Kitabı oku: «Brechas en el ecosistema del libro: gasto y política pública en Chile.», sayfa 3

Composición del gasto en la República Parlamentaria

En este contexto, la composición del gasto público en materia de libro y lectura se orienta principalmente al financiamiento de bibliotecas de carácter público, en particular la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Santiago Severín en Valparaíso, la Biblioteca de Escritores y bibliotecas de institutos educacionales. Existe también financiamiento a la obra de autores insignes, tales como Victorino Lastarria, Blest Gana, Barros Arana, y Sanfuentes, entre otros. A esto se le suman subvenciones a la Academia Chilena Correspondiente de la Española, gratificaciones a autores y traductores, y adquisiciones y publicaciones de textos de enseñanza.¹³

Durante el período parlamentario, y a pesar de que el principal componente del financiamiento público radicaba en el apoyo a las bibliotecas públicas, pocas de estas estaban realmente abiertas al público. En gran parte, porque muchas de las bibliotecas de la época, con importantes catálogos editoriales, tenían su origen vinculado a congregaciones religiosas.¹⁴ Las bibliotecas públicas administradas por el Estado eran la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Santiago Severín, y las bibliotecas de instituciones educacionales. Estas últimas muchas veces estaban restringidas solo a la comunidad educativa. En cambio, las dos primeras, grandes bibliotecas públicas, entregaban variados servicios a la comunidad, como préstamos, lectura en sala, archivos periodísticos, impresiones, entre otras.

El financiamiento de ambas bibliotecas durante la época fue un importante impulso a la lectura en Chile. Por un lado, durante este periodo aumenta notoriamente el número de lectores; de acuerdo con Subercaseaux: «La Biblioteca Nacional registró un total de 40.178 lectores para 1909, cifra que sube a 176.339 para el año 1927, lo que equivale a más de un 400% de aumento, en circunstancias que durante el mismo lapso la población total del país apenas aumentó en un 28%».¹⁵ Por otro lado, también mediante las labores de la Biblioteca Nacional, aumenta la lectura de dedicación académica y especializada. Al mismo tiempo que aumentaban los lectores, aumentaban también los libros y folletos que recibía por ley la Biblioteca Nacional. De acuerdo con el mismo autor, en la década de 1920 se alcanzó en la biblioteca un promedio de 1.400 títulos anuales recibidos, aumentando con ello la llegada a comunidades de lectura de carácter técnico científico y humanista. Se observa también un aumento de la importación de libros.¹⁶

Durante esta época comienza a consolidarse y fortalecerse el gremio de escritores del país. En 1908, apoyada con financiamiento estatal, se crea la Biblioteca de Escritores, con el objetivo de editar a los autores más relevantes de la literatura nacional.¹⁷ El financiamiento a dicha biblioteca responde a la necesidad de mantener una producción editorial vinculada a los grandes expositores de las letras chilenas. Paralelamente, aunque no vinculada al financiamiento estatal, se funda en 1905 una importante editorial: Zig-Zag. Posteriormente, en 1928 nace también la editorial Ercilla, y juntas tendrán un importante rol en marcar la pauta editorial del siglo XX en Chile.

Esta suma de apoyo a la creación y la edición, desde el sector privado, daría un impulso al libro en Chile. No obstante, se debe tener en cuenta que esta inversión nace de, y para, una clase letrada e influyente. Cabe recordar que en la primera década del siglo XX todavía el 60% de la población no era capaz de acceder a la lectura y el libro por falta de alfabetización.

En síntesis, este periodo histórico está caracterizado por un financiamiento estatal dirigido al público letrado, de autores con trayectoria histórica y validados por una élite ilustrada. Estos mismos autores estuvieron ligados a la política durante casi un siglo, generando un vínculo estrecho entre las ideas políticas y los autores nacionales. Algunos destacados autores recibieron rentas vitalicias por parte del Estado, como es el caso de José Toribio Medina. El financiamiento de la época a la élite ilustrada y política se contrasta con la falta de impulso a bibliotecas administradas por el Estado y dirigidas a clases sociales más bajas.

En la última década de este período histórico comienzan a surgir voces que demandan aumentar la tasa de alfabetización, para mejorar el desarrollo, la calidad de vida y la educación de la población. En esta línea, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de 1920 obliga a los padres y madres del país a enviar a sus hijos a la escuela, y establece la creación de escuelas primarias para adultos, que les permitían terminar sus estudios de educación primaria.

Esta iniciativa estatal de educar a la población general se vio acompañada de un gasto público dedicado a la provisión de textos escolares y materiales de lectura para escuelas. La educación primaria obligatoria, el apoyo en materiales y la necesidad del Estado de convertirse en un «proveedor educacional», lleva a consolidarse en Chile una estructura particular del sistema educativo, conocido como el Estado Docente.

Este esfuerzo estatal en educación tuvo un impacto relevante en la población. De acuerdo con las cifras presentadas por Ramos Curd, en 1920 la tasa de alfabetismo de la población chilena llegaba a 50,3%, en 1930 llegaba a 56,1% y en 1940 llegaba al 58,3%.¹⁸ Durante este proceso, se identifican también algunas convocatorias del Gobierno para que entidades privadas proveyeran a las escuelas de libros de texto, libros para lectura y silabarios, para apoyar la labor formativa.

Montos de presupuesto en el período parlamentarista

El financiamiento de las bibliotecas, el apoyo a los autores y la inversión en la oferta educacional, se reflejan en un periodo que aumenta el gasto público dedicado al libro y la lectura. En cuatro décadas, el gasto total en estos ámbitos (en millones de dólares de 2017) aumenta desde 0,17 en 1893, a 1,24 en 1916, bajando luego 0,82 en 1924. Esto se puede ver en la Figura 1.

En términos relativos al ministerio correspondiente, la cifra pasa de 0,49% en 1893, a 0,90% en 1916, y luego disminuye a 0,65% en 1924. Esto es, con respecto al gasto del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, lo que indica un aumento en términos comparativos.¹⁹

Figura 1: Evolución del presupuesto en fomento de la lectura y el libro durante la República Parlamentaria (1891-1924)

Fuente: Elaboración propia, basada en Leyes de Presupuesto, DIPRES 2018

La Figura 1 muestra un resumen del presupuesto durante la época parlamentarista, mostrando valores (absoluto y relativo) para cada década. Cada año mostrado es relativamente similar a los años contiguos. La figura muestra un presupuesto creciente, con un peak durante el año 1916. Esta figura refleja un interés creciente en el apoyo estatal al libro y la lectura.

Síntesis del periodo

En síntesis, el gasto público del periodo de la República Parlamentaria se centró en el impulso de la creación ilustrada y en el fomento del libro influyente política y literariamente, con escaso interés en el acceso popular al mismo. Esta tendencia se iría revirtiendo hacia el final del período, dando pie a otra época enfocada justamente en la democratización de la educación, incluyendo el acceso al libro y la lectura.

República Presidencial (1925-1973)

Con la aprobación de la Constitución de 1925, se da en Chile inicio al período llamado presidencialismo o República Presidencial. Este período, a diferencia de la República Parlamentaria, se caracteriza por un aumento en el poder político y ejecutivo del presidente de la República. En esta época, se sucedieron gobiernos caracterizados por un fuerte impulso del rol del Estado, en materia económica y social.

Durante este período, el apoyo que los gobiernos quisieron dar al Estado en materia industrial y económica se reflejó en la población como un sentimiento nacionalista y de integración. De acuerdo con Subercaseaux, este sentimiento se proyectaría en la cultura, con una apertura a la descripción literaria de nuevas realidades. El autor indica que son un espejo de este sentimiento el mundo minero de Baldomero Lillo, o el mundo agrario de Mariano Latorre.²⁰ En esta época, se integrarían a los trabajadores, mineros y obreros a la nación, irguiéndose el Estado como instancia de integración social.

Las diferentes iniciativas gubernamentales en el impulso del Estado, al menos en materia del libro y la lectura, se reflejan en la creación de nueva institucionalidad. Se crea el Ministerio de Educación Pública en 1927, la Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos (DIBAM) en 1929, y a finales del período, en 1970, se crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la editorial estatal Quimantú. Al mismo tiempo, la modernización del Ministerio de Educación, renombrado y con mayores brazos ejecutivos, viene acompañado de una nueva dirección del gasto.

Composición del gasto en la República Presidencialista

El gasto de este período estaba compuesto por financiamiento a programas de alfabetización (educación adulta y educación «popular») y a la ampliación de la cobertura de la educación primaria. Es también parte del gasto de este período la adquisición de libros de lectura, de texto y silabarios para las escuelas; la creación y mantención del Premio Nacional de Literatura; publicaciones periódicas y publicación de la obra de autores insignes; la subvención a la Academia Chilena de la Lengua; y la creación, por primera vez, de una editorial estatal (hacia finales del período).

Posterior a la gran crisis económica de 1929, con los intentos para estabilizar al país, el período presidencialista se caracterizó por una fuerte expansión de la labor educacional. Este ímpetu educacional, y los programas de alfabetización, respondieron al interés de los gobiernos de educar a las clases más populares. Una clara manifestación del discurso político de este período está en el eslogan de campaña del presidente Pedro Aguirre Cerda, quien gobernó entre 1938 y 1941: «Gobernar es educar».

Dentro de las iniciativas llevadas a cabo por los gobiernos para educar a las clases populares estuvieron: la creación de liceos educacionales (lo que llegarían a ser «emblemáticos» de la educación pública chilena), la Universidad Técnica del Estado (1947), la creación de la Sección de Adultos y Alfabetización en el Ministerio de Educación (1942), y el Cuerpo Cívico de Alfabetización (1944), entre otras. Para profundizar aún más en la labor educativa, a través de este último organismo el gobierno llamó a la ciudadanía a incorporarse a la labor de alfabetizar.

Esfuerzo de alfabetización popular y ausencia de un espacio para el libro

Según Pérez y Silva, las cifras entregadas por la Dirección General de Estadísticas en 1925 indican que en 1907 la población analfabeta mayor de 15 años correspondía a un 49,7%, mientras que en la década de 1970 la cifra descendió sostenidamente hasta un 11,7%.²¹ De acuerdo con estas autoras, un primer período de alfabetización se llevó a cabo entre 1920 y 1961, basándose principalmente en la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Un segundo período de alfabetización, que comenzó en 1962, tuvo como base organizaciones e instituciones independientes que, apoyadas por el Estado, llevaron a cabo una «cruzada nacional alfabetizadora».²²

Aun con una creciente alfabetización de la población, el país no se benefició de un significativo esfuerzo desde la administración central del Estado en el impulso de bibliotecas públicas. Un caso diferente fueron algunos municipios, que sí crearon bibliotecas para sus comunas. Por ejemplo, la biblioteca municipal de Freirina fue fundada en 1938, la biblioteca municipal de Angol fue fundada en 1942, y la biblioteca de Punta Arenas fue fundada en 1968.

En los 47 años que duró este período presidencialista, se registra la apertura de solo cuatro bibliotecas públicas que pertenecieran y fueran administradas por el Estado de nivel centralizado: las bibliotecas públicas N° 2 de Ancud, N° 3 de Castro, N° 4 Luis Montt en Santiago, y la Biblioteca Infantil N° 7 como anexo de la Biblioteca Nacional.

Durante 1929 el Ministerio de Educación Pública otorga, a través de un decreto, la calidad de biblioteca pública a los establecimientos de dicha naturaleza que estén abiertos a la consulta o visita de la ciudadanía, independiente del ámbito jurídico de su administración.²³ A partir de este evento, comienza a armarse una red de bibliotecas públicas a nivel nacional, cuya infraestructura y dotación pertenece principalmente a los municipios, sin gasto ni dedicación por parte del gobierno central.

A pesar de la falta de espacios bibliotecarios, durante este período el gremio de escritores se consolida y en 1931 se crea la Sociedad de Escritores de Chile (SECH). Junto a esto, y basado en las demandas del gremio, durante 1942 el gobierno instaura los premios nacionales, entre los cuales se encuentra el Premio Nacional de Literatura. Se debe destacar que se aprovecha una coyuntura en el año 1942, con la celebración del homenaje al Movimiento Literario de 1842, que, como se describió anteriormente, fue de una influencia fundamental en la política y literatura chilenas.

Así, entre 1930 y 1950 se daría la «época de oro de la industria editorial y del libro en Chile»²⁴, y al finalizar la década de los 60 en Chile existiría una población crecientemente alfabetizada, y renombrados autores marcando la historia literaria de Chile. Sin embargo, las características de la industria editorial de la época dificultaron un apoyo efectivo a la industria del libro por parte del Estado.

Ausencia de un impulso estatal a la industria productiva del libro

A pesar de estas iniciativas de alfabetización y apoyo a la creación literaria, el mundo del libro no se vio fuertemente impactado durante este período político. Frente a esto, en su revisión de la historia de la industria editorial chilena, y sobre las políticas de este período, Subercaseaux opina lo siguiente:

«En cuanto al campo del libro, salvo la creación de la Biblioteca de Escritores, con ocasión del Centenario, y la licitación y compra de libros para la educación por parte del ministerio del ramo, el Estado fue, en general, un actor ausente, tanto en términos de políticas de protección y fomento del sector como en políticas de intervención directa en el campo, situación esta que va a experimentar un cambio con el gobierno de la Unidad Popular».²⁵

La opinión se centra en que las políticas impulsadas por los gobiernos de este período no fueron suficientes para impulsar la industria nacional, aun cuando estas estuvieran enfocadas en alfabetización, apoyo a la creación y a la industria de los libros de texto. Esta opinión es reforzada por la autora Viviana Bravo Vargas, quien relata el período previo a la creación de la editorial estatal Quimantú: «No obstante, en ese plan operativo [la sustitución de importaciones y el fomento de la industrialización nacional], hubo una ausencia que siguió brillando a lo largo del siglo: el apoyo estatal a la industria chilena del libro».²⁶

Existiendo un interés político de formación educacional, sumado al financiamiento y apoyo de los gobiernos a la industria nacional, el contexto de la industria editorial no permitió que en este período histórico se fomentara una industrial del libro al mismo nivel que otras industrias de producción. Por una parte, se crean empresas papeleras y células que impulsan al país a dejar de importar dichas materias primeras, influyendo la producción de libros. Por otra parte, la filosofía de sustitución de importaciones implicó proteger la economía local evitando importar productos, por ejemplo, el papel; rebajando su tarifa de importación. Así, el apoyo a la industria se materializó a través del fortalecimiento de la industria papelera e impresora.

Debido a que durante gran parte del siglo XX las editoriales tenían su motor en el negocio de impresión, el interés editorial recaía mayormente en poder difundir ideas políticas, sociales y literarias de la época. De allí se entienden los sucesivos proyectos de generar una editorial estatal. Por ejemplo, en 1967, el entonces Senador de la República Salvador Allende propone un proyecto de ley para la creación de una editorial estatal. El propósito de este proyecto era democratizar el acceso al libro y fortalecer la industria nacional en esta materia, la que contaba con un inmenso potencial. Se debe tener en cuenta que, a dicha fecha, Gabriela Mistral ya había recibido el Premio Nobel de Literatura, y Pablo Neruda ya había sido candidato al mismo.

En 1968, en contraposición a la idea de sustituir las importaciones, se establecen rebajas a la importación de papel, a condición de que fuese solo destinado a revistas y no a libros.²⁷ Es de esperar que la rebaja estuviera dirigida a la publicación de diarios y revistas, ya que, en las editoriales más influyentes de la época, las revistas eran una parte importante de las ventas: para Zig-Zag representaban el 90% de las ventas y para la editorial Lord Cochrane, representaban el 95%. En este período, la importancia cultural de la circulación de revistas era primordial, y en cambio el libro era un complemento de esta circulación, siendo vendido como promoción de las revistas.

Adicionalmente, y profundizando la inquietud de la falta de apoyo estatal, la UNESCO emite el siguiente diagnóstico de la situación en Chile en 1968:

«De ahí se puede deducir que la situación del libro chileno es fundamentalmente sana y que algunas reformas de estructura relativamente modestas podrían ofrecerle una magnífica oportunidad de desarrollo. Esto es tanto más cierto cuanto que el amor de la lectura es bien evidente en Chile: la tirada de los periódicos diarios es de unos 120 ejemplares por día y por 1.000 habitantes, y esto coloca a Chile en segunda fila de los países de la región, inmediatamente después de la Argentina».²⁸

En el mismo diagnóstico, el autor establece cinco puntos débiles de la industria del libro en Chile en aquella época, a saber: una falta de competencia interna del libro chileno, producto principalmente del alto precio del papel para impresión; una falta de competencia del libro chileno frente a las importaciones de España, Argentina y México; falta de formación profesional en la producción de imprenta; insuficiencia de los canales de distribución; e insuficiencia de enlaces con las autoridades.²⁹

Dentro de este último punto, el documento publicado en 1968 habla de un reciente «Departamento de Cultura y de Publicaciones» en el Ministerio de Educación, con atribuciones poco definidas, cuya principal preocupación son los libros escolares.³⁰ En el texto también se indica «No hay un proyecto de constitución de un consejo nacional del libro y son casi inexistentes las relaciones de las autoridades con los diversos sectores de la industria del libro».³¹

Poco tiempo después de la llegada a la presidencia de Salvador Allende en 1971, se inicia un proceso histórico en Chile con la inauguración de una editorial estatal que vendría a instaurar un fenómeno inédito en la escena del libro en el país.

Desarrollo de la industria a través de una editorial estatal: Quimantú

El último gobierno democrático de este período, el de la Unidad Popular (entre 1970 y 1973), merece una mención particular, debido a un proyecto único en la historia editorial chilena: la creación de una editorial estatal de grandes magnitudes. Durante los gobiernos anteriores, el impulso de la industria general fue manifiesto, se fundó la CORFO (1939), y se crearon destacadas industrias de propiedad estatal, entre otras, ENDESA (1943), CAP (1946), ENAP (1950), IANSA (1953), ENTEL (1964) e INACAP (1966), entre otras. Por lo tanto, la novedad del proyecto no fue la instauración de una empresa estatal, sino su carácter editorial.

En 1970, el gobierno de Salvador Allende compra a la editorial Zig-Zag sus activos, aprovechando el interés político de la iniciativa, y el precario estado financiero en la que se encontraba dicha editorial. La nueva editorial pasó a formar parte del Área de Propiedad Social de la CORFO, dotándola de una estructura empresarial. Esta estructura contaba con un comité ejecutivo conformado por once personas, de las cuales el gerente era nombrado por el gobierno, cinco puestos eran nombrados por cuoteo político de la UP y otros cinco eran escogidos representando a los trabajadores.

Con dicha estructura se inaugura la editorial Quimantú, la cual fue, en palabras de Bergot «uno de los proyectos más ambiciosos de la política cultural de la Unidad Popular».³² Su objetivo era democratizar el libro en Chile, lo que persiguió publicando alrededor de 12 millones de libros, en sus dos años y medio de vida. La venta de libros por parte de Quimantú revolucionó la industria local.

De acuerdo con Bravo Vargas, la situación laboral en Quimantú era particularmente de esfuerzo, dedicación y motivación; para hacer frente al bloqueo estadounidense de materia prima y piezas de maquinaria, los trabajadores crearon partes de piezas, algunos renunciaron a su sueldo, y se hizo trabajo voluntario y uso de material recuperado de bajo costo.³³ Esto respondía a una lógica de autofinanciamiento, basado principalmente en la venta de libros. Estas ventas apoyaban a su vez, en la forma de subsidio cruzado, a las revistas producidas por Quimantú, que poseían un carácter ideológico y tenían mayor costo de producción.

El rol de Quimantú fue muy importante en la venta de libros, pues significó una distribución masiva, a bajo costo y de amplia llegada a los ciudadanos. Al mismo tiempo, la editorial también cumplía un rol ideológico muy relevante con las revistas de la época. En palabras de Arturo Navarro, quien trabajó en la editorial, Quimantú «es un protagonista muy relevante en esta lucha ideológica, porque se constituye en el principal antagonista, podríamos llamarlo así en el sentido de opuesto, a la prensa de oposición al gobierno de Allende».³⁴

Aun estando Quimantú en el Área de Propiedad Social, no existe claridad respecto a las ventas conseguidas durante su corta vida. Esto se debe a la falta de documentación de las ventas, principalmente por ser de canales de distribución amplios y variados: se utilizó la red de quioscos que antes sirviera a Zig-Zag para vender revistas; se utilizó la Fuerza Aérea para llevar libros a Isla de Pascua, Punta Arenas y otros sectores alejados; se acordaron ventas numerosas con sindicatos y oficinas de Bienestar Social; y se instauraron bibliobuses.

De acuerdo con el testimonio de diversos autores, Quimantú registró producciones históricas en materia editorial. Según Subercaseaux, la editorial nunca bajó de 5 mil ejemplares en su tiraje, y en promedio, los tirajes oscilaban entre 30 y 50 mil ejemplares, en algunos casos llegando hasta los 100 mil ejemplares.³⁵ En sus treinta y dos meses de vida, la editorial imprimió casi 12 millones de ejemplares y alrededor de 250 títulos. El autor describe a la editorial como una «bestia»: tenía los talleres de imprenta y aparato de distribución más completos del mercado, e imprimía más rápido, en mejor calidad y en mayor cantidad que todas las demás.³⁶ Esto fue posible gracias al aumento de los turnos de trabajo, uso de nueva tecnología y del aumento de capacidades de producción; la editorial funcionaba casi literalmente «a toda máquina».

La producción de Quimantú logra además distribuir las grandes magnitudes de ejemplares producidos. Los canales usados debían ser alternativos a la distribución tradicional, ya que durante esa época existía una precaria y concentrada red de distribución de libros. Escarpit indica, en 1968, que «Los distritos exteriores [de Santiago] están tan mal servidos que casi no practican en los quioscos la venta combinada de libros y periódicos».³⁷ Según la información recabada de fuentes entre 1964 y 1980, la autora Bergot estima en 108 las librerías en Chile en 1970, de las cuales el 75% se ubicaba en Santiago y concentradas en los barrios acomodados: Providencia, Las Condes, Ñuñoa y La Reina, aunque existían también en los barrios centrales.³⁸ Por su parte, Subercaseaux, en 1984, menciona que las librerías se ubicaban «casi exclusivamente en sectores de ingresos medianos a altos».³⁹ Debido a la insuficiencia del canal de ventas a través de librerías, Quimantú acude a la red de quioscos de nivel nacional, y a ventas «ambulantes» en centros laborales, universitarios y populares.

Haciendo alusión a un circuito limitado, Bergot menciona que el precio del libro era alto a finales de la década de 1960, debido a los tirajes reducidos y la falta de reconocimiento de los autores en el mercado de los libros.⁴⁰ Para el año 1968, Escarpit indica que el precio del libro chileno era caro, debido principalmente al alto precio del papel de impresión, los impuestos pagados por la importación del papel para libros, el tamaño pequeño de las empresas editoriales, y el mal rendimiento del mercado interno.⁴¹

El rol cultural de la editorial Quimantú no se agota en la distribución de libros, también se volvió un foro de política cultural a través de las revistas que publicaba. Un ejemplo de ello fue la revista Quinta Rueda, dirigida exclusivamente a abordar la contingencia en el ámbito de la cultura. También la revista Onda, dirigida a jóvenes de sectores populares.

La relevancia de Quimantú era manifiesta, al surgir como un nuevo canal de comunicación del Estado, alternativo a la televisión o la radio. En la época, voces políticas sugirieron unir la editorial Quimantú con Editorial Jurídica, permitiéndole al Congreso establecer un mayor rol en el oficio editor. Nada de esto se logró, y el futuro de la editorial se cortó con el golpe de Estado de 1973.