Kitabı oku: «Y va a caer... como decíamos ayer. Tomo 1: Informes mensuales de coyuntura política 1980-1984», sayfa 11
SER O NO SER... CON LA AYUDA DE DIOS
Uno de los aspectos más notables del período que nos ocupa es el resurgimiento de la política democratacristiana. En los meses que siguieron al plebiscito, la DC se había ido desdibujando de tal manera que difícilmente podía incorporarse su presencia al análisis político nacional. Sumida, como otros muchos, en un profundo debate interno, parecía condenada a la desintegración.
En estos momentos nadie puede afirmar si está o no condenada a la desintegración. Pero tampoco nadie puede dejar de notar que intenta reflotar su actividad.
Después del plebiscito se pudo apreciar que, en términos generales, la DC aceptaba como válidos los resultados que se publicaron oficialmente, aceptaba como consolidado y permanente el régimen, de manera que sólo pedía que le indicarán cuáles eran los límites dentro de los que se le aceptaba válidamente como oposición.
Sin embargo, las características del régimen no sólo pueden expulsar a alguien del país, sino que también puede arruinar un negocio. Los DC parecieron dedicarse básicamente a salvar su patrimonio e, incluso, a tratar de incrementarlo a fin de no ser barridos.
Pero la orientación a la economía tiene más bien un carácter defensivo y de mantenimiento. Las bases de una acción política eficaz no están meramente en la capacidad de mantener ciertos recursos económicos, sino en tener sectores sociales movilizables.
La transformación del Grupo de los Diez en la UDTCh (Unión Democrática de Trabajadores de Chile), que pasa a sustentar explícitamente una doctrina de innegables connotaciones demócrata cristianas, parece encaminada precisamente a la creación de una central sindical de esa tendencia.
Esta no es una medida aislada. Se podría decir que en todo el movimiento sindical se asiste a la arremetida de la reorganización impulsada por la DC. La salida de Frez de la dirección del FUT parece deberse a su renuencia en someterse a esta nueva orientación.
La Coordinadora Nacional Sindical podría reconocerse como una Central Sindical colocada más a la izquierda. Pero esto no impide que la DC pretenda mantener en ella una posición de importancia, a la vez que puede servirle de vehículo para intentar cooptar a ciertos dirigentes sindicales.
La fortaleza sindical que pretende construir la DC se vería reforzada por las vinculaciones internacionales con organizaciones laborales como AFL-CIO.
En todo caso, estas acciones no implican cambio político en la DC, sino la puesta en marcha de una estrategia destinada a constituir las bases sociales poderosas que respalden sus planteamientos políticos. Frente a la eventualidad de una continuidad prolongada del régimen, le da fuerza social suficiente para reclamar ser aceptada como oposición válida e influyente. Frente a la eventualidad de una crisis, la coloca en condiciones ventajosas para plantearse como alternativa.
Con estas acciones la DC entra abiertamente a disputar los sectores laborales con la izquierda, tratando de desplazar a estos últimos. En el intertanto podrá llegar a acuerdos con los grupos sindicales de orientación izquierdista, pero en el entendido de salvaguardar su independencia en ese sector siempre que tales acuerdos no vayan a beneficiar a aquellos.
Hay un elemento que parece prestar una ayuda considerable a la política reseñada. Se trata de los últimos acontecimientos relacionados con la iglesia chilena.
No es que postulemos que haya identidad entre la Democracia Cristiana y la Iglesia. Pero sí que existen ciertas afinidades o maravillosas coincidencias.
Gran escándalo produjeron las declaraciones del cardenal en que criticó duramente al régimen. Mayor escándalo aún las indignadas e irrespetuosas réplicas que lanzaron los sectores oficialistas. No era para menos, después de un período de progresiva legitimación del régimen y repliegue crítico, la Iglesia parecía pasar bruscamente a una oposición decidida.
Pero nadie podría acusar a las autoridades eclesiásticas de temperamentales. Lo que parece existir es una política consistente de agregación de fuerzas. Por una parte, se va progresivamente hacia la eliminación del techo que otorgó la Iglesia a ciertas actividades de oposición. Es posible que se considere que tal techo favoreció principalmente a grupos de izquierda en desmedro de grupos más cristianos. A la vez, se pretende entrar a disputar con los sectores de izquierda la dirección de la oposición y movilización popular. De aquí se puede entender hechos tan contradictorios como las declaraciones del cardenal y el desmantelamiento de la Vicaría.
La Iglesia no puede transformarse en una iglesia de ricos que lanza a los sectores populares en brazos del marxismo. Tampoco la Iglesia puede ayudar a grupos vinculados a la izquierda, pues el desarrollo de éstos tiene muy poco que ver con la Iglesia y su orientación.
De aquí que se pueda afirmar que las acciones de la Iglesia pueden colaborar bastante con la actual política de la DC.
VIOLENCIA POQUITA Y POLÍTICA TAMPOCO
Sabido es que la única oposición decidida que enfrenta políticamente el régimen es la de los partidos y movimientos de izquierda. La legitimación del régimen, o al menos la aceptación de su institucionalidad, que adoptó la DC después del plebiscito de septiembre, dejó a la izquierda en una situación precaria. Débil política y socialmente, deja de tener ese cierto tono de decencia que otorgaba el paraguas de la DC.
Las últimas acciones emprendidas por la DC colocan a la izquierda en condiciones aún más difíciles, pues debe competir con ésta más agudamente en el terreno social, sin contar con la organización y recursos adecuados, además que sin la Iglesia.
Por otra parte, la situación de los partidos no experimenta grandes variaciones. El PC parece continuar enfrascado en una fuerte polémica acerca de la «perspectiva insurreccional» y, en el intertanto, puede dedicarse a problemas de organización que aseguren su permanencia y eventual crecimiento, pero sin que ello implique la adopción de un programa político claro para hacer frente a la situación actual.
Continúa penando en la izquierda la crisis del Partido Socialista. Sumido en un profundo fraccionamiento, su política se hacía cada vez más difusa y tiene dificultades para expresarse en el plano de la acción, ya sea sindical, estudiantil o propiamente política.
Hay numerosas declaraciones, reuniones y acuerdos que parecieran, por momentos, anunciar la unidad de este partido. Incluso la prensa –comprendida la de derecha y oficialista– ha estado informando sobre estos hechos, mostrando indirectamente su preocupación por tal posibilidad. Pero tal unidad resulta difícil, a pesar de que si en algo hay unanimidad es en admitir que, a causa de ésta, la actividad del PS, en cada una y en el conjunto de sus fracciones, se deteriora continuamente.
En la actualidad, pareciera que los intentos unitarios tienden a la constitución de dos PS. Uno estaría formado por todos aquellos sectores que no adhieren a la directiva de Almeyda. El otro comprendería a estos últimos.
De todas maneras no resulta fácil saber qué es lo que ocurrirá definitivamente al respecto, puesto que si los socialistas entran a la discusión de la vía violenta, las posibilidades de unidad o fraccionamiento pueden ser distintas.
Como se ha señalado en otras oportunidades, la división del PS beneficia indirectamente a los llamados partidos «chicos». Estos habrían tenido un cierto desarrollo, justamente ocupando en parte el espacio que deja el PS.
Sin embargo, en estos partidos «chicos» tampoco las cosas serían muy tranquilas. La consolidación e institucionalización del régimen, juntamente con el planteamiento de una opción de carácter insurreccional, vuelven a plantear el problema de cómo hacer política.
Frente a esta pregunta no es extraño que se trate de constituir alternativas que de alguna manera combinen los conceptos de democracia y socialismo. De hecho, es perfectamente posible que se constituya alguna línea o tendencia para configurar un movimiento político de carácter socialista y democrático. Pero, no obstante los acuerdos en los principios, la dificultad puede producirse en relación a las formas de hacer política.
En efecto, uno de los atractivos mayores de esta tendencia radica en la posibilidad de comenzar a hacer política pública ahora, aún vigente el régimen creado por los militares. En tal caso podría tratar de lograr una ubicación de oposición tolerada similar a la que pretende la Democracia Cristiana. Sin embargo, en este intento táctico es posible que tal política tienda a poner más énfasis en el reformismo que en el socialismo, mirando más hacia el centro político.
Difícil resulta en todo caso saber la fuerza que podría llegar a tener una tal tendencia y quizás más difícil aún sea vaticinar su orientación definitiva. En todo caso es muy posible que en el futuro próximo el panorama se vaya aclarando.
En este contexto, la existencia de expresiones de violencia política opositora, como la de Radio Portales, contribuyen a estas rearticulaciones en los movimientos políticos de izquierda. Siendo poca la violencia, en todo caso está presente y es difícil que las agrupaciones políticas no se vean afectadas por esta presencia.
ENTRE 1º DE MAYO Y 21 DE DICIEMBRE
Desde hace algunos años el 1º de mayo se ha transformado en un día de protesta social por la oposición al régimen. Más o menos, pero siempre algo hay.
Este primero de mayo existían ciertas expectativas de que el movimiento laboral opositor fuera capaz de una presencia de importancia. Había a lo menos dos hechos que lo hacían probable.
El primero y más importante de ellos era los signos de unidad sindical que se estaban produciendo. Más aún, fueron todas las centrales sindicales de importancia las que conjuntamente convocaron a un acto para recordar la fecha.
El otro acontecimiento presente era la existencia de la huelga de los trabajadores de la mina de cobre de El Teniente. A pesar de que esta huelga es de carácter legal y se inscribe dentro de todas las limitaciones del Plan Laboral, el alto número de trabajadores involucrados y el tipo de actividad paralizada le otorgaban una gran importancia.
A pesar de lo anterior, el primero de mayo, en cuanto expresión de fuerza laboral opositora o de protesta social, se mostró bastante débil.
Fue suficiente que se prohibiera el acto programado y se cerrara el local respectivo para que él no se realizara. Los incidentes ocurridos fueron incidentes menores y los 141 detenidos fueron más expresión del deseo de mostrar capacidad represiva por parte de las fuerzas de seguridad, que del número o audacia de los manifestantes.
Un acto concurrido y combativo en el local del sindicato Panal se diluyó entre canciones y poesías, hasta terminar sin ningún incidente con las fuerzas de seguridad aportadas masivamente en el exterior.
Es posible que en todo éste opere, por una parte, un comprensible temor frente a una represión que insiste en mostrarse implacable. Por otra parte, también es posible que se haya producido un cierto desencanto en cuanto a este tipo de medios. En suma, no se ve qué es lo que se podría ganar y sí lo que se podría perder.
Pero, en realidad, lo anterior es más bien expresivo de la falta de plataforma política de la oposición. Lo que, evidentemente, opera como elemento desmovilizador. Nadie va a salir a gritar contra el gobierno puramente por darse el gusto de hacerlo y arriesgarse a sufrir sanciones severas públicas y privadas.
En todo caso, lo que parece valioso para la oposición se refiere más específicamente al movimiento laboral. Aquí las exigencias de una unidad organizacional y de acción son planteadas por las bases mismas del movimiento sindical.
Por el momento parece haber buenas perspectivas de que tal unidad se produzca. La reunión de la dirigencia de todas las centrales sindicales para recordar el primero de mayo estaría ratificando esta tendencia.
El primero de mayo Clotario Blest puso como fecha de la futura unidad sindical el próximo 21 de diciembre (aniversario de la masacre obrera de Santa María de Iquique en 1905), pero para que ello ocurra tendrían que producirse hechos positivos en esa dirección.
Por eso es que resulta particularmente de interés lo que está ocurriendo en la huelga de El Teniente. Ahí son las propias bases las que a gritos han estado imponiendo la unidad sindical como única forma de fortalecer a los trabajadores para enfrentar el conflicto.
Hecho significativo: después de profundas disputas entre los dos grupos sindicales más fuertes en El Teniente, se producen acuerdos de acción conjunta (a pesar de que son dos pliegos distintos), aun a costa de la renuncia de Guillermo Medina al Consejo de Estado.
La idea de unidad sindical, si empieza a darse a nivel de acción sindical efectiva, como estaría ocurriendo en el actual conflicto de El Teniente, podría robustecer considerablemente al movimiento sindical en su conjunto, agrupándolo en torno a una plataforma de lucha común.
Las consecuencias que esto puede tener en el proceso político son considerables, puesto que las reivindicaciones laborales principales necesariamente afectan el modelo económico y político vigente.
INFORME MENSUAL DE COYUNTURA POLÍTICA Nº 12
Santiago, junio de 1981
EL MODELITO QUE QUEDABA REGIO
Se ha venido diciendo que algo cambió desde el 11 de septiembre de 1980, cuando el Gobierno presentó los resultados oficiales del Plebiscito. Se ha venido diciendo que algo cambió desde el 11 de marzo de 1981, al darse comienzo a la vigencia de la nueva Constitución y del período legal de la transición. A partir de estas fechas se repitió en todos los tonos y en todas las caras que el régimen se había institucionalizado, que se había consolidado, que se había normalizado.
Juró el general Pinochet iniciando el período presidencial. Se trasladó a La Moneda. Solemnemente se puso en vigencia la nueva Constitución Política.
La Iglesia pareció ratificar la legitimidad del Gobierno celebrando un Te Deum de Acción de Gracias al iniciarse el período. La Democracia Cristiana desapareció de la escena política por largos meses, convencida de que habría de prepararse una estrategia de tiempo largo. Los partidos de izquierda se sumieron en un profundo debate interno respecto de las formas de enfrentar un régimen que parecía más fuerte de lo que se había pensado. El asunto de la lucha armada readquirió prestigio.
Sin meternos aquí en el espinoso tema de la verdad, baste señalar que tanto la Iglesia como los movimientos políticos de oposición empezaban a ubicarse como si fuera cierto. Como si la consolidación, la normalidad, la institucionalidad. Como si fuera.
Llamó la atención sí el apresuramiento con que se sucedieron, por parte del gobierno, medidas políticas de gran importancia entre el 11 de septiembre y el 11 de marzo. Para muchos, esto era un signo evidente del acuerdo básico alcanzado por los grupos en el poder. Poco importa. Lo cierto es que el ambiente generalizado era de que el régimen se había institucionalizado firmemente.
Cosa extraña. En el mes que nos ocupa parece irse extendiendo una sensación distinta. La nueva institucionalidad pierde su carácter de normalidad, de regulación ordenada, de parámetros legales dentro de los cuales se puede calcular. Con la institucionalidad viene a suceder lo que ya ha ocurrido con otras palabras, esto es, que cambian su significado. Así como la huelga no es huelga (como se entendía antes) y las elecciones no son elecciones (como las de antes), resulta que la institucionalidad tampoco parece ser lo que antes significaba.
Las apresuradas medidas que precedieron a la iniciación del nuevo período pudieron causar cierta extrañeza. Pero ahora resulta que en ámbitos esenciales comienza a percibirse la falta de normalidad.
La quiebra de un grupo económico de importancia, con repercusiones de gran envergadura en todo el sistema económico, pone en duda la afirmación tan manida de que «el modelo económico sí que funciona».
La represión, que se suponía declinando hacia niveles «normales», resurge con una fuerza inesperada, mientras el Poder Judicial no se constituye en ningún contrapeso de las medidas de la autoridad.
El Plan Laboral no sólo es cuestionado por las organizaciones de trabajadores, sino que, cuando es necesario pasa a ser sustituido por la ley antimonopolios (como ocurre con los sindicatos del cuero y calzado, a quienes se acusa de prácticas monopólicas por presentar pliegos de peticiones similares) o por el artículo 24 de la Constitución que otorga facultades inapelables al Ejecutivo para detener, relegar o expulsar del país a quien estime conveniente.
En suma, la institucionalización suscita expectativas de normalización, pero su funcionamiento muestra el carácter de discrecionalidad –y hasta arbitrariedad dirían los más críticos– que mantiene el poder. La normalidad no se produce ni a nivel de represión, ni en el funcionamiento laboral. Además, uno de los pilares básicos de cualquier institucionalidad, el Poder Judicial, no se muestra como un organismo regulador del Poder Ejecutivo, sino que se sustrae a tal objetivo y colabora como agente de control social de aquel.
Hay una duda, si no una quiebra, en las expectativas de normalidad. Esto podría tener incidencia en un cambio de actitud y comportamiento de parte de aquellos sectores que parecieron, en diversa medida, sustentar tal expectativa.
CON TODO RESPETO
La Iglesia –aquel misterio– viene hace tiempo buscando la forma de ratificar su perfil propio y su estatura. Hay un cambio hacia una mayor aceptación del régimen imperante en Chile, lo cual se manifiesta en la presencia oficial de la Iglesia en ciertos actos trascendentales del Gobierno y en una disminución de la crítica. Por otra parte, la Iglesia ya no se muestra tan generosa en cuanto a extender su manto protector sobre personas y organizaciones que muestren una tendencia de izquierda. Los cambios en la política de la Vicaría de la Solidaridad y en la actividad de las «Pastorales» obrera y estudiantil apuntan en una dirección. Lo mismo ocurre en relación a las publicaciones de la Iglesia.
Esto no significa que la Iglesia chilena «se haya pasado al Gobierno», sino que tiende a resaltar su perfil propio por sobre las contingencias políticas de gobierno y oposición. Pero esto no tiene una solución puramente abstracta, sino que se manifiesta en la tierra. Y una de las formas de manifestarse es precisamente en cuanto a su definición con respecto al régimen y el Gobierno.
De partida, la Iglesia tiene que empezar por reconocer que el Gobierno está ahí. Pero la afirmación de una identidad propia va más allá, puesto que la hace reconocer un principio de legitimidad del Gobierno existente. La vieja idea de «al César lo que es del César», no descansa meramente en que si así no se hace están las lanzas y espadas de los soldados romanos, sino en que se acepta la legitimidad del poder del César. Lo contrario sería la posición de los primeros cristianos, que desconocen toda legitimidad del poder establecido.
En este proceso de reafirmación de su propia identidad, la iglesia lanza –desde su altura– peticiones y recomendaciones hacia el poder establecido. Tal sería lo que ocurre últimamente con el pronunciamiento del Episcopado respecto a la carencia de un debate nacional. O la preocupación manifestada en relación a las transformaciones impuestas en el sistema educacional.
Ahora bien, en la medida que se mantenga y acentúe la normalidad nacional, es posible que no haya dificultades para constituir esta imagen de identidad propia de la Iglesia. El problema se plantea cuando esa normalidad se debilita.
Esto se debe ante todo a una razón sencilla. Cuando hablamos de «la» Iglesia en Chile estamos haciendo referencia a la posición de sus organismos regulares. Empero, es sabido que en la Iglesia –no obstante su férrea organización y disciplina– existen tendencias disímiles. Tales tendencias resurgen conflictivamente en momentos en que se altera esa normalidad.
Dado que el mes que analizamos se caracteriza por una aparente pérdida de la expectativa de normalidad, se explica la reaparición de tales tendencias dispares. Así las declaraciones del obispo Ruiz -Tagle en Valparaíso, adhiriendo firmemente a la política del Gobierno. Así el inicio de una huelga de hambre por parte de varios sacerdotes en la Catedral de Santiago, en solidaridad con estudiantes de oposición detenidos por el Gobierno en el interior de ese mismo templo.
El asunto puede ser aún más grave de persistir el quiebre de las expectativas de normalidad institucionalidad, puesto que en tal caso la Iglesia puede verse impulsada a sustraerse de la aceptación del régimen. En cierto sentido, en la situación chilena uno de los requisitos para la aceptación de legitimidad radica en la existencia de una sociedad y un poder regulador.
Parece poco probable que, en el corto plazo, se llegue a una situación intolerable de inestabilidad social y política, o que el poder público se separe de toda regulación normativa. No obstante, el actual clima que, a lo menos, debilita la expectativa de un proceso creciente de normalización, es posible que provoque en la Iglesia una actitud más crítica en relación al Gobierno.
Todo ello aún dentro de la tendencia más general de reafirmar el perfil propio de la Iglesia.
