Kitabı oku: «Y va a caer... como decíamos ayer. Tomo 1: Informes mensuales de coyuntura política 1980-1984», sayfa 12

LOS GRUPOS ECONÓMICOS SON BUENOS; LAS ESPECULACIONES SON MEJORES; LAS QUIEBRAS SON EXCELENTES

Quizás si el hecho económico y político más importante del mes sea la caída del grupo CRAV. Al menos es de seguro el más espectacular.

¿Qué pasó? Eso se irá sabiendo de a poco, o, como suele suceder, no se sabrá nunca por completo. En lo esencial, el asunto parece claro. El grupo Ross se metió en una especulación con respecto al azúcar a través de CRAV. Jugó al alza y acumuló. Tuvo mala suerte. Resultado: CRAV, una de las empresas más sólidas y seguras del país, cayó en la insolvencia. Su caída arrastró a CRAVAL y CODINA. Bancos nacionales y extranjeros quedaron con sus créditos impagos y en algunos casos –¡Oh, sorpresa!– ni siquiera cuentan con garantía.

Es de esperar que instituciones financieras y empresariales sigan cayendo. Esto debido fundamentalmente a dos factores. En primer lugar, porque hay varias empresas que comprometieron gran parte de su patrimonio en préstamos a CRAV sin contar con garantía suficiente.

En segundo lugar, porque el grupo Ross, si bien puede ser catalogado de mediano, se encuentra ligado a los grupos económicos más grandes del país. A través de COPEC se vincula con el grupo Cruzat; a través del propio Vial (que aparece como director de CRAV) se vincula con el grupo BHC. A la vez, parece tener también buenas relaciones con el grupo Matte.

Ross aparece como un gestor de intereses de los grupos más grandes (en el 70 fue el principal gestor de los Edwards), por lo que su caída resulta extremadamente peligrosa.

Difícil resulta vaticinar dónde se detendrá el rodado. Lo que es innegable es la magnitud de la catástrofe, en términos que algunos hasta se atreven a vaticinar la quiebra del modelo. Con los antecedentes que se tiene, al momento esto parece exagerado. Lo más probable es que se resuelva económicamente en términos de un aumento de la concentración de capitales en beneficio de los grupos Vial y Cruzat.

Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, la caída del grupo CRAV, y la forma en que se produce, estaría indicando problemas de fondo en el funcionamiento del modelo. A la vez, tales problemas se relacionan en forma bastante directa con el ámbito propiamente político.

Juntamente con la espectacular caída del grupo Ross (CRAV), se desarrolla por parte de la prensa expresiva de intereses económicos y de los personeros de Gobierno una intensa campaña orientada a minimizar los hechos (señalándolos como naturales), señalar su carácter favorable para la población en general y asegurar la no intervención del Estado en el problema.

De hecho, la situación se mantiene en el ámbito privado. Se juntan los acreedores. Se nombra liquidadores particulares a Fernando Léniz y Pablo Barahona. Y de alguna manera se trata de salvar la situación.

Sin embargo, lo anterior no desdice el carácter eminentemente especulativo que tiene el modelo en vigencia. Un mal negocio se puede producir en cualquier momento sin que ello signifique la quiebra. El problema se agrava cuando los negocios se realizan dentro de una cadena de créditos. Donde la mantención misma de la economía parece basarse en la existencia de un flujo constante de créditos, la disminución de éstos o un mal negocio puede producir una catástrofe.

En este sentido habría el peligro de una especie de caída del dominó financiero, derivada del estímulo que se ha hecho a la audacia empresarial, sin que exista control ni evaluación de los proyectos por parte del Estado.

La situación de CRAV sería indicativa de que el modelo económico no resulta tan brillante o, al menos, que su funcionamiento no es de los mejores. Pone en duda la aparente estabilidad económica que se sustenta en una creciente dependencia del crédito externo.

«DUROS» Y «BLANDOS» VIVITOS Y COLEANDO

En los Informes de Coyuntura de los últimos meses hemos venido sosteniendo que el «acuerdo básico» entre los sectores en el poder no implica el desaparecimiento de las diferencias, ni mucho menos cesar en las acciones encaminadas a imponerse.

Se podría señalar, en términos generales, que los denominados sectores «duros» y «blandos» siguen constituyendo una división importante. Hay un «acuerdo básico» (por algo son grupos en el poder) que hace referencia a los lineamientos generales del modelo económico y al carácter autoritario del actual régimen. Las diferencias radican fundamentalmente respecto al futuro político del actual proceso. Esencialmente son alternativas diferentes en cuanto a la forma de obtener estabilidad y evitar el peligro de un enfrentamiento político que amenace todo el sistema.

Los «blandos» preconizan una economía que funcione automáticamente, con nula participación estatal. El desarrollo mismo del sistema económico comprometería a crecientes sectores sociales que cada vez identificarían más sus intereses con los del modelo económico. (Así por ejemplo, si todos los trabajadores están en AFP privadas, se sentirán ligados al éxito económico de las inversiones de las AFP, lo mismo sucedería con los préstamos que obtengan o los ahorros que depositen). En este sentido la integración por el consumo resulta esencial. Lo anterior permitiría un proceso de apertura política controlada hasta estabilizar totalmente el sistema.

Los «duros» están también de acuerdo con las líneas generales del modelo económico, pero no consideran que desde ahí pueda iniciarse un proceso de apertura política bajo control. Por el contrario, consideran que el Estado debe crear mecanismos propiamente políticos de participación que permitan integrar a la nación.

Debido al desprestigio de la idea de partido único del régimen, resulta difícil que ésta se plantee directamente por los «duros», no obstante, parece siempre presente. En todo caso, esta orientación impulsa alguna intervención estatal en la economía, puesto que sólo ella puede garantizar un cierto populismo que legitime el movimiento político de adhesión al régimen.

En el momento que nos ocupa, la cuestión de la CRAV agudiza el conflicto duros-blandos. Lo agudiza precisamente porque la caída de CRAV junto con otros síntomas alarmantes (como la competencia tipo dumping a que se lanzan las AFP) estarían señalando la necesidad de algún tipo de mecanismo que asegure los intereses generales del capital. En términos más simples, se necesita un mecanismo que impida que los empresarios y grupos económicos se destruyan mutuamente en una competencia sin medida.

Este mecanismo no puede ser otro que el Estado. El asunto es, entonces, de qué tipo de Estado se trata. Y ahí «blandos» y «duros» plantean sus propios esquemas.

Para los primeros habría que recurrir a los medios tradicionales de arreglo de intereses, como es el caso del Parlamento y de los Partidos Políticos. Pero, a la vez, habría que considerar mecanismos de control que impidan el resurgimiento del conflicto político con los sectores populares. El ideal sería un Parlamento tipo siglo XIX que sirviera para formar los acuerdos de intereses necesarios.

Para los «duros» resulta más satisfactoria la idea de robustecer el aparato de Estado mediante la creación de un movimiento político de integración.

Ninguna de las dos soluciones está exenta de peligros que hacen extremadamente difícil su implantación. Por una parte, iniciar un proceso de participación política

–por muy controlado que sea– puede desembocar en un retorno de «la demagogia y la politiquería» y un recrudecimiento del conflicto político.

Por otra parte, el robustecimiento del Estado puede conducir a un creciente estatismo cuyos límites son difíciles de fijar.

Podría decirse que en el momento actual los duros vuelven a adquirir presencia frente a las dificultades que muestra el modelo económico. Hasta la crisis económica argentina sirve de fundamento a su crítica.

Por su parte, los «blandos» se lanzan en una amplia campaña de defensa del modelo, señalando precisamente el caso CRAV como una prueba de sus bondades.

La figura del general Pinochet sigue apareciendo como decisiva y no es extraño que cada sector pretenda representarla. De aquí el rebautizo que hace El Mercurio del modelo económico. Éste pasa a llamarse ahora «el-modelo-económico-del-presidente-Pinochet».

EL EXTRAÑO CASO DE LA SOCIEDAD QUE NO DORMÍA

Talvez sea conveniente considerar una visión que –entre los sectores en el poder y aun entre los otros– está bastante extendida. Esto es que la sociedad se muestra en general pasiva frente al acontecer político. Se dice –y se ha dicho textual– que la gente se interesa en el deporte, en los espectáculos, en la televisión, sin que se preocupe mayormente de los problemas políticos.

La visión anterior es profusamente difundida a partir del propio régimen. No sólo intentando convencer de que ello es así, sino porque corresponde también a la mentalidad predominante. En efecto, el elemento predominante de militar y tecnócrata se asemejan en cuanto a un tipo de mentalidad que no concibe la crítica. El militar manda y espera que se obedezca. El tecnócrata señala una solución y espera que esta se realice. Es natural que produzca extrañeza la aparición de la crítica, la desobediencia o la oposición. Es natural también que se difunda la imagen de una aceptación de la política. Lo que no es natural es que incluso dentro de la oposición se acepte esta imagen. Pero eso es otro cuento.

Por cierto que la protesta social, en un régimen como el chileno, no resulta fácil. Además de los mecanismos propios del control autoritario, el gobierno hace uso del secreto y del «factor sorpresa».

Es lógico que frente a medidas políticas sorpresivas los afectados busquen, en primera instancia, formas de adaptación. Pero, juntamente con esta adaptación, comienzan a darse formas de respuesta. Esta respuesta no está ligada necesariamente a una política gubernamental específica, sino que, en condiciones dadas, es capaz de cierto grado de iniciativa.

En el mes que nos ocupa, la protesta social se ha mostrado bastante activa. El rechazo a la política universitaria ha tenido numerosas, aunque reducidas, expresiones. Los pobladores siguen presionando (ahora con huelgas de hambre) por soluciones habitacionales. El movimiento laboral se organiza y moviliza en torno al rechazo del Plan Laboral impuesto por el Gobierno.

Frente al crecimiento de la protesta social ha aumentado la actividad represiva de los organismos correspondientes. Se ha hecho un difundido uso de la legislación represiva en términos de detenciones, relegaciones y sanciones administrativas, además de un visible aumento de presencia policial en las calles.

Este aumento de la actividad represiva es lo que contribuye –como señalábamos precedentemente– a un cierto quiebre en las expectativas de normalización institucional. En efecto, el hecho de que las autoridades académicas aparezcan directamente empeñadas en la represión estudiantil y que, lo que resulta aún más grave, el Poder Judicial esté perdiendo su función de control del poder, para transformarse sólo en un colaborador de éste, debilitan bastante la idea de institucionalidad. A esto hay que añadir el uso de mecanismos que fueron creados y empleados en el calor intenso de los primeros momentos de la intervención militar. Tal es el caso de llamar a presentarse ante la autoridad a los que se nombre, constituyendo un delito grave simplemente la no presentación en plazo mínimo.

Todo lo anterior, que quiebra las expectativas de normalidad, no lo hace el Gobierno por deseo propio, sino que para enfrentar el crecimiento de la protesta social.

Es necesario aclarar que la protesta social no es orgánica ni generalizada. Normalmente, aparece bastante aislada, sin trascender más allá de círculo específico del conflicto y sin comprometer a un número considerable de personas.

Sólo últimamente han aparecido formas aún incipientes de apoyo y solidaridad entre diversos grupos sociales. Algo hubo en la huelga de El Teniente y algo hubo en el actual movimiento de protesta estudiantil.

Es natural que la política de control del Gobierno esté precisamente encaminada a impedir tanto la manifestación de la protesta social como su interrelación. Sin embargo, tampoco es lógico esperar que necesariamente la protesta social tienda a crecer y articularse. Entre la rebelión y el conformismo hay una vasta gama de posibilidades cuya realización concreta no aparece predeterminada.

En el mes de mayo se produce un movimiento social que rebela bastante la complejidad por la cual pasa la protesta social. Nos referimos a la huelga de El Teniente.

Durante un momento pareció que se produciría la unidad sindical en ese mineral y que la huelga podría adquirir características que se alejaran de los límites estrictos del Plan Laboral. Los dos grupos sindicales parecieron reconciliarse frente a la Asamblea Sindical con el anuncio hecho por Guillermo Medina de que renunciaría al Consejo de Estado.

Pero la unidad se diluyó. No sólo volvieron a separarse los sectores de la Zonal y Caletones (que habían comenzado negociando separadamente con la empresa), sino que dentro de la misma Zonal se produjo una división. Medina logró que la mayoría de los sindicatos aceptara la última oferta de la empresa, pero el poderoso Sindicato Industrial de Sewell y Minas se negó a aceptarlo. La resistencia duró poco, los dirigentes de este sindicato firmaron la aceptación y toda la Zonal volvió al trabajo.

Un breve análisis del movimiento huelguístico puede mostrar algunos fracasos de importancia. Fracasó en cuanto a lograr la unidad sindical de El Teniente. Fracasó también en lograr una satisfacción significativa de sus peticiones. Más importante que eso, es que fracasó en llevar el conflicto más allá de los márgenes del plan laboral. Quedó circunscrito a la relación sindicato-empresa.

Pero no sólo hay fracasos en este movimiento. También hay fracasos en la posición gubernamental. En gran medida el Gobierno, aunque formalmente ausente, estuvo comprometido en el conflicto del Teniente. De alguna manera fue la puesta a prueba del Plan Laboral. Y el Plan Laboral no salió bien parado. El desarrollo del conflicto mostró en la práctica, y fue percibido así por los trabajadores, que era abiertamente favorable a la empresa. Esto ya había sido sostenido por los dirigentes laborales, pero su demostración práctica es posible que aumente el malestar y la oposición de los trabajadores.

Por otra parte, una de las finalidades básicas del Plan Laboral es eludida. Es innegable la politización del conflicto, para ello basta recordar que la asamblea pidió la renuncia de Medina al Consejo de Estado porque «se está con los trabajadores o con el Gobierno».

La forma misma en que se desarrolla el movimiento huelguístico tiene connotaciones que no pueden dejar de preocupar al Gobierno. Las manifestaciones masivas, los desfiles callejeros, la formación de «comités de huelga», son, entre otros, indicios del carácter que puede adquirir el movimiento laboral.

Por último, la mantención, hasta ahora, de la huelga en Caletones parece involucrar objetivos más amplios que la pura reivindicación sindical inmediata. Las crecientes acusaciones oficialistas de que tal movimiento estaría «politizado», estarían dando cuenta de la preocupación gubernamental al respecto.

EL MODO DE SER «ORGÁNICO»

Es notorio en los actuales momentos la falta de expresión política de la protesta social. Ello podría deberse a que los partidos y movimientos políticos de izquierda permanecen en una situación crítica. El Partido Socialista no parece haber podido superar la honda crisis que planteó su división, dejando un vacío que no logran llegar llenar los otros movimientos de izquierda. El Partido Comunista tendería al robustecimiento de su organización para plantear desde ahí el tema de la perspectiva insurreccional al resto de la izquierda. Esto provocaría en el interior del movimiento de izquierda una aguda discusión respecto de tácticas y estrategias, lo cual le quita presencia en el ámbito de la política nacional.

Habría dos tendencias básicas, aunque la definición de cada una de ellas resulta difícil. Quizás sí la diferencia básica esté en la adopción de una estrategia de oposición o de derrocamiento del actual régimen. Sin embargo, esta distinción tampoco es tan clara.

Hasta ahora la izquierda ha hecho oposición con un lenguaje de derrocamiento y nada impide la alternativa inversa.

Tampoco las acusaciones de «socialdemócratas» o «pro-soviéticos», que se lanzan las tendencias en disputa, ayudan a aclarar las reales diferencias.

Es posible que la reconocida capacidad organizativa del Partido Comunista tienda a reforzar una línea más «orgánica» en los movimientos de izquierda, lo cual redundaría –al menos en el corto plazo– en una escasa presencia social y pública del pensamiento de izquierda.

De aquí talvez se podría entender que, en la presente situación, frente a un debilitamiento de las expectativas de normalidad, no surjan alternativas políticas claras y explícitas de parte del movimiento opositor. No obstante, es posible que esta misma situación, de persistir, pueda conducir a un cambio en la tendencia «orgánica», reforzada por el tema de la violencia. No puede olvidarse que las discusiones sobre tácticas y estrategias –y el tema mismo de la violencia– se agudizan precisamente en la medida que se extiende la consideración de que se está frente a un régimen consolidado y estable. La pérdida de la expectativa de normalidad puede revitalizar la creencia de que son posibles formas de hacer política que no sean sólo las «orgánicas» encaminadas a un derrocamiento a largo plazo.

INFORME MENSUAL DE COYUNTURA POLÍTICA Nº 13

Santiago, julio de 1981

¿QUÉ PASA, QUÉ PASA... QUE EL MODELITO NO PASA?

Como para no aburrirse en el invierno, llueven acontecimientos tan espectaculares que hasta la clasificación para el mundial de fútbol se queda parpadeando. Los sucesos de Calama, la violencia política, la movilización sindical y una mejor situación económica resbaladiza tienen más intriga que la mejor telenovela en colores.

Ya no se trata, como hace algunos meses, de una serie aturdidora de medidas dictadas por el Gobierno frente a las cuales habría que preguntarse por sus intenciones y alcances. Ahora se trata de hechos que el Gobierno no ha puesto deliberadamente, sino ante los cuales se encuentra.

Por motivos de simplificación, quizás sea conveniente aceptar que el nudo del problema es fundamentalmente económico. Hasta hace poco se sostenía por el Gobierno, y la oposición no encontraba mucho hueco para rechazarlo, que el modelo económico funcionaba. Incluso si había fallas en otras esferas, se atribuían a que no se actuó con tanta perfección como en el terreno económico. Hasta algún economista sostuvo que la política se solucionaría si actuaban los economistas. Lo que son las vueltas de la vida: ahora a más de alguien se le podría ocurrir la idea inversa.

Es que en la economía las cosas no parecen marchar tan bien como los grupos en el poder habían pronosticado. Se celebró la más baja inflación de los últimos veinticinco años (0,1%), pero disminuyó ostensiblemente el ritmo de las exportaciones, también bajó el crédito externo, también las reservas en el Banco Central. Aumentan las presiones para que suba el dólar y las proyecciones respecto a la Balanza de Pagos y el crecimiento del producto se tornan mucho más modestas, con un tono, casi de humildad, que se había olvidado. Ahora los economistas oficiales hablan de recesión con la desenvoltura de un marciano.

Si se juntan algunos datos concretos, la situación económica resulta alarmante: desastre de la CRAV y todo lo que la rodea, escasez de billete dólar en bancos y agencias de cambio, licitación de 300 fundos en el sur, caída de las ventas en el comercio, bajas en la construcción y en la industria, son, entre otros, signos evidentes de un momento difícil en la economía.

En torno a esta situación se produce una fuerte reacción de la pugna al interior de los grupos en el poder. Al ofrecer distintas alternativas para solucionar la crisis, se hacen más claras las diferencias entre los que se han denominado sectores «duros» y «blandos». Entre estos últimos se ubican los grupos económicos y el equipo técnico de los mismos, los que transitan fluidamente entre puestos en el Gobierno y en la empresa privada. En los primeros se alinean ideólogos del «nacionalismo» y del autoritarismo militar. Para los «blandos» la receta es: «dejar hacer, dejar pasar, que la economía se arregla solita». Para los «duros» el momento estaría demostrando la necesidad de la intervención estatal, ya sea subiendo el dólar, levantando protección arancelaria, actuando sobre los impuestos o recuperando el Estado mayor gestión económica.

Al comienzo los «duros» emprenden un fuerte ataque al curso de la economía, denunciando el caso CRAV como una demostración palmaria de la necesidad de la intervención estatal. En este terreno los «blandos» responden minimizando el caso CRAV y hasta mostrándolo como un ejemplo de las bondades del modelo.

Pronto se abrió un segundo frente. Se trata del descubrimiento de que el «robo del siglo» del Banco del Estado de Calama fue realizado por personal de dirección de CNI, quienes además habían asesinado a dos trabajadores del Banco sobre quienes hicieron recrear las sospechas.

Los espeluznantes detalles de este hecho, junto con situaciones poco claras en la investigación, fueron profusamente destacadas por la prensa más adicta a los sectores «blandos». El Mercurio llegó a proponer editorialmente trasladar las labores represivas de la CNI a Carabineros y Servicio de Investigaciones.

El Gobierno y los «duros» trataron de minimizar los hechos y hasta mostrarlo como un ejemplo por no ocultar los hechos.

Estando en boga los términos futbolísticos, más de alguien debió pensar que «blandos» y «duros» estaban empatados a uno. Los duros anotaban el gol del «caso CRAV» y los blandos replicaban con el gol del «caso Calama». Se atacaban así centros esenciales en uno y otro sector: por un lado los grupos económicos y por el otro la CNI. Piedras angulares del modelo económico y del régimen autoritario, respectivamente.

A los hechos anteriores se fueron agregando, por uno y otro lado, nuevos alcances. Por una parte se fue generalizando la crítica al modelo económico, mientras, por la otra, apareció una sugestiva reactivación –real o publicitada– de una serie de procesos judiciales que de alguna manera implicaban –aunque sólo fuera por el rumor– a organismos de seguridad. El caso de los pasaportes ligados al asesinato de Orlando Letelier, el caso Anfruns, el caso del fraude del IVA, el caso del COVEMA, volvieron a aparecer en los diarios.

En cierto sentido, el enfrentamiento «duros-blandos» volvía a mostrar la virulencia que tuvo el año pasado inmediatamente antes del llamado a plebiscito.