Kitabı oku: «Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile: 1958-1973)», sayfa 15
De la Fuente enfatizaba la importancia de la Ley 14.511, «actual Ley de Indios.Dicha ley contempla especialmente procedimientos para construir la propiedad indígena sobre la base de unidades económicas a través de la división de las comunidades, expropiaciones a indígenas o particulares, y el control jurídico técnico de estas operaciones con la intervención de jueces defensores de indios y profesionales de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Tierras y Colonización». Hasta se pensaba destinar jeeps para cada uno de los cinco Juzgados de Indios472.
Sin embargo, durante la aplicación de la Ley 14.511 y hasta el mes de febrero de 1971, según informes proporcionados por los mismos Juzgados de Letras de Indios, se habría recibido peticiones de división de 1.362 comunidades, de las cuales lograrían hacerlo 126473. En parte, este resultado correspondía a la resistencia entre grupos del pueblo mapuche a la subdivisión de las reducciones, ya que la premisa «liberal» (anti-comunal) heredada del siglo XIX se mantenía en la legislación indígena desde el gobierno de Carlos Ibáñez hasta el gobierno de Jorge Alessandri.
Sobre todo, De la Fuente advertía el peligro del comunismo, del «fidelismo» y de que la cordillera de Nahuelbutase transformara en la «Sierra Maestra» chilena: «Allí hay más de 100 núcleos de campesinos dirigidos por el Partido Comunista y no está lejano el día en que allí sea donde se levante la “Sierra Maestra de Chile”, porque todos estos núcleos están armados y preparados para la lucha»474. Era necesario, «contra esta “maleza” que corroe la sociedad, tomar las precauciones necesarias para extirparla, en defensa de ella misma»475.
A su manera, De la Fuente reconocía que las reivindicaciones mapuche y los conflictos agrarios correspondían, en parte, a las movilizaciones de las organizaciones indígenas apoyadas por el Partido Comunista y la Federación Nacional Campesina e Indígena, que patrocinaban las «recuperaciones de tierras» en Malleco, Arauco y luego Cautín. Como informaba el Partido Comunista:
Los campesinos sin tierra de las reducciones indígenas de mapuches y huilliches, como asimismo los colonos ocupantes, han desarrollado diversas formas de combate que van desde la simple denuncia de sus problemas hasta la toma directa de la tierra. Este proceso, que ha adquirido caracteres de lucha muy aguda en algunas oportunidades, ha contado con la activa solidaridad de la clase obrera, enfrentándose a la violencia policial y obteniéndose significativas victorias. Los campesinos de las haciendas Santa Fe, Mundo Nuevo y Santa Elena resistieron el desalojo y consiguieron que estas haciendas se parcelaran en su beneficio. Los indígenas de Los Lolocos, Loncomahuida, Pangal, Catrihuala y Cordillera Sarao, a través de un largo y duro movimiento, lograron recuperar tierras que les habían sido usurpadas.
Fruto de estas mismas luchas ha sido la reciente parcelación de los fundos Sara de Lebu y Ranquilco, en la provincia de Arauco, y de otros doce fundos que la CORA está por parcelar y entregar a los campesinos476.
Entre 1961 y 1964 se producirían varios enfrentamientos entre Carabineros, funcionarios judiciales y grupos de mapuche desalojados de las tierras «recuperadas».Por ejemplo, en mayo de 1962 La Nación informó: «18 indígenas detenidos por ocupación de fundo. Carabineros, luego de desalojarlos de la ocupación del fundo El Huape en el departamento de Cañete, puso a los indígenas a disposición del Juzgado del Crimen de Cañete»477. Esos conflictos no hicieron sino desprestigiar más al Poder Judicial entre los campesinos y mapuche, dando crédito a las denuncias de «justicia de clase» (y raza) repetidas sin fin por sectores de izquierda y por la Democracia Cristiana, no obstante algunos intentos del gobierno por mejorar la atención de los Juzgados del Trabajo y sensibilizar a la Corte Suprema por los dilemas de la Araucanía.
El gobierno anunció que el ministro de Tierras y Colonización, Julio Philippi, junto con el subsecretario de Justicia, Jaime del Valle, se habían entrevistado con el Presidente de la Corte Suprema Rafael Fontecilla. En la reunión trataron la situación de los Juzgados de Indios, así como las normas respecto de la administración especial de Justicia que se realizaba para las reducciones indígenas. El ministro Philippi viajaría a Temuco para una reunión con los magistrados de la zona, para conocer aspectos de la judicatura sobre la aplicación de justicia en las reducciones indígenas478. Además, se informó que se estudiaría una asignación especial para los magistrados que estaban a cargo de los Juzgados de Indios, como una medida para evitar la rotación de los jueces479. Entre tanto se dijo que «las autoridades han buscado evitar las tomas, mientras los Juzgados de Indios no dicten sentencia en conflictos sobre la propiedad de las tierras»480.
La «cuestión mapuche» no se podía desvincular del funcionamiento deficiente de los Juzgados de Indios, ahora supervigilados por la Corte Suprema. Dos semanas después se anunció que a través de un decreto del ministerio de Justicia se había autorizado la compra de 5 jeeps para el uso de los Juzgados de Letras de Indios de Temuco, Nueva Imperial, Victoria, Pitrufquén y La Unión, por un valor de 25.000 escudos –un siglo después de iniciarse la «pacificación» de la Araucanía481.
En el caso de la Isla Pangal (o Ranquilco), y los fundos colindantes de otros propietarios, se determinó la expropiación a pesar del convencimiento de los dueños de que tenían «títulos saneados», documentados en el Juzgado de Indios de Victoria. Se celebró un «acta de Pangal» el 4 de abril, firmada al final por el dueño oficial el 21 del mismo mes, resolviendo el conflicto inmediato. El acta estipuló que «para la radicación de los mapuches, la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Tierras y Colonización expropiará 3.000 hectáreas de suelo del fundo Pangue, de propiedad de Félix Eyheramendy Larroulet, donde se instalará una colonia mapuche; (…) 5° Los actuales ocupantes de la Isla Ranquilco, una vez firmada la presente acta, regresarán a la zona o lugares donde estaban radicados antes de la ocupación de la Isla y serán atendidos por la Dirección de Asuntos Indígenas que, a través de almacenes que instalará en los Álamos y Cañete, entregará ayuda a los mapuches; 6° Los artículos de alimentación que la Dirección de Asuntos Indígenas entregará por 8 meses a los mapuches serán semillas para la siembra, ropa, azúcar, arroz, chuchoca, aceite, harina, madera y pizarreño para la construcción de viviendas»482. Como parte del acuerdo, el propietario Carlos Larroulet retiró las demandas judiciales contra los ocupantes483.
Más de un año después, en agosto de 1963, la Corporación de Reforma Agraria (CORA), sucesora de la Caja de Colonización Agrícola, completó la compra de 8.173,8 hectáreas, incluyendo al fundo Ranquilco, por un precio calculado como promedio en la zona484. Se contemplaba la repartición de ochenta parcelas, variando en tamaño entre 27 y 109,3 hectáreas, entre colonos seleccionados por la Dirección de Asuntos Indígenas. Fue expropiado el fundo Pangue (de propiedad de Félix Eyheramendy Larroulet), incluyendo territorios de las localidades de Trauco, Pitra Cui Cui, Ranquilco y Rucarraqui. Y se parceló la tierra para su entrega a los mapuche afectados por la usurpación485.
Hasta fines de enero de 1964, el ministro de Agricultura informó que los siguientes fundos se habían adquirido para «ubicar indígenas en la provincia de Cautín»: Dax, La Mañana, Buenos Aires, Cuyinco Olea, Cuyinco Larroulet, Lo Juan y Las Hortensias –por un total de 4.898 hectáreas486. Sin embargo, en otros casos una serie de «recuperaciones» de tierras entre 1962 y 1964 terminaron en desalojos violentos por Carabineros con varios heridos y hasta muertos entre los mapuche487. La Ley 14.511 y la transferencia de los Juzgados de Indios al Poder Judicial no superaron el deficit de justicia en la tierra araucana488. Las deficiencias históricas de los Juzgados de Indios y los conflictos de tierras en la Araucanía serían legados al gobierno siguiente, encabezado por el democratacristiano Eduardo Frei Montalva489.
Conflictos laborales y luchas de masas
La inflación no dejaba de afligir a Chile y al gobierno alessandrista. El plan de estabilización había fracasado y los gremios públicos y privados exigían reajustes salariales y previsionales que compensaran el aumento del costo de la vida. Hacia 1963, después de la devaluación monetaria de octubre de 1962, la tasa de inflación llegaría a más de 40%. En febrero, en su «Plataforma de lucha para 1963», la CUT incluyó un reajuste de 50% para los sectores privados, públicos y jubilados, a contar del 1 de enero, restablecimiento de los reajustes automáticos anuales (abolidos en 1956) y establecimiento del derecho de sindicación para los trabajadores del Estado, municipalidades y empresas de administración semiautónoma, en conformidad con el Convenio N° 87 relativo a la libertad sindical aprobado por Chile en la trigésima primera reunión de la O. I.T., en San Francisco490.
Más de diez años antes, en 1950, Jorge Alessandri había renunciado como ministro de Hacienda, enfrentado por las demandas de los empleados públicos y por lo que él consideraba una falta de firmeza de parte del Presidente radical González Videla. De nuevo, esta vez como Presidente de la República, Alessandri tendría que confrontar la clientela radical y otros gremios de la clase media asalariada, fueran los médicos y personal del servicio de salud, la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, el magisterio, los funcionarios del Banco del Estado u otros grupos de empleados semi-fiscales que, no obstante la ilegalidad de sus actuaciones, se declaraban en huelga, rechazando las ofertas del gobierno respecto al reajuste491.
La represión de las huelgas de los funcionarios del Estado, calificadas de ilegales de acuerdo a la ley vigente (Código del Trabajo, ley de seguridad interior del Estado, 12.927 y estatuto administrativo, DFL 338, 1960), había dado lugar a una queja presentada al Comité de Libertad Sindical el 26 de junio de 1962 por la Federación Internacional Sindical de la Enseñanza, cuyo informe definitivo se presentó en 1963, después de las observaciones del gobierno enviadas el 3 de septiembre de ese año492. El informe dejó constancia que Chile no había ratificado el convenio sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, de 1948 (núm. 87), ni el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). Señaló además que «el querellante alega que el personal docente de Chile no tiene derecho a afiliarse a sindicatos». En apoyo de este alegato se afirmaba que el estatuto administrativo (decreto-ley núm. 338, de 5 de abril de 1960) lo estipulaba en el título 111, párrafo 6, artículo 166.
En su respuesta, el gobierno reconoció que regía la disposición aludida, «cuyas normas no se aplican solamente al profesorado chileno, sino también a los empleados y obreros que prestan servicio al Estado, y añade que, dada dicha disposición, al Gobierno no le cabe otra misión que la de hacerla cumplir. Declara también el gobierno que, no obstante la existencia del mencionado precepto, los maestros están de hecho organizados en la Sociedad Nacional de Profesores de Chile y otras entidades que realizan una activa acción reivindicativa en favor de sus miembros, recurriendo a la huelga»493.
Teniendo en cuenta esta respuesta, «el Comité recomienda al Consejo de Administración que señale de nuevo a la atención del Gobierno de Chile la importancia que atribuye al principio de que los trabajadores, sin ninguna distinción, inclusive los del Estado, deben tener el derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones de su propia elección, y le invite a examinar la posibilidad de suprimir las disposiciones del artículo 368 del Código de Trabajo y del artículo 166 del Estatuto Administrativo que son incompatibles con el referido principio»494. Esas disposiciones no serían modificadas dentro de los años siguientes. La ley y el Código del Trabajo mantuvieron la prohibición de realizar huelgas en los servicios públicos, como también las restricciones procedimentales estrictas en relación con las huelgas legales en el sector privado495. Estas trabas institucionales contribuyeron a que la mayoría de las huelgas fueran ilegales (entre 66% y 88% del total de huelgas) desde 1960 hasta 1969496.
Con fecha 1º de marzo la Confederación Nacional de Asociaciones de Empleados del Banco del Estado de Chile presentó al gerente general de la institución un pliego de peticiones de mejoramiento económico-administrativo de 14 puntos, incluyendo el aumento de 45% en sus salarios497. Dos semanas después, el directorio del banco rechazó el pliego. En efecto, la Confederación Nacional de Asociaciones de Empleados del Banco del Estado de Chile acordó declarar una huelga (ilegal), sumando a unos 5.000 funcionarios498. El directorio del Banco atribuyó la huelga, que duró 28 días, a la agitación del Partido Comunista, aunque no había evidencia de que este partido tuviera mucha influencia entre los trabajadores bancarios. La Corte de Apelaciones de Santiago designó al magistrado Lucas Sanhueza para investigar la querella interpuesta por el gobierno contra los funcionarios del Banco del Estado que participaban en la huelga ilegal. La Nación informó que el ministro Sanhueza se hizo presente en las oficinas centrales del Banco del Estado para realizar diligencias, que la policía de Investigaciones no había podido detener a Jorge Vivallo (PS) y Teobaldo Acuña (PDC), ambos dirigentes de la movilización, y que no se descartaba una motivación política de la huelga499.
El diputado Rafael Agustín Gumucio (PDC) expresaba en la Cámara que, para enfrentar la huelga, el directorio del Banco del Estado de Chile seguía «la política tradicional de miopía impuesta por el actual Gobierno. El directorio ha declarado ya que el movimiento es político, que no se pueden solventar las reivindicaciones económicas del personal, porque no hay utilidades en el Banco y, por último, que los otros motivos no económicos –los motivos morales– son promovidos por móviles subalternos»500. Gumucio indicaba que la Confederación Sindical del Banco del Estado estaba dirigida, en esos momentos, por cuatro radicales y un democratacristiano –no había dirigencia comunista. Además, Gumucio denunciaba las políticas corruptas que hacían imposible obtener los créditos del banco, a bajos intereses, sin influencia política. El diputado Valente Rossi (PCCH) declaró que «el Banco del Estado de Chile no es, en los hechos, un banco estatal. Su dirección está orientada por el caduco liberalismo económico. Los personeros que forman su consejo son elementos ligados estrechamente a la banca privada, a los monopolios, a los terratenientes y a las poderosas empresas norteamericanas»501.
El Partido Comunista propiciaba «la urgencia de suprimir los bancos particulares para que el Estado asuma la función bancaria y ésta se transforme en la palanca económica que promueva y estimule la producción en todos sus aspectos»502. Los socialistas, democratacristianos y PADENA se sumaron apoyando políticamente a los huelguistas.
El subsecretario del Interior Jaime Silva señaló que se decidió ampliar las denuncias contra los funcionarios bancarios en huelga, no sólo a sus dirigentes sino además contra otros funcionarios. Agregó que en el país se habían detenido a 90 funcionarios del Banco del Estado, de los cuales 38 estaban en libertad bajo fianza y 52 continuaban detenidos en distintas cárceles del país503. Dos días después, El Mercurio hizo mención a la declaración del ministro de Hacienda Luis Mackenna, afirmando que el gobierno mantendría inalterable su postura frente a la huelga ilegal de funcionarios del Banco del Estado. Se informó que el personal de Investigaciones detuvo a 49 funcionarios bancarios, quienes fueron interrogados por el ministro Lucas Sanhueza. El magistrado ordenó la libertad de 17 por falta de méritos y otros 32 ingresaron detenidos al anexo de la Cárcel Pública504.
El Siglo informó sobre la detención masiva de funcionarios bancarios y de los recursos de amparo presentado a su favor en las Cortes de Apelaciones505. El 3 de abril el mismo diario dio cuenta de que 15 empleados fueron detenidos en Santiago y 5 ingresaron a la cárcel. Los 21 bancarios encarcelados presentaron un recurso de queja506. En el Senado, Aniceto Rodríguez, quien había servido en otros tiempos como consejero en el Banco del Estado, le puso otra cara al conflicto bancario: «Quiero decir que la demora en la solución de la huelga del Banco del Estado, indudablemente está siendo estimulada, no por la resistencia de obreros y empleados, sino, aunque ello no se note en las publicaciones, por la propia banca privada, que desea la liquidación del Banco del Estado, creación honrosa del Partido Socialista en el primer año de Gobierno del señor Ibáñez. La banca privada, desea que no se resuelva este conflicto; que se liquide el Banco del Estado para transformarlo en la vieja entidad agraria al servicio del latifundio chileno. Por ello, les interesa la no solución del conflicto»507.
El gobierno exigía que los empleados bancarios volvieran a su trabajo sin condiciones. El ministro del Interior Sótero del Río, ante consultas sobre las querellas vigentes contra los funcionarios bancarios, aseveró que el gobierno no se desistiría de ellas508. Después de casi un mes, El Siglo tituló: «Triunfaron los bancarios: hoy regresan al trabajo»509. A pesar de los dichos del gobierno, la resolución del conflicto implicaba desistirse de las querellas contra los bancarios detenidos. La Confederación de Asociaciones de Empleados del Banco del Estado de Chile escribió, el 8 de abril de 1962, al mediador Manuel Rioseco Vásquez, a quien le comunicó que «esta Directiva Nacional por unanimidad ha resuelto poner término al movimiento huelguístico declarado por el personal del Banco del Estado de Chile y ordenará de inmediato el reintegro a sus labores»510.
En el acuerdo, el banco se comprometió a pagar una gratificación equivalente a un sueldo, una vez terminada la huelga, y se estudiarían nuevas gratificaciones para los empleados. El ministro del Interior ordenó, a través de un oficio a todas las intendencias y gobernaciones que habían interpuesto querellas contra los funcionarios del Banco del Estado, el desistimiento de estas acciones511.
Al finalizar el movimiento bancario, el gobierno y la derecha insistían que esta primera huelga importante del año 1962 auguraba una campaña comunista para desestabilizar la economía: «No es por este camino que haremos el bienestar de todos los chilenos. Pero sí que ese es el camino que ha creado el hambre en la China popular y en la Cuba de estos días»512.
Mientras tanto, se mantenía una huelga en el Servicio Nacional de Salud (los funcionarios renunciaron en masa, ya que una huelga hubiera sido ilegal)513. La diputada comunista Julieta Campusano observó que «el movimiento de los médicos no es más que la resultante lógica de esta política regresiva y catastrófica. Es un nuevo sector que se ve obligado a incorporarse a las luchas reivindicativas que movilizan a la nación chilena»514. Como de costumbre, el debate sobre la huelga médica se tornaba en una crítica al sistema «seudo-democrático» del país y al sistema capitalista, no sólo desde la izquierda sino también desde la Democracia Cristiana. El diputado Claudio Cancino (médico) declaró que «estos hechos, otro eslabón de una ya larga cadena, sello característico de este gobierno y de los partidos que lo sustentan, son los que nos han llevado a nosotros, los democratacristianos, a aprobar por aclamación, en nuestra última Junta Nacional, el voto político que la opinión pública conoce, rechazando toda posibilidad de acercamiento siquiera con quienes dirigen el país y que tan satisfechos se muestran con el “orden” social y vigente, que sólo perpetúa injusticias (…)»515. Según esta visión, la ola de huelgas ilegales no era sólo expresión de movimientos socioeconómicos, sino también evidenciaba el rechazo del «orden social vigente» y de la perpetuación de la injusticia516.
