo la más completa impunidad y después de varios gobiernos no se han aclarado casi ninguno de estos magnicidios.{74}
La paz sin tregua (1986-1990)
Con la llegada al poder de Virgilio Barco (1986-1900) se produjo un importante avance en la política de paz, haciéndola institucional, con la creación de la Consejería Presidencial para la paz y, además, con un impulso mayor al Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), el cual tenía como premisa superar las causas estructurales de la violencia en las regiones de fuerte presencia guerrillera y tratar por esa vía de conquistar el apoyo del campesinado. Se continuó entonces con una política de diálogos intermitentes entre gobierno y guerrillas, con la presión a estas últimas de dar muestras unilaterales de voluntad de paz. Sin embargo, un hecho grave alteró las posibilidades reales para que el movimiento armado intensificara sus gestos de paz: el auge y crecimiento de los grupos paramilitares que, con total impunidad y probado apoyo del ejército oficial, realizó varias masacres en las poblaciones civiles de las zonas de influencia guerrillera.{75}
Aunque en la presidencia de Barco se consolidaron los procesos de desmovilización que se habían pactado con Belisario Betancur; al mismo tiempo se reafirmó el espíritu de clase de los gobernantes colombianos con el impedimento, no formal, pero sí real de la renovación de cuadros dirigentes de extracción popular. El 22 de junio 1987, el presidente Virgilio Barco declaró rota la tregua con las FARC-EP y la justificó por los incidentes en los que la guerrilla atacó una patrulla militar. Para la guerrilla la medida fue solo un pretexto, pues ya se habían presentado hechos más graves provocados por las fuerzas militares y grupos paramilitares, sin que eso fuera utilizado para allanar el camino hacia la pacificación del país.
En septiembre de 1987, varios grupos insurgentes de Colombia se unieron en la denominada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), siendo su postulado central la búsqueda de los “cambios democráticos y patrióticos que requiere Colombia”.{76} El gobierno Barco, de forma paralela, como parte de una estrategia para dividir la CGSB, y necesitado de presentar resultados de paz, firmó un acuerdo de paz solo con algunos de estos grupos: el M-19, el más importante entre ellos, el EPL, el Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que necesitaban concertar la paz, en razón de su creciente declive político y su debilidad en el plano militar. La posibilidad más favorable de ganar un espacio político en la legalidad con su participación en la Constituyente preparó la rápida desmovilización de estos grupos. Así, entre finales de 1990 y comienzos de 1991 se logró la desmovilización armada de un poco más de 4000 hombres de estos movimientos. A cambio, estas guerrillas se comprometieron a una declaración unilateral de cese al fuego y la liberación de todos los retenidos en su poder.{77}
