Kitabı oku: «Saqueo y exterminio de la clase campesina chilena», sayfa 3
3.1. Política de tenencia de la tierra
Constituye uno de los pilares de la estabilización y coloca a la propiedad privada como centro y motor de la nueva estructura de producción del agro.
La restauración de la propiedad privada como valor y como estructura de funcionamiento, pretende ser presentada como el nuevo resorte de la igualdad que produciría la identificación entre el patrón históricamente propietario y el campesino, nuevo beneficiario de la propiedad y del status que esta le confiere.
Tres elementos caracterizan la modernización de esta noción de propiedad:
El reconocimiento de una cierta «función social» de la propiedad privada, que viene a invalidar la situación de una concentración en una minoría.
La ampliación de la base social de la propiedad privada, a través de la extensión de la meta de la propiedad individual, por la cooptación de una parte de los campesinos del sector reformado. Esta cooptación de un estrato del sector reformado hace posible alcanzar un plano de igualdad formal dentro del sector agrario, condición indispensable para la instauración de un «libre mercado»
Los campesinos del sector reformado tienen como meta el llegar a la posesión material de la tierra, en forma individual en un sistema de propiedad en el cual se establezca claramente la relación de dominio y bajo el cual el dueño podrá disponer del uso y goce de los beneficios y, al mismo tiempo, asumir las responsabilidades inherentes a la posesión de los bienes25.
La definición de nuevas bases para la construcción de una nueva estructura de poder dentro del sector, privilegiando a un estrato propietario–empresarial económicamente dinámico y desarticulando internamente al sector reformado al cooptar a una parte y expulsar a otra. Bajo el signo de la propiedad privada se crea un nuevo estrato propietario y un nuevo estrato de mano de obra disponible al interior del sector anteriormente «beneficiario de la reforma agraria».
Es un hecho evidente que la tierra agrícola de Chile no alcanza para todos los que actualmente trabajan en ella; en otras palabras, hay un excedente de población y de mano de obra en el sector26.
La formulación de la nueva política de tenencia de la tierra distingue tres niveles de situaciones:
3.1.1. Política para el sector reformado.
3.1.2. Política para el sector privado.
3.1.3. Política respecto al «mercado de tierra».
3.1.1. Política para el sector reformado
Dos modalidades permiten la vigencia de la relación de propiedad privada en este sector:
Las unidades agrícolas familiares y, por la vía de la excepción,
Las sociedades agrícolas.
La primera asegura al campesinado la propiedad sobre un predio físicamente delimitado, mientras que en la segunda la propiedad se ejerce sobre una parte de acciones de la sociedad.
Se deja en claro que, tanto en la asignación de parcelas, como en sociedad, la relación de propiedad privada está claramente establecida sin limitaciones adicionales27.
a. Asignación de tierras en unidades familiares
Las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) han sido definidas por la ley como «la superficie de tierras que, dada la calidad del suelo, ubicación, topografía, clima, posibilidades de explotación y otras características, en particular la capacidad de uso de los terrenos y, siendo explotada personalmente por el productor, permite al grupo familiar vivir y prosperar merced a su racional aprovechamiento»28.
Las unidades agrícolas familiares, dentro de la perspectiva del régimen cívico-militar, son portadores de toda la racionalidad que el régimen ha deseado imponer respecto al «sector reformado».
En primer lugar: expresar la voluntad de promoción de un cierto populismo propietarial en los sectores campesinos utilizando las motivaciones de «confianza», «seguridad» y «progreso» a nivel de la existencia del grupo familiar:El asignar la tierra en unidades familiares tiene la ventaja de ser ampliamente atractiva para los campesinos del sector reformado, lo que es absolutamente claro y justificable.Además incentiva a un mayor esfuerzo, ya que la unidad familiar da confianza y seguridad al agricultor para invertir, permitiendo que se desarrollen su iniciativa y capacidad de progresar29.
En segundo lugar: expresa la creación y consolidación de un estrato propietario – empresarial–campesino cooptado por el sistema de empresa privada.
En cuanto tal, este nuevo estrato debe entrar en competencia con el sector empresarial privado, que es el principal beneficiario del régimen, (en el que están los patrones expropiados entre 1965–1973) y debe enfrentarse también con aquel estrato del sector reformado que ha sido excluido de los beneficios de la asignación de tierra. Se crea una situación en la cual el nuevo sector empresarial campesino se convierte en comprador de fuerza de trabajo, respecto a los campesinos del sector reformado no beneficiarios de la propiedad. Esta eventualidad es mayor en la medida que las características económicas de las UAF aseguren trabajo fundamentalmente al núcleo familiar, y sólo secundariamente pueden transformarse en fuente de trabajo para la mano de obra expulsada de los predios anteriormente reformados.
En tercer lugar: las UAF expresan la voluntad, por parte de la política del autoritarismo, de implementar un diseño conservador para el agro, apoyados en la familia, entendida como reducto de estabilidad social, y, en la manipulación de una ancestral aspiración de acceso a la propiedad de la tierra por parte de los sectores campesinos.
Los sectores rurales que se han desarrollado en esta forma, en base a sistemas familiares, se caracterizan por una gran estabilidad tanto social como económica30.
De esta manera, las UAF son concebidas como «unidades económicas» básicas de funcionamiento de lo que fue el «sector reformado»; por otra parte, son «unidades sociales» que permiten el desarrollo de un amplio control social y político ejercido desde las cúspides de poder regionales y locales. Es importante señalar cómo la constitución de las UAF en estos dos años, ha significado un sistema de delaciones a partir de la aplicación del decreto ley Nº 208 del 19 de diciembre 1973. (Cfr. Anexo jurídico de la Contra Reforma agraria) donde se establecen las nuevas condiciones para postular a asignación de tierras.
El imperativo de la «eficiencia»,colocado dentro del marco de una competencia en igualdad de condiciones con el sector empresarial dinámico, y el imperativo de «orden» custodiado por el aparato militar del régimen, son dos factores que dentro de la política agraria están llamados a «despolitizar» definitivamente a los sectores reformados otrora.
b. Asignación de la tierra en sociedades agrícolas
Las Sociedades Agrícolas están en la categoría de «caso excepcional» por la imposibilidad de división en unidades familiares debido a sus características.
En este caso, el criterio de la propiedad privada se hace efectivo de manera más abstracta: a través de un paquete de acciones que expresa el derecho de propiedad del campesino dentro de la sociedad. No existen restricciones para la comercialización de las acciones, de tal modo que se asegura una máxima movilidad intra y extra sector reformado, quedando sujeto al libre juego del mercado de tierras.
3.1.2. Política para el sector privado
Es respecto al sector privado donde se vuelca, en forma más lineal, toda la voluntad restauradora del concepto de modernización del autoritarismo cívico militar. La restauración del empresario privado en el agro constituye la clave del «reordenamiento» económico y social del sector agrario. El diseño de la política le entrega un papel conductor en la reconstrucción de un tipo de acumulación capitalista por encima de cualquier injerencia proveniente del aparato estatal. El Estado pasa a tomar un papel eminentemente subsidiario, especialmente respecto a aquellas esferas que son condiciones o efectos de la instauración del imperio de la iniciativa privada. Se vislumbra que el Estado deberá tomar a su cargo –al menos en parte– el proceso de marginalización campesina y, existe claridad de la importancia del aporte del Estado en la construcción de un marco de «paz social» y control represivo de los sectores sociales afectados por la nueva política agraria.
Iniciativa privada, gobiernos locales y regionales,, servicios de inteligencia y mandos medios de la burocracia del agro, marcharán juntos en la construcción de condiciones nuevas para el desarrollo del sector.
La política de tenencia para el sector privado consistirá en un gran acto masivo y rápido de restitución de la tierra expropiada. Es el primer paso de rearticulación de la clase empresarial en el campo, la cual deberá llevar a cabo la conducción del desarrollo económico del sector y deberá tener el peso del apoyo político al régimen, ampliando la base social de apoyo hacia el interior de los nuevos estratos «empresariales – campesinos» que pertenecían al sector reformado.
La restitución de la base material de la clase empresarial implica también la restitución de su marco de libertad, y por lo tanto, la supresión de las constantes «amenazas estatistas» sobre las iniciativas de acumulación privadas. Así, devolución de la tierra es también devolución de la confianza, la seguridad.
El estado de desconfianza de la clase empresarial en el campo pasó a convertirse en una situación endémica, a partir de la reforma agraria democristiana, y alcanza un nivel más alto en el período de la Unidad Popular. Allende duplica el total de las expropiaciones realizadas en el periodo Frei. Las expropiaciones y los nuevos tipos de tenencia y explotación agrícola atentaban contra la racionalidad misma del sistema, basado en la propiedad privada de los medios de producción. El régimen cívico militar desde sus orígenes, buscó fundamentar su legitimidad en el imperativo de devolver la confianza a la iniciativa privada.
Es la firme intención del gobierno dar definitivamente confianza a todos los agricultores, dejándolos en plena libertad para que se adecuen al modo de producir que ellos estimen más conveniente para maximizar la producción; esto incluye la aparcería y el arriendo u otras formas de organización del trabajo.
En consecuencia, y con objeto de estimular las inversiones y la productividad del sector, se asegurará la tenencia del sector privado agrícola, que se podrá dedicar con confianza a recuperar y aumentar los niveles de producción, mediante el esfuerzo en el trabajo, la capitalización, y el empleo de la mejor tecnología, consecuentemente con esto, se implementará una política tributaria basada en la capacidad potencial de producción de la tierra, de modo que se estimule la eficiencia de los agricultores, ya que en caso contrario no podrán superar la barrera tributaria31.
El acto autoritario de restitución pretende ser masivo y corto en el tiempo (y así lo ha confirmado el comportamiento de la realidad en estos últimos años):
A la brevedad posible se regularizará el estado de todos los predios en situación legal y definidas las reservas en los casos que proceda. Esta definición, junto con la política agraria general ya enunciada por la Honorable Junta de Gobierno, hará que los agricultores vuelquen todos sus esfuerzos en producir, invertir y prosperar.
CORA está dando rápida solución al problema de todos aquellos predios cuya expropiación ha sido acordada y que se encuentran en trámites de tasaciones, cumplimiento de sentencias judiciales, determinaciones de reservas, reclamos administrativos y judiciales.
Los predios (menores de 40 HRB) expropiados por cualquier causal, pero que no se han tomado en posesión se devolverán a sus propietarios, revocando los acuerdos de expropiación correspondientes en forma inmediata.
En aquellos casos en que el predio (entre 40 y 80 HRB) fue expropiado por otra causal que mala explotación y abandono, será devuelto a sus legítimos propietarios si no hay posesión32.
Una vez terminados los procesos de restitución de los predios expropiados a sus antiguos propietarios, y asignación de parcelas a un estrato de campesinos del sector reformado, se da por finiquitada las restauración de la propiedad privada en el agro, objetivo que, en la interpretación de los policy makers del régimen, sería la meta perseguida por todo el proceso de reforma agraria desarrollado en los últimos diez años.
Así se pretende establecer continuidad entre la lucha de la última década por democratizar y reformular las relaciones sociales en el campo, y la restauración autoritaria de las estructuras de poder y de explotación realizada por el régimen cívico-militar:
Una reforma, de cualquier tipo que sea, implica una acción conducente a rehacer algo y, por lo tanto, una vez cumplido el objetivo ella debe cesar.
El principal objetivo de la reforma agraria chilena es el logro de una mejor y más justa redistribución de la propiedad de la tierra y de los derechos de agua, mediante la cual se persigue el aumento de la producción y de la productividad de la tierra y la transformación del campesinado en agricultores que constituyan una fuerza social de carácter dinámico en la vida y el acontecer nacional. Después de 10 años de reforma agraria, se debe entrar a una etapa de consolidación, especialmente en lo referente a la propiedad, en la que la producción pueda ser aumentada hasta permitir la transformación de la agricultura en un sector desarrollado de la economía, ya que las posibilidades de nuevas expropiaciones de acuerdo a la Ley de Reforma Agraria están prácticamente agotadas33.
3.1.3. El mercado de la tierra
La voluntad de afirmar el carácter necesario que deberá tener la existencia de un libre mercado de la tierra, es un tercer elemento complementario para comprender el significado de las transformaciones de la tenencia de la tierra que formula el régimen.
Se trata de rectificar –por la vía del mercado– la distribución de la propiedad individual de la tierra, realizada por la vía de la política pública. Esta rectificación consiste en el «reajuste del tamaño» de acuerdo a la capacidad económica individual, por tanto, no será difícil prever quiénes serán los beneficiarios de la libertad del mercado.
Es conveniente, como se señalara anteriormente, la existencia de un mercado para la tierra agrícola. A este mercado concurrirían aquellas personas que desean adquirir o vender predios rústicos.
De este modo se permitirá a los empresarios agrícolas ajustar el tamaño de su propiedad a su capacidad individual, lo que es muy importante para la eficiencia económica34.
Lo anterior llevará a modificar el marco de legalidad preexistente respecto a las prohibiciones de división y venta de parcelas, al mismo tiempo que planteará la necesidad de abrir poderes financieros que hagan posible la existencia de un «mercado flexible».
Deberá crearse un sistema de financiamiento a largo plazo. Tal sistema puede basarse en instituciones descentralizadas de tipo similar a las Asociaciones de ahorro y préstamo, siendo un factor importante para incentivar la productividad y promover la salida de los empresarios ineficientes, constituyendo además una herramienta poderosa para inducir a la reagrupación de los minifundios35.
3.2. La «igualdad empresarial»: el sistema cooperativo agrario
El plano de «igualdad formal» que se pretende conseguir a través de la ampliación de la propiedad privada a un estrato del sector campesino reformado, debe ser complementado por un marco de funcionamiento que convierta a los nuevos beneficiarios de la tenencia de la tierra en «empresarios agrícolas» Esta sería la función que vendría a cumplir el «Sistema de Cooperativas Agrícolas»:
la aplicación inmediata de una política de tenencia de la tierra basada en la entrega en propiedad individual a campesinos del sector reformado, obliga a disponer de toda una estructura que permita a este nuevo agricultor contar con servicios propios de asistencia técnica, planificación, créditos y otros, sin los cuales no vemos posibilidad alguna de surgimiento de los nuevos beneficiarios de la tierra36.
En la perspectiva del autoritarismo militar, el sistema cooperativo está dirigido a desarrollar tres funciones principales en cuanto al «reordenamiento del agro»:
Imponer de manera generalizada la racionalidad empresarial capitalista sobre todos los sectores de productores agrícolas: «Las cooperativas deberán ser entidades de gran eficiencia empresarial, con un esquema de administración profesional y ampliamente representativas de todos los productores en sus zonas. Su manejo democrático velará por los intereses de cada uno de los cooperados, por medio de la utilización racional de sus medios»37.
Redefinir y regular las funciones del aparto del Estado respecto al sector agrario: «El Estado podrá ir teniendo una menor injerencia en el proceso productivo a medida que los productores privados, organizados en cooperativas u otras formas absorban las responsabilidades actualmente en manos estatales»38.
Estratificación entre sector privado y ex-sector reformado, respecto al poder y a los recursos. «Una agricultura constituida –como lo será en el futuro– por un sinnúmero de pequeños y medianos agricultores, requiere de un sistema cooperativo fuerte y eficiente para que pueda proporcionar economías de escala, junto con las ventajas de la empresa familiar manejada por su dueño y familia». «Concordante con este propósito se implementarán dos tipos de organizaciones: 1) La Cooperativa Agropecuaria que será una cooperativa empresa lo suficientemente fuerte como para ofrecer a todo agricultor, sin discriminación, la gran cantidad de servicios que precisa para realizar su explotación agrícola en la forma más eficiente posible. 2) La Sociedad de Cooperación Agrícola que está concebida como organización de base destinada principalmente a los nuevos propietarios que se están formando como producto de la asignación de tierras del sector reformado»39.
El «desarrollo rural» como modernización del aparato de «seguridad interna»
Un cuarto contenido de la noción de modernización subyacente a la política agraria, es el que se refiere al control social y político de los sectores asalariados rurales, incluido también el nuevo excedente de población expulsado en el proceso de asignación de la tierra.
Bajo este aspecto, el ímpetu modernizador del régimen toma la denominación de «desarrollo rural». Dentro de esta perspectiva, la política de «desarrollo rural» es definida como un conjunto de medidas y mecanismos destinados a «permitir la integración y participación del habitante rural a la vida moderna»40.
Se trata de crear un espacio claro y definido para los mismos sectores que el sistema expulsa o que es incapaz de absorber. Es un problema que no sólo atañe al sector agrícola, sino a toda la sociedad: «Es obvio que la solución al desempleo y miseria rural no puede buscarse exclusivamente en la agricultura y no es posible en condiciones de dispersión de la población rural»41.
La «integración y participación del habitante rural a la vida moderna», consistirá fundamentalmente en una meta de articulación y ordenamiento de un ejército laboral de reserva en condiciones tales, que sea posible evitar su dispersión en movimientos migratorios rural-urbanos, y al mismo tiempo, evitar el surgimiento de su potencial de conflicto social.
La supresión de cualquier potencialidad conflictiva y el asegurar la presencia regional de bolsones de mano de obra disponible, pasan a ser los objetivos básicos de la política de «desarrollo rural».
El control del conflicto a través de los aparatos especializados del régimen pasa a tener entonces el status de «política social». Esta convergencia de metas de «desarrollo rural» con metas de seguridad interna constituyen una nueva faceta de la noción de modernización que preside la política agraria del régimen militar:
No se puede continuar permitiendo las constantes migraciones rural-urbano, que sólo generan problemas los sociales de todos conocidos: desempleo, tensiones sociales, poblaciones marginales, mayores costos de urbanización y de creación de lugares de trabajo, etc., sino que además, la pérdida de los mejores terrenos agrícolas por la expansión tan indiscriminada como rápida.
La marginalidad del habitante rural (…) los afecta tanto en la aparición de un sentimiento de frustración y resentimiento, como por la no creación de oportunidades de trabajo no agrícola en el sector rural42.
La excesiva migración rural urbana crea alrededor de las metrópolis cinturones de poblaciones marginales donde proliferan ciudadanos frustrados, inadaptados, proclives a la delincuencia y a aceptar ideas foráneas o a la subversión43.
Dentro de la simbiosis «desarrollo-seguridad» el diseño de la política rural consulta tres líneas de acción:
a.- Creación de «villas rurales» que delimiten demográficamente la extensión de la población flotante en cada área. Para estos efectos, se transfiere el problema del desarrollo rural a cada región a través de la creación de «áreas económicas funcionales»: «La base para una política de desarrollo integral de las áreas rurales está en el desarrollo regional. Para ello debe comenzarse por determinar lo que se puede llamar «áreas económicas funcionales». Se puede definir un «área económica funcional» como un distrito rural que constituiría un complejo económico social integral; deberá tener como eje un pueblo establecido en forma de «villa rural», que represente el centro motor del área, es decir, se ubican en él los servicios básicos y los servicios sociales: educación, salud pública, servicios públicos, industrias, mercados, etc»44.
b.- Transformación de la masa campesina flotante en asalariados industriales por la instalación de industrias en «zonas críticas»: «Al mejorarse las condiciones generales en el sector rural y dentro de esquemas de planificación regional, podrán instalarse industrias y crearse empleos en zonas críticas. Las industrias que se promuevan pueden ser ligadas a la agricultura, agroindustria o industrias generales; es decir indiferentemente a que sean tradicionalmente urbanas o netamente rurales»45.
c.- Construcción de la infraestructura de la «vida moderna». «Dentro de este mínimo, es indispensable que se incluya, además del mejoramiento de los caminos, la instalación de electricidad y servicio telefónico. Paralelamente se debe mejorar las condiciones de vida de estos pueblo y aldeas a través de la vivienda, dotándolas de equipamiento comunitario y servicios básicos como policlínicos, escuelas que a lo menos tengan un octavo grado, etc»46.
Los aspectos de la política agraria del régimen militar que hemos analizado*.
nos muestran, no sólo el marco general dentro del cual se implementará la política de tenencia de la tierra, sino también el tipo de conceptualización de la realidad que orienta la definición de prioridades, la visualización de las áreas problemáticas, y la estrategia de tratamiento del sector agrario.
En este sentido hemos querido resaltar el concepto de «modernización» y la voluntad de modernización restauradora que ha llevado a redefinir:
Los actores sociales: se restaura a la empresa privada eficiente como actor clave en el desarrollo del sector. En un papel secundario y de cooptación se ubica a un estrato del campesinado reformado como actor legitimador del proceso a llevar a cabo. Se desplaza «definitivamente» al Estado como actor articulador entre los distintos sectores sociales que cede el paso al mercado, como gran regulador y asignador de recursos.
Los valores de funcionamiento del sector: Se restaura la «propiedad privada», ampliando su base social a un estrato campesino. En función de esta ampliación se postula el valor de la «igualdad» propietario-empresarial. La «libertad» surge como emanación de la competencia en un mercado libre por oposición a un mercado intervenido por el Estado. Todos estos valores son vehiculizados por la restauración de la «seguridad y confianza» en el sector.
La estructura de clases: En la medida de que la voluntad de modernización implica un proyecto de inserción en la economía mundial, aprovechando las ventajas comparativas de la economía chilena, la estructura de clases es funcionalizada alrededor de esta meta.
La situación de «pobreza y desocupación rural»: que es definida en su tratamiento como problema de convergencia entre, unas meta de largo plazo como es el así llamado »desarrollo rural» y un objetivo inmediato de seguridad nacional que se traduce en «control social» y «guerra interna».Así, de este concepto de »modernización» llega a desprenderse una simbiosis entre «desarrollo y seguridad». Nueva pareja de conceptos que aporta el bagaje doctrinario del autoritarismo.
