Kitabı oku: «El código del capital», sayfa 20
Los codificadores maestros contra los Estados
El capitalismo debe su dinamismo a la capacidad de los abogados para confeccionar nuevo capital y nuevas organizaciones con los materiales existentes. Es así como codifican capital en beneficio de sus clientes. Los abogados primero usaron el derecho local en el que se formaron, pero en la era de la globalización han sido capaces de elegir entre las leyes de muchos Estados diferentes. La globalización funciona porque los amos y maestros del código han sido capaces de tejer sus sistemas legales favoritos y un puñado de tratados internacionales para formar una colcha que sostiene los mercados globales de vienes y servicios. No esperaron a que los Estados armonizaran la ley —un proceso que habría sido mucho más lento y, claro, mucho más politizado—. En vez de ello, usaron los moldes maleables del código para estructurar acuerdos transnacionales, eligiendo un sistema legal de su agrado como recurso base y eligiendo sus cortes o el arbitraje privado para resolver posibles disputas.[69]
De este análisis emerge una imagen del derecho y su ejercicio que ubica a los amos y maestros del código en el cruce entre los clientes a los que sirven y los Estados que les surten la tela con la que codifican el capital. Son los mejores navegantes de las complejas interdependencias de los múltiples sistemas legales de los que elijen las reglas para la codificación del capital de sus clientes. Habrían sido incapaces de hacerlo sin los Estados o sin sus leyes, pero ahora ya no están sujetos a un solo Estado, y ni siquiera a aquel cuyas leyes ellos han aprendido a dominar o han elegido para su estrategia de codificación. Esto distingue de sus predecesores a los amos y maestros del código actuales. Ellos nunca tuvieron tanto margen de maniobra ni sus servicios fueron tan valiosos como lo son hoy en día.[70] Como resultado de ello, la relación entre abogados, por un lado, y los Estados y sus leyes, por la otra, se ha transformado.
Sin embargo, a pesar de todo el margen de maniobra que han ganado para la manufactura de nuevo capital al investir los módulos del código legal a un conjunto siempre cambiante de activos, los abogados aún necesitan asegurarse de que sus esfuerzos de codificación serán reconocidos y aplicados por algún Estado. Después de todo, es la sombra de la aplicación coercitiva del derecho la que hace que los compromisos que construyen sean creíbles y escalables. Sin embargo, muchos abogados llegarán a muchos extremos para evitar dar a una corte la oportunidad de dictar un veredicto negativo sobre la codificación legal que han empleado para beneficios de cientos, si no es que miles, de clientes. Es por ello que han insistido cada vez más en resolver las disputas y pleitos fuera de la corte o en elegir el arbitraje en vez del litigio. Pero esto solo pone a los abogados en una posición extraña y bastante vulnerable. Dependen de la autoridad de las leyes estatales, pero evitan las cortes —guardianes tradicionales de las leyes— por miedo a que interfieran con su trabajo de codificación.
Algo se pierde, pese a todo, cuando los casos no se resuelven en una corte donde pueden ser vistos, diseccionados y criticados por otros, sino en su sombra. Los pleitos son el oxígeno que mantiene viva la ley y asegura que sea adaptada continuamente a un mundo cambiante. Cuando los casos ya no se revisan abiertamente, el derecho se estanca y los jueces pierden conocimiento y capacidades, con lo que dan razones a los abogados y sus clientes para tratar de evitarlos. En términos más generales, la resolución de disputas y pleitos en privado tiene costos sociales, además de beneficios, como ha señalado Steven Shavell. Los beneficios privados, sin embargo, no siempre se traducen en beneficios sociales.[71] Cuando áreas enteras del derecho son extraídas del espacio público que ofrecen las cortes, los beneficios privados de la resolución de disputas fuera de las cortes bien podrían superar a los beneficios sociales. De hecho, los principales beneficiarios de los arreglos privados quizá no sean ni siquiera las partes enfrentadas, sino sus abogados. A lo mejor dejan pasar una cuota mayor si llegan a un acuerdo, pero en total salen ganando porque en ausencia de casos que aclaren la ley su consejo se buscará más frecuentemente. Más aún, conforme pasa el tiempo los abogados privados se convierten en los únicos actores que repiten en la resolución de disputas sobre contratos, que ellos mismos prepararon, y pueden por tanto posicionarse como los únicos voceros del derecho con conocimiento de causa.
Las cortes también han cedido espacio a los árbitros privados, como se vio en el capítulo anterior. Los árbitros son a menudo abogados en ejercicio por su propia cuenta, con algunos profesores de derecho en la mezcla.[72] Los datos duros sobre el volumen de arbitrajes son difíciles de conseguir. Esto está en la naturaleza de la práctica de alcanzar acuerdos en forma privada y más en secreto que su contraparte pública. Con todo, los datos disponibles sugieren que las disputas y pleitos sobre transacciones globales importantes se resuelven cada vez más a través de arbitrajes, no de litigios, y se trata de casos grandes. Datos de 2013 basados en sondeos de despachos legales con prácticas sustanciales de arbitraje muestran que de 109 casos que esos despachos reportaron, la mayoría tenían más de 500 millones de dólares en juego y casi la mitad pasaban de los mil millones de dólares.[73]
El arbitraje empezó como una alternativa bienvenida a un sistema judicial que se movía con lentitud y atrajo disputas y pleitos porque era más rápido y barato y ofrecía árbitros con conocimiento del negocio, no jueces generalistas. Cada parte en el pleito típicamente elige a un árbitro y estos dos seleccionan a un tercero.[74] A pesar del hecho de que el arbitraje hoy en día ya no es ni rápido ni barato, como sí lo fue alguna vez, su cuota de mercado sigue aumentando. Las cláusulas de arbitraje obligatorio ahora aparecen regularmente en los contratos con consumidores y empleados que no tienen la fuerza para negociar e insistir en resolver el caso en una corte en la que pueden recurrir a procedimientos de demandas colectivas y otros beneficios procesales. Para proteger los intereses de los consumidores, la Oficina de Protección Financiera de los Consumidores de Estados Unidos, que se estableció después de la Gran Crisis Financiera, emitió una norma en el verano de 2017 que prohibió las cláusulas de arbitraje en los contratos de préstamos a consumidores con bancos y empresas de tarjetas de crédito de un lado. A pesar de ello, en una resolución conjunta aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Trump esta provisión rápidamente se eliminó, en otro ejemplo de cuánto se alinean muchas veces los intereses de los Estados y del capital.[75]
Como resultado de estas estrategias para evitar las cortes, la distancia entre el reconocimiento asumido y el reconocimiento real de la validez del trabajo que realizan los abogados privados va en aumento, y las afirmaciones que hacen los abogados para tranquilizar a sus clientes de que sus opiniones legales están ancladas en la ley se hacen cada vez más endebles. Más que cimentar sus opiniones legales en la jurisprudencia, deben adivinar cómo una corte podría decidir si un caso alguna vez llegara a ella. Sus propios clientes siguen el juego y siguen apoyándose en las “opiniones legales” que los abogados escriben como sucedáneo, porque son los principales beneficiarios de las estrategias de codificación de sus abogados. Otros, que se ven a sí mismos del otro lado de una disputa con estos clientes, podrían, sin embargo, negarse a ceder ante privilegios de prioridad o durabilidad no tienen un respaldo real por parte de las cortes. Para tener certeza legal, los tenedores de activos y sus abogados han cabildeado más bien para provocar cambios legislativos o regulatorios y han sido notablemente exitosos a la hora de conseguir lo que necesitaban. Después de todo, ¿quién no entendería la necesidad de certeza jurídica? Los vientos políticos, sin embargo, podrían estar cambiando. Si y cuando eso ocurra, el imperio de la ley que sostiene al capitalismo global, que ha sido tejido por estrategias privadas de codificación, podría empezar a tambalearse.
[1] Citado en Eileen Spring, “Landowners, Lawyers”, p. 58.
[2] Thomas Merrill y Henry Smith, “Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus Principle”, Yale Law Review 110 (2000):1–70.
[3] El Wall Street Journal reportó en 2016 que se había rebasado la tasa de 1 500 dólares por hora. Ver Sara Randazzo y Jacqueline Parlank, “Legal Fees Cross New Mark: $1500 an Hour”, Wall Street Journal, 9 de febrero de 2016, disponible en línea en www.wsj.com. James Fontanella-Kahn, Sujeet Indap, y Barney Thompson, “The Dawn of the Superstar Lawyer”, Financial Times, el 8 de abril de 2018, disponible en línea en www.ft.com.
[4] Para una mordaz revisión y evaluación de estas prácticas, ver nada más el veredicto de la Corte Distrital de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York contra Nomura Holding America, Inc., FHA v. Nomura, 18 de diciembre de 2014, 11cv6201-DLC.
[5] El despacho Milberg & Weiss, por ejemplo, fue acusado en 2006 de pagar sobornos a quejosos en demandas colectivas sobre garantías. Ver Julie Creswell, “Milberg Weiss is charged with Bribery and Fraud”, New York Times, 18 de mayo de 2006, disponible en línea en www.nytimes.com; con todo, el caso contra el despacho eventualmente fue descartado.
[6] Rande W. Kostal, Law and English Railway Capitalism (Oxford: Clarendon Press, 1994), p. 46.
[7] Hay una elaborada literatura sobre la organización interna de los despachos de abogados estadounidenses. Ver en particular Marc Galanter y William Henderson, “The Elastic Tournament: A Second Transformation of the Big Law Firm”, Stanford Law Review 60, no. 6 (2008):1867–1929. Sobre la profesión legal global y sus orígenes ingleses, ver también Marc Galanter y Simon Roberts, “From Kinship to Magic Circle: The London Commercial Law Firm in the Twentieth Century”, International Journal of the Legal Profession 15, no. 3 (2009):143–178.
[8] Maureen Cain, “The Symbol Traders”, in Lawyers in a Postmodern World, ed. Maureen Cain y Christine B. Harrington (Nueva York: New York University Press, 1994), con referencias a Weber y otros que han estudiado la relación entre el derecho y el capital.
[9] Sobre el ascenso de los grandes despachos legales de Estados Unidos, ver también Anthony T. Kronman, The Lost Lawyer: Failing Ideals of the Legal Profession (Cambridge, MA y London:Belknap Press de Harvard University Press, 1993).
[10] William D. Henderson y Arthur S. Alderson, “The Changing Economic Geography of Large U.S. Law Firms”, ssrn.com abstract 1134223 (2008) tabla 2, p. 8.
[11] Stacey Zaretsky, “The Largest Law Firm in the United States”, Above the Law, 16 de abril de 2018, disponible en línea en https://abovethelaw.com/2018/04/the-largest-law-firm-in-the-unitedstates/ (consultado el 29 de agosto de 2018).
[12] Ibid.
[13] Ronald J. Gilson, “The Lawyer as Transaction Cost Engineer”, en Palgrave Encyclopedia of Law and Economics, ed. Peter Newman (Nueva York: Stockton Press, 1998), 508–514.
[14] Ronald J. Gilson, “Value Creation by Business Lawyers: Legal Skills and Asset Pricing”, Yale Law Journal 94, no. 2 (1984):239–313, p. 297.
[15] Este dispositivo apareció apenas a mediados de los años ochenta. Para ver una historia de la píldora venenosa y los detalles de su estructura legal, ir a Marcel Kahan y Edward B. Rock, “How I Learned to Stop Worrying and Love the Pill: Adaptive Responses to Takeover Law”, University of Chicago Law Review 69, no. 3 (2002):871–915.
[16] Lipton es un socio principal en Wachtell, Lipton, Rosen and Katz en Nueva York. Ver http://www.wlrk.com/
[17] A principios de los años 2000 más del 60 por ciento de las empresas con venta pública de acciones en Estados Unidos habían montado píldoras venenosas. La cantidad desde entonces ha caído a menos del diez por ciento en las de Fortune 500. Ver www.sharprepellent.net para tener actualizaciones anuales.
[18] Elisabeth de Fontenay, “Law Firm Selection and the Value of Transactional Lawyering”, Journal of Corporation Law 41, no. 2 (2015):394–430, p. 397.
[19] Stephen Magee, “How Many Lawyers Ruin an Economy?”, Wall Street Journal, 24 de septiembre de 1992, página editorial.
[20] Ver Charles Epp, “Do Lawyers Impair Economic Growth?”, Law and Social Inquiry 16 (1992):585–623; seguido por Stephen P. Magee, “The Optimal Number of Lawyers: A Reply to Epp”, Law and Social Inquiry 17, no. 4 (1992):667–693, que fue seguido por otro texto de Epp.
[21] Ver Piketty, Capital, especialmente el capítulo 5, y Alvaredo et al., World Inequality Report.
[22] Alvaredo et al., World Inequality Report, p. 19 y 69; ver también las figuras 2.3.2a, “Top 1% vs. Bottom 50% National Income Shares in the United States and Western Europe, 1980–2016”, p. 70 del reporte
[23] Carol Silver, “States Side Story: Career Paths of International LLM Students, or I Like to Be in America”, Fordham Law Review 80 (2012):2383–2437; como explica Silver, los datos son difíciles de conseguir, pero las estadísticas del International Education Institute sugieren que el número de estudiantes extranjeros que estudian derecho fuera de sus países ha aumentado de 3 500 en 1985 a casi 9 000 en 2009. Ibid., p. 23. Silver también reporta que casi el 30 por ciento de todos los que hacen el examen para la barra de Nueva York tienen formación legal del extranjero. Ibid., p. 22.
[24] La referencia a la “vieja economía comparada” es a la comparación entre capitalismo y socialismo. Después de la caída del socialismo, parecía tiempo de comparar distintos sistemas capitalistas, pero concentrándose en las instituciones legales y de derecho. Ver Simeon Djankov, Edward Glaeser, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes y Andrei Shleifer, “The New Comparative Economics”, Journal of Comparative Economics 31, no. 4 (2003):595–619.
[25] Rafael La Porta, Francesco Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer y Robert Vishny, “Law and Finance.”
[26] En su artículo por el décimo aniversario los autores enfatizan que sus hallazgos no son sobre crecimiento, sino sobre el desarrollo de los mercados financieros. Puesto de otra forma, reflejan un mayor valor de los activos privados, pero no necesariamente una mejora en el bienestar económico en todos los ámbitos. Ver Rafael La Porta, Francesco Lopez-de-Silanes y Andrei Shleifer, “The Economic Consequences of Legal Origin”, Journal of Economic Literature 46, no. 2 (2008):285– 332.
[27] Holger Spamann, “The ‘Antidirector Rights Index’ Revisited”, Review of Financial Studies 23, no. 2 (2010):467–486; y concentrándose en datos históricos sobre el desarrollo de los mercados financieros, Raghuram G. Rajan y Luigi Zingales, “The Great Reversals: The Politics of Financial Development in the 20th Century”, Journal of Financial Economics 69 (2003):5–50.
[28] Citado en Benjamin R. Twiss, Lawyers and the Constitution: How Laissez Faire Came to the Supreme Court (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1942).
[29] Paul Brand, “The Origins of the English Legal Profession”, Law and History Review (1987):31–50 esp. p. 35.
[30] Harry Cohen, “The Divided Legal Profession in England and Wales—Can Barristers and Solicitors Ever Be Fused?”, Journal of the Legal Profession 12 (1987):7–27.
[31] Ibid., p. 11.
[32] Hay cierta disputa sobre el momento y ubicación exacta del hallazgo, pero eso no debería preocuparnos aquí.
[33] Ver Peter Stein, Roman Law in European History (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).
[34] Lucien Karpik, French Lawyers: A Study in Collective Action 1274–1991 (Oxford: Clarendon Press, 1999), p. 16. Ver también David Bell, “Barristers, Politics and the Failure of Civil Society in the Old Regime”, en Lawyers and the Rise of Western Political Liberalism, ed. Terence C. Halliday y Lucien Karpik (Oxford: Clarendon Press, 1997), 65–100.
[35] Karpik, French Lawyers, p. 33.
[36] Ver ibid., p. 59, que describe a la barra clásica que surgió en el siglo XVIII como un “actor legal y político dedicado a la acción liberal”. Pero ver también Bell, “Barristers, Politics”, que sostiene que los abogados no solamente se inclinaron hacia la política, sino que “los abogados y la política se inclinaron uno hacia otro” (p. 100), con lo que se reforzó una larga tradición de abogados al servicio del Estado. Ver también Bell, p. 86.
[37] La traducción del artículo dice “en los casos que les sean referidos, los jueces tienen prohibido emitir juicios por medio de disposiciones generales o regulatorias”.
[38] Alemania se convirtió en un Estado unificado apenas en 1871. Sobre el relativo atraso económico del país, ver Alexander Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1962).
[39] Dietrich Rueschemeyer, “State, Capitalism, and the Organization of Legal Counsel: Examining an Extreme Case— the Prussian Bar, 1700– 1914”, en Lawyers and the Rise of Western Political Liberalism, ed. Terence C. Halliday y Lucien Karpik (Oxford: Clarendon Press, 1997), pp. 207–228.
[40] Ibid., p. 208; la segunda cita se atribuye a A. Weissler.
[41] Kenneth F. Ledforth, “Lawyers and the Limits of Liberalism: The German Bar in the Weimar Republic”, en Lawyers and the Rise of Western Political Liberalism, ed. Terence C. Halliday y Lucien Karpik (Oxford: Clarendon Press), p. 228.
[42] La ley alemana sobre los jueces (Deutsches Richtergesetz, DRIG) estipula que el estudio del derecho en una universidad seguido de dos exámenes del Estado son requisitos básicos para un nombramiento como juez (sec. 5 DRIG); y según la sección 4 del Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), el Estatuto que regula la profesión legal, el acceso a la profesión legal está condicionado a ser elegible para la posición de juez.
[43] Robert W. Gordon, “The American Legal Profession, 1870–2000”, capítulo 3 en The Cambridge History of Law in America, editada por Michael Grossberg y Christopher Tomlins (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 73–126, p. 76. Nótese que pocos años después, en 1874, la Asociación de la Barra Americana ubicó el número de abogados en 64 000. Esto fue cuando la educación legal formal empezó a despegar y el número de abogados practicantes fue registrado.
[44] Justin Simard, “The Birth of a Legal Economy: Lawyers and Development of American Commerce”, Buffalo Law Review 64 (2016):1059–1134. Los datos históricos sobre el tamaño de las poblaciones estadounidenses están disponibles en línea en https://www.census.gov/history/www/through_the_decades/fast_facts/1870_fast_facts.html.
[45] Edward J. Balleisen, “Vulture Capitalism in Antebellum America: The 1841 Federal Bankruptcy Act and the Exploitation of Financial Distress”, Business History Review 70, no. 4 (1996):473– 516.
[46] Andrew Abbott, The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor (Chicago y Londres: University of Chicago Press, 1988).
[47] La primera mujer admitida a una barra estatal en Estados Unidos fue Babb Mansfield, en 1869. Ver American Women, en línea en https://memory.loc.gov/ammem/awhhtml/awlaw3/women_lawyers.html (consultado el 9 de agosto de 2017). La Escuela de Derecho de Harvard no admitió mujeres hasta 1950. Ver Robert W. Gordon, The American Legal Profession, p. 80.
[48] Ver Kronman, The Lost Lawyer, pp. 113ss.
[49] Gordon, The American Legal Profession, p. 74.
[50] Ibid., p. 99.
[51] Los datos están basados en datos históricos compilados por el Wall Street Journal y publicados en línea en el blog “The Faculty Lounge”. Ver http://www.thefacultylounge.org/2013/02/historical-data-total-number-of-law-students-1964–2012.html (consultado el 4 de noviembre de 2017).
[52] Estas estadísticas están disponibles para el público en línea en la página de la Asociación de la Barra Americana. Ver https://www.americanbar.org/resources_for_lawyers/profession_statistics.html (consultado el 29 de agosto de 2018).
[53] Lincoln Caplan, Skadden: Power, Money, and the Rise of a Legal Empire (Nueva York: Farrar Straus Giroux, 1993), p. 126.
[54] Hoy en día, 36 por ciento de todos los abogados en activo son mujeres, pero la proporción de las minorías, incluyendo a los afroamericanos y a los hispanos, se ha mantenido estable en apenas 5 por ciento. Ver las estadísticas de la ABA, disponibles en línea en https://www.americanbar.org/resources_for_lawyers/profession_statistics.html. La historia del nuevo estilo de las barras está bien capturada en la historia sobre el ascenso de Skadden. Ver Caplan, Skadden. Sobre la persistencia del cliché WASP (blanco, anglosajón y protestante) en los despachos legales respetables, ver Eli Wald, “Big Law Identity Capital: Pink and Blue, Black and White”, Fordham Law Review 83 (2015):2509–2555.
[55] Ver Caplan, Skadden, pp. 63 y 207.
[56] Ver Stuart Anderson, “Changing the Nature of Real Property Law”, The Oxford History of the Laws of England: 1820–1914 Private Law, ed. William Cornish et al. (Oxford: Oxford University Press, 2010), 1–54, p. 30, que cita a T. S. Williams de 1909.
[57] La legislación sobre quiebras y concursos es una excepción parcial, porque existe a nivel tanto estatal como federal.
[58] Sobre las decisiones políticas que dieron forma a la historia de la banca en Estados Unidos, ver Calomiris y Haber, Fragile by Design.
[59] Para una evaluación crítica de la competencia por el derecho corporativo en Estados Unidos, ver Mark Roe, “Delaware’s Competition”, Harvard Law Review 117 (2002): 588–624. Él sostiene que la competencia entre Delaware y la federación ha sido al menos igual de importante.
[60] “The Global 100: Firms Ranked by Headcount”, American Lawyer, 25 de septiembre de 2017, disponible en línea en https://www.law.com/americanlawyer/almID/1202798544204/ (consultado el 4 de noviembre de 2017).
[61] Hasta septiembre de 2017, esto incluía a Freshfields Bruckhaus Deringer (en el lugar 14 por sus ingresos brutos). Ver “The Global 100”, disponible en línea en https://www.law.com/americanlawyer/almID/1202798543572/.
[62] El VAB mide el valor generado por cualquier unidad involucrada en la producción de bienes y servicios.
[63] Para la aportación del sector de servicios legales a la economía de Reino Unido, ver The CityUK, “Legal Services”, 2016, disponible en línea en https://www.thecityuk.com/assets/2016/Reports-PDF/UK-Legal-services-2016.pdf (consultado el 4 de noviembre de 2017). Los datos sobre la aportación del sector financiero a la economía están disponibles en el reporte de la biblioteca de la Casa de los Comunes “Financial Services, Contribution to the UK Economy”, No. 6193, marzo de 2017, p. 5. Según estos datos, la aportación del sector financiero llegó a su máximo en 2009 con 9.1 por ciento del VAB.
[64] Ibid., p. 10.
[65] Otros despachos extranjeros en Londres se originan principalmente en la Europa continental y Australia. Ver City UK “Legal Services”, p. 6.
[66] Ibid., fig. 14, p. 19.
[67] Daniel Sokol, “Globalization of Law Firms: A Survey of the Literature and a Research Agenda for Further Study”, Indiana Journal of Global Legal Studies 14, no. 1 (2007):5–28, especialmente la gráfica I en la página 10 y el texto que la acompaña, de donde salen los datos que siguen.
[68] Ibid.
[69] Ver también la discusión en el capítulo 6.
[70] Sobre la transformación de la profesión legal estadounidense en particular, no tanto como resultado de la globalización sino del crecimiento y la reorganización interna de estos despachos, ver también Marc Galanter y Thomas Palay, Tournament of Lawyers:The Transformation of the Big Law Firm (Chicago y Londres: University of Chicago Press, 1991).
[71] Para ver un punto similar, ver Steven Shavell, “The Fundamental Divergence of Social and Private Benefits of Litigation”, Journal of Legal Studies 26, no. S2 (1997):575–612.
[72] Florian Griesel, “Competition and Cooperation in International Commercial Arbitration: The Birth of a Transnational Legal Profession”, Law and Society Review 51, no. 4 (2017):790–824.
[73] Ibid., p. 791.
[74] Ver, por ejemplo, la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, adoptada en primera instancia en 1985 y luego enmendada en 2006, disponible en línea en https://uncitral.un.org/es/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration
[75] Para ver los detalles, ver https://www.consumerfinance.gov/arbitration-rule/.