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LA LEY MONETARIA DE 1851 Y LA SITUACIÓN MONETARIA EN LA DéCADA DE 1850

En medio de estas polémicas, persistían los problemas derivados de la escasez de circulante. Esta se debía a la reducida acuñación realizada por la Casa de Moneda, al permanente déficit de las balanzas comercial y de pagos, y a la sobrevaloración del oro frente a la plata en relación al mercado europeo. Con el fin de superar esta situación, el gobierno dictó una nueva ley monetaria el 9 de enero de 1851. Sin embargo, la nueva relación entre los metales se fijó, una vez más, partiendo del principio de que el oro debía ser premiado. Por lo demás, a la hora de buscar un acercamiento entre el valor oficial y el comercial, se consideró más determinante la cotización que se daba en el mercado interno que en el externo. En Europa la relación entre el oro y la plata era de alrededor de 1:15,70 y en Chile de 1:16. Esta última era la cotización que servía de base a la iniciativa, mediante la cual la relación se modificó en una pequeña proporción para favorecer al oro. En suma, se estableció una relación de 1:16,39, lo que significaba un avance respecto a la de 1:16,52 que regía con anterioridad. No obstante, seguía manteniéndose una diferencia importante ante los valores de Europa, con todos los efectos que ello implicaba, más aún en un momento en que la plata tendía a fortalecerse debido al incremento de la producción mundial de oro⁸⁴⁵. Investigaciones recientes sostienen que estas decisiones de política económica se deberían a la necesidad de “producir un equilibrio en la balanza de pagos (en oro) del comercio exterior”. Se buscaba favorecer la llegada de oro, dado que la producción de este metal en el país era menor a la de la plata⁸⁴⁶. Esta misma ley introdujo el sistema métrico decimal en la organización monetaria, completando un proceso que se había iniciado en 1848 al adoptarse para los pesos y medidas.

S. Volk, la tardanza en la instalación del sistema bancario en Chile podría explicarse por al afán portaliano de evitar conflictos con las casas comerciales de Valparaíso y por la permanencia de doctrinas económicas escolásticas y mercantilistas, que no se adaptaban a las nuevas y complejas formas que adquiría el crédito; cfr. Steven S. Volk, “Mine Owners, Moneylenders”, pp. 85-91.

Entre 1850 y 1857 no se aprecian mayores referencias a la escasez de moneda como en los años anteriores, lo que resulta concordante con la tendencia al alza en el índice general de precios del periodo. Este fenómeno se produjo a pesar de que la instauración del sistema decimal significó el retiro de antiguas monedas; de que se pretendió poner término a la circulación de monedas antiguas y macuquinas, y de que persistió la sobrevaloración del oro. Es posible que en dichos años el tradicional problema de la falta de circulante no se manifestara de manera significativa. Esto podría explicarse por el aumento en las acuñaciones realizadas por la Casa de Moneda y por la situación más favorable de la balanza comercial, la que en el periodo alternó de manera intermitente entre el déficit y el superávit. Con todo, desde 1857 reaparecieron las quejas por la escasez de moneda. La causa de estas dificultades radicó en la crisis económica, que generó un déficit en las balanzas comercial y de pagos. Los billetes bancarios que comenzaron a circular en la época no tuvieron mayor influencia en la masa monetaria, siendo incapaces de alterar esa situación⁸⁴⁷.

LOS PRIMEROS BANCOS

El fin de la década de 1840 coincidió con el comienzo de una fase de prosperidad económica vinculada el gold rush californiano. En el decenio de 1850 se produjo un notorio aumento en las exportaciones de trigo y harina, y la actividad comercial vivió un momento de auge. La ampliación de las áreas de cultivo, la necesidad de elevar la contratación de mano de obra, la realización de obras de regadío y la construcción de molinos, entre otras actividades, requirieron de un incremento en la circulación de capitales y un aumento del crédito. Sin embargo, los mecanismos e instituciones crediticias tradicionales fueron incapaces de satisfacer dicha demanda de manera adecuada. No es de extrañar que en esos años surgieran los primeros bancos que operaron con el nombre de tales y que se constituyeron como sociedades anónimas. La acción del gobierno también contribuyó al surgimiento y desarrollo de ese género de instituciones financieras, mediante la promulgación de diversas leyes que, de manera indirecta, favorecieron la fundación de aquellas y la expansión del crédito. Estas fueron la Ley de Prelación de Créditos, de 1854, y el Código Civil, de 1857, que, entre otros aspectos, clarificó el procedimiento judicial para hacer efectivas las garantías de los créditos. Los bancos nacidos en este periodo surgieron en el eje urbano Santiago-Valparaíso, y de preferencia en esta última ciudad, lo que ha llevado a algunos investigadores recientes a calificar a esta zona como un enclave bancario, al menos en esa etapa fundacional⁸⁴⁸.

Ya con anterioridad habían existido bancos de crédito y depósito. De hecho, a mediados de la década de 1840 funcionaban varios de ellos, aunque no utilizaban el nombre de tales. Fue a partir del año 1854, con la creación del Banco de Bezanilla y Mac Clure, en Santiago, que surgieron nuevos bancos que operaron bajo tal denominación, autorizados por el gobierno. Dicho banco se inició como caja de consignaciones y corretajes. Muy pronto comenzó a poner en circulación entre sus clientes vales a la vista y a la orden de otra casa comercial que los endosaba en blanco. Parece claro que este banco emitió vales y billetes al igual que el Banco Ossa y Cía., fundado en 1856, el cual, según un director del banco de la época, emitía billetes a la vista y al portador. Ninguna de esas instituciones tenía autorización oficial para realizar dichas operaciones, sin perjuicio de lo cual sus vales o billetes circularon sin inconvenientes⁸⁴⁹.

Las casas comerciales de Valparaíso continuaron oponiéndose al establecimiento de bancos de emisión. Según estas, el mercado monetario perdería la solidez de que gozaba. Los comerciantes estimaban que la emisión de billetes bancarios crearía un efecto paradójico, pues en lugar de aumentar el circulante y facilitar el crédito, generaría la retirada de los capitales extranjeros. Además, insistieron en que ellos estaban en condiciones de satisfacer las demandas de crédito del país⁸⁵⁰.

Como puede observarse, los comerciantes de Valparaíso habían sido los más férreos opositores al establecimiento de los bancos de emisión; sin embargo, sus reticencias no incluían a los bancos de crédito y depósito. Tanto es así, que a mediados de 1855 algunos de los más connotados comerciantes porteños estaban en negociaciones para fundar un banco de depósito con autorización oficial. El 25 de junio de 1855, mediante una ley, se facultó al Presidente de la República para que autorizara la fundación del Banco de Valparaíso. En virtud de esa disposición, el 12 de septiembre se constituyó la sociedad anónima para establecer el Banco de Depósitos y Descuentos de Valparaíso. Fue integrada por 14 socios, entre comerciantes individuales y compañías comerciales. El principal accionista era Matías Cousiño, con 200 acciones, y la gran mayoría de los socios se suscribió con 100 acciones cada uno. Las operaciones más importantes que realizaría serían las de descuento de letras, préstamos, cuentas corrientes, depósitos, giro de letras, cobranza de documentos y compra y venta de bonos de la deuda pública. Un artículo de los estatutos consignó de manera expresa la prohibición de emitir billetes al portador y de cédulas o vales que hicieran las veces de papel moneda⁸⁵¹.

El Estado no se conformó con respaldar la creación de instituciones crediticias privadas. Con el objeto de fomentar la agricultura, el gobierno emprendió la tarea de fundar una institución que otorgara crédito a ese sector. En agosto de 1855 se promulgó la ley que creó la Caja de Crédito Hipotecario. Se trataba de un organismo estatal, sin fines de lucro, destinado a conceder préstamos a largo plazo sobre hipotecas, preferentemente sobre fundos rústicos. La Caja no otorgaba el préstamo en dinero efectivo, sino que entregaba al peticionario letras de crédito por la cantidad solicitada y contra hipoteca de la propiedad. El deudor debía vender las letras en el mercado de valores, de manera que el dinero que recibía en esa operación correspondía al crédito. La Caja, por tanto, actuaba como intermediaria entre los agricultores y los inversionistas. Comenzó a funcionar en diciembre de 1855 y durante 1856 otorgó préstamos a 97 propietarios, número que disminuyó en los años siguientes a causa de la crisis económica⁸⁵².

Finalmente, el 16 de noviembre de 1859, el gobierno autorizó la fundación del Banco de Chile, cuyos estatutos fueron aprobados definitivamente en marzo de 1860. En ellos se establecían las operaciones que efectuaría, entre las cuales no figuraba la emisión de billetes y se excluía expresamente el otorgamiento de créditos hipotecarios. Con todo, y pese a las disposiciones estatutarias, varios memorialistas han sostenido que el banco puso en circulación sus billetes antes de la promulgación de la Ley General de Bancos de 1860. Sus principales accionistas fueron Pastor Cerda, Gregorio Ossa y Diego Ovalle⁸⁵³.

LA LEY GENERAL DE BANCOS DE 1860

Los problemas de acceso al crédito, la escasez de moneda y el funcionamiento informal de los bancos de emisión, sin que existieran disposiciones que los regularan, llevaron al gobierno a presentar al Congreso, el 18 de junio de 1857, un proyecto de ley sobre esa clase de instituciones. Su autoría corresponde íntegramente al economista francés Gustave Courcelle Seneuil. La propuesta experimentó algunas modificaciones en el Congreso, las que apuntaron a aumentar el grado de libertad del que gozarían los bancos para su instalación y funcionamiento. La ley fue promulgada el 23 de julio de 1860⁸⁵⁴.

La ley de 1860 estableció un sistema de bancos libres, pero regulados en cuanto a su capacidad de emisión, características del capital y de los billetes, responsabilidad de los directores, supervisión de las autoridades del gobierno y publicidad de los balances. La ley imponía claras obligaciones a los directores de esas entidades. Entre ellas se encontraba la de presentar un balance mensual sobre la situación de su institución al Ministerio de Hacienda, responder solidariamente respecto de las obligaciones contraídas y poseer acciones por un monto no inferior a los 40 mil pesos, las que debían servir de garantía. Para reforzar los controles de la autoridad sobre el funcionamiento de los bancos, se le impuso al Presidente de la República la obligación de comprobar cada cierto tiempo, por agentes nombrados ex profeso, los libros, cajas y carteras de dichas instituciones. Los directores comisionados de los bancos que obstaculizaran el cumplimiento de aquella disposición serían sancionados con multas, las que también se impondrían en caso de proporcionar información falsa. Aunque la ley no limitó la concesión de préstamos y descuentos a directores y miembros del consejo de administración, estableció que aquellos debían ser objeto de una cuenta especial en los libros de los bancos. Además, a estos les prohibía prestar suma alguna sobre depósitos de sus propias acciones. El derecho de las entidades bancarias a emitir billetes al portador se limitó a un máximo equivalente al 150 por ciento del capital efectivo que poseyeran. Entre las disposiciones referentes a ellos, cabe destacar la que fijaba los valores de los que podían emitirse, así como la que establecía que el pago de billetes al portador y a la vista debía hacerse en monedas de oro o plata, con tal de que el valor de las últimas no bajara de 20 centavos⁸⁵⁵.

El grueso de las disposiciones de la ley de bancos pretendía limitar las posibilidades de que se cometieran abusos o evitar que el público fuera sorprendido confiando en instituciones mal administradas. Para numerosos legisladores de la época, las regulaciones que establecía el proyecto eran excesivas. Sin embargo, logró imponerse el criterio del economista francés, que creía necesario ese género de reglamentación debido a que Chile carecía de experiencia en materia bancaria. Se optó por un sistema bancario mucho más cercano al de Escocia y a una de las variedades del que existía en Estados Unidos, que establecía la libertad de emisión para los bancos privados, con la obligación de pagar sus billetes a la vista y al portador. Por tanto, fueron desechadas las opciones de banco privilegiado a la usanza del banco de Inglaterra o del de Francia, los que tenían diferentes grados de vinculación con el Estado y gozaban de derechos preferenciales en materia de emisión. Si bien en esa época existía en Europa una tendencia a la centralización o monopolio de las emisiones, en Chile, siguiendo los dictados de Courcelle Seneuil, se consagró la libertad de emisión, fundamentada en la idea de que los bancos no podían emitir más billetes de los que el mercado estaba dispuesto a aceptar. En este aspecto, Courcelle no hacía más que seguir las opiniones de autores del liberalismo clásico, como Adam Smith y Juan Bautista Say, a quienes citaba de manera expresa. En definitiva, en Chile se pusieron en práctica los principios de la teoría monetaria clásica, cuando en Europa la teoría cuantitativa desplazaba a aquella visión⁸⁵⁶.

Al mismo tiempo, se dictó una nueva ley monetaria, promulgada el 28 de julio de 1860. El proyecto también fue obra de Courcelle Seneuil y su objetivo era evitar la exportación de moneda que afectaba al país a consecuencia de la crisis de 1857. Para estos efectos, se alteró la cantidad de metal fino de algunas monedas. Se creó una nueva moneda de oro, el peso, al que se le asignó una cantidad de metal fino de 1,3725 gramos, lo que significaba, en proporción a lo que contenía el cóndor por la ley de 1851, una leve disminución de 0,00027 gramos. Además, se rebajó la cantidad de metal fino de las monedas para submúltiplos del peso (de 20, 10 y cinco centavos) en una proporción de 23 gramos por peso, aunque limitando su acuñación a 500 mil pesos. Según Guillermo Subercaseaux, con la ley de 1860 se pretendió reemplazar el peso de plata por el nuevo peso de oro e impedir la exportación de las monedas de plata submúltiplos del peso. Para que estas nuevas monedas, con menor cantidad de fino, no expulsaran a los pesos de oro y plata, se limitó su acuñación al monto ya indicado. Este hecho, por otra parte, le dio a la ley un alcance restringido, puesto que solo podía amonedarse la suma que la misma disposición fijaba⁸⁵⁷.

829 René Millar Carvacho, Políticas y teorías monetarias en Chile 1810—1925, Universidad Gabriela Mistral, Santiago, 1994, p. 50; Luis Covarrubias, “Monedas chilenas desde la independencia hasta la fecha”, en RChHG, 19, 1915, pp. 290-295.

* Con la colaboración de René Millar Carvacho.

830 El texto íntegro de la ley, en Ricardo Anguita, Leyes promulgadas en Chile. Desde 1810 hasta el 1º de junio de 1812, Imprenta, litografía y encuadernación Barcelona, Santiago, 1912, I, p. 248. La polémica tuvo lugar a través de las páginas de El Mercurio de Valparaíso. Un extracto de ella, en José Toribio Medina, Las monedas chilenas, Santiago, 1902, pp. CXC-CXCII. Sobre las primeras monedas de cobre, Carlos Stuardo O. y Juan Eyzaguirre E., Las primeras monedas de cobre que circularon legalmente en Chile, Imprenta Universitaria, Santiago, 1952.

831 Pierre Vayssière, “Au Chili: de l’économie coloniale à l’inflation (les problèmes monétaires chiliens, depuis l’Indépendance jusqu’a la guerre du Pacifique. 1818-1880)”, en Cahiers des Amériques Latines, N^o 5, Paris, Janvier-juin 1970, p. 5.

832 John Rector, “El impacto económico de la Independencia de América Latina: el caso de Chile”, en Historia, 20, Santiago, 1985, p. 318

833 Algunos casos pueden verse en comunicación del oficial de Aduana al Intendente de Coquimbo de 24 de julio de 1837 y en carta del Intendente de Coquimbo al Ministro de Hacienda, 4 de junio de 1883, ambas en Ramón Santelices, Los bancos chilenos, Imprenta y Encuadernación Barcelona, Santiago, 1893, pp. 45 y 47-48.

834 Armando de Ramón, “Los censos y el desarrollo agrícola de la región central de Chile durante el siglo XVII”, en Historia, 16, 1981, pp. 151-223.

835 El Mercurio, 1 y 2 de marzo de 1844, y El Progreso, 11 de mayo de 1844. También véase Villalobos y Sagredo, El Proteccionismo Económico, pp. 92-97.

836 Sesión de 4 de septiembre de 1844, en SCL, XXXIV, pp. 358-359. Cabe destacar el importante papel que los emigrados argentinos, exiliados del régimen de Rosas, tuvieron en la divulgación de nociones básicas sobre el funcionamiento de instituciones bancarias y en la creación de una opinión favorable a ellas. La existencia de un banco en Buenos Aires desde 1822 les dio una experiencia de la que carecían las elites chilenas. Domingo Faustino Sarmiento, redactor y editorialista de El Progreso, comprometió a su periódico en dicha causa. Algo similar sucedió con Demetrio Rodríguez Peña, a cargo de la redacción de El Mercurio.

837 Véase El Progreso durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1844, y Pedro Félix Vicuña, Cartas sobre bancos recopiladas de las que ha insertado en el Mercurio de Valparaíso, Imprenta del Mercurio, Valparaíso, 1845, pp. 1, 2, 95 y ss.

838 Gonzalo Izquierdo, Un estudio de las ideologías chilenas: La Sociedad de Agricultura en el Siglo XIX, Centro de Estudios Socioeconómicos, Universidad de Chile, Santiago, 1968, pp.102-105.

839 Sobre el tema, véase Steven S. Volk, “Mine Owners, Moneylenders and the State in Mid-Nineteenth-Century Chile: Transitions and Conflicts”, en HAHR, vol. 73, N^o1, febrero 1993, pp. 67-98, y Joaquín Fernández Abara, “Von der Kollaboration mit dem Staat zum regionalen Protest: Die Junta de Minería von Copiapó und der Ursprung des Bürgerkriegs 1859”, en Stefan Rinke, Monika Contreras y Lasse Hölck (Hrsg.), Regieren an der Peripherie. Amerika zwischen Kolonien und unabhängigen Republiken, Verlag Hans-Dieter Heinz, Akademischer Verlag Stuttgart, Stuttgart, 2011. También véase María Angélica Illanes Oliva, “Prestamistas y productores en la minería de Atacama. Una dominación silenciosa. 1830-1860”, en María Angélica Illanes Oliva, Chile des-centrado. Formación socio-cultural republicana y transición capitalista (1810-1910), Santiago, Lom, 2003, pp. 179-185.

840 Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda Presenta al Congreso Nacional. Año de 1847, pp. 89-90, y Año de 1848, pp. 239-24, ambas sin pie de imprenta; Ramón Santelices, Los bancos chilenos, op. cit., pp. 50-51, y César Ross, “Orígenes de la vida bancaria en Chile (1811-1850)”, en Revista Libertador O’Higgins, Año VIII, 8, Santiago, 1991, pp. 46-50.

841 Barros Arana, Un decenio, II, p. 276.

842 Agustín Ross, Los bancos de Chile y la ley que los rije. Folleto de Actualidad, Imprenta Excélsior, Valparaíso, 1886, pp. 15-18. También véase Barros Arana, Un decenio, II, p. 312, y Santelices, Los bancos, pp. 57-59.

843 Los pormenores de esta accidentada iniciativa pueden encontrarse en Agustín Ross, Los bancos, pp.19-35; Barros Arana, Un decenio, t. II, pp. 314-315; Santelices, Los bancos, pp. 63-76; Memoria del Ministerio de Hacienda. Año de 1849, pp. 355-359. También véase Cuestión Sobre el Banco de Chile de Arcos i Compañía, folleto sin fecha ni pie de imprenta, pp. 3-5 y 14. Un ejemplar de él se encuentra en la Biblioteca Marcial Martínez del departamento de Ciencias del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

844 Gabriel Salazar ha sostenido que este grupo de mercaderes, denominados por él como merchant-bankers, se habría constituido como “monopolio financiero privado”. Como tal, se habría opuesto con tenacidad a “la instalación y/o desarrollo de cualquiera nueva institución crediticia capaz de regular y/o limitar el crédito privado”. Gabriel Salazar, Mercaderes, empresarios y capitalistas (Chile, siglo XIX), Sudamericana, Santiago, 2009, p. 527. Según el investigador estadounidense Steven

845 Guillermo Subercaseaux, El sistema monetario y la organización bancaria de Chile, Imprenta y Litografía Universo, Santiago, 1920, pp. 113-115.

846 Salazar Vergara, Mercaderes, empresarios y capitalistas, p. 198.

847 Carlos Clavel, Luis Riveros y Rodrigo A. Ferraro, “Los precios en la economía chilena en el siglo pasado”, Revista de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Chile, 20, Santiago, 1984, tabla 1; Daniel Martner, Historia de Chile. Historia económica, Establecimientos Gráficos Balcells, Santiago, 1929, I, pp. 247; Franz (seudónimo), El Cambio, el papel moneda y otras cuestiones económicas. Recopilación de Artículos publicados en La Patria de Valparaíso entre mayo y octubre de 1885, Imprenta de “La Patria”, Valparaíso, 1886, p. 181; Manuel Miquel, Estudios económicos y administrativos sobre Chile, desde 1856 hasta 1863, Imprenta del Ferrocarril, Santiago, 1863, p. 69 y ss., y Carlos Humud, “Política económica chilena desde 1830 a 1930”, Estudios de Economía, 3, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Chile, Santiago, primer semestre de 1974, p. 72.

848 César Ross, Poder, Mercado y Estado. Los bancos en Chile en el siglo XIX, LOM Ediciones, Santiago, 2003, p. 40.

849 Fernando Silva Vargas, “Notas sobre la evolución empresarial chilena en el siglo XIX”, en Empresa Privada, Escuela de Negocios de Valparaíso, Santiago, s/f, p. 76; Nicomedes Ossa, “Ligeros apuntes sobre el establecimiento y desarrollo de los bancos de emisión en Chile”, Revista Económica, 8, diciembre de 1887, p. 11 y N.O.S. Apuntes para una memoria sobre los bancos chilenos, Imprenta Cervantes, Santiago, 1889, pp. 8-10.

850 “Opinión del comercio de Valparaíso sobre los Bancos de Emisión”, en El Mercurio de Valparaíso, 3 de agosto de 1855. Véanse los análisis de Eduardo Cavieres, Comercio chileno y comerciantes ingleses 1820-1880: Un ciclo de Historia económica, Instituto de Historia, Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 1988, pp. 124-125, y Pierre Vayssière, Un siècle du capitalisme minier au Chili: 1830-1930, Editions du C.N.R.S., Toulouse, 1980, p. 28.

851 BLDG, t. VIII, lib. XXIII, N^o 6, p. 66 y t. IX, lib. XXIV, N^o 14, pp. 27-28. Al respecto, véase los planteamientos compartidos por Eduardo Cavieres y César Ross, quienes sostienen que los bancos habrían ampliado y especializado la “lógica de actividades financieras desarrolladas por casas comerciales y particulares”. El principal motor de esta transformación habrían sido las necesidades de los sectores “vinculadas al comercio internacional”, quienes “comenzaron a demandar aún más especialización en las transacciones a distancia, así como fuentes de crédito más estables”. Véase César Ross, Poder, mercado y Estado, p. 44, y Eduardo Cavieres, “Estructura y funcionamiento de las sociedades comerciales de Valparaíso durante el siglo XIX (1820-1880)”, en Cuadernos de Historia, 4, Santiago, 1984, pp. 61-86.

852 Ley, ordenanza, decretos, informes y otros documentos relativos a la Caja de Crédito Hipotecario, Imprenta Chilena, Santiago, 1860, p. VI, 1-2, 68 y anexo. Sobre el funcionamiento de la Caja, véase Arnold Bauer, “Expansión económica en una Sociedad Tradicional: Chile central en el siglo XIX”, Historia, 9, Santiago, 1970, pp. 191-196. Según César Ross, durante la década de 1860 y en general a lo largo del siglo XIX, “el tamaño de los bancos hipotecarios dentro del sistema bancario en su conjunto fue muy reducido”, César Ross, Poder, mercado y Estado, p. 47.

853 N.O.S., Apuntes, p. 10 y Séptima memoria semestral leída en la Junta Jeneral de accionistas del banco de Chile, celebrada el 24 de octubre de 1863, Imprenta del Ferrocarril, Santiago, 1863.

854 René Millar, op. cit., p. 90 y ss. Gabriel Salazar sostiene que la efervescencia generada por los conflictos civiles de la década de 1850 en Chile generó las condiciones propicias para la aplicación de la Ley de Bancos. Según Salazar, las guerras civiles de 1851 y 1859 habrían tenido un fuerte contenido regionalista, catalizando el descontento de sectores productivos provincianos hacia el monopolio del crédito ejercido por la elite mercantil santiaguina y porteña. Pese al triunfo gobiernista, el oficialismo se habría visto obligado a ceder en algunas de las demandas de los sectores descontentos. Así, el Estado habría aceptado “una formal Ley de Bancos (redactada por un extranjero) y la aparición de varios bancos de emisión”. Para Salazar, este fue “el inicio del fin del monopolio del crédito del patriciado: la tasa de interés se niveló, por largas décadas, en torno al 8%”. Cfr. Salazar Vergara, Mercaderes, empresarios, p. 559.

855 El texto íntegro de la ley de 1860 en Ramón Santelices, Los Bancos Chilenos, pp. 123-130.

856 Véase las opiniones del economista francés en Revista de Ciencias y Letras, Santiago, I, N^o 1, año 1, abril de 1857; J. G. Courcelle Seneuil, Traite théorique et práctique des operations de banque, Librarie de Guillaumin et C, Sixième édition. París, 1876, pp. 68-69, 102-105, 198-202 y 401. Sobre las teorías monetarias y las nociones bancarias predominantes en la época, véase Charles Rist, Historia de las doctrinas monetarias y del crédito desde John Law hasta nuestros días, Editorial América, México, 1945, p. 369, y David Glasner, Free Banking and Monetary Reform, Cambridge University Press, 1989, cap. 4. Para Luis Ortega, esta ley “marcó un importante punto de quiebre con relación a las políticas seguidas desde 1830”. A su juicio, fue tal vez “la más liberal de las medidas económicas adoptadas hasta 1879, en el sentido de que el papel del Estado, tan marcado en otros ámbitos de actividad, quedó reducido al de prestamista de último recurso (Lender of last resort)”. Cfr. Luis Ortega Martínez, Chile en ruta al capitalismo. Cambio, euforia y depresión. 1850-1880, Santiago, Lom, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2005, p. 369.

857 Guillermo Subercaseaux, El sistema monetario, pp. 117-119.