Kitabı oku: «Debates y desafíos para los derechos humanos en Colombia», sayfa 5

Incidencia de las organizaciones defensoras de derechos humanos en el diseño de la Jurisdicción Especial Para la Paz. ¿Reiteradas constancias históricas o incidencia efectiva?13
Helber A. Noguera Sánchez

Un cocinero reunió a las aves, a las gallinas, a los pavos, a los faisanes y a los patos. El cocinero les preguntaba: —¿Con qué salsa queréis ser comidos? Una humilde gallina dijo: —Nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: —Eso está fuera de la cuestión.

—Eduardo Galeano, El cocinero y las aves

Introducción

Las organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia han venido desempeñando variedad de roles, trayectorias, relaciones con, contra, desde y hacia el Estado. Esas movilizaciones, discursos y agenciamientos, tanto en el plano jurídico, como ético y político, se han venido constituyendo en la intermediación o en el agenciamiento directo del movimiento de víctimas, principalmente de crímenes de Estado. La operativización de su agenciamiento se observa materializada en el contexto de las discusiones jurídicas alrededor de la normativización de la Jurisdicción Especial para la Paz —en adelante, jep—; mecanismo creado como consecuencia de las negociaciones de paz y de la terminación del conflicto armado entre el Estado colombiano por intermedio del Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo —farc-ep—, comandado por Rodrigo Londoño, Timochenko.

En el marco de tales negociaciones se concertó que uno de los principales pilares era la efectiva participación de las víctimas en el diseño, la implementación, el seguimiento y el monitoreo de los puntos acordados. Esa participación de las víctimas incluye las medidas constitucionales y legislativas derivadas del Acuerdo de Paz, particularmente las relacionadas con la jep.

Los procedimientos para hacer modificaciones a la Constitución y a las leyes no podían deslindarse del todo de los mecanismos ordinarios. Para ello, el Congreso de la República posibilitó el llamado fast track, contemplado en el Acto Legislativo n.o 1 de 2016, que principalmente tenía por objetivo el reducir el número de debates —en el Congreso— que son menester para la aprobación de leyes y reformas constitucionales. Pues bien, por un lado, el mecanismo promovía la celeridad en las discusiones y en la aprobación de las reformas; por el otro, el pilar central de la participación efectiva —y cualificada— de las víctimas en el proceso constitucional y legislativo tenía el riesgo de desdibujarse o diluirse en el frenesí del pupitrazo14.

Es en ese contexto en el que las organizaciones defensoras de derechos humanos llevan a cabo acciones de incidencia. Acciones que pueden inventariarse entre acciones jurídicas, comunicados de prensa, columnas de opinión, participación e intervenciones en audiencias públicas ante la Corte Constitucional, entre otras. Lo anterior no es óbice para determinar que tales labores resulten en efectivos cambios, resultados o impactos directos en la formulación de las políticas públicas, o, como en este caso, en una sentencia de constitucionalidad y en el diseño de un tribunal que responda a los retos que impone judicializar a los máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en tiempos de transición para la paz. La pregunta, entonces, gira en torno a considerar ¿qué tanta incidencia tuvieron las organizaciones defensoras de derechos humanos en el diseño de la jep?

Sin ánimo de considerar el resultado o impacto de las gestiones de incidencia, el objetivo del presente capítulo es enunciar los puntos centrales y argumentos expuestos por tales organizaciones en lo relacionado con el mecanismo de la jep y contrastarlo con el diseño final y algunas de la conclusiones o cierres de debate que ha venido dando la Corte Constitucional a través de sus sentencias.

Lo anterior sin perder de vista algunos aspectos de carácter metodológico. El primero, el universo de organizaciones defensoras de derechos humanos objeto de análisis. Buena parte de estas se mueven en Bogotá, a pesar de que su trabajo trasciende territorios diversos de la geografía nacional; además, también hacen parte de redes, mesas o plataformas amplias a través de las cuales se conciertan, negocian o construyen argumentos, estrategias y rutas, tanto jurídicas como políticas y de incidencia. Otro aspecto tiene que ver con que tales organizaciones tuvieron incidencia directa en la Corte Constitucional en tanto fueron invitadas a participar en el escenario de discusión alrededor de la constitucionalidad de la iniciativa legislativa, esto es, la audiencia pública desarrollada en julio de 2017. En otras palabras, la incidencia que las organizaciones llevaron a cabo antes de que el proyecto llegare al Congreso, y mientras se discutía en el trámite legislativo frente a los ponentes y mediante proposiciones y constancias no es objeto de análisis del presente texto. Se limita —se itera— a lo discutido en la revisión automática de constitucionalidad por parte del tribunal de cierre, la Corte Constitucional. Por otro lado, considerar que particularmente el análisis es de tipo cualitativo y tuvo como estrategia describir, rastrear, analizar las organizaciones, sus objetivos y estrategias; las apuestas y argumentos centrales de cara a la formulación de la jep y el contraste del agenciamiento ante la Corte Constitucional. Para ello, se recorrieron tres fases en la investigación: 1) recolección de información, revisión bibliográfica y documental de fuentes primarias y secundarias; 2) etapa interpretativa y analítica; y, por último, 3) fase de elaboración del texto.

A continuación, se indica cómo está estructurado el capítulo. Lo primero será identificar las organizaciones defensoras de dd. hh. que, como se dijo anteriormente, no solo participaron en la audiencia pública ante la Corte Constitucional, sino que tuvieron la posibilidad de concertar, articular y coordinar a través de redes, plataformas y mesas de trabajo las demandas, reivindicaciones y principales argumentos de otras organizaciones de derechos humanos. Para ello se hará una muy breve contextualización situada de qué hace la organización, sus principales intereses o apuestas estratégicas y campos de trabajo. Posteriormente se hará un recorrido por los principales argumentos o dilemas centrales que cada una de ellas posicionó en el debate legislativo (en el Congreso de la República) o judicial (ante la Corte Constitucional). Luego se intentará cotejar las propuestas que realizaron con el diseño final del mecanismo para reflexionar sobre los resultados del agenciamiento o de la incidencia. Por último, se intentará hacer una caracterización de los hallazgos en perspectiva de ir posicionando la discusión sobre la existencia o no de un movimiento social de organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia a partir del caso concreto de incidencia para efectos del diseño de la jep.

Las organizaciones y sus alianzas

Un eventual inventario de organizaciones sociales en Colombia podría resultar amplio, difuso y movible. El catálogo de organizaciones, su naturaleza, sus objetivos, estrategias, apuestas políticas y sociales, líneas de trabajo y alianzas son diversas, variadas y cambiantes. Por ello, llegar a manifestar que de ellas existen algunas que se autodenominan como defensoras de derechos humanos es de entrada un reto y, per se, constituye un universo relevante de análisis; no solo por la cantidad, sino también por la diversidad regional, de enfoques, temáticos, estrategias y liderazgos. El presente texto no tiene por objetivo establecer fronteras o demarcaciones alrededor de cuáles organizaciones son o no defensoras de derechos humanos y si por consecuencia hacen parte de lo que la literatura ha venido denominando movimiento social de derechos humanos. La intención es considerar cómo algunas se agenciaron una estrategia de incidencia para efectos de la formulación de un tribunal especial en tiempos de transición para la paz. Es menester tener en cuenta que buena parte de las mismas operan a través de redes, plataformas o mesas de trabajo en donde conciertan, articulan o coordinan estrategias, agenciamientos o reivindicaciones; en otras palabras, no todas hacen lo mismo, ni todas hacen cualquier gestión en el marco de la defensa de los derechos humanos, pero se juntan en momentos hito para movilizar y posicionar argumentos comunes.

Por otra parte, el litigio estratégico o de alto impacto, las discusiones técnicas que se llevan a cabo en algunos escenarios jurídicos y la falta de confianza en las agencias de inteligencia del Estado por parte de algunas de las organizaciones que aquí se señalan hacen que la accesibilidad a la información y a las memorias de las discusiones no sea tan sencilla como se puede llegar a colegir. En consecuencia, el universo de organizaciones defensoras de derechos humanos que efectivamente participan y deliberan —por ejemplo, en las audiencias públicas ante la Corte Constitucional— se reduce significativamente. Las organizaciones sobre las cuales se hará la reflexión son la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo (ccajar), la Corporación Jurídica Yira Castro (cjyc), Humanidad Vigente Corporación Jurídica (hv), el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Corporación Sisma Mujer, el Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Genero (Humanas), la Red Nacional de Mujeres, la Comisión Colombiana de Juristas (ccj), y el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (Dejusticia). Enunciadas estas organizaciones, lo siguiente será contextualizar el quehacer de cada una de ellas a partir de sus objetivos y campos de trabajo con base en lo por ellas expuesto o manifestado en las páginas web oficiales.

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (ccajar)

Se define como una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, defensora de derechos humanos en Colombia. Su génesis data de 1980 y actualmente cuenta con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (oea) y ante la Organización de Naciones Unidas (onu). Se describe como una organización que cuenta con conocimiento y con la participación de diferentes sectores sociales y democráticos de la población, defiende y promueve integralmente los derechos humanos y los derechos de los pueblos, desde una perspectiva de indivisibilidad e interdependencia, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa en la perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural. Su principal objetivo es

Defender y promover los Derechos Humanos desde una perspectiva integral, partiendo de su indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos y libertades, para contribuir a la lucha contra la impunidad, y a la construcción de una sociedad justa y equitativa, en la perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural, y propender por el respeto y la plena vigencia de los derechos de los pueblos a la soberanía, autodeterminación, desarrollo y paz con justicia social.

Los campos de trabajo son superación de la impunidad, defensa del territorio y paz y conflicto armado.

Las redes y plataformas donde transita son el Movice, la Federación Internacional de Derechos Humanos (fidh), Clamor Social por la Paz, La Guajira le Habla al País, la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, la Colación Colombiana Contra la Tortura (ccct), y La Gran Minería Envenena.

Corporación Jurídica Yira Castro (cjyc)

Se consideran un colectivo de trabajo, sin ánimo de lucro, con quince años de experiencia, que tiene como misión la defensa y exigibilidad de los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad mediante la implementación de acciones jurídicas y políticas a nivel nacional e internacional que permitan alcanzar mayores niveles de justicia social en Colombia.

Dice desarrollar tres tipos de actividades:

 De formación, llevando a cabo un proceso de capacitación en derechos humanos en varias ciudades del país.

 Asistencia legal, en el marco de las diferentes acciones judiciales instauradas para la protección de derechos como la vivienda, salud, trabajo, educación, protección, refugios etc., o para el desmonte de normas lesivas para los derechos de la población desplazada.

 Políticas, incidiendo en el fortalecimiento de varios espacios organizativos de la población desplazada, con miras a la calificación de su interlocución con el Estado.

Los objetivos que manifiesta perseguir son:

 Asistir y asesorar jurídicamente a sectores sociales, populares, personas naturales y jurídicas que sean víctimas de violación de derechos humanos.

 Contribuir en la formación de diversos sectores sociales y populares en las áreas de nuestra actividad.

 Propender por la vigencia efectiva de los derechos humanos y por el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, por el derecho a la paz y a un ambiente sano.

 Impulsar la difusión y aplicación del derecho internacional humanitario (dih).

 Iniciar acciones con el propósito de prevenir la violación de los derechos humanos e infracciones al dih.

 Obtener la reparación política, moral y material de las víctimas y de la sociedad, que incluye la investigación y sanción a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y las indemnizaciones que correspondan para evitar la impunidad.

 Aportar en el análisis de la realidad sociopolítica para contribuir en la transformación de la sociedad.

Hace parte de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y del Proyecto Colombia Nunca Más; también del equipo coordinador de la Estrategia de Catastro Alternativo, del comité impulsor del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, del Equipo Coordinador de la estrategia de Audiencias Ciudadanas por la Verdad.

Humanidad Vigente Corporación Jurídica (hv)

Es una organización no gubernamental fundada en 1996, conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales de distintas áreas del conocimiento, con alto compromiso social que trabaja por la defensa y protección de los derechos humanos integrales, con énfasis en los derechos de mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y víctimas del conflicto en Colombia.

Las estrategias de acción de la organización son:

 Acción jurídica integral y litigio estratégico: se orienta a la búsqueda de la superación de la impunidad y la garantía integral de los derechos humanos, con énfasis en los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos, generando precedentes jurídicos, políticos y sociales que promuevan cambios e impactos a nivel institucional y de la sociedad.

 Educación popular e investigación social: Potencia saberes y capacidades de individuos y comunidades para exigir y promover transformaciones de sus realidades, a partir de procesos formativos e investigativos, participativos y dialógicos, que puedan ser multiplicados.

 Comunicación para la incidencia: encaminada a visibilizar y comunicar sobre temas y situaciones de derechos humanos, destacando las acciones reivindicativas de comunidades y organizaciones del sector popular y de víctimas, y generando opinión favorable a la defensa de los derechos humanos.

 Articulación y trabajo coordinado: orientada a fortalecer el trabajo de incidencia a través de la articulación en redes y el trabajo coordinado con organizaciones sociales y de dd. hh. en los territorios, reconociendo diferentes saberes y experiencias, aunando esfuerzos y maximizando recursos en procura de alcanzar intereses comunes y las apuestas colectivas de los sectores acompañados.

 Fortalecimiento institucional: orientada a la gestión integral de la organización, a fin de consolidar y estabilizar un equipo de trabajo interdisciplinario, cualificado con los recursos necesarios para responder a los retos y desafíos de nuestras apuestas institucionales y las transformaciones que buscamos en nuestra sociedad.

Su objetivo general es “construir paz con justicia social y defender, promover y proteger los derechos humanos integrales, con énfasis en los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y víctimas del conflicto colombiano, con enfoque diferencial, generacional, territorial, poblacional y de géneros”. Sus objetivos específicos son los siguientes:

1. Aportar a la reivindicación y la recuperación del territorio a través de la defensa del derecho a la tierra y la soberanía alimentaria.

2. Contribuir a la exigencia de la verdad, la justicia, la reparación integral, las garantías de no repetición y la recuperación de la memoria histórica en casos de violaciones a los derechos humanos, avanzando hacia la justicia en las relaciones de género, la defensa de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños, promoviendo su reconocimiento y posicionamiento social y político.

Hacen parte del comité operativo de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Plataforma Colombiana por el Protagonismo de Niños, Niñas y Jóvenes, el Fondo de Fortalecimiento y Protección (ffp) y la campaña Violaciones y Otras Violencias Saquen mi Cuerpo de la Guerra.

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)

El Movice es un proceso organizativo en el que confluyen más de 200 organizaciones de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos y desplazados, así como organizaciones acompañantes y defensoras de derechos humanos. Cuenta con doce años de existencia, y tiene presencia territorial en quince departamentos del país.

Las estrategias del movimiento son: 1) estrategia jurídica que persiga a los máximos autores de los crímenes y la responsabilidad de los agentes estatales; 2) estrategia para la verdad y la memoria histórica; 3) estrategia para el acompañamiento solidario con las víctimas: la Comisión de Ética; 4) estrategia para la no repetición: la prohibición legal del paramilitarismo; 5) estrategia para la reparación: el catastro alternativo; 6) estrategia de lucha contra la desaparición forzada: la exhumación de las fosas comunes y el derecho a enterrar; 7) estrategia de lucha contra el genocidio político: verdad, justicia y reparación para las víctimas y los sobrevivientes de la Unión Patriótica; y 8) estrategia de organización: el fortalecimiento del Movimiento de Víctimas.

Expresa que el objetivo fundamental ha sido el reivindicar a las víctimas de crímenes cometidos por el Estado, sea por su acción u omisión, en acciones perpetradas por miembros de la fuerza pública o fuerzas paraestatales o paramilitares que actuaron bajo el auspicio, respaldo y connivencia del Estado colombiano en diversas zonas del país.

Corporación Sisma Mujer

Se denominan como una organización de carácter feminista, que desde 1998 ha aportado a la consolidación del movimiento de mujeres, ha trabajado con mujeres víctimas de violencias y discriminación en razón de ser mujeres, en ámbitos privados, públicos y del conflicto armado, para la ampliación de su ciudadanía, la plena vigencia de sus derechos humanos y la promoción de su papel como actoras transformadoras de su realidad.

Las líneas estratégicas de Sisma Mujer son:

 Incidencia para la exigibilidad de los derechos de las mujeres con énfasis en el derecho a vivir una vida libre de violencias.

 Justiciabilidad por la violación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, especialmente por la violencia sexual en la familia, la comunidad y en el conflicto armado.

 Empoderamiento de las mujeres, con énfasis en mujeres víctimas de las violencias, para su participación política y comunitaria, y su accesibilidad a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

 Investigación para la producción del conocimiento y comprensión de los obstáculos que enfrentan las mujeres para la realización de sus derechos humanos, con énfasis en los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Las alianzas y redes a través de las cuales transita son: la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Mesa por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia, la Red Nacional de Mujeres, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines para una Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia, la Mesa de Apoyo: Derechos Humanos de las Mujeres y Paz en Colombia, Alianza Cinco Claves, Red Pacto Global Colombia, Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado y la Comisión sobre Migraciones Forzadas, Exilio y Reconciliación.

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género (Humanas)

Se considera un centro de estudios y acción política feminista, cuya misión es la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, el derecho internacional humanitario y la justicia de género en Colombia y Latinoamérica.

Está conformada por un grupo de mujeres de diversas profesiones de las ciencias sociales, especialmente el derecho, la antropología, la sociología y la comunicación, que buscan contribuir a la promoción, difusión, defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho humanitario y de la justicia de género, así como la promoción y realización de iniciativas que contribuyan a comprender la situación de las mujeres en diferentes contextos y superar las desigualdades de género en los ámbitos político, jurídico, económico, social y cultural.

Las apuestas estratégicas de Humanas son Justicia de Género, Observatorio de Sentencias Judiciales, Observatorio Mujeres, Paz y Seguridad, Procesos de paz, Incidencia.

En lo relacionado con las redes y las alianzas, Humanas las expresa así:

A nivel nacional: Plataforma 5 Claves. Alianza, por la Salud de las Mujeres, Campaña Paz Completa, Coalición en Pro de la Reforma a la Política de Drogas, Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013, Fondo Lunaria.

A nivel local: Alianza de Trabajo en Medellín, Corporación Ensayos, Red Departamental de Mujeres Chocoanas.

A nivel internacional: Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género, Abogados sin Fronteras, Canadá, Alianza Rompiendo el Silencio, Guatemala, Coalición Internacional de ong’s por la Corte Penal Internacional (ccpi), Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (idpc), Grupo de trabajo del proyecto “Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento en las Américas: Promoviendo Políticas más Humanas y Eficaces”.

Iniciativa por la Justicia de Género – iccw. Lola Mora. Movimiento por la Paz-mpdl.

Red Nacional de Mujeres

Dícese ser una red que se articuló en 1991, como una apuesta feminista, incluyente, respetuosa de la diversidad, con enfoque de género y de derechos; 63 organizaciones de mujeres y mixtas, de 14 ciudades del país, conformaron y crearon este espacio en aras de promover la participación de las mujeres en el proceso de reforma constitucional que dio lugar a la Constitución Política de Colombia de 1991.

Desde entonces vienen sumando más organizaciones y personas que desde diversos enfoques nos han dado la posibilidad de funcionar de manera continua, flexible y desde diferentes frentes de acción y demanda.

El trabajo de la red gira en torno a tres ejes específicos: participación política y construcción de ciudadanía de las mujeres, eliminación de las diferentes violencias ejercidas contra las mujeres, y participación de las mujeres en procesos y construcción de paz. En cada uno de estos ejes han asumido un rol y papel importante en términos de incidencia, inclusión de perspectiva de género, empoderamiento, compromiso y transformación.

La red se moviliza con otras alianzas, entre las cuales se resaltan la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Mesa por una Vida Libre de Violencias para las Mujeres, Cumbre de Mujeres y Paz, Articulación Feminista Marcosur (afm), Red Global de Mujeres Constructoras de Paz (gnwp), y la ya nombrada Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.

Comisión Colombiana de Juristas (ccj)

La ccj se define como una organización no gubernamental con estatus consultivo ante Naciones Unidas, filial de la Comisión Internacional de Juristas (con sede en Ginebra), y de la Comisión Andina de Juristas (con sede en Lima), activa desde 1988, y, de acuerdo con su mandato, busca por medios jurídicos, y de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el pleno respeto en Colombia de los derechos humanos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, así como del derecho humanitario, entendidos de manera indivisible e interdependiente, y propende también por el desarrollo de normas, mecanismos e instituciones de carácter internacional que protejan los derechos humanos en el mundo entero.

Sus objetivos estratégicos son:

 Contribuir al mejoramiento de la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia y a la vigencia del Estado social y democrático de derecho planteado en la Constitución de 1991.

 Promover el respeto del derecho internacional humanitario y aportar a la superación negociada del conflicto armado y al logro de una paz duradera basada en los derechos humanos, en particular, los derechos a la verdad, justicia y reparación, así como la restitución y redistribución de tierras.

 Promover y contribuir al desarrollo, fortalecimiento y efectividad de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, tanto en materia de monitoreo y de procedimientos de protección internacional, como en materia del marco normativo de reconocimiento de los derechos humanos.

 Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Comisión Colombiana de Juristas para la realización de sus objetivos.

Lo anterior a través de la investigación, el litigio y la incidencia.

La ccj hace parte del programa Somos Defensores, de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, de la Misión de Observación Electoral (moe), de la Coalición Colombiana contra la Tortura, Comisión Andina de juristas, de cejil, de la Red de ong por la Transparencia y de la Comisión Internacional de Juristas (cij).

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)

Dejusticia es un centro de estudios jurídicos y sociales. Dicen dedicarse al fortalecimiento del Estado de derecho y a la promoción de los derechos humanos en Colombia y en el Sur Global. Expresan promover el cambio social a través de estudios rigurosos y sólidas propuestas de políticas públicas, y manifiestan adelantar campañas de incidencia en foros de alto impacto. También expresan llevar a cabo litigios estratégicos y diseñar e impartir programas educativos y de formación (Dejusticia, 2020).

Los temas sobre los cuales fundamenta su trabajo son antidiscriminación, Estado de derecho, justicia ambiental, justicia económica, política de drogas, sistema judicial y justicia transicional.

Para tener una mirada panorámica de las organizaciones derivada de la información descriptiva supra, a través de la siguiente tabla se pueden inferir elementos centrales comunes y diferenciadores.

Tabla 1. Resumen de objetivos y redes de organizaciones

Fuente: elaboración propia.