Kitabı oku: «Y va a caer... como decíamos ayer. Tomo 1: Informes mensuales de coyuntura política 1980-1984», sayfa 13
¡ATRÁS SIN GOLPES! O ¡CUIDADO CON LA GALERÍA!
Se agravó la espiral del enfrentamiento entre los grupos en el poder, pero, a menos que alguno de ellos esté en condiciones de imponerse totalmente, era de esperar que se calmaran los ánimos y se volviera a un acuerdo. Esto porque la pelea no es en un salón privado, sino frente a un público que puede beneficiarse de los golpes que se dan entre ellos. Y en este punto vuelven a necesitarse mutuamente.
En el «caso CRAV», los grupos económicos muestran una extraña solidaridad entre supuestos competidores, tratando de salvar lo salvable del descalabro, de manera de limitar lo más posible sus efectos. En el «caso Calama» se comienzan a aclarar dudas, a la vez que se muestra la necesidad y eficiencia de los organismos de seguridad frente a una inusitada activación de la violencia política.
Ahora bien, ya sea por falta de imaginación, o porque no existe realmente otra alternativa, los términos del nuevo acuerdo consisten en dejar básicamente las cosas como estaban antes. Sin embargo, dentro de esta permanencia, podía señalarse que el triunfo, hasta ahora, parece ser más de los sectores «blandos».
Así como anteriormente, el año recién pasado, el conflicto acerca de la nueva institucionalidad pudo concebirse como resuelto a favor de los sectores más «duros», es posible pensar que en este conflicto respecto al modelo económico la resolución tiende a ser favorable a los sectores «blandos».
En ambos casos no parece tratarse de triunfos definitivos, puesto que se conservan posiciones y la situación aparece perfectamente reversible. El que los grupos económicos logren imponer un «dejar hacer», aun a costa de una recesión económica, no impide que los resultados de este «dejar hacer» sean observados críticamente por sus oponentes. De la misma manera que el modelo institucional no dejará de ser cuestionado por quienes hubieran preferido otro. Sin embargo, las actuales reuniones entre «duros» y «blandos» y la rapidez con que se busca el consenso, son un síntoma claro de la gravedad con que es percibida la situación económica.
En todo caso, el problema principal sigue siendo que la resolución definitiva de los conflictos internos de los grupos en el poder no parece posible sin una apelación a sectores externos. En cuanto subsista la definición defensiva del régimen, la regla de oro consiste en no acudir a sectores sociales (y políticos) que hoy están fuera del poder. No obstante, la subsistencia de estos antagonismos internos puede ser cada vez más tentadora la opción de recurrir a sectores externos para dirimir esas diferencias. Entretanto, se va tirando.
QUIÉN PAGA LA CUENTA DEL (DE-)SASTRE DEL MODELO
La solución más probable para superar el momento económico parece ser aceptar simplemente un período de recesión. La fórmula ya se repite hasta en los jardines infantiles: como hay una caída en la entrada de dólares, se produce una contracción del circulante; como hay menos dinero, suben las tasas de intereses; como suben las tasas de intereses, vuelve a haber atracción para la entrada de capitales; como vuelve a haber entrada de capitales, se reactiva la economía. Y así por delante.
Además, se dice, que la recesión no sería tan grave, puesto que se lanzarían al mercado los dineros de las Cajas de Previsión antes empozados, y, a mediano plazo, las Administradoras de Fondo de Pensiones también inyectarían cuantiosas sumas. Todo ello orientado a la construcción permitiría que la recesión fuera suavecita.
Sin embargo, aunque esto fuera cierto, habría recesión y la recesión tiene que pagarla alguien.
Teóricamente podría significar una disminución de las utilidades de los empresarios o una pérdida de ingresos de los trabajadores o ambos casos a la vez.
La definición de quién paga la recesión no es una consecuencia objetiva de la economía, sino que depende de una decisión política. En consecuencia, depende de quién tiene el poder político para imponer a un sector determinado el peso de la recesión.
No hay que ser demasiado mal pensante para suponer que los grupos económicos están más cerca del poder y que, por lo tanto, tratarán de que las desventajas de la recesión sean soportadas por los trabajadores y algunos empresarios de poca monta.
Desde ya los grupos empresariales han estado insistiendo en que el mecanismo de reajuste automático de remuneraciones, de acuerdo al alza de la inflación, debería ser derogado. Con una desenvoltura que sólo el poder otorga, aseguran que el mejoramiento económico exige que bajen las remuneraciones al trabajo y lo dicen explícitamente así.
Es decir, baja de salario y cesantía.
Con una capacidad de previsión que envidiaría algún comprador de azúcar despistado, se han ido estableciendo las condiciones para que ciertos sectores sociales paguen la recesión sin mayor escándalo.
En las capas medias, la desarticulación de las organizaciones estudiantiles y la destrucción de los colegios profesionales son algunos de los elementos que concurren a limitar la capacidad de protesta.
En los sectores populares, el Plan Laboral y la represión a la acción política de izquierda también tienden a asegurar una escasa posibilidad de defensa frente a la imposición de los grupos económicos. Particularmente es el plan laboral el que permitiría mantener atomizada la protesta del sector trabajador, que tendría que asumir en cada empresa el pago de la recesión económica.
Es conveniente recordar que la situación precedentemente descrita no ha sido creada solo para la especial coyuntura recesiva, sino que constituye un requerimiento constante para el modelo de acumulación económica vigente. Lógicamente que en momentos críticos su aplicación se torna más estricta.
En el aspecto más puramente económico se barajan por el Gobierno dos posibilidades para dar un nuevo impulso al modelo. La primera se orienta a la obtención de créditos externos a través del apoyo que el Gobierno de Reagan estaría dispuesto a otorgar al régimen chileno. Esto permitiría reemplazar la caída de los créditos externos privados por créditos del Gobierno de EE.UU. y de organismos internacionales donde éste es decisivo. La reciente aprobación por el Banco Interamericano de Desarrollo de un crédito por 161 millones contó con el apoyo de Estados Unidos y parece ser indicativo de esa dirección.
La segunda posibilidad consiste en recurrir al cobre. Vale decir, otorgar facilidades para que el capital externo se apropie del único negocio en que ha tenido siempre interés: la gran minería del cobre. Aquí sí que podría lograrse inversiones cuantiosas. El problema es que esta opción choca con ciertos sectores que se oponen a la desnacionalización del cobre. Es posible que dentro de los círculos militares sea bastante fuerte esta oposición, ya que el control de Codelco asegura no sólo un flujo de divisas para el Estado, sino un poder de negociación a nivel internacional. Talvez el tema del cobre se transforme pronto en otro punto de enfrentamiento entre sectores «duros» y «blandos».
QUE SE MENEE, PERO QUE NO SE ROMPA
Ante estos conflictos al interior del régimen, la Democracia Cristiana sonríe como la Mona Lisa. Es que tales discusiones podrían permitir que este movimiento político lograra entrar como socio o allegado de uno los grupos.
Como se ha venido repitiendo, después del Plebiscito Constitucional la Democracia Cristiana ha tendido a la aceptación –al menos momentánea– de la legitimidad del régimen, para lograr desde ahí ser a su vez aceptada por éste. Se trata de jugar políticamente desde dentro, desistiendo del enfrentamiento desde fuera.
En este empeño es posible apreciar en el último tiempo una disminución de los liderazgos personales y su reemplazo por representantes del aparato del partido. A la vez, se acentúa el giro hacia posiciones más de centro-derecha, eludiéndose todo contagio con la izquierda política.
La creación de la Unión Democrática de Trabajadores de Chile, a partir del Grupo de los Diez, está explícitamente encaminada a contar con una Central Sindical propia, sin desviaciones de izquierda. Lo mismo es posible apreciar en declaraciones públicas de algunos democratacristianos, que dan por imposible todo acuerdo con la izquierda.
En el conflicto político entre «duros» y «blandos» la DC puede encontrar puntos de contacto, pero, a la vez, la forma en que se estructuran los actores del conflicto hace difícil que pueda aparecer apoyando a unos u otros. Se aproxima a los «blandos», en cuanto éstos ofrecen alguna forma de apertura política, pero se separa en relación a un modelo económico que tiende a la total prescindencia del Estado. Se aproxima a los duros en cuanto éstos presionan por una mayor injerencia del Estado en la economía, pero se separa frente a su concepción profundamente autoritaria del régimen político.
En estas condiciones resulta difícil esperar que la DC se alinee con los que ahora aparecen como actores principales del conflicto interno. La tendencia será entonces preservar una cierta independencia e ir ocupando espacios sociales.
En la presente coyuntura desarrolla la crítica frente a los aspectos negativos que muestra el modelo económico o los escándalos vinculados a la CNI. Sin embargo, no se compromete a la movilización social tendiente a modificar la actual situación. Este comportamiento parece concordar con la línea que adapta la DC en el último tiempo.
Se trata de reemplazar en el interior de las instituciones, no de echarlas abajo. En cierto sentido, la DC vuelve a recuperar la idea de que ella es el heredero natural, ya no directamente de la intervención militar; pero sí del régimen constituido por esta. Desde esta perspectiva puede pretender llegar a ser vista en el futuro como el tronco político alrededor del cual se agrupen el centro y la derecha, jugando un papel similar a la UCD española.
Eso en el largo plazo. En el corto se trata de ganar un espacio al interior del régimen, aunque sólo sea como la opción tolerada. En la actualidad es perceptible un cierto acercamiento entre los grupos en el poder y la Democracia Cristiana. Al menos parece haber un diálogo posible, como lo demuestra la participación conjunta de personeros de uno y otro sector en alguna reunión de análisis.
Lo anterior explica, en parte, la poca movilización social emprendida por los sectores medios frente a situaciones en que era de esperar se produjera. La DC no está dispuesta a embarcarse en una movilización social que pudiera conducir a una quiebra institucional. Teme que en ese caso su capacidad de control pudiera ser nula. Los ejemplos recientes de Centroamérica refuerzan esa idea.
HACIENDO LAS IDEAS A MANO
Pocas modificaciones se pueden notar en la situación de los partidos políticos de izquierda. Continúa la división del Partido Socialista, los comunistas seguirían organizándose y los partidos chicos discutiendo ponencias. El MIR seguiría en lo suyo.
Eso puede no haber cambiado mucho, pero sí se notan modificaciones en otros aspectos de importancia que pueden influir grandemente en su comportamiento futuro y que, en el momento presente, se traduce en una mayor actividad del movimiento político de izquierda.
Cuando el Partido Comunista planteó el tema de la perspectiva insurreccional y el papel de la violencia, colocó a todas las organizaciones políticas de izquierda ante la necesidad de definirse al respecto. De alguna manera, los partidos se habrían volcado al interior en largas discusiones respecto a la validez y alcance de una táctica como la propuesta. Además, para nadie es un misterio que el tipo de táctica política condiciona fuertemente el tipo de organización apropiada.
En cierta medida, esta actitud provocaría un mayor grado de autonomía de la organización social (sindical, estudiantil, poblacional) respecto del partido. Lo que, por otra parte, dificulta las relaciones y coordinación de la movilización social, la cual tiende a permanecer aislada.
En el período que nos ocupa, más que una discusión sobre tácticas, se estaría tratando de constituir socialmente las distintas opciones. En concreto, aquellos que proponen una vía violenta o armada tratan de mostrar en los hechos una creciente presencia de violencia política opositora. Aquellos más partidarios de la movilización social de masas, intentan presentar un creciente desarrollo de ésta.
Naturalmente que resulta absurdo separar tajantemente la violencia política de la movilización de masas. De la misma manera, carece de sentido pensar que tales opciones son decisivamente opuestas y no pueden concurrir, voluntaria o involuntariamente, en la acción política.
Esas y otras aclaraciones de elemental lógica política se dan por supuestas. Lo que aquí interesa destacar es que, en el momento actual, poner el énfasis en el desarrollo de la movilización popular es cosa muy distinta que ponerlo en el desarrollo de un aparato armado. Ahora bien, es posible apreciar cómo los partidarios de una u otra opción se efuerzan por constituirla socialmente.
En cuanto a la violencia política opositora, ella ha venido poco a poco a presentarse como algo normal. No es que haya adquirido mucha importancia, pero lo que alarma es que parece recorrer los primeros pasos que en otros países han llegado a transformarla en incontrolable.
Es cierto que, después de los sucesos de Calama, no es extraño que surjan dudas respecto a si ciertos hechos de violencia política deban ser atribuidos a organizaciones políticas de izquierda. Sin embargo, también es posible percibir que no hay apresurados desmentidos de parte de éstas.
El problema de la violencia política se agudiza en la medida que no es extraño que surjan comandos irregulares de derecha, dispuestos a colaborar con los organismos represivos del régimen para eliminar la violencia política de izquierda. Como el enfrentamiento directo entre comandos de izquierda y comandos de derecha es extremadamente difícil, termina por atacarse a los sectores periféricos, muchas veces meros simpatizantes y aún neutrales. En estas circunstancias, la espiral de la violencia suele resultar incontenible; se está más seguro disparando en el monte o en la calle que mirando televisión en la casa.
Por el momento, tal escalada de violencia no parece estar cercana, pero no se puede descartar su posibilidad con la misma seguridad que hace algunos años.
En la otra opción, centrada en la movilización de masas, también se producen hechos tendientes a constituirla socialmente. De ellos, el más importante resulta la presentación del «pliego nacional» por parte de la Coordinadora Nacional Sindical.
A primera vista, el «pliego nacional» se presenta como una suma de demandas de diversos sectores sociales. Sin embargo, la irritación que causa su presentación en el Gobierno y en los grupos en el poder está revelando su verdadera importancia.
En efecto, se trata realmente de un pliego «nacional», y este pliego «nacional» es presentado, justamente, por la central sindical que está más cerca de la izquierda.
La política laboral del gobierno se había orientado precisamente a la atomización de la organización laboral, limitando la actividad de las federaciones y facilitando el paralelismo sindical dentro de cada empresa. El Plan Laboral restringe, justamente, la negociación colectiva al ámbito de cada establecimiento particular, en términos bastante desmedrados para el sector trabajador.
En estas condiciones, la presentación de la Coordinadora Nacional Sindical plantea un abierto desafío para la política del Gobierno.
La Coordinadora no sólo cuestiona el Plan Laboral, sino que prácticamente aparece asumiendo la crítica de todos los aspectos negativos del régimen. La cesantía, los bajos salarios, la Reforma Previsional, la situación de pequeños y medianos agricultores, la escasez de vivienda, son señalados como preocupación legítima de los trabajadores, frente a los cuales hacen peticiones expresas. Más aún, se llega a hacer reserva, pero sin renunciar a ella, de crítica propiamente política.
La preocupación inmediata de los grupos en el poder apunta básicamente a dos hechos. En primer lugar, que se pueda producir en torno a la Coordinadora Nacional Sindical un reagrupamiento del sector laboral del tipo de lo que fue la CUT. A diferencia de la UDTCh, de inspiración democratacristiana, la Coordinadora no se presenta como un sector de trabajadores agrupados en torno a una concepción ideológica determinada, sino como la organización laboral que asume una demanda de carácter nacional.
En segundo lugar, el «pliego nacional» de la Coordinadora se presenta en un momento económico difícil, que requiere la plena aplicación del Plan Laboral del Gobierno para controlar la protesta social que puede provocar la recesión.
Los grupos económicos reclaman –y en esto El Mercurio es un vocero a gritos– que se reprima drásticamente este resurgimiento del movimiento sindical. El Gobierno procede en consecuencia y todos los dirigentes de la coordinadora son apresados. Se les acusa, para empezar, de una supuesta representación ilegal, siendo difícil saber con qué se continuará.
La situación es bastante delicada. Por una parte, para el Gobierno puede parecer necesario abortar en sus inicios la emergencia de un movimiento sindical poderoso. Por otra parte, las medidas de represión pueden producir un acercamiento solidario de sectores sindicales no directamente vinculados a la Coordinadora. Esto último no resulta tan improbable si se recuerda la generalizada crítica al Plan Laboral, aun en dirigentes sindicales oficialistas.
Es natural esperar que el Gobierno trate de restringir, cortar, aislar el conflicto en términos de poder controlarlo eficazmente. A la vez, los sectores sindicales involucrados buscarán apoyo y solidaridad lo más generalizada posible. El pronóstico final se hace difícil. No obstante, la presentación del «pliego nacional» ha vuelto a plantear la vigencia de una alternativa popular a la política del actual régimen.
HAY QUE DISTINGUIR: UNA COSA ES EL GOBIERNO, LO DEMÁS ES OTRA COSA
En el informe anterior se caracterizó el clima general del mes como una pérdida de las expectativas de normalidad. Tal clima persiste, agravado por el empeoramiento de la situación económica, el «caso Calama», la violencia política y el desafío de la Coordinadora Nacional Sindical.
A esto habría que agregar un hecho que, si bien no es reciente, ha tendido a agravarse en el último tiempo.
Parecería estarse produciendo una progresiva desarticulación del poder público. Se estaría produciendo una creciente autonomía de diversos sectores, sin que se aprecie claramente la esfera de decisión del Gobierno, puesto que éste no asume la responsabilidad de lo que ocurre en las distintas esferas.
Una cosa es el Gobierno y otra la CNI. Una cosa es el Gobierno y otra la política económica. Esto se repite insistentemente, negándose el Gobierno a asumir la responsabilidad por lo que ocurra en uno y otro sector. El Gobierno se coloca en un plano superior, tan alto que no se sabe cómo se relaciona con las cosas que ocurren en la tierra.
No sólo el analista académico, sino cualquier sujeto que quiere comprar una casa, ahorrar unos pesos, hacer un negocio o hasta buscar un empleo, necesita preguntarse qué es lo que le conviene a los principales grupos económicos para saber a qué atenerse.
De la misma manera, las expectativas respecto al comportamiento de los organismos de seguridad requieren saber la situación por la que pasan y los problemas que tienen.
Las fuerzas armadas son las fuerzas armadas, la CNI es la CNI, la política económica es la política económica. El gobierno es otra cosa.
Es cierto que esto responde a una intención, por parte del Gobierno, de negar su responsabilidad en ciertos hechos criticables. Pero, al mismo tiempo, es indicativo de una feudalización de las decisiones que hacen perder la idea de política nacional. Esto contribuye a la incertidumbre, deterioro de la expectativa de normalidad y, lo que quizás pueda resultar más grave, contribuye a una baja capacidad hegemónica del régimen. Lo último significa que resulta difícil para la población sentirse formando parte de un sistema común de decisiones, insertos en un destino nacional, frente al cual pueden tener diferencias, pero que lo sientan como propio.
La extrema visibilidad de los grupos que están decidiendo en cada esfera hace demasiado patente la condición de objeto en que se encuentran grandes sectores sociales respecto a las consecuencias, muchas veces adversas, de tales decisiones.
Lo anterior explica, al menos en parte, los esfuerzos ideológicos que se despliegan para convencer a la población de las bondades del modelo. Esto resulta particularmente claro en relación a la actual situación crítica de la economía. Aquí también aparece nítidamente que el diagnóstico y las soluciones propuestas son dadas por los grupos económicos. Que también participen en eso algunos representantes de Gobierno no le da mayor amplitud, pues es tal el tránsito de algunas personas entre puestos en el Gobierno y puestos en la empresa privada, que sólo una excelente memoria podría recordar si en determinado momento se encuentran y hablan a nombre del Gobierno o de una empresa privada.
En tales condiciones, la polarización social suele correr paralela con la polarización política y el conflicto actual y potencial tendería a agravarse en el futuro.
El extremismo político, que ya se hace presente en uno y otro bando, puede sepultar a las tendencias conciliadoras si estas no se muestran capaces de constituirse, en un plazo limitado, en alternativas reales.
