Kitabı oku: «Y va a caer... como decíamos ayer. Tomo 1: Informes mensuales de coyuntura política 1980-1984», sayfa 16

QUÉ CULPA TIENE EL TOMATE

En el interior de los sectores en el poder parece estarse jugando opciones políticas que van más allá de la resolución de cuestiones inmediatas. Se trataría de establecer las bases de alternativas de más largo plazo, que pudieran consolidarse al término del denominado período de transición.

Por el momento, los actores básicos del juego parecen ser más claramente definibles en términos de grupos económicos y tendencia militar «nacionalista», antes que en los más antiguos y vagos de «blandos» y «duros».

Los conflictos claves en este juego serían el sistema financiero, la minería y la agricultura.

En el sistema financiero parecería estarse poniendo a prueba la fuerza y capacidad de maniobra de uno y otro sector. La dictación de lo que podría llamarse el Art. 24 transitorio para los Bancos puede ser un primer paso para ulteriores medidas. Por de pronto en lo principal es sólo una amenaza y una advertencia. También aquí el Gobierno puede decir que «quien nada hace nada teme».

En la minería el enfrentamiento o discrepancia es de importancia capital para uno y otro sector. Para los «nacionalistas» constituye no sólo el núcleo económico con el cual equipararse al capital privado, sino la base segura de sus recursos propios y de su capacidad de negociación internacional, además de ser un factor estratégico en términos de seguridad nacional. Para los grupos económicos no sólo significa la posibilidad del ingreso masivo de dólares que requiere la revitalización del modelo económico, sino, lo que puede ser mucho más importante, obtener que el capital norteamericano se integre a ese modelo, adquiriendo un interés directo en su mantenimiento. La asociación de los grupos económicos con el capital norteamericano, en esos términos, colocaría a estos últimos en una situación más decisiva en el contexto interno, disminuyendo la importancia del sector militar, cuyas orientaciones parecen más difíciles de prever al largo plazo. A la vez constituiría una fuerte garantía frente a los eventuales vaivenes de la política norteamericana.

No es pues de extrañar la sostenida campaña de El Mercurio en pro de la privatización de la Gran Minería ni las reiteradas exposiciones del ministro Piñera al respecto.

Siendo este asunto de tanta importancia, lo más probable es que se produzca alguna especie de transacción. No debe olvidarse que cualquier decisión tajante podría constituir en forma definitiva el predominio de uno u otro sector.

En cuanto a la agricultura, se podría decir que el conflicto es mucho más social. Frente a los graves problemas por los que atraviesa ese sector, se estaría produciendo una cierta movilización del empresariado agrícola tendiente a lograr una modificación de la política económica.

Los grupos económicos, que controlan la Sociedad Nacional de Agricultura, han tenido que recoger las inquietudes de ese sector, proponiendo algunas medidas que, sin afectar al modelo, permitan paliar las dificultades y tranquilizar al empresariado agrícola. Domingo Durán, por su parte, lideriza los más descontentos, expresando la protesta en un sector negativamente afectado por el modelo económico. Sin contar con los recursos de la SNA, puede llegar a tener bastante capacidad movilizadora, incluso más allá del empresariado grande o mediano.

En este punto, un triunfo de la SNA sería favorable a las posiciones de los grupos económicos, mientras que un triunfo de Durán podría significar un nuevo avance de los sectores «nacionalistas».

En este terreno, la capacidad de maniobra y las transacciones resultan mucho más difíciles, dado el problema social que implica.

AL QUE ASOME LA CABEZA...

Naturalmente, naturalmente. Los sectores en el poder no están jugando en una pieza cerrada. Tienen que contar con la presencia molesta de los sectores populares y del movimiento opositor. Es necesario que tengan una política hacia esos sectores y esa política se ha traducido en un aumento de la represión.

La necesidad de la represión se presenta ahora no sólo por las condiciones propias del régimen autoritario, sino por dos factores coyunturales.

Por una parte, el momento económico difícil implica mayores posibilidades de intranquilidad social que es preciso prevenir y reprimir.

Por otra parte, el ajuste interno necesita contar con calma social y evitar tanto que los grupos en el poder puedan requerir del apoyo externo, como que los sectores opositores puedan aprovechar la coyuntura para ahondar las diferencias internas o plantear sus propias reivindicaciones.

En el período que nos ocupa se asiste a un endurecimiento del autoritarismo. Las expulsiones de cuatro connotados políticos de oposición, que aparecieron firmando una declaración de apoyo al Pliego Nacional de la Coordinadora Nacional Sindical, y la prohibición de reingresar al país de un alto dirigente de esa misma Central Sindical, se inscriben dentro de las medidas tendientes a paralizar la intranquilidad sindical.

Pero las medidas van aún más allá. La práctica clausura de la revista Apsi, la prohibición de destacar los actos terroristas, la petición de un Consejo de Guerra para juzgar a un grupo de presuntos miristas y una profusión de declaraciones y amenazas respecto al receso político y a la oposición, configuran un cuadro que parece difícilmente compatible con un período de transición a la democracia.

Un indicador notable respecto a la mayor apertura o endurecimiento del régimen aparece siempre dado por la definición del enemigo. Al respecto, es perfectamente claro que en la actual coyuntura el concepto de «comunista» se ha ido ampliando extraordinariamente. Mientras en momentos más aperturistas, dicho concepto se restringía al «terrorismo» y «comunismo dependiente de Moscú»; en la actualidad abarca no sólo a la generalidad del marxismo, sino que a toda persona o institución que tenga alguna relación con marxistas. En este caso se aplica la idea de «contaminación», la que se puede producir hasta involuntariamente.

Es esta extensión del concepto de enemigo la que trata de imponer mediante las medidas represivas que se comentan. Las expulsiones abarcaron a un ex socialista, un ex izquierda cristiana, un ex radical y un ex democratacristiano. Se impide el reingreso de un dirigente sindical que claramente no es ni remotamente comunista. Se prohíbe la aparición de una revista que desde hace años representa una posición de izquierda muy moderada. Se advierte y amenaza a «los políticos» (y hasta se omite el tradicional «señores políticos») en clara alusión a aquellos no marxistas en general y demócrata cristianos en particular.

En suma, las acciones represivas parecen más bien destinadas a excluir la presencia política del centro y cortar toda posible alianza de éstos con los movimientos de izquierda. Respecto de estos últimos, su presencia sigue definida como un problema policial y de los organismos de seguridad.

Estas medidas represivas se ven facilitadas por dos condiciones bastante favorables, justamente en instancias que anteriormente habrían significado un alto costo para el Gobierno.

Por una parte, es ya bastante evidente que la administración Reagan ha venido a significar un fuerte respaldo para los regímenes autoritarios antimarxistas. De manera que resulta sintomático que inmediatamente después de la visita de la suma Kirkpatrick el Gobierno proceda a las expulsiones en referencia.

Por otra parte, la situación de la Iglesia no permitía tampoco esperar una reacción significativa frente a estas medidas. Al lento pero persistente desplazamiento hacia una actitud más contemplativa con el régimen, se agrega el problema de la sucesión del cardenal. Este último hecho prácticamente paraliza la acción de la Iglesia en este terreno, dada la extremada prudencia con que se mueve actualmente su jerarquía. No es raro que, casi antes que se lo preguntaran, el cardenal dijera que no hablaría.

En estas condiciones no es extraño que el Gobierno pueda asegurar que lo tienen sin cuidado los costos del endurecimiento del régimen. Tanto EE.UU. como la Iglesia cumplen con su conciencia mediante una lamentación formal. Y eso sería todo.

Frente a esta situación es bastante débil la capacidad de respuesta de los sectores afectados. Un párrafo por aquí, una editorial por allá, pero básicamente sin posibilidad de constituir una protesta social significativa.

Esto en cuanto a la desarticulación del centro político. Distinto parece ser el resultado en cuanto a las medidas de represión sindical. Aquí el terreno es más difícil para el Gobierno y es aventurado establecer algún balance definido al respecto. Es posible que la dictación de la ley 18.018, que deteriora aún más la situación de los trabajadores, tenga también por finalidad debilitar permanentemente al movimiento sindical.

En todo caso, las medidas represivas han logrado reafirmar el autoritarismo del régimen, creando un clima de incertidumbre respecto al futuro político proyectado por el propio régimen. Así como, frente al itinerario político que se plebiscitó el año pasado, el Plan Chacarillas llegó a parecer de una generosidad increíble, es posible que terminar el período de transición el año 89 llegue a ser la aspiración máxima de algunos demócratas.

PARA LOS REGALONES: TRABAJADORES A PESO, A PESO LOS TRABAJADORES

Es lo que dice «darles con el mocho del hacha». Justo en los momentos que se extendía la protesta sindical contra el Plan Laboral, se dictó una nueva legislación laboral (18.018), que en lo sustancial facilita los despidos de trabajadores y permite una generalizada baja de salarios.

No es necesario entrar al detalle. Baste señalar que coloca a un tercio de la fuerza laboral en condiciones de ser contratada sin ingreso mínimo, que elimina restricciones al despido de más de diez trabajadores, que abarata los despidos estableciendo límites a las indemnizaciones, que hace negociables gran parte de los beneficios de los trabajadores, incorporándolos a sueldo, lo que en la práctica los elimina. Eso y mucho más.

Ahora bien, esto se veía venir. Dados los problemas del modelo económico y el «ajuste recesivo» por el que el Gobierno habría optado, cualquier analista con un mínimo de objetividad pudo prever que el precio de ese «ajuste recesivo» lo pagarían quienes están más lejos de influir en la decisión.

Con todo lo leonino que pudiera ser el Plan Laboral, este resultaba incómodo para los empresarios en cuanto asegura la mantención de la remuneración del trabajador. En tiempos de recesión no basta con mantener la remuneración, hay que bajarla. La nueva legislación establece las condiciones para que se pueda hacer así.

Por otra parte, es necesario considerar que no se trata solamente de un requerimiento coyuntural. El modelo económico vigente supone una mano de obra barata. En este sentido, la Reforma Previsional deberá producir un fuerte abaratamiento de la mano de obra para el empresario, puesto que en lo sucesivo cada trabajador debe pagar por su propia previsión, eliminándose el aporte patronal. La ley 18.018 también concurre al abaratamiento de la mano de obra en forma permanente.

En este punto es posible advertir que no parece existir ninguna relación entre la tendencia «nacionalista» y un cierto populismo. Es evidente que la ley 18.018 corresponde derechamente a los intereses del empresariado y grupos económicos. Pero no se ve la razón que tendría la tendencia «nacionalista» para aceptarla, si es que estuviera interesada en obtener una cierta base popular.

Al respecto es posible ensayar dos interpretaciones. La primera es pensar que la tendencia «nacionalista» no pretende obtener bases de apoyo en el sector laboral organizado, sino que confía en crearse una nueva base social; justamente entre los sectores definidos como de extrema pobreza, de los que se excluye expresamente a los trabajadores sindicalizados. En este sentido, la ley 18.018 podría ser bien recibida por esos sectores marginales, a la vez que, al concurrir a competir con los trabajadores organizados, debilitaría a éstos en su capacidad de acción opositora. La segunda interpretación apuntaría a considerar simplemente que medidas como la Ley de Bancos y la ley 18.018 corresponden a posiciones diversas, que revelan una cierta autonomía de distintos sectores para lograr políticas específicas.

Al parecer, esta segunda interpretación resulta más plausible para entender lo que ocurre en la presente coyuntura, aunque hay que tener en cuenta que la primera puede ser aplicable a una visión de más largo plazo.

La reacción del movimiento sindical frente a esta nueva ley ha sido de rechazo prácticamente unánime; sin embargo, es manifiesta su debilidad para enfrentar este tipo de medidas.

En todo caso, resulta claro que en estas condiciones el movimiento sindical tenderá cada vez más a plantearse en la oposición al actual régimen y particularmente en contra del modelo económico. En consecuencia, es posible esperar una mayor actividad opositora en lo inmediato, la que difícilmente se producirá por movilización de las dirigencias sindicales nacionales, sino que probablemente se manifestará más en movilizaciones de base, con los consiguientes riesgos de aislamiento.

Las negociaciones colectivas que se avecinan, especialmente en sectores de mayor grado de conflictividad, como es el caso del carbón, pueden desarrollar movimientos de protesta de envergadura. Desde ya el Gobierno se ha venido preparando para enfrentarlos, pero es difícil saber si se logrará la desarticulación del movimiento sindical o éste adquirirá mayor dinamismo.

UN CENTRO POLÍTICO MAS PERDIDO QUE GUAGUA DE TELENOVELA

Talvez resulte natural que, por su propia posición, la Democracia Cristiana sea extremadamente sensible a los movimientos que se producen entre los sectores en el poder. Por ello es que no debería extrañar que, después de mostrar una gran inquietud y presencia, pase a una etapa de inmovilismo y estupor.

Recién el mes pasado la DC parecía a punto de despegar. Ahora parece que le hubieran cortado las alas y tuviera que esperar que crezcan de nuevo.

Por una parte, podría pensarse que este aparente inmovilismo deriva de un volcamiento hacia el interior del Partido para dirimir los problemas de la sucesión de la directiva partidaria. Aquí las diversas corrientes agotarían sus mejores fuerzas en procura de controlar o influir la orientación general del Partido.

Eso puede ser cierto, pero no es todo.

Al parecer, a la Democracia Cristiana se le han ido estrechando cada vez más los caminos de hacer política. Puede moverse en los pasillos cuando percibe una grieta, pero difícilmente es capaz de articular un proyecto político propio que sea viable a partir del autoritarismo.

En estas circunstancias, basta con que el Gobierno le dé un par de palmadas para que tenga un comportamiento más tranquilo. Como hemos señalado otras veces, la insistencia en mostrarse ante la izquierda como con capacidad para lograr una apertura política del régimen, y ante el régimen como con capacidad para controlar el movimiento social; la reiterada especulación de que puede negociar con unos y otros porque está en los dos lados; la demostración de que no tiene resortes de poder propio al interior del régimen; todo eso concurre a debilitar la posición DC.

Como si fuera poco, la administración Reagan le quita el supuesto apoyo norteamericano que podría haber tenido una alternativa DC. A la vez, la situación de la Iglesia, en el compás de espera de la sucesión cardenalicia, difícilmente puede serle de gran ayuda.

No es entonces de extrañar que la DC vuelva a encontrar dificultades para entrar al debate político. Frente a la expulsión de uno de sus dirigentes no tiene prácticamente otra reacción que la de señalar que es antimarxista, buscando siempre mantener limpia su imagen, que no se le confunda con el enemigo. Vale decir, en la medida que es atacada, más retrocede en sus posibilidades de alianza con otros sectores de la oposición.

Pero más allá de sus problemas con la represión, la DC, en su aislacionismo de centro, llega a marginarse cada vez más del acontecer político. Por ejemplo, habría sido lógico esperar que la DC se pronunciara apoyando ciertas medidas económicas de corte «nacionalista», como es el mayor control estatal en la economía. Sin embargo, esto implicaría de alguna forma un apoyo a los sectores «duros» del régimen, con el consiguiente enojo de otros sectores. También podría apoyar más decididamente el movimiento social de protesta, pero ¿cómo hacerlo sin aparecer con alguna relación con marxistas?

CÓMO NOS CAMBIA LA VIDA

La verdad es que, cuando se hace referencia a la izquierda política o al movimiento popular, resulta difícil hablar de coyuntura mensual y muchas veces las consideraciones en este tema suelen ser bastante repetitivas. A veces puede haber coyuntura, pero en general el movimiento es más lento que el accionar de gobierno.

De estos movimientos más lentos recientes, quizás sí lo más importante sean los intentos de convergencia socialista y el posible cambio de línea del Partido Comunista. Ambos hechos no son aislados. De alguna manera, la convergencia socialista excluyó a los comunistas, debilitando la existencia de la Unidad Popular. De alguna manera, también, el cambio de línea del Partido Comunista contribuyó al fracaso de la convergencia socialista, al colocar como tema central para toda la izquierda la definición con respecto a la violencia.

Respecto de la línea del PC, el gobierno se ha apresurado a definirla como de violencia armada, extendiendo así el contagio no sólo del comunismo, sino que de la violencia a quienes se relacionan con él. La verdad es que, al parecer, el PC sólo ha puesto a discusión el tema de la violencia al definir que el régimen no se encaminará a una apertura desde adentro. Por lo demás, resulta sintomático que ningún comunista aparezca acusado directamente de un acto de violencia. Ni siquiera de la ola de incendios intencionales.

En todo caso, los intentos de convergencia socialista y la discusión sobre la perspectiva insurreccional planteada por el PC aparecen como los hechos más importantes ocurridos en la izquierda en el último tiempo. Ello sin contar el problema de la violencia opositora que, sin alcanzar gran desarrollo, parece haberse instalado definitivamente en la vida nacional.

Ahora bien, quizás sea conveniente aquí comenzar a hacer algunos alcances respecto a la existencia de un cambio de envergadura en la composición de las fuerzas de izquierda.

En efecto, cuando se habla del Partido Socialista, del Partido Comunista, del Mapu OC, de la Izquierda Cristiana, ¿de qué partidos se está hablando? De hecho parece estarse hablando de ellos tal como existían y en las condiciones que existían antes de septiembre de 1973. Es posible, y más que posible, que si se hiciera este año elecciones absolutamente irreprochables esos partidos políticos obtuvieran porcentajes de votación bastante aproximados a los que tenían antes. Pero ese es un resultado de afinidades partidarias que no parece tener mucho que ver con la real situación de los partidos políticos.

Cuando un dirigente comunista o socialista habla de su partido, a menudo tiene en mente al partido que fue antes en ciertas condiciones y que podría volver a ser si se repiten esas condiciones, pero no habla del partido actual bajo las actuales condiciones.

En términos más concretos, parece bastante probable que después de ocho años se haya producido cambios de importancia en la composición de la izquierda chilena. Estos cambios son los que han extendido la interpretación de que el movimiento social popular se ha apartado de los partidos políticos.

Quizás sí la cosa sea más compleja. Lo que sucedería es que al interior del movimiento social se estaría desarrollando una especie de nueva izquierda que es la que se muestra más activa en los diferentes frentes del movimiento social. Esta nueva izquierda estaría constituida por un izquierdismo sin partido y por sujetos que sólo guardan una relación informal y fluida con los partidos tradicionales.

Algo puede haber en esto de corte generacional, pero más importante parece el hecho de que la desarticulación de los partidos de izquierda ha entregado un creciente grado de autonomía al movimiento social de base.

No es extraño que, en estas condiciones, más de algún político se entusiasme con la idea de sumergirse en el movimiento social para resurgir con los brazos cargados de un partido político nuevo. Tampoco es extraño que alguien sueñe con la alternativa polaca y se deje crecer los mostachos.

Pero se trata de ilusiones difíciles. Las alternativas de desarrollo de esta nueva izquierda, que en ocasiones se muestra más activa que la tradicional, parece depender en gran medida de la capacidad que tengan estos partidos para rearticularse con esos elementos. Su atomización es muy grande y, por tanto, extremadamente difícil que, en el corto plazo, puedan alcanzar la categoría de movimiento nacional. Su importancia es que en la actualidad constituye una realidad nueva que muy probablemente incidirá en la orientación y acción de la izquierda chilena.

Y algo más: ya van ocho años.