Kitabı oku: «Tierra y colonos», sayfa 3

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La tercera gran crisis de ingresos se dio a partir de 1858 fruto de la desamortización de Madoz (Pons, 1991). La desamortización civil, decretada en 1855, trajo consigo las ventas de los patrimonios de las instituciones benéﬁcas, que en el caso del Hospital fueron vendiéndose a partir de 1858. Esto supuso la liquidación del patrimonio y por tanto de gran parte de su capacidad económica.[8] A partir de entonces dependió enteramente de los ingresos procedentes de la Diputación que asumió la beneﬁcencia como uno de los gastos más importantes (Laguna y Martínez, 1995).[9]

3. LAS RENTAS FIJAS

Como hemos visto, las rentas ﬁjas, formadas por los arriendos de tierras y casas, los derechos dominicales y los rendimientos de los censos, eran una parte muy importante de los ingresos del Hospital. Los ingresos por arrendamiento de tierras, que suponían hasta 1849 más del 30 % de los ingresos totales, son la parte que más nos interesa. Pero antes resulta clariﬁcador comparar la evolución de las diferentes partidas de las rentas ﬁjas que podemos seguir en el cuadro 1.2.

Tres conclusiones se extraen con facilidad viendo las cifras. La primera que el arriendo de casas y tierras, que ya era a ﬁnales del siglo XVIII uno de los pilares económicos del Hospital, se potenció como la fuente hegemónica de ﬁnanciación hasta su integración en la Diputación Provincial a mediados del siglo XIX. En este proceso destaca el fuerte crecimiento que tanto los ingresos por arriendos de tierras como de casas tuvieron entre 1786 y 1798 (el 73 % las tierras y el 122 % las casas). Tras la ligera bajada y el estancamiento que se detecta en las tres primeras décadas del siglo XIX, volvió a crecer con fuerza a partir de 1838. En esta ocasión el crecimiento volvió a ser especialmente intenso en las casas que crecieron un 130 % mientras los ingresos de la tierra lo hicieron solamente el 27 %.

La segunda conclusión clara es que el cambio de siglo trajo también el declive de otros dos pilares de la institución: los derechos señoriales y los censos consignativos y enﬁtéuticos. El seguimiento de los derechos dominicales del lugar de Benicalaf de les Valls, lugar cercano a Sagunt, muestra como tras un destacado crecimiento de los ingresos a ﬁnales del siglo XVIII (entre 1787 y 1803 crecerían un 35 %) entrarían en un fuerte declive hasta su desaparición con la ley de señoríos deﬁnitiva en 1837, lo que conﬁrma el escaso éxito de las rentas feudales para soportar las reformas del liberalismo.[10] La abolición del diezmo y el efecto de las desamortizaciones sería también determinante para la reducción de las subvenciones eclesiásticas que provenían de las rentas de la Iglesia.

Una reducción similar sufrieron los recursos procedentes de censos tanto enﬁtéuticos como consignativos, que habían sido una de las piezas clave de la economía de la institución en el XVIII. Como veíamos en el cuadro 1.2, tras un aumento del 27 % de 1786 a 1798, muy inferior al de las tierras o casas, los ingresos por este concepto inician una decadencia, que lleva a reducirlos un 82 % en 1849.

En el caso de los censos consignativos el Hospital General seguiría la misma dinámica que muchas de las instituciones eclesiásticas que conocemos durante el siglo XVIII: optó por la inversión en tierras en lugar de la inversión en censales, que había sido el sistema preferente durante la Edad Moderna.[11] Así, las cifras manejadas por Mercedes Vilar para ﬁnales del XVII muestran una superioridad de los ingresos producto de los diferentes censales. Estos ingresos alcanzaban en 1700 las 4.100 libras, superando con creces los ingresos por arrendamientos de tierras (402 libras), de casas (288 libras) y los censos enﬁtéuticos y luismos (531 libras). Los datos reﬂejados en el cuadro 1.2 dejan patente el cambio y muestran la supremacía del arrendamiento de tierras que en 1798 supera con creces el producto de los censos.

La causa del fuerte descenso de los censos que observábamos entre 1798 y 1849 fue el aumento de las diﬁcultades para su recaudación, por la grave crisis de principios de siglo XIX y por la ineﬁcacia de los sistemas de cobro. Esta situación cambió sustancialmente con la vinculación del Hospital a la Diputación, que permitió reclamar las deudas por vía judicial sin necesidad de autorización ministerial y posteriormente a 1853 a través de la vía de apremio administrativo, mucho más rápida y eﬁcaz.[12]

En el caso de los censos enﬁtéuticos, que según algunos indicios no llegaban a 220 libras en la década de 1840, la causa de su descenso fue la diﬁcultad de su recaudación a consecuencia de la fuerte devaluación que sufrieron durante el inicio de siglo. A mediados del XIX era frecuente que muchos de ellos ni si quiera se reclamaran judicialmente, pues era más costoso hacer la reclamación que la cantidad que se esperaba recaudar.[13]

Una tercera conclusión que pondría de maniﬁesto un aspecto llamativo en el caso del Hospital es que a lo largo las últimas décadas del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX, el aumento considerable de la renta rústica se acompañó de un aumento todavía mayor de los ingresos procedentes del alquiler de inmuebles urbanos. El grueso de estos bienes, entre los que se encontraba un teatro, estaba concentrado en la ciudad de Valencia. El Hospital supo aprovechar el aumento considerable de la rentabilidad que los inmuebles experimentaron en una ciudad constreñida y con grandes diﬁcultades para acoger el crecimiento de población que se estaba produciendo. El aumento de la densidad de población en un espacio urbano que no podía extenderse, debió elevar de forma importante la rentabilidad de los alquileres entre 1840 y 1864, bien a través del aumento de la renta o de la optimización de los espacios mediante crecimiento en altura o la subdivisión de las viviendas (Azagra, 1993).[14]La presión sobre el suelo y las viviendas en la ciudad, posiblemente junto a la ampliación de su patrimonio urbano, aumentó la recaudación por arrendamiento de inmuebles de la institución de forma considerable entre 1842 y 1853. En este sentido el Hospital seguiría también la senda que trazaron los patrimonios burgueses, que encontraron una buena fuente de ingresos en los negocios inmobiliarios urbanos. Este fenómeno sería también decisivo porque, si los inmuebles urbanos aumentaron su rentabilidad, posiblemente atrajeran la mayor parte de las inversiones del Hospital que se mostró reticente a invertir directamente en sus tierras a partir de los primeros años del XIX.

Para mantener sus rentas el Hospital se beneﬁciaba además de ventajas especiales a la hora de dirigirse a los tribunales de justicia. La institución gozaba del privilegio real de poder acudir a un juez conservador, que era el Oidor Decano de la Audiencia de Valencia. Esto le permitía un mejor acceso a la justicia, porque el juez tenía el cometido de prestar una especial atención a los bienes del establecimiento. Cuando el Hospital necesitaba iniciar un pleito se dirigía preferentemente a este juez, independientemente del lugar donde se producía el hecho o, en el caso de los arrendamientos, donde estuviera la tierra. En las escrituras el Hospital pactaba con sus colonos que en caso de algún tipo de conﬂicto se sometían a la autoridad de los tribunales de la ciudad de Valencia con lo que se aseguraba poder recurrir a su privilegio.[15] Esto permitiría obtener al Hospital una mayor eﬁcacia y rapidez en sus actuaciones judiciales y podría ser aprovechado en sus pleitos de deudas y desahucio para inclinar la balanza a su favor. Pese a ello, como veremos, los juicios por deudas o desahucio eran lentos y tenían que enfrentarse con frecuencia a una fuerte resistencia de los arrendatarios a las decisiones de la justicia.

Las transformaciones que sufrió el poder judicial con las reformas liberales y la nueva conﬁguración de los tribunales hicieron que este tratamiento especial desapareciera y el Hospital pasó a ser tratado por la justicia como un propietario más. A partir de este momento acudió a los juicios de conciliación en cada una de las poblaciones correspondientes cuando surgían problemas de atrasos. A partir de 1853, después de haber pasado a depender de la Diputación Provincial el establecimiento logró que sus deudas fueran reclamadas a través de apremio administrativo, cómo si se tratara de impuestos o rentas provinciales. Esto supondría también una mayor capacidad de presión para el cobro de sus morosos que el recurso a los tribunales ordinarios, pero el desenlace deﬁnitivo de la desamortización impidió que lo disfrutara mucho tiempo.

[1] Existía el Hospital de San Lázaro para leprosos, el de En Conill se dedicaba a los peregrinos, el de la Reina, el de En Clapers, el de En Bou y la Casa de San Vicente.

[2] Diferentes estudios nos permiten conocer el Hospital General. Sus orígenes se estudian en María L. López (1986), la época foral en Mercedes Vilar (1996) y los siglos XVIII y XIX en Fernando Díez (1990 y 1993).

[3] La Junta Municipal de Beneﬁcencia tras la ley de 1849 la componían: el secretario del Gobierno Político en representación del jefe político, el arzobispo de Valencia, dos canónigos de la catedral, un diputado y un consejero provincial, dos vecinos electores de la ciudad y un médico. Véase Fernando Díez (1993).

[4] Sobre la beneﬁcencia y el moderantismo véase Justo Serna (1988). Un ejemplo de la vin culación entre las nuevas clases dominantes es el conde de Ripalda. Uno de los mayores pro pie tarios de la comarca e implicado en el cultivo fue entre 1838 y 1843 secretario de la Junta Muni cipal de Beneﬁcencia.

[5] En la época foral, las fuentes de ﬁnanciación fueron diversas: censales propios o heredados de legados; censos enﬁtéuticos; arrendamientos de casas, tierras, alquerías; derechos dominicales o tercios diezmos; legados y limosnas testamentarias; limosnas y subvenciones anuales de conventos, parroquias, la ciudad, el arzobispo y diferentes mitras episcopales; colectas periódicas; subastas y almonedas de bienes; venta del estiércol y otros ingresos en especie; privilegios reales para organizar ﬁestas, corridas de toros, juegos de pelota y comedias, etc. Con variaciones en su cuantía muchas de las fuentes se mantuvieron hasta la segunda mitad del siglo XIX. Véase Mercedes Vilar Devís (1996).

[6] Todos los cuadros y gráﬁcos citados en este capítulo y en los siguientes se recogen en el Apéndice ﬁnal.

[7] Las diﬁcultades económicas del Hospital en las diferentes crisis se estudian en Fernando Díez (1993).

[8] La venta de los patrimonios debía ser compensada por la posesión de deuda pública intransferible. Pero hasta 1864 los ingresos por los intereses de la deuda no alcanzaron una cantidad que pudiera restituir al menos en parte las rentas perdidas. Véase Fernando Díez (1993).

[9] Ambos autores sitúan a la beneﬁcencia como el primer gasto en importancia en el presupuesto provincial a partir de 1861.

[10] El Hospital General cobraba desde 1755 los derechos dominicales del lugar de Benicalaf de les Valls. Este incluía proporciones variables de las diferentes cosechas, un horno de pan, la almazara y prensas de aceite, la carnicería, la tienda, la panadería, la taberna, nueve horas de agua, las casas de la señoría y censos enﬁtéuticos con luísmo, reluísmo y quindemio sobre 72 hanegadas en el lugar. Se arrendaban en plazos de cuatro o seis años y su producto puede seguirse en José Ramón Modesto (1998a y 2004).

[11] Una versión sintética de este proceso se trata en Manuel Ardit (1993) y Mariano Peset y Vicente Graullera (1986). Los casos más conocidos quizá sean los de la catedral, Sant Joan del Mercat y el del Colegio del Patriarca. Véase Fernando Andrés (1987) y Javier Palao (1993). Para una revisión de los problemas del crédito en la crisis del Antiguo Régimen, véase Enric Tello (2001).

[12] En la contabilidad del quinquenio 1848-1853 se destacaba la eﬁcacia obtenida en el cobro de los censos: «la renta de censos se ha elevado a una renta fabulosa durante esta administración, mientras que según el antiguo método de cobranza rendía muy poco». ADPV. Hospital General. VI 4.3. Caja 3.

[13] En palabras del administrador en 1853: «Los capitales de censos enﬁtéuticos y aún consignativos son insigniﬁcantes; de modo que tenemos de aquellos hasta de 4 rs. ¿y por qué ha de molestarse a todo un tribunal, al abogado de la casa y demás curiales a formular y seguir una demanda de tan corta cantidad si el pago de aquella aún entendida en sello de pobre vale mucho más que el derecho reclamado?». ADPV. Hospital General. VI 4.3. Caja 5.

[14] En el caso de la catedral y de Sant Joan del Mercat también parece que la rentabilidad de las propiedades urbanas superó a la de la tierra. Véase Javier Palao (1993).

[15] Uno de los párrafos ﬁnales de los contratos decía: «Y ambas partes dan el poder que se requiere a los señores Jueces y Justicias de su Majestad que les sean competentes, y en especial a los de esta Ciudad de Valencia a cuya jurisdicción se someten, renunciando todas las leyes, fueros y privilegios a su favor».

II. EL HOSPITAL COMO PROPIETARIO DE TIERRAS

El Hospital General era, a ﬁnales del siglo XVIII, uno de los propietarios de tierras más importantes de todo el País Valenciano. Sabemos que en 1828 era el quinto propietario de la Particular Contribución de Valencia (Hernández y Romero, 1980). Si tenemos en cuenta que en esas fechas sólo un tercio de su patrimonio se ubicaba en la comarca de l’Horta, podemos plantear que sería probablemente uno de los mayores propietarios del Reino de Valencia. Además, como veremos a continuación, la institución incrementó de forma considerable su patrimonio hasta que la desamortización de Madoz provocó a partir de 1858 la completa enajenación de sus propiedades. El volumen y diversidad de su patrimonio y el carácter estrictamente rentista de su gestión lo convierten en una fuente privilegiada para el estudio de la agricultura valenciana en el tránsito entre los dos siglos. El primer paso en nuestro estudio será intentar conocer su patrimonio, analizar cómo evolucionó e intentar entrever cuál pudo ser la lógica de esta trayectoria.

1. ORIGEN DEL PATRIMONIO Y VÍAS DE ACUMULACIÓN Y PÉRDIDA

Hay que tener en cuenta al analizar el patrimonio del Hospital el carácter institucional de los bienes. El hecho de tratarse de una institución permitía una mayor capacidad de acumulación y estabilidad, al no estar sometido a las ﬂuctuaciones que los patrimonios familiares o individuales sufren por razones biológicas (división por herencia, nupcialidad, etc.). Además se trataba de una institución en la que diferentes intereses sociales quedaban implicados, lo que tendrá importantes repercusiones en su salud económica.

De entrada, el Hospital obtuvo desde su fundación el privilegio de amortización de sus tierras, que impedía que estas pudiesen ser enajenadas. Consecuentemente estuvo, también, afectado por las medidas antiamortizadoras que intentaron limitar la acumulación de tierras por parte de los grandes patrimonios. Desde la época foral se establecieron fuertes limitaciones a su capacidad de movimiento, que sin embargo tenían una efectividad vacilante y contradictoria a causa fundamentalmente de las penurias económicas de la hacienda pública (Palao, 1993; Brines, 1974). La situación del Hospital era peculiar. Mientras las instituciones eclesiásticas normalmente eran vigiladas y penalizadas, a menudo de forma infructuosa, por los juzgados de amortización para que no ampliaran su patrimonio, en el caso del Hospital las medidas más importantes fueron las establecidas por la corona para evitar la venta de propiedades. La Junta del Hospital tenía capacidad para gestionar a su voluntad los bienes, pero no podía vender ni permutar ninguno sin la adecuada autorización, inicialmente del rey y luego del ministerio de Gobernación.

La realidad fue en la práctica diferente y durante su larga existencia las penurias económicas obligaron con frecuencia a la institución a la venta de propiedades como forma de reducir sus constantes déﬁcits. El cuidado de los enfermos, locos y expósitos era un pozo sin fondo, que impedía obtener beneﬁcios y minimizaba su capacidad de inversión. Por ello, su crecimiento patrimonial no fue el resultado del beneﬁcio generado por sí mismo, sino de la incorporación de tierras a través de diferentes mecanismos en los que frecuentemente estuvieron implicados elementos ideológicos y el favor de las instituciones que lo apoyaban. Su evolución patrimonial fue fundamentalmente el resultado de los intereses y comportamientos de los sectores sociales e instituciones que le daban consistencia y apoyo, tanto durante el Antiguo Régimen como en la época del liberalismo: la Iglesia, los sectores acomodados, la corona y las autoridades civiles. Esto explica también las peculiares vías de incorporación de sus bienes rústicos. Por otro lado, no parece que la institución siguiera en el crecimiento de su patrimonio una estrategia trazada con anterioridad. Aunque, cuando tuvo capacidad para orientar la adquisición de tierras, utilizó algunos criterios claros.

El patrimonio rústico del Hospital tuvo un origen variado. Cuatro son las principales vías a través de las cuales las tierras acababan en sus manos. La primera y más importante era la donación o la herencia. A lo largo del XVIII y la primera mitad del XIX fue muy frecuente que los grandes propietarios y notables del reino hicieran donaciones de tierras a instituciones benéﬁcas en el momento de su muerte, o estipularan en los testamentos cláusulas para que en caso de que ellos o sus herederos quedaran sin descendencia sus patrimonios pasaran a manos de este tipo de instituciones. Esta acción caritativa se incentivaba mediante una bula papal que concedía indulgencias a todos aquellos que ayudaran económicamente al Hospital. Este procedimiento fue el más importante en su crecimiento patrimonial. De las tierras que tenía en 1850, aproximadamente el 70 % era fruto de las herencias o donaciones.[1] Pese a que la legislación desamortizadora destinaba en 1855 claramente sus tierras a la subasta pública, podemos detectar que el ﬂujo de donaciones continuó hasta el momento mismo de iniciarse las ventas en 1858.

Otra parte del patrimonio llegó a manos del Hospital tras la disolución de diferentes órdenes religiosas, especialmente dos: los Padres Camilos en 1782 y los Antonianos en 1798. Sus bienes engrosaron las rentas del Hospital en una clara muestra del apoyo de la Iglesia y la corona. Las dos incorporaciones aportaron cerca de 1.100 hgs., el 15 % del patrimonio del Hospital en 1850.

La tercera vía de acumulación fue la adquisición directa. Este no era un mecanismo muy frecuente, pero el Hospital realizó dos grandes operaciones de compra. Una entre 1776 y 1783 comprando cerca de 252 hgs. de tierra, la mayoría de ellas huerta en l’Horta, con el dinero que recibió del Pósito de Abastos. Y la otra en 1798 con la limosna de un bienhechor que permitió comprar a la cartuja de Portaceli cerca de 500 hgs. en la Pobla de Vallbona. El resto de las compras del Hospital fueron muy escasas y dispersas en el tiempo. Las adquisiciones directas del Hospital suponían en 1850 únicamente el 10 % de las tierras.

El cuarto mecanismo, mucho menos frecuente fue la entrega de alguna propiedad en pago de la manutención de algún enfermo o de alguna deuda contraída. Las deudas solían ser fruto de la acumulación de atrasos de arriendos o de censa les no pagados. Pero sólo una pequeña parte de las tierras, aproximadamente el 2 %, llegaron a la institución por este procedimiento. La poca relevancia de este mecanismo es un hecho llamativo teniendo en cuenta los fuertes endeudamientos que en ocasiones generaron sus colonos, pero parece que el Hospital eludió el aumento del patrimonio a través de esta vía.

El restante 3 % recaló en el patrimonio del Hospital después de que se realizara un convenio con el propio clero del Hospital en 1848 que incorporaba sus bienes a la administración del Hospital. Esta incorporación debió estar relacionada con el proceso desamortizador iniciado por Espartero y con la nueva organización de la beneﬁcencia tras la ley de 1849.

En cuanto a los procesos de reducción del patrimonio, el retroceso más sensible hasta la liquidación del patrimonio a partir de 1858, se produjo como resultado de la desamortización de Godoy, entre 1799 y 1807. Los datos de Joaquín Azagra recogen ventas de propiedades de diferentes instituciones de beneﬁcencia en Valencia que alcanzan las 129,6 ha (1.555 hgs. aproximadamente), cantidad nada desdeñable teniendo en cuenta que el patrimonio del Hospital en 1790 alcanzaba las 3.057 hgs. Aunque no conocemos exactamente la cantidad que correspondió al Hospital, hemos detectado en los libros de tierras ventas a través de subasta judicial entre 1802 y 1807 que debieron estar relacionadas con este proceso desamortizador.

Además hemos detectado ventas por parte del Hospital de algunas parcelas en diferentes momentos, acuciado por el constante déﬁcit de la institución.[2] En 1805 el Hospital obtuvo permiso para vender algunas propiedades dada su angustiosa situación económica. Fueron seguramente los años más críticos del Hospital. Entre 1805 y 1823 se detecta la venta preferentemente de tierras de secano poco productivas y alejadas. Las más importantes en algunas de las zonas de secano de l’Horta (Albal, el Puig y Puçol), en Xàtiva, Cheste y Bétera. Así mismo, destaca la venta de algunas parcelas de arrozal en Cullera que presentaban grandes diﬁcultades de explotación. Estas ﬁncas se eligieron por su estado y situación, vendiéndose preferentemente las menos productivas o de difícil administración.

En cuanto a la naturaleza jurídica, la dispersión geográﬁca y la diversidad del patrimonio hacen que nos tropecemos con situaciones de todo tipo. Lo más habitual es encontrar al Hospital como propietario pleno de las tierras. Es el caso, por ejemplo, de la situación de las tierras en Alboraia, Alzira, Llíria o Algemesí, realengos donde las únicas cargas serán los diezmos, que recaían en el cultivador, y la contribución del equivalente, sufragada por el propietario. La descripción de las tierras en los libros especiﬁca que se trata de tierras «libres de todo cargo y censo». Pero, aunque parece ser la situación mayoritaria, no puede ser generalizable.

En algunos casos, la tierra esta sujeta a censos enﬁtéuticos. En ocasiones se trata de lugares de señorío en los que se ha establecido diferentes cultivadores a través de enﬁteusis y en los que el dominio útil de la tierra ha recaído ﬁnalmente en el Hospital por herencia. Es por ejemplo el caso de las tierras de Torrent y Picanya, cuyos términos formaban parte de la encomienda de Torrent, señorío de la orden de Montesa.[3]

En algunas parcelas donde existía enﬁteusis la situación era mucho más compleja. Las parcelas más grandes que tenía el Hospital en la vega de Valencia solían estar cargadas con varios censos enﬁtéuticos pertenecientes a diferentes instituciones o nobles. Esto podía ser fruto de préstamos o también de concesiones por herencia del dominio directo fraccionado a diferentes instituciones. La reducida cuantía de los pagos y la diﬁcultad de ejercer con eﬁcacia algunos derechos como el de quindenio, que no siempre estaba recogido claramente, perjudicaba mucho su recaudación efectiva.[4]4

En otros casos las tierras se encuentran en lugares de señorío que establecen sobre las parcelas derechos de partición de frutos. Es el caso de Catarroja o Bonrepós en l’Horta. En la primera población las parcelas estaban «muy pechadas de señorío pues se paga de 5 a 1» y en la segunda la proporción aumentaba de 4 a 1. En estos casos la partición de frutos, superior a otras zonas donde sólo se pagaría el diezmo, supone una pérdida importante del valor de las tierras y una reducción signiﬁcativa de la renta. En el caso de la Pobla de Vallbona, que era también un espacio de señorío, las tierras además de estar sujetas al equivalente, como las restantes del reino, debían pagar anualmente una pecha real ordinaria. En este caso se trataba de un impuesto en metálico que apenas alcanzaba el 1 % de la renta obtenida por las tierras del Hospital en esta población.[5]

Pese a estas diferencias de naturaleza jurídica en las tierras, el Hospital no estableció diferencias en la gestión y control entre las tierras que poseía en propiedad plena o aquellas de las que era propietario del dominio útil. El hecho de ser titular únicamente de este último, como en el caso de Torrent, no impidió que arrendara la tierra sin ningún tipo de cortapisas al igual que lo hacía con tierras en las que tenía la plena propiedad. Lo mismo ocurría con las tierras con independencia de encontrarse en lugares de señorío o de realengo, siempre arrendó las tierras sin limitaciones de ningún tipo. Por tanto, la renta feudal y la renta de carácter capitalista podían convivir sobre las mismas parcelas, de la misma manera que en muchas tierras lo hacían la enﬁteusis y el arrendamiento.

Como veremos a continuación, lo más llamativo es que, a pesar de la difícil coyuntura de la economía agraria valenciana durante las primeras décadas del XIX y al desarrollo de varias fases del proceso desamortizador, el patrimonio del Hospital mantuvo un destacado crecimiento. Las donaciones e incorporaciones superaron con creces las pérdidas patrimoniales. La dinámica de acumulación de tierras no se interrumpió y, pese a algunas ventas, el saldo parece ser siempre positivo. De hecho, los datos que veremos más adelante indican que entre 1790 y 1850 el Hospital multiplicó la superﬁcie de sus propiedades por 2,42 y su renta pactada por 2,34, una vez deﬂactada.

Pero este saldo positivo no es el fruto de una política inversora fuerte ni de la capacidad económica del Hospital para generar por sí mismo un importante patrimonio, sino principalmente el resultado del apoyo de las instituciones y los sectores sociales que lo fomentaban. La dinámica económica del Hospital, sumido habitualmente en problemas de déﬁcit, era incapaz de generar un incremento patrimonial. Pero el apoyo de la Iglesia, de las autoridades civiles, tanto del Antiguo Régimen como las del sistema liberal, y de los sectores más acomodados de la sociedad valenciana, dio lugar a un signiﬁcativo proceso de acumulación patrimonial. Por tanto, el «éxito» del Hospital no es el resultado de su propio auge económico, sino de la conﬂuencia de intereses y el empuje decidido de los sectores sociales que lo apoyaban proveyendo periódicamente su patrimonio para mantener su labor benéﬁca.

2. EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO: UN LLAMATIVO PROCESO DE ACUMULACIÓN

El estudio del patrimonio del Hospital es una tarea compleja dado el tamaño, la distinta naturaleza de sus propiedades y las variaciones que sufrió a lo largo del tiempo. Para analizar su composición y evolución hemos realizado inventarios, utilizando los libros de tierras, de todas las ﬁncas rústicas y su renta en tres momentos diferentes: 1790, 1823 y 1850. Los inventarios, distanciados por algo más de 25 años, nos dan una referencia para analizar los cambios a lo largo del periodo. Los resultados de los tres cortes están reﬂejados en los cuadros 2.1, 2.2 y 2.3. Con la intención de facilitar la exposición hemos elaborado gráﬁcos y cuadros más simples, que resumen la información de forma más concreta.

Para analizar la evolución real del volumen de la renta obtenida por el arrendamiento de su patrimonio rústico hemos deﬂactado los valores nominales utilizando la media del precio del trigo en el año del corte, el anterior y el posterior. Los datos sintetizados del crecimiento patrimonial del Hospital en renta y en libras puede verse en el cuadro 2.4 y su representación visual en el gráﬁco 2.1.

Con el ﬁn de conocer con más detalle la trayectoria del patrimonio es fundamental analizar también los aspectos cualitativos. Intentaremos para ello analizar la composición del conjunto de propiedades rústicas según el tipo de tierras.[6] Los gráﬁcos 2.2 y 2.3 reﬂeja las variaciones absolutas y porcentuales de la superﬁcie según en la calidad y el tipo de tierra en los tres cortes cronológicos realizados. En los gráﬁcos 2.4 y 2.5 hemos reﬂejado las variaciones también porcentuales y absolutas de la renta percibida según los tipos de tierra.

Dispuestos a añadir elementos cualitativos y plantear explicaciones más precisas, hemos indagado también en su distribución geográﬁca y las modiﬁcaciones que sufre esta distribución lo largo del tiempo. Las tierras del Hospital se concentraban en la actual provincia de Valencia, especialmente en las comarcas centrales. Pero la institución es propietaria de tierras en un amplio y disperso número de términos e incluso en las provincias de Castelló y Alacant. La diﬁcultad de gestionar un patrimonio tan disperso, hizo que se organizara en torno a diferentes administraciones subalternas que se centralizaban en la población más importante. La administración del Hospital en Valencia controlaba el patrimonio cercano a la ciudad y algunas parcelas de particular importancia. El control de las tierras más alejadas era encargado a administradores subalternos. La administración de Llíria reunía las propiedades de la comarca del Camp de Túria y algunas escasas tierras en la Foia de Bunyol. La de Alzira las explotaciones localizadas en la Ribera Alta y Baixa. La administración de Sagunt recogía las tierras de la comarca del Camp de Morvedre. Y la de Xàtiva las propiedades de la Costera, la Vall d’Albaida y el Comtat. Las administraciones de Alicante y Castellón controlaban ambas provincias.[7] Los datos de superﬁcie y renta de las administraciones y su valor en porcentaje se muestran en los cuadros 2.5 y 2.6.

Toda la extensa información que hemos recogido en torno al patrimonio rústico del Hospital nos permite plantear algunas conclusiones acerca de cuál fue su trayectoria, los factores que la condicionaron y la estrategia patrimonial de la institución.