Kitabı oku: «Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile», sayfa 7

Capítulo II Punto de llegada. Anticomunismo, Guerra Fría y Ley Maldita en Chile (1938-1948)

Durante el período gubernamental de Juan José Arévalo (1945-1950) [...] «El peligro de que Guatemala se vuelva comunista y pase a ser una cabeza de playa para que la Unión Soviética se infiltre en Centroamérica y amenace el Canal de Panamá es remoto y diría que, por el momento, no existe […] El peligro verdadero es de otra índole […] El peligro, señores, es el mal ejemplo. No tanto el comunismo como la democratización de Guatemala […] los avances en esa dirección significarían para nosotros un retroceso y una pérdida». Mario Vargas Llosa, Tiempos recios, p. 24

La historia de Pisagua es indisociable de la denominada Ley Maldita, aquella que estampó legalmente la exclusión de los comunistas y que fue discutida mientras se encontraban ya en el Campo.

La Ley de Defensa de la Democracia de 1948 fue vista durante mucho tiempo como una anomalía, una excepción dentro de una historia en la cual los conflictos políticos se resolvían dentro de la institucionalidad, de forma pacífica. El concepto de Estado de Compromiso, que Moulian aplicó para la historia política del período, enfatizaba la idea de negociación y acuerdo, aunque también reconocía momentos de conflictividad y polarización. No habría sido una historia lineal. La Ley de Defensa Permanente de la Democracia se insertaba en un contexto de gran confrontación, con un Partido Comunista en el gobierno, frente a lo cual la derecha abandonó sus posiciones defensivas para lanzarse a la ofensiva, entendida como la extirpación de la amenaza, ante a la imposibilidad de su neutralización¹⁸⁶.

La interpretación predominante asoció esa ley al estallido de la Guerra Fría, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la que América Latina se alineó con Estados Unidos. En ese momento, la nueva potencia inició una ofensiva contra los comunistas y su influencia sobre los trabajadores, poniendo fin a lo que se ha denominado la «primavera democrática» roosveltiana en el continente, impulsando la expulsión de los comunistas de los sistemas políticos, tal como ocurrió en Chile bajo Gabriel González y en la experiencia dramática de Guatemala¹⁸⁷. Aprovechando las necesidades de financiamiento que tenía Chile, Estados Unidos lo habría presionado económicamente, exigiendo la salida de los comunistas del gobierno, lo que sumado a las huelgas encabezadas por el PC determinaron a Gabriel González a romper con sus antiguos aliados. La ley buscó detener la agitación comunista entre los trabajadores¹⁸⁸, especialmente entre los obreros carboníferos, usando la Ley Maldita como parte de la «guerra» que el gobierno le declaró al Partido Comunista de Chile, al que acusó de promover huelgas revolucionarias en esa zona para imponer un régimen totalitario, subordinado a la Unión Soviética¹⁸⁹.

Tras el fin de la dictadura pinochetista, jóvenes historiadores interesados por los grupos de ultraderecha sostuvieron que la ley de 1948 fue una respuesta al creciente poderío del Partido Comunista, especialmente en el terreno electoral, el cual pudo observarse en las elecciones municipales de 1947, su influencia en las huelgas protagonizadas por los trabajadores mineros y la agitación en el campo, todo lo que movilizó a la ultraderecha nacionalista, encarnada en el grupo Estanquero y la Acción Chilena Anticomunista (ACHA)¹⁹⁰. En los últimos años se ha recalcado la conexión entre la agitación que los comunistas desarrollaron en el campo, organizando a los campesinos en sindicatos, rompiendo con el «pacto de dominación» supuestamente establecido entre los líderes del Frente Popular, los terratenientes y la derecha en 1938, y la dictación de la ley en 1948. El Presidente hubo de enfrentar las demandas de los terratenientes, de los campesinos politizados y de un movimiento obrero en ascenso. Habría una estrecha conexión entre la Ley de Sindicalización Campesina y la de Defensa Permanente de la Democracia¹⁹¹. De acuerdo al análisis del politólogo Carlos Huneeus, la importancia de la ley no estuvo en la intervención norteamericana, que relativiza, sino en el daño que produjo a la democracia chilena, quebrando a todos los partidos y favoreciendo una lectura subversiva de la demanda social entre el empresariado, el que tras ella restó legitimidad a las peticiones del movimiento obrero. Huneeus sostiene que el anticomunismo que desató dejó profundas y dañinas huellas y que la crisis que derivó en el Golpe de 1973 tuvo su origen en la política anticomunista de 1947 y la Ley Maldita, que no solo persiguió y reprimió al PC, sino afectó los derechos laborales de los trabajadores fiscales y de empresas de servicios de utilidad pública¹⁹². Desde la óptica del anticomunismo, la Ley Maldita sería una de las tres oleadas anticomunistas vividas por Chile en el siglo XX¹⁹³, resultado de presiones anticomunistas de distinto signo, tanto derechistas como socialistas, cerrando una etapa generada por el conflicto social, la modernización política y de la sociedad¹⁹⁴. Tal «guerra contra el comunismo» también se habría dado en la educación chilena, espacio donde se eliminó a los profesores de tendencias izquierdistas, tildados de comunistas, dando lugar a una formación antisovietista y pro norteamericana¹⁹⁵. Rechazando las interpretaciones democratizantes del siglo XX chileno, Elizabeth Lira y Brian Loveman han documentado la represión sobre el movimiento popular a lo largo del siglo XX, la aplicación sistemática de leyes de seguridad interior y la declaración de distintos estados de excepción que le permitieron al estado reprimir, de forma ilegal e inconstitucional. La recurrente violencia estatal fue subsanada, posteriormente, con leyes de amnistía o indultos presidenciales. La Ley de Defensa Permanente de la Democracia habría sido parte de esa tendencia represiva histórica¹⁹⁶.

Este capítulo analiza el por qué de una ley que excluía a los comunistas si, según los estudios existentes, el sistema político chileno se estabilizó y flexibilizó desde 1932 con la inclusión de la izquierda marxista. En Chile, el Partido Comunista fue incorporado al sistema de partidos y participó de la vida política, constituyendo un factor crucial en el proceso de democratización subsiguiente. Si ello fue así, ¿por qué en determinado momento ese partido y sus militantes fueron considerados una amenaza al orden constitucional? ¿El contexto de Guerra Fría fue lo determinante o las reformas sociales promovidas por ellos? En segundo lugar, inquiere acerca de la decisión de elaborar una ley que contó con un importante respaldo socio-político, siendo aprobada por el Congreso, si ya existía una Ley de Seguridad Interior que tipificaba como delitos una amplia gama de acciones sociales y políticas, estando declarado el Partido Comunista como asociación ilícita, es decir, existiendo ya herramientas legal-penales susceptibles de usarse en su contra.

A nuestro entender, la Ley Maldita debe situarse en un período más amplio que el del gobierno de Gabriel González y dentro de formas represivas de larga data en Chile, toda vez que esta ley respondía al desafío global que la presencia comunista suponía para la secuencia exclusionaria diseñada históricamente. Como ha planteado Fernández Darraz, la oligarquía excluía a través de la práctica política, administrativa y legal, en esa secuencia¹⁹⁷. Esta fórmula de exclusión fue alterada con la introducción de nuevos aparatos coercitivos estatales en los años veinte y treinta –Carabineros, Investigaciones y el Servicio de Identificación–, encargados de la vigilancia y el control social, a pesar de lo cual el aparato legal siguió cumpliendo un papel central. A nuestro juicio, este legalismo era una impronta oligárquica que se expresaba ahora a través de sus partidos, especialmente el Conservador. En ese sentido, los dispositivos represivos-exclusionarios revelan una cierta persistencia de formas oligárquicas de dominación, que cruzaron el espectro político. La persistencia legalista también respondió al tipo de conflicto político en Chile, con una izquierda marxista institucionalizada que participaba de las alianzas de gobierno y su agenda, y con amplias bases sociales. Su fuerza provenía, en importante medida, de su institucionalización. La lucha, por tanto, debía ser sistémica.

En esa lógica, si bien la izquierda marxista se incorporó formalmente al sistema de partidos a fines de 1932, ello fue frenado sistemáticamente con los dispositivos coercitivos estatales de orden legal, policial y de inteligencia. Esta exclusión comenzó a erosionarse en 1938 con el ascenso de la centroizquierda al gobierno, lo que alcanzó su cenit en los comienzos de la administración de Gabriel González, cuando el Partido Comunista cruzó todas las barreras exclusionarias, fortaleciéndose social, política y electoralmente. Por ello, el anticomunismo se dinamizó a partir de 1938, especialmente el de la derecha, la que desde ese momento presionó por su expulsión legal del sistema político. Dicho anticomunismo se entrelazó con el estatismo económico y social llevado adelante por el Frente Popular y los gobiernos radicales, lo que fue rechazado por las derechas, las que buscaron frenar el crecimiento del aparato estatal. Así, anticomunismo y antiestatismo estuvieron en la raíz de la ley.

A ese anticomunismo derechista se sumó el socialista, sobre el que estaban actuando, fundamentalmente, razones coyunturales de índole política y, en menor medida, el anticomunismo doctrinario de izquierda. Ambos anticomunismos utilizaron el ambiente y discurso de la naciente Guerra Fría, bajo cuyo manto se expulsó y persiguió a los comunistas, aunque con sentidos y efectos distintos.

Desde nuestra óptica, el conflicto político chileno sobrepasaba con mucho al problema específico del comunismo y la Guerra Fría, pero los utilizó.

1.- La histórica «guerra contra el comunismo»

Aunque la imagen de un Chile democrático en el siglo XX ya ha sido cuestionada, en general los argumentos han aludido al carácter parcial de la apertura política, dirigida a impedir una democracia más plena, manteniendo importantes exclusiones ciudadanas de campesinos, mujeres, indígenas y pobladores, sin que tal crítica se haya relacionado con la existencia de un acentuado anticomunismo¹⁹⁸. Como estableció el trabajo pionero de Marcelo Casals, el anticomunismo en Chile se enlazó con las tendencias contrarrevolucionarias decimonónicas, las que fueron reforzadas con la Revolución Bolchevique y la creación de la III Internacional. La aparición de un desafiante y poderoso movimiento obrero en Chile tras el fin de la Primera Guerra Mundial, la transformación del POS en Partido Comunista y su irrupción en el Parlamento fue estructurando un anticomunismo de derecha, el que fue reforzado con la intervención militar y la dictadura ibañista –anticomunismo militar-nacionalista–, la cual ejecutó la primera represión sistemática en su contra. El anticomunismo se profundizó durante los críticos años 1931-1932, bajo el impacto de la Depresión, los golpes militares y la movilización de los sectores populares¹⁹⁹. Según Casals, el anticomunismo se habría articulado claramente en la década de 1930, para enfrentar a una izquierda con pretensiones de poder, neutralizando sus aspiraciones y presiones por transformaciones profundas. En ese sentido habría un anticomunismo de derecha, decidido a defender la nación, la religión y la civilización cristiana occidental, la propiedad privada y las libertades, amenazadas por un comunismo calificado de estatizante, dictatorial y totalitario. Asimismo, existiría un anticomunismo nacionalista, defensor de una idea de nación y de los nacionales, rechazando la diversidad social; dotado de nociones orgánicas, verticalistas y autoritarias de la sociedad, rechazaba las tesis igualitaristas del socialismo y su vínculo con el comunismo internacional, que lo transformaba en una ideología foránea. El anticomunismo conservador y liberal habría incidido en la articulación de la díada izquierda-derecha en los años treinta, toda vez que los polos fueron definidos ideológicamente: socialismo vs capitalismo²⁰⁰. Al parecer esta articulación polarizada era posible, a pesar de que la derecha hizo de la lucha contra el comunismo una de sus tareas principales.

Si se sigue esta argumentación, el anticomunismo no habría sido un impedimento para la estructuración de un sistema de partidos polarizado.

Esta circunstancia se demostraría con la incorporación al Congreso de dos colectividades marxistas, Socialista y Comunista, a fines de 1932, sumándose a los partidos históricos. Esta integración ha facilitado una lectura de la derecha liberal-conservadora como un sector que se «flexibilizó» ante la ampliación de las facultades económico-sociales del estado y la apertura del sistema político, haciendo posible la negociación y el acuerdo entre los polos, con la intermediación de los radicales²⁰¹.

De alguna manera, de la tesis inclusiva se deduce que el comunismo y el anticomunismo podían convivir dentro del sistema. Este trabajo evalúa esa interpretación.

Tanto Rodrigo Patto Sá Motta como Marcelo Casals han estudiado el anticomunismo, definiendo sus matrices doctrinarias: una vinculada a la Iglesia Católica, otra de matriz liberal y una nacionalista, a la vez que analizaron las agrupaciones y los momentos de estallidos anticomunistas. En el caso de Brasil, la intentona comunista de 1935 y los años de Goulart previo al golpe militar de 1964; en el caso de Chile, Casals rastreó un agudo antimarxismo existente desde fines del siglo XIX, el que evolucionó al anticomunismo. La campaña presidencial de 1964 habría constituido un punto de inflexión en esa trayectoria, con la denominada «campaña del terror», llevada adelante por la candidatura de Eduardo Frei Montalva, promovida y auspiciada por Estados Unidos. Para ambos autores, el anticomunismo en sus respectivos países se volvió una corriente doctrinaria permanente²⁰².

Desde nuestro punto de vista, es necesario complementar ese análisis doctrinario del anticomunismo, para el caso chileno, con las formas históricas de exclusión diseñadas por la oligarquía, es decir, evaluar cómo se ligó la práctica de la exclusión política, administrativa y legal con la Ley Maldita, toda vez que esta última, como es fácil apreciar, apuntó a una expulsión de los comunistas en esas tres áreas, esto es, la propiamente política de los registros electorales, cerrando su derecho al sufragio y a tener representación parlamentaria; la administrativa con su expulsión de todo el aparato estatal, incluyendo los establecimientos educacionales, y, finalmente, todo ello estampado en una legislación que excluía y buscaba ser permanente. En esa línea, la ley de 1948 exhibía continuidades que retomaban las barreras históricas de exclusión oligárquica, las que en esta etapa se usaron frente a un desafío obrero-marxista que mostrba capacidad de derribarlas y potenciarse políticamente con su inserción, amenazando el poder oligárquico. En ese sentido, la lucha anticomunista permitiría mantener exclusiones históricas, que aseguraban el orden existente.

Contrariamente a lo que se suele sostener, la década del treinta (1932) muestra el ingreso de los partidos marxistas al sistema de partidos chileno, pero no una inserción plena y libre, ya que sobre socialistas y, especialmente, comunistas se aplicó una represión gubernativa sistemática, de relegaciones, censura a su prensa, apresamiento de dirigentes sindicales y sus representantes parlamentarios. La derecha partidaria respaldó la aplicación de la normativa sobre Seguridad Interior del Estado, creada por la dictadura ibañista y los gobiernos cívico-militares de los años veinte y comienzos de los treinta, sobre la izquierda, legalizándola en la ley de 1937, de la cual fue su impulsora, ofreciendo sus votos para su aprobación en el Congreso. La estructuración de izquierdas y derechas no se consolidó completamente en los años treinta, pues la integración de los comunistas no se normalizó, sino estuvo interrumpida permanentemente, bajo condiciones de acoso. Su incorporación estuvo constreñida por un severo dispositivo represivo legal y policial compartido por el gobierno y la derecha partidaria. No solo fueron las facultades extraordinarias con que gobernó Alessandri todo el año 1933, sino el uso reiterado de distintos recursos legales e ilegales contra la izquierda marxista y los trabajadores, al punto que muchos dirigentes comunistas recordaban esta época como de represión cotidiana²⁰³. Participar en una huelga, editar un periódico o pegar un afiche en una muralla podía costar la cárcel, la tortura o la relegación, como documentan Elizabeth Lira y Brian Loveman. El DL 50 sobre Seguridad Interior del Estado se les aplicó de forma reiterada, las libertades de reunión y de expresión eran transgredidas constantemente, mientras sus parlamentarios eran desaforados, encarcelados o relegados, por lo que su presencia en el Congreso no transcurría con normalidad²⁰⁴. Entre 1933 y 1937 ella no solo fue esporádica, sino encubierta bajo el rótulo de «independientes», pues estaban impedidos de utilizar su verdadera adscripción²⁰⁵.

Esta precariedad solo comenzó a revertirse con la reorganización del sindicalismo y la creación de la CTCH, el desplazamiento de los radicales a la izquierda y la conformación del Frente Popular en 1936. De allí que creemos pertinente modificar la cronología establecida respecto de la ampliación del sistema político, ya que fue recién tras la toma del poder por el Frente Popular a fines de 1938, cuando se produjo la real institucionalización de los comunistas. Que ello fuera así, hace inteligible la activación del anticomunismo derechista, con el propósito decidido y sistemático de expulsarlos del sistema político²⁰⁶. La guerrilla de 1947-1948 solo fue la fase final de una política sostenida desde 1938, que buscaba institucionalizar la expulsión.

En efecto, la alianza de los radicales con los comunistas para la presidencial de 1938 fue fuertemente criticada, pues «da carta de ciudadanía a esos grupos revolucionarios, los alienta a seguir en el camino trazado contra la sociedad»²⁰⁷, siendo un peligro para la estabilidad institucional. A juicio conservador, la disputa electoral era una lucha frontal entre quienes deseaban mantener a Chile como pueblo libre y organizado y «las fuerzas demoledoras que tratan de destruirlo en su esencia para implantar en él la más inconsciente tiranía»²⁰⁸. Tras el fracaso de su tentativa de desconocer el resultado electoral, estuvieron a la espera del derrumbe del gobierno por una acción cívico-militar, el «Ariostazo», conspiración que fracasó, obligando a la derecha a volver al terreno propiamente político, en calidad de oposición²⁰⁹. Los conservadores llamaron a prepararse para la lucha, siguiendo el ejemplo francés, identificando la «raíz del mal, descubrir al enemigo […] Combatirlo, lo urgente»²¹⁰.

Esta decisión de lucha se acentuó a raíz de la activación política del campesinado, en pos de su sindicalización y mejoras en salarios y condiciones de trabajo, respaldada por socialistas y comunistas, frente a lo cual la derecha política y económica cerró filas, coaccionando al gobierno para reprimir lo que denominaban acciones sindicales ilegales. El Presidente Aguirre Cerda se vio enfrentado al dilema de avanzar con la sindicalización campesina o suspender la ley vigente, como había hecho Alessandri y reclamaban los terratenientes y la derecha. Las demandas campesinas fueron leídas desde el anticomunismo, a la vez que se denunciaba como prueba del peligro la expansión comunista en la zona salitrera, las carboníferas, los gremios del transporte y los ferroviarios²¹¹.

La estrategia de los partidos de derecha para lograr su objetivo de exclusión política siguió varios rumbos. En primer lugar, retomar un discurso de décadas anteriores respecto a su carácter antidemocrático, en tanto representaba un peligro para la tranquilidad pública y las instituciones republicanas, que se consideraba «más grave que cualquier amenaza externa». Por ello, la pluralidad político-ideológica del sistema no debía tolerar que «al amparo de las libertades públicas y escudándose en las disposiciones legales que toda democracia se da para la libre expresión de sus ideas […] nazca, crezcan y se desarrollen tendencias y entidades organizadas con el único propósito de perforar la ley»²¹². Desde ese punto de vista, la derecha retomaba el camino andado desde 1919, cuando tras el desafío obrero y de socialistas y anarquistas identificó a las garantías constitucionales de libertad de reunión y de expresión como los canales a través de los cuales la «subversión» y el comunismo se filtraban, amenazando el orden institucional²¹³. Esta capacidad de penetrar el sistema hacía inteligible la percepción derechista de que se trataba de un peligro real que debía ser enfrentado.