Kitabı oku: «Historia de la República de Chile», sayfa 26

822 Eduardo Cavieres, “Anverso y reverso”, en op. cit., p. 61.

823 Eduardo Cavieres y Jaime Vito, “Chile 1860-1930. Liberalismo y financiamiento del Estado: Un problema secular”, en Dimensión Histórica de Chile, N^o 11-12, 1995-1996., pp. 94-96. Debe tenerse presente la significación que tuvo el impuesto a las exportaciones de salitre.

824 Cavieres, Comercio chileno, pp. 107-108.

825 Millar Carvacho, op. cit., pp. 112-114.

826 Ibídem., pp. 145-147.

827 Carmagnani, Desarrollo, p. 114 y 115. Los industriales defendieron el alza de aranceles y la liberación de derechos para las materias primas al discutirse en 1878 la reforma de la ordenanza de aduanas; cfr. Juan Eduardo Vargas, “La Sociedad de Fomento Fabril, 1883-1928”, en Historia, 13, 1976, p. 8.

828 Ibídem., pp. 40 y 52.

CAPÍTULO VII
POLÍTICA MONETARIA

JOAQUÍN FERNÁNDEZ ABARA*

LA POLÍTICA MONETARIA EN LOS ORÍGENES DEL ORDEN PELUCÓN

Tras la guerra civil de 1829-30 y la instauración del nuevo régimen, las autoridades encabezadas por el ministro de Hacienda Manuel Rengifo emprendieron la tarea de regular la acuñación de monedas. Los grandes objetivos que pueden desprenderse de esa medida fueron racionalizar y uniformar el sistema monetario, y tratar de paliar la escasez de circulante en el país.

Una de las primeras disposiciones promulgadas en este sentido fue la de julio de 1830, que prohibió la admisión de moneda macuquina en las oficinas fiscales, y ordenó el resellado en la Tesorería General de las que existieran. En junio del año siguiente las autoridades dispusieron que las monedas denominadas cuartillos, provenientes del periodo monárquico, fueran reselladas. El 23 de agosto de 1832, una nueva ley fijó los precios de compra de los metales por parte de la Casa de Moneda. El gobierno incrementó notoriamente el precio del oro y, de manera algo más leve, el de la plata. De este modo, se pretendía estimular la venta de pastas metálicas a la Casa de Moneda para así reactivar la acuñación, que había experimentado un considerable descenso desde 1817 y sobre todo desde 1827, cuando prácticamente se había paralizado⁸²⁹.

El 24 de octubre de 1834 se dictó una ley referente a las clases y tipos de monedas que tendría el país. En relación con las clases de monedas de oro y plata, no introdujo modificaciones a lo ya existente, manteniendo las cuatro de oro (doblón, medio doblón, cuarto de doblón y escudo) y las seis de plata (reales de a ocho, reales de a cuatro, reales de a dos, reales, medios reales y cuartillos). Se modificó el sello de cada una y también se introdujeron pequeñas alteraciones en la ley de las mismas. De esta manera, mientras la ley del oro se mantuvo en 21 quilates, la de la plata se subió en dos granos, con lo cual se modificó la relación entre ambos metales, que pasó de 16,39 a 16,52. El otro aspecto importante de la ley de 1834 se refiere al establecimiento de monedas divisionarias de cobre. Ellas fueron de dos clases y se denominaron centavos y medios centavos. Cien centavos o 200 medios centavos valdrían un peso de plata y se emitirían solo unas 15 mil unidades de cada una de ellas. El impulso definitivo a favor de la acuñación de monedas de cobre se había dado en 1833 al producirse un debate a través de la prensa, en el que no faltaron los contradictores que las veían innecesarias al existir las señas que tenían los bodegoneros. Los defensores de la acuñación criticaban el sistema de señas por los abusos que generaba. Finalmente, durante 1835 se acuñaron en Inglaterra las primeras monedas de cobre que tuvo el país, las que, no obstante fabricarse en las cantidades fijadas en la ley, desaparecieron al poco tiempo de la circulación, al ser utilizadas como accesorios metálicos⁸³⁰.

Las disposiciones de 1832 y 1834 reflejan el mantenimiento de la ya tradicional tendencia chilena a valorizar el oro por sobre la plata. Esta se manifestaba en las cantidades acuñadas de ese metal, muy superiores a las de la plata, y en la diferencia que aquella relación presentaba respecto de la que prevalecía en el mercado internacional.

Las medidas impulsadas por el ministro Rengifo no solucionaron el problema de la escasez de moneda. En efecto, esta situación persistió, a pesar de que a partir de 1832 hubo un incremento notorio en las cantidades de metal acuñado en la Casa de Moneda. Sin embargo, ese aumento se concentró casi exclusivamente en el oro y no en la plata, influyendo de ese modo en la escasez crónica de monedas de este último metal. La actitud de las autoridades se explica porque consideraban la acuñación de monedas como una fuente de ingresos para el fisco, y en ese sentido la amonedación del oro le originaba importantes utilidades a la Casa de Moneda, lo que no ocurría con la plata⁸³¹. No deja de ser un contrasentido que, siendo el país un importante productor de plata, desdeñara a esta como moneda a favor del oro, que era más bien escaso. Dentro de esa tendencia también se inserta la relación que se mantenía entre los metales, la cual fomentaba el envío de plata al extranjero por el mayor valor que allí tenía. Por otra parte, las cantidades totales de ambos metales acuñadas entre 1830 y 1850 fueron regularmente inferiores a las del periodo colonial, lo que implicaba disponer de una oferta monetaria más limitada. Con todo, es posible que el problema de la escasez monetaria en la década de 1830 no fuera tan agudo como en los años inmediatamente anteriores, en la medida en que el comercio exterior tuvo al parecer un comportamiento favorable⁸³². En todo caso, los testimonios sobre la falta de moneda divisionaria en el periodo son abundantes, y los comerciantes y empresarios mineros continuaron recurriendo a las señas, a la moneda macuquina e incluso a la emisión de papel moneda. En algunos casos, y pese a las normas en contrario, hubo intentos de pagar obligaciones tributarias con esa clase de monedas⁸³³.

EL DEBATE EN TORNO A LA INSTALACIÓN DE INSTITUCIONES BANCARIAS

Junto a la escasez de circulante e informalidad y falta de uniformidad del sistema monetario, otros problemas económicos acechaban a la economía chilena de las décadas iniciales de la república. Estos eran de índole financiera y se derivaban de la ausencia de mecanismos e instituciones crediticias modernas.

Entre los mecanismos de crédito más importantes heredados del periodo colonial que se mantuvieron vigentes durante la primera mitad del siglo XIX, se encontraban los censos y la habilitación. Los censos consistían en contratos que gravaban un inmueble con un canon anual, a modo de interés, en reconocimiento de haberse recibido un capital. Se debía continuar haciendo el pago del referido canon hasta que se hiciera reintegro del capital. Hubo instituciones que, por poseer capitales significativos y tener necesidad de asegurar una renta anual para mantener obras de bien público, se transformaron en importantes prestamistas a través de aquella vía. En este sentido, destacaron las órdenes religiosas, tanto femeninas como masculinas⁸³⁴. La habilitación fue otra forma de crédito, utilizada fundamentalmente en el financiamiento de actividades mineras y agrícolas. Como ya se ha explicado, era un préstamo en bienes de capital y consumo para llevar adelante determinadas faenas. Quien contrataba el crédito lo pagaba con el producto de sus faenas, ya fuera en minerales o cosechas. Además de estos sistemas, fueron muy habituales los préstamos otorgados por comerciantes y por mujeres rentistas.

Los problemas económicos recién mencionados, sumados a las falencias del sistema financiero, repercutieron en la opinión pública. En la década de 1840, especialmente entre los años 1844 y 1845, se produjo un importante debate en torno al establecimiento de bancos. Salvo contadas excepciones, la mayoría de los participantes de dicha discusión era partidaria de la instalación de instituciones bancarias. Sin embargo, surgían notorias discrepancias a la hora de determinar la naturaleza de los bancos que podían autorizarse y las características que ellos deberían tener. Las controversias se manifestaron principalmente en la prensa periódica de Santiago y Valparaíso.

Uno de los primeros en poner este tema en la esfera pública fue el ministro de Hacienda Manuel Rengifo, quien sugirió la instalación de un Banco Nacional, es decir, un banco de carácter estatal. Según Rengifo, dicha institución podría ser un remedio al incremento del crédito usurario en el periodo, que habría producido numerosas quiebras en el comercio. En su opinión, la instalación de un banco podría solucionar los problemas del circulante. Su administración no sería mucho más compleja que la de la Casa de Moneda y sus billetes no se depreciarían por el uso. Según Rengifo, en un primer momento las emisiones debían ser equivalentes al capital del banco. Sin embargo, a medida que creciera la confianza pública en la institución, se podría aumentar la emisión de billetes. Para el ministro, la instalación del banco requeriría un capital inicial de alrededor de un millón de pesos. Rengifo se mostró como un fuerte opositor a la instalación de bancos privados, pues pensaba que estos eran proclives a la especulación, a velar por sus intereses, y que al entrar en tratos con los gobiernos tenderían a solicitar privilegios, transformándose en “instrumentos de opresión y tiranía”. La postura a favor de la instauración de un Banco Nacional fue refrendada poco tiempo después por el periódico El Progreso. Según un editorial de ese diario, si el gobierno optaba por traspasarle “el millón de pesos que contiene hoy el tesoro nacional, a más de dar una sólida garantía a las transacciones del Estado, obraría por esto solo una verdadera revolución comercial”. Consciente de las dificultades de generar una opinión favorable en torno a los bancos en Chile, El Progreso se encargó de “difundir en el público los conocimientos necesarios sobre la naturaleza de los bancos”, y para ello se sirvió de los escritos de Mariano Fragueiro, exdirector del Banco de Buenos Aires y residente temporal en Chile⁸³⁵.

Los debates sobre la instalación de bancos culminaron en septiembre de 1844, a raíz de la presentación en la Cámara de Diputados de un proyecto del parlamentario Bernardo José de Toro sobre el establecimiento de una institución de ese género. En opinión del parlamentario, le economía nacional adolecía de graves problemas por la falta de capitales y por los altos intereses de los créditos. Como remedio, Toro proponía el establecimiento de un banco particular, al que se otorgaría un privilegio exclusivo de funcionamiento por 20 años. El banco estaría encargado de descontar letras, emitir billetes, con un máximo de cuatro millones de pesos, y otorgar crédito, con un interés máximo de seis por ciento. Para evitar abusos, proponía que los accionistas del banco fueran propietarios urbanos o rurales, los que deberían hipotecar sus propiedades para recibir acciones en proporción a la hipoteca. El diputado sostenía que el banco debía ser de particulares y no del Estado, pues este “no debe ser jamás comerciante”⁸³⁶.

Mientras la Cámara pedía un informe a la Comisión de Hacienda sobre el proyecto, se generó un intenso debate en la prensa. El Progreso publicó una serie de artículos de Mariano Fragueiro, en los que defendía la necesidad de un banco estatal, aunque con una administración independiente del gobierno, pues, en su opinión, “la facultad de estampar moneda y de centralizar las operaciones de crédito […] es inherente a la soberanía”. Para Fragueiro, el Banco Nacional debía cambiar, vender y comprar monedas y pastas finas, descontar letras, recibir depósitos, otorgar créditos y emitir billetes. Los billetes bancarios serían pagaderos a la vista y al portador en moneda legal de plata u oro, y recibidos como moneda corriente en todas las oficinas públicas.

Otro de los adalides de la instauración de un banco nacional fue Pedro Félix Vicuña. Según este, el banco debía ser dirigido en forma independiente del gobierno por un directorio nombrado por el Congreso. Las operaciones que efectuaría serían otorgar préstamos, descontar letras al cinco por ciento de interés anual y emitir billetes por un máximo equivalente a las tres cuartas partes del capital efectivo, los que debían ser considerados como moneda nacional. En todo caso, Vicuña discrepaba del proyecto de Fragueiro porque otorgaba demasiada influencia al gobierno en el manejo de la institución. Como puede apreciarse, en el debate tendió a primar la idea de que el banco debía ser una institución nacional, que tomara en sus manos las funciones de crédito, depósito y emisión⁸³⁷.

Diversos sectores de la producción defendían la idea de instalar un Banco Nacional. La posición de Fragueiro fue respaldada por la Sociedad Nacional de Agricultura, que hacía tiempo mostraba su preocupación por la falta de crédito. Desde las páginas de su órgano, El Agricultor, se apoyó la idea de la creación de esa entidad⁸³⁸. Otro de los grupos de presión interesados al respecto fue el del empresariado minero del norte del país. A través de diversas instancias, ya fuesen periódicos, parlamentarios e incluso instituciones corporativas, como la Junta de Minería de Copiapó, los mineros propugnaron el establecimiento de un banco de carácter estatal para contrarrestar los altos intereses cobrados por los habilitadores. Sostenían que los préstamos de carácter “usurero” de los habilitadores ahogaban la producción minera, llevando a la ruina a los mineros endeudados. Al mismo tiempo, se manifestaban contrarios a la existencia de bancos privados de emisión, porque podrían generar inestabilidad monetaria y fenómenos inflacionarios contrarios a sus intereses. Estas reclamaciones se hicieron patentes en las provincias de Atacama y Coquimbo⁸³⁹.

En medio de este ambiente, el gobierno tomó la iniciativa, y el 25 de octubre de 1844 propuso que mientras se consolidaban las ideas sobre la instalación de un banco, se le autorizara para otorgar créditos hipotecarios al ocho por ciento de interés con los 500 mil pesos de superávit fiscal de ese año. Esta moción recibió el decidido apoyo del diario El Progreso, aunque también sufrió fuertes críticas, especialmente de parte de El Mercurio y del diputado Toro. El 15 de enero de 1845 el Congreso aprobó dicho proyecto. Paralelamente el gobierno nombró una comisión para que estudiara la conveniencia de establecer un banco nacional. El 1 de julio de dicho año la comisión presentó un proyecto para establecer un banco del Estado y un reglamento que organizaba su funcionamiento. Con todo, la iniciativa no prosperó por la fuerte oposición a la idea de un banco estatal, a lo que se sumó el cambio de gabinete al iniciarse el segundo gobierno de Bulnes, que trajo consigo ideas diferentes sobre la materia. Las nuevas autoridades se mostraron partidarias de entregar esa actividad al sector privado. De hecho, el gobierno realizó gestiones en Londres, París y Washington para la instalación en el país de un banco privado con capitales extranjeros. Pese al fracaso de dichas gestiones, insistió en la conveniencia de los bancos privados frente a los estatales, argumentando que estos últimos generarían una amplia resistencia en sectores importantes de la sociedad y que las instituciones privadas podrían aportar los conocimientos sobre el funcionamiento del sistema bancario que tanto necesitaba el país⁸⁴⁰.

EL BANCO DE ANTONIO ARCOS

En esa coyuntura, Antonio Arcos se presentó con un proyecto para establecer un banco privilegiado en el país. Arcos, quien ya había estado vinculado a las gestiones que en Londres realizó Mariano Egaña para fundar un banco, había retornado a Chile a fines de 1848. En Francia había amasado una considerable fortuna gracias a negocios bancarios y, una vez instalado en Chile, el ministro Manuel Camilo Vial acogió sus ideas. Según el proyecto de Arcos, el banco poseería un capital de tres millones de pesos, divididos en 30 mil acciones de cien pesos cada una. Arcos aportaría un millón de pesos, lo que le permitiría disponer de 10 mil acciones. El Estado también participaría con una suma similar y se consultarían 10 mil acciones para su adquisición por el público. El banco gozaría de privilegio exclusivo por 20 años. Sus billetes serían considerados moneda corriente y su emisión no podría exceder el triple del dinero en caja. Otorgaría crédito con un interés de seis por ciento anual, tasa inferior a la usual en la época, y estaría administrado por un gerente, puesto que sería desempeñado durante 10 años por el propio Arcos⁸⁴¹.

Antes de que esta idea pudiera hacerse realidad, se produjo un cambio de gabinete. Vial fue sustituido por José Joaquín Pérez en la cartera de Interior y Antonio García Reyes en Hacienda. El nuevo ministro negó validez a las negociaciones anteriores y consideró inaceptable constituir un banco con las condiciones propuestas por Arcos. Ante el rechazo del proyecto, Arcos lo modificó y propuso la creación de un banco privado, denominado Banco de Chile de Arcos y Cía. Su capital sería de dos millones de pesos, dividido en 20 mil acciones de cien pesos, la mitad de las cuales serían de Arcos y la otra estaría a disposición del público. El banco realizaría las operaciones de cambio, depósito y descuento, además de emitir billetes convertibles. Estos últimos estarían garantizados por una fianza de 100 mil pesos depositados en la Tesorería General. El gobierno, en julio de 1849, autorizó a Antonio Arcos para fundar un banco según las condiciones indicadas. Sin embargo, basándose en normas de las Leyes de Indias aún vigentes, se rechazó la posibilidad de que los billetes de banco fueran recibidos en las oficinas y tesorerías fiscales⁸⁴².

El Banco de Chile de Arcos y Cía. inició sus operaciones en octubre de 1849, en un local situado en la plazuela de la Moneda. Apenas comenzó a andar, se generó un gran movimiento en contra de la nueva institución, encabezado por los comerciantes de Valparaíso. Estos, en dos presentaciones hechas al gobierno, sostuvieron que los billetes del banco eran ilegales, que perjudicaban al comercio, creaban desconfianza y generarían crisis y bancarrotas recurrentes. Terminaban solicitando al ministro de Hacienda que recabara un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la inadmisibilidad de los billetes, pues la legislación vigente no autorizaba vales que fuesen a la orden ni billetes al portador. El 23 de octubre de 1849 el máximo tribunal dio la razón a los comerciantes. Pese a los intentos de modificar la situación, los hechos siguieron siendo adversos para Arcos. El 27 de noviembre la Corte Suprema volvió a pronunciarse contra el banco, al señalar que este no había rendido fianza competente, pues los 100 mil pesos depositados en tesorería no podían reemplazar la responsabilidad de los fiadores: estos debían quedar obligados con todos sus bienes. La tenaz campaña en contra del banco afectó seriamente su desarrollo. Así, el 31 de marzo de 1850, al cerrarse el plazo para suscribir acciones, no se había presentado ningún interesado. El gobierno, influido por la presión de los comerciantes y el dictamen de la Corte Suprema, le prohibió al banco la emisión de billetes por decreto el 17 de abril de 1850. Arcos solicitó la devolución de la fianza de 100 mil pesos depositada en tesorería. Sin embargo, esta petición fue rechazada por el gobierno, por estimar que no cubría la emisión de billetes sino el funcionamiento del banco como tal. Ante esta situación, Arcos optó por poner término al proyecto en abril de 1850⁸⁴³.

En el fracaso de la iniciativa de Arcos influyeron varios factores. Uno de ellos fue la mala reputación del propio Arcos, por su vinculación a oscuros negocios durante el gobierno de O’Higgins. También la circulación de billetes inquietaba a muchas personas, que temían que esos instrumentos se prestaran para fraudes y perjuicios de los tenedores. Tales opiniones eran emitidas teniendo a la vista los problemas que en ese momento afectaban a varios bancos de los Estados Unidos. Sin embargo, uno de los factores más determinantes en el fracaso de esta empresa fue la tenaz oposición que encontró entre los comerciantes de Valparaíso. Estos veían en la facultad del banco de emitir billetes una amenaza grave para el desarrollo del comercio y la estabilidad económica. En su opinión, la circulación de billetes abría la puerta a quiebras y crisis económicas, afectando la confianza que en su opinión habría reinado en las operaciones mercantiles del país. Más específicamente, señalaban que el incremento de los billetes obligaría al comercio a restringir el crédito, ante el temor de una quiebra del banco. Sin embargo, una de las principales razones de fondo, que no fue esgrimida en sus representaciones, fue que el banco de Arcos podía transformarse en una peligrosa competencia para el control cuasi monopólico que el comercio de Valparaíso tenía del pequeño mercado financiero chileno⁸⁴⁴.