Kitabı oku: «Y va a caer... como decíamos ayer. Tomo 1: Informes mensuales de coyuntura política 1980-1984», sayfa 6

AÑO 1981
INFORME MENSUAL DE COYUNTURA POLÍTICA Nº 7

Santiago, enero de 1981

AL QUE MADRUGA, ¿DIOS LE AYUDA?

A primera vista resulta extraño el actual dinamismo del gobierno para plantear y realizar políticas de gran envergadura nacional, encaminadas a transformar profundamente instituciones fundamentales. En efecto, el observador talvez tienda a esperar durante este período una relativa calma, un proceso de acomodo y negociaciones entre los sectores en el poder y la elaboración y pulimiento de programas de largo plazo que se iniciarían en el próximo período presidencial.

Porque hay un período presidencial de ocho años que se inicia el 11 de marzo de 1981.

Sin embargo, lo que más se remarca con las medidas adoptadas es la continuidad presidencial. Hay, incluso, prisa; una velocidad en las transformaciones y modernizaciones que pareciera no poder esperar siquiera un par de meses, en circunstancias que durante más de siete años estuvieron esperando.

La Reforma Previsional, la Nueva Ley de Universidades, el cambio ministerial y la propuesta a muy corto plazo de cambios decisivos en la política minera y de salud, parecen ser los acontecimientos más relevantes al respecto.

Sobre estos acontecimientos habría que tratar de descubrir la «tendencia» –en término de los sectores discernibles al interior del régimen–, pero dicha tendencia debe entenderse de acuerdo a la oportunidad, al momento en que se realiza.

Después de la agudización del conflicto duros-blandos que se produjo en el primer semestre del año 80, pareció irse constituyendo cada vez más una especie de acuerdo consistente, en sus líneas básicas, en que los sectores «duros» renunciaban a sus pretensiones estatistas y nacionalistas en la economía y los sectores «blandos» abandonaban sus proposiciones tendientes a lograr una cierta apertura política.

En suma, una especie de pacto entre los sectores en pugna asegurarían una línea coherente al régimen que combinaba el énfasis en la desnacionalización y privatización de la economía con un control autoritario del poder político.

De acuerdo a lo anterior, el cambio de Ministerio resulta perfectamente explicable. Así, ha sido ya bastante comentado el hecho de que el traslado del ministro Piñera de Trabajo a Minería estaría indicando la intención, por parte del Gobierno, de emprender la privatización de la Gran Minería o, a lo menos, establecer fórmulas que garanticen los beneficios de la inversión privada nacional y extranjera.

De la misma manera, el cambio del ministro de Salud obedecería a la intención de impulsar definitivamente la privatización de ese sector, lo que ahora se veía enormemente facilitado con la Reforma Previsional, que entrega a empresas privadas el sistema de Previsión. El Sistema Estatal de Salud, uno de cuyos soportes es el carácter del Sistema Previsional, tenderá a debilitarse como consecuencia de la privatización de este.

Por otra parte, algunos nombramientos ministeriales, como el del general Forestier en Defensa, estarían robusteciendo la dirección autoritaria del Gobierno.

En este sentido, más importante que el nuevo ministerio, es la orientación que toma la política universitaria. Podría decirse, en términos generales, que la nueva Ley de Universidades y el proceso de reestructuración de éstas, si bien aparece justificado en términos de la política económica del régimen, corresponde más precisamente a su orientación política autoritaria.

En gran medida es una drástica respuesta a la movilización estudiantil opositora, con el objeto de eliminarla y desarticular las posibilidades de su resurgimiento. Al mismo tiempo, pretende organizar la enseñanza superior de modo que contribuya a formar el tipo de sociedad coherente con la organización política y económica que se propone.

Parece evidente que no hay intención de entregar el «negocio» de las universidades a los particulares, puesto que no es negocio ninguno. Pero así se trata de reducir y atomizar a la Universidad, de manera que no puedan desarrollarse en ella movimientos de protesta y que, a la vez, se formen grupos sociales que sean funcionales al esquema político y económico que se impulsa. Al dejar sólo doce carreras con categoría universitaria y propender a la división de las grandes universidades, se buscaría básicamente eliminar los grandes centros de estudios superiores donde se desarrolla el movimiento opositor universitario. Esto se complementaría con la autorización para crear nuevas universidades particulares y centros de estudio no universitarios para las carreras que pierdan esa categoría, todo lo cual facilita el control de los grupos estudiantiles tradicionalmente más conflictivos.

En general, este dinamismo que adquiere el gobierno parece ser consecuencia de una especie de acuerdo entre sus sectores más notables, lo cual aseguraría la solidez de la dirección que se imprime al proceso.

¿QUIÉN LO APURA, AH?

No obstante lo anterior, es necesario considerar también un aspecto que parece crucial.

¿Por qué ahora?

La pregunta cobra validez, por cuanto lo lógico parecería esperar la iniciación del próximo período presidencial para emprender medidas que tienen todas las características de la realización de un programa de Gobierno.

En el período inmediatamente anterior pudo pensarse que se asistía a una serie de maniobras, por parte de los diversos sectores, para mejorar posiciones antes del 11 de marzo. Ahora, sin embargo, se está frente a la realización de políticas efectivas.

En estas circunstancias parece necesario revisar una de las consideraciones más repetidas en torno al proceso político. Esto es, la afirmación de la creciente personalización del poder en manos del general Pinochet. Si bien es cierto que el carácter de la nueva Constitución y del período de transición oficialmente aprobados indicarían una fuerte inclinación personalista, es preciso tener en cuenta que este mismo hecho independiza en cierta medida a los sectores sociales y políticos que apoyan al régimen.

El solo hecho de que el general Pinochet deje de formar parte de la Junta Militar a partir del próximo 11 de marzo (aun cuando su reemplazante sea nombrado por él, dentro de ciertas limitaciones) podría tener consecuencias mucho más profundas que las que normalmente se le atribuyen.

La reestructuración del Gabinete ahora difícilmente puede explicarse en virtud de la novedosa técnica de «hacerlos entrar en rodaje» durante dos meses. Más aún cuando este rodaje se inicia con tal velocidad de medidas fundamentales.

Por otra parte, tampoco se explica dentro de un proceso de personalización del poder, que cuenta con la posibilidad de decidir el tiempo y la oportunidad de las políticas. Por el contrario, sí parece explicable en términos de un aumento de las presiones de ciertos sectores en pugna que intentan establecer a su favor hechos consumados.

Al hablarse de sectores en pugna podría volverse a pensar en categorías de «duros» y «blandos». Sin embargo, resulta conveniente señalar que parece producirse un desplazamiento de esas categorías por otras más específicas, como son las de tecnócratas y FF.AA.

Fundamentalmente estas últimas estarían reafirmando su carácter institucional, de cuerpo, que ocupa determinadas posiciones dentro del régimen, pero con una cierta capacidad autónoma de decisión a nivel institucional. El Presidente de la República es el Presidente de la República, pero las FF.AA. son las FF.AA. Puede haber subordinación jerárquica, pero no identificación.

A su vez los tecnócratas (Piñera, Kast y los otros) serían los encargados de llevar adelante la profundización del esquema económico y social que es caracterizado oficialmente de exitoso y que, en términos generales, parece corresponder a la línea defendida por los sectores «blandos».

De esta manera, los sectores sociales en el poder parecen adquirir mayor autonomía y mayor capacidad de presión que lo que supondría un proceso de personalización del poder.

Ahora bien, en estas circunstancias es posible aventurar que el apuro no se produce a partir de un acuerdo entre los diversos sectores que participan en el poder, sino que, a la inversa, de una falta de acuerdo que los lanza a una verdadera carrera para ocupar posiciones y realizar acciones que les permitan implantar su propia línea. Y en una carrera nadie quiere atrasarse en la partida.

En las circunstancias descritas, el juego de los diversos sectores que apoyan al régimen se movería con la finalidad de definir la estructura de poder para –a lo menos– los próximos ocho años.

Se rearticulan las relaciones de poder entre los diversos sectores económicos y militares que se han constituido o consolidado desde septiembre de 1973.

Pero no sólo se pretende lograr determinadas posiciones entre los grupos de poder, sino que, al mismo tiempo, se trata de establecer las bases de constitución del poder social: Reforma Laboral y Previsional, Reforma Educacional y Nueva Ley Universitaria, estarían encaminadas en esa dirección.

CALABAZA, CALABAZA, CADA UNO A SU NEGOCIO

Como se ha señalado en informes anteriores, la Democracia Cristiana se ha ido aislando cada vez más.

Desde el plebiscito de septiembre las posibilidades de lograr vinculaciones con los sectores «blandos» del régimen han disminuido drásticamente. De la misma manera, los grupos de izquierda, que se vieron reforzados a adherir a la unidad opositora propuesta por la DC, comienzan a perder interés en tal unidad.

Separados por profundas discrepancias teóricas e históricas, la izquierda prestó su apoyo a la plataforma de unidad frente al plebiscito que la DC impuso. Suponía que ésta tenía «algo», que contaba con elementos al interior del régimen que pudieran hacer factible el proyecto propuesto.

Resulta conveniente recordar que antes del plebiscito nadie de la oposición pensó siquiera remotamente que el resultado de la votación podría ser otro que el que conviniera al Gobierno. En consecuencia, la unidad de la oposición no tuvo por objeto lograr ningún tipo de resultado electoral, sino denunciar el fraude y formular un proyecto de transición de la democracia alternativo al del Gobierno.

En la medida que se demostró que la DC no contaba con ningún recurso que hiciera viable este proyecto, la izquierda se desencantó de esa unidad opositora impuesta leoninamente por la DC.

Desde entonces el aislamiento ha sido progresivo. Ni los más demócratas de los que apoyan al Gobierno, ni los más cristianos de los que se le oponen parecen tener interés en la Democracia Cristiana.

Pero más que el aislamiento, lo que llama la atención es la creciente debilidad de este partido. Tal parece que se fuera desarmando como tal.

Esto se expresa en la bajísima repercusión que ha tenido el caso de Zaldívar; el silencio y casi extinción del Grupo de los 24; el no funcionamiento del Centro de Estudios Andrés Bello.

De la misma manera, la incapacidad o desidia que muestra para reaccionar frente a acontecimientos nacionales de trascendencia y respecto de los cuales debería suponérsele opinión formada. Tal es el caso de la reforma previsional y de las drásticas transformaciones en el sistema de educación superior.

Ante tal actitud puede deducirse que la DC sólo se interesaría en ocupar los espacios que el gobierno le deje de acuerdo a las nuevas disposiciones.

Es posible entonces que los personeros de la DC estén mucho más interesados en la posibilidad de instalarse con una Universidad privada antes que cuestionar el nuevo sistema de educación superior. Más interesados en formar una corporación de Previsión antes que analizar y adoptar posiciones respecto a lo que significa la reforma previsional.

En el fondo, la DC aparece momentáneamente (?) renunciando a hacer política.

LOS MISTERIOS DE LA EUCARISTÍA

Como tantas veces se ha señalado, la DC y la Iglesia suelen mantener en su actitud relaciones bastante estrechas.

Naturalmente que la DC no muestra nunca la misma sutileza que la Iglesia ni la precede en sus cambios.

En el período que nos ocupa, la Iglesia sigue encaminada a conciliar con el Gobierno, intentando transformarse más bien en una instancia que presiona nuevamente a este para solucionar ciertos problemas frente a los cuales la Iglesia tiene especial sensibilidad.

Esta situación resulta especialmente clara en la declaración que emite la Iglesia en relación con los problemas de los exiliados. En dicha declaración ya no se trata de una «denuncia» frente a una injusticia, ni tampoco se invoca el «derecho» de los exiliados. En tono Antiguo Testamento, se habla de culpas y castigos y de educación de estos a aquellos.

Se supone que el propio gobierno cree una comisión que determine quiénes de estos culpables pueden volver por haber cumplido el castigo o por piedad en caso de enfermos, ancianos, etc.

Quizás sea este el ejemplo más claro del nuevo papel que desempeña la Iglesia frente al Gobierno. No se relacionaría con él en cuanto a Gobierno de hecho, sino que acepta su legitimidad y espera su continuidad por un largo tiempo. La presencia cada vez más repetida del cardenal en los actos oficiales estará ratificando esta apreciación.

En todo caso, el paulatino giro más favorable al régimen por parte de la Iglesia no se ve inmediatamente correspondido por aquel. El general Pinochet y su hija Lucía han hecho últimamente declaraciones bastante duras respecto a los temas de la conciliación nacional y al regreso de los exiliados. El momento político no parece ser precisamente conciliador, independientemente de la actitud que asuma la Iglesia.

LA OPOSICIÓN-OPOSICIÓN

El progresivo aislamiento e inmovilismo de la Democracia Cristiana, más ocupada en ocupar los espacios no políticos que le deja el régimen, coloca a la izquierda en el papel de constituirse en la única oposición decidida.

Naturalmente que en esta situación tiene que aparecer, al menos momentáneamente, bastante debilitada en sus posibilidades. De partida tiene que comenzar por adquirir conciencia de este hecho y, al mismo tiempo, de la consolidación del régimen con un programa que impulsa decididamente para varios años más.

Ya parece ser un dato que el acontecer político tiene que contar con la existencia de un cierto grado de violencia política opositora. Después de un largo período en que, fuera de uno u otro petardo loco, en el país no se registraban actos de violencia de ese tipo, se asiste a la emergencia de actos que cualitativa y cuantitativamente parecen suficientes como para mostrar la presencia de una táctica de lucha violenta.

Aunque en una escala bastante baja, tales acciones se caracterizan por una notable eficacia, tanto para lograr sus objetivos inmediatos como para eludir la acción represiva. No obstante, no parece causar alarma en los círculos oficiales, puesto que su nivel más bien sirve para justificar el autoritarismo del régimen que para amenazarlo en un grado significativo.

Lo que llama la atención en estas acciones violentas es que, a pesar de lo exitosas, ningún grupo político conocido aparece reivindicándolas directamente. Esto podría significar que se trata de acciones de entrenamiento y preparatorias de otras de mayor envergadura que sí serían reivindicadas, o que efectivamente son realizadas por grupos distintos de las formaciones políticas tradicionales.

En cuanto a los partidos políticos de izquierda, es posible que el aislamiento de la DC contribuya a provocar una mayor unidad entre ellos.

Como se ha señalado repetidas veces, aquí el problema de la división del Partido Socialista sigue siendo crucial. Los intentos que se haga para su reconstrucción tropiezan no sólo con las naturales diferencias que provocaron su división, sino también con el provecho momentáneo que agrupaciones políticas de izquierda menores puedan obtener de tal estado de cosas.

Por una parte pueden crecer a costa de los socialistas, mientras que, por otra parte, en los diferentes frentes se beneficiarían de acuerdos con las fracciones del PS más debilitadas en cada caso.

Sin embargo, este mismo hecho parece contribuir para que comiencen a producirse aproximaciones tendientes justamente a la unificación de este Partido. De prosperar tales aproximaciones sería probable el resurgimiento de la Unidad Popular como entidad política.

El corte de las vinculaciones bilaterales que (principalmente los comunistas) se hubieran intentado con la Democracia Cristiana, facilitarían este proyecto.

En los movimientos sociales (sindical, estudiantil, poblacional, cultural) parece haber disminuido la actividad. Si bien esto puede deberse a la situación política general y al dinamismo del gobierno que va estableciendo «sorpresivamente» hechos nuevos para los diferentes frentes, también tienen incidencia aquí algunas divergencias que se agudizan entre partidos políticos y movimientos sociales.

En efecto, el interés de los partidos es controlar los movimientos sociales. La movilización social se puede hacer para enfrentar los problemas específicos de cada sector (estudiantil o laboral, por ejemplo), pero siempre que esa movilización pueda ser controlada por los partidos.

En cambio, resulta que los movimientos sociales han ido creando sus propias organizaciones y que estas, en muchos casos, están dominadas por elementos ajenos a los partidos de izquierda. Más aún, estas organizaciones sociales actúan públicamente, de manera que su vinculación con partidos necesariamente clandestinos sólo viene a dificultar su accionar.

En tales condiciones, no sería de extrañar que los partidos de izquierda pudieran incluso tratar de frenar estas organizaciones sociales que, aun siendo opositoras al régimen, no están en condiciones de controlar.