Kitabı oku: «Y va a caer... como decíamos ayer. Tomo 1: Informes mensuales de coyuntura política 1980-1984», sayfa 8
LA MODA EXTRANJERA
Ya se indicó en informes anteriores los cambios en la situación externa y su posible repercusión al interior de la política chilena. Como es sabido, la situación externa de mayor incidencia es en este caso la política norteamericana y la situación de América Latina.
Con motivo de la asunción de Reagan y el triunfo derechista en Estados Unidos, se señaló que podían actuar de contrapeso tanto la política mexicana como la posición y fuerza de los países del Pacto Andino. Estos últimos aparecerían fuertemente comprometidos con la idea de la democratización de los regímenes de la región, mientras que el Gobierno mexicano parecía dispuesto a alentar los movimientos progresistas y antiimperialistas en Centroamérica.
Respecto a estas alternativas la administración Reagan parece decidida a retomar una mayor capacidad de maniobra en América Latina.
El inesperado conflicto bélico entre Perú y Ecuador el único resultado notable que puede producir es, justamente, el debilitamiento si no la desintegración del Pacto Andino. Esto reduciría considerablemente la fuerza política de la democratización formal impulsada por Venezuela.
Desde esta misma perspectiva, no debe extrañar tampoco la acusación estadounidense de un supuesto «acuerdo secreto petrolero» entre México y Cuba, lo que implicaría, según la acusación, transferencia de tecnología de EE.UU. hacia Cuba.
También menudean las denuncias sobre supuesta ayuda nicaragüense y cubana a la guerrilla salvadoreña. Lo que redunda, lógicamente, en declaraciones de gobernantes nicaragüenses de que se estaría preparando un ataque armado contra el régimen sandinista, con participación directa o indirecta de la potencia del Norte.
Por su parte, los regímenes autoritarios de la región no dejan de repetir el carácter favorable que tiene para ellos la nueva orientación política norteamericana.
En suma, que la coyuntura política internacional, en lo inmediato, parece tender al enfrentamiento de posiciones más extremas.
Las derechas, entusiasmadas con el giro que toma la política norteamericana, pretenden aprovechar las ventajas que esto implica, rehusando hacer concesiones y empujando por un triunfo definitivo (?) de sus posiciones que no permitan vuelta atrás.
Las izquierdas tienden también a deslumbrarse con el triunfo de la revolución en Nicaragua y la perspectiva de un giro favorable en términos similares en toda Centro-américa. Es perfectamente posible, entonces, un resurgimiento de las tesis o acciones de carácter insurreccional, tal cual ocurrió después de la Revolución Cubana.
Independientemente del curso que tomen esos acontecimientos, se puede apreciar que ellos, sin ser decisivos, pueden estar influyendo fuertemente en algunas de las características que adopta el proceso político chileno.
INFORME MENSUAL DE COYUNTURA POLÍTICA Nº 9
Santiago, marzo de 1981
LAS CORTAS VACACIONES DEL 81
Finalmente. Después de un período de fuerte activación política, que contradecía el regular período de vacaciones y, más aún, la esperada tranquilidad que debió preceder a la iniciación de una etapa institucional de largo plazo, se produjo una breve «normalidad» política.
Durante el mes de febrero disminuye el extraordinario dinamismo de las políticas gubernamentales y, a la vez, también decrecen ciertas acciones opositoras, particularmente las de violencia más espectaculares. No obstante, esto no significa que se haya superado ese tiempo irregular para pasar a una situación más calculable y tranquila. Por el contrario, subsisten las fuertes presiones de los grupos en el poder tendientes a lograr decisiones de envergadura de las autoridades públicas. A su vez, tampoco parece haberse producido una desarticulación definitiva de los sectores en la oposición ni un cambio de actitud significativo.
El clima de mayor normalidad se deriva fundamentalmente de dos factores. Por una parte, de la necesidad, ya inaplazable, de preparar el inicio de la nueva etapa del régimen, lo que requiere la realización de ciertos actos que simbólicamente ratifiquen su legitimidad. Esto hace indispensable un mínimo de apariencia de unidad en los grupos en el poder que la persistencia en decisiones fundamentales podría llegar a deteriorar. Mayormente cuando tales decisiones pudieran afectar posiciones económicas.
Por otra parte, la activación al máximo de los mecanismos de seguridad tiende a desalentar el desarrollo de las actividades opositoras, aumentando el riesgo represivo.
En el caso especial de la violencia política opositora, que en los últimos meses ha adquirido una presencia, que aunque pequeña suele ser espectacular, la situación se presenta como un verdadero desafío: hacer algo ahora sería impactante, pero puede sufrir una derrota de la que le resulte difícil recuperarse. La tercera alternativa sería la de mantener una cierta presencia sin correr graves riesgos. Hasta ahora parece éste el camino elegido.
Para los grupos sociales y políticos de oposición no inscritos directamente en la violencia, estos tiempos suelen ser más dedicados a la organización y análisis, sin excesivo apremio por un desafío inmediato. El hecho de que sean cada vez menos reactivos a las políticas gubernamentales del momento no implica que tengan un proyecto político alternativo definido, no obstante, tienen mejores posibilidades de pensar en ello.
En cuanto a los distintos sectores que participan en el poder, la preocupación fundamental sí que parece estar dirigida a la nueva etapa del régimen. Desde hace algún tiempo, y aceleradamente en la presente coyuntura, trabajan en dos campos, tratando de lograr ciertas medidas políticas favorables a sus posiciones y estructurando mecanismos y organizaciones que les permitan obtener una mayor capacidad de dirección del proceso.
TODO BUENO, TODO BONITO
Como ya dijimos, la preparación del 11 de marzo es una de las preocupaciones fundamentales del Gobierno en el período que nos ocupa. Por lo demás, es ya una característica del régimen la preparación rigurosa de ciertas fechas.
Además del elemento simbólico (traslado a La Moneda, Parada Militar, Tedeum en la Catedral, etc.), se trata de robustecer la imagen en ciertos puntos claves, como son el éxito económico y la tranquilidad pública. La finalidad es doble: otorgar mayor apariencia de legitimidad al régimen político (y su nueva etapa) y producir la desmoralización de los opositores mostrando consolidación y solidez del poder.
Uno de los principales problemas referentes a la tranquilidad pública lo presentaba la creciente violencia política opositora: asaltos bancarios y atentados armados, y ola de incendios intencionales en lugares claves.
El general Pinochet comenzó por reclamar de la excesiva notoriedad que otorgaban los medios de comunicación a acciones terroristas que carecían de real importancia. El Mercurio en una editorial dominical, señaló que la adopción de la táctica incendiaria permitía a los violentistas atribuirse una gran cantidad de incendios que ocurrirían tradicionalmente en esta época del año.
Posteriormente, aparecieron en la prensa declaraciones de jefes de bomberos que minimizaban la cantidad de incendios atribuibles a la violencia política. En el caso más notable, del incendio del Regine’s, después de las primeras declaraciones que lo señalaban típicamente como un atentado con finalidad política, las informaciones giraron en sentido opuesto, dirigidas a dudar entre si fue casual o un autoatentado por motivos económicos.
En cuanto a los asaltos y otras acciones armadas, la solución fue aún más espectacular. Los organismos de seguridad logran capturar a un comando extremista que, según se asegura, habría participado en prácticamente todas las acciones violentas del último tiempo. Encabezando la lista se encuentra el asesinato del coronel Roger Vergara, sin que escapen tampoco los notables asaltos bancarios.
En suma, poco antes del 11 de marzo es posible presentar la imagen de una gran tranquilidad pública avalada por la eficiencia de los organismos de seguridad.
Más tradicional y más fácil resulta la creación de un clima de prosperidad económica presente y de seguro mejoramiento futuro. Para eso están las cifras.
El crecimiento de la producción industrial del año 80 llega a ser superior al previamente estimado. A esto se agrega una evolución favorable en las cifras que interesan más inmediata y directamente a la población. La desocupación baja fuertemente (llegando a un 8%), mientras que en el mes de febrero prácticamente no se registra inflación (0,3%).
Se logra así el clima adecuado para el 11 de marzo. Pero también se logra otra cosa no menos importante, recalcar el sentido de continuidad del proceso iniciado en septiembre de 1973, de manera que todo aparezca como un proyecto y un itinerario previamente trazado que se ha realizado y se seguirá realizando sin conflictos ni vacilaciones. Que aparezca tan ineludible como el destino, empujando a la desesperanza y el conformismo a los actuales o eventuales opositores.
EL NEGOCIO Y LA POLÍTICA
No obstante la imagen que se trate de difundir por las autoridades, es posible tener serias dudas en cuanto a la existencia de un programa político afinado. En informes anteriores hemos señalado que, a pesar de las reiteradas acusaciones de la oposición de que se estaría produciendo una creciente personalización del poder, es posible aventurar que lo que efectivamente se estaría produciendo en el momento es una autonomización de los diversos sectores en el poder.
Este fenómeno no es ajeno a una consideración más general respecto del régimen. Se refiere a la pérdida de capacidad ideológica de los sectores dominantes. En un tiempo se trató de buscar esa ideología en la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional. Resulta sintomático que muy pocos se preocupen actualmente de ella.
Lo que sí se difunde es el antiguo principio del logro, más específicamente del logro económico, del negocio. Falta una moral nacional capaz de unificar a la sociedad. Es posible que esta moral exista en algunos sectores, pero su capacidad de difusión se ve seriamente limitada; prima el negocio.
No es extraño entonces que, en la medida que cesa la necesidad de la unidad frente al «enemigo común», surjan diferencias y conflictos entre los grupos en el poder.
La diferencia entre «duros» y «blandos», con todo lo difusa y confusa que sea, fue una de las primeras en manifestarse después de la consolidación del régimen. Otra, no menor, es la que en algunos aspectos separa a «tecnócratas» de «militares» (la última reorganización de Gabinete parece dar cuenta de ella).
En el momento actual, antesala de un nuevo período, las diferencias y autonomías parecen extenderse a otros sectores. Entre los grupos económicos esto es notable. Cualquier grupo económico de importancia sabe que sus posibilidades de subsistencia y desarrollo dependen en gran medida de su capacidad de hacer política (si no, que lo diga el desaparecido grupo Fluxá-Yaconi).
Algunos, como el grupo Cruzat, ponen mayor énfasis en su capacidad de crecimiento económico para lograr desde ahí cierta fuerza política no pública.
Otros, como el grupo El Mercurio, dan mayor importancia a la acción política para mejorar posiciones económicas. En este caso se requiere un cierto cálculo político, una capacidad de previsión que le permita movilizar sus recursos para estar bien preparado frente a las alterativas que ve como posibles. En este caso particular, el control de medios de comunicación se transforma en un elemento de gran importancia. No son casuales, ni reductibles a puro cálculo de venta de diarios, los cambios producidos en un diario de la empresa (Las Últimas Noticias), ni los que al parecer se producirían próximamente en otro.
Otro grupo, el BHC, después de aparecer como dedicado exclusivamente al negocio, poco a poco se ha ido interesando más en cuestiones de imagen. Hasta el punto de que hoy aparece como uno de los principales compradores de cultura y arte. Tal si tratara de quitar espacio a la oposición en ese terreno y obtener una cierta capacidad ideológica.
Entre las fuerzas armadas resulta más difícil elucubrar sobre posibles diferencias. El hecho de que el Jefe del Ejecutivo sea también el Comandante en Jefe, más los principios de jerarquía y disciplina que caracterizan a ese sector hacen muy difícil especular sobre la materia. En ciertas ocasiones algunos han señalado la posibilidad de discrepancias entre la Marina y la Aviación con respecto al Ejército. De eso hoy no aparecen indicios. Sin embargo, como ya se ha señalado, actualmente podría haber algunas diferencias (no se sabe si sustanciales) dentro del ejército mismo. En cierto sentido esto podría ser interpretado como una relativa independencia del ejército respecto al Jefe del Estado que la «nueva etapa» podría suponer. A la supuesta línea de ciertos generales (Medina y Carol Urzúa) parece sumarse la actitud del coronel Gastón Frez (vicepresidente de Codelco), que algunos ubican como líder de la oficialidad joven y cuya defensa de la estatización del cobre lo pondría en oposición a la política oficial de privatización.
Frente a estas supuestas autonomías, es necesario recordar el fracaso (deseado o no) de los movimientos políticos de apoyo al régimen y a la persona del general Pinochet, desde los impulsados por las secretarías de Gobierno, hasta el movimiento cívico proclamado por el general Pinochet el mismo día del plebiscito, pasando por el Movimiento de Unidad Nacional y el Movimiento Pinochetista.
En este contexto, no resulta extraño que diversos grupos en el poder pretendan indicarle al gobierno un programa para los próximos ocho años, tal cual si este careciera de alguno definido. Además, subsiste la carrera para ocupar posiciones de poder en vista al próximo período de gobierno y un cierto clima de desorden acompaña a esto. Así, por ejemplo, la reorganización de las universidades (en particular lo que sucede en la Universidad de Chile) parece realizarse sin criterios claros de racionalidad política o administrativa. Algo similar parece estar ocurriendo con las municipalidades y con la discusión sobre futuras privatizaciones de servicios públicos como Correos y Vialidad.
LA IGLESIA NO ES UN PARTIDO POLÍTICO; ES UN MISTERIO
Las grandes instituciones, como los grandes animales, se mueven pesadamente. La actual posición de la Iglesia chilena no es ni súbita ni sorpresiva. A menudo se ha señalado en informes anteriores el gradual desplazamiento de la Iglesia (tomando en consideración sus principales jerarquías) hacia una mayor favorabilidad y entendimiento con el régimen. Después del plebiscito de septiembre último, parece aumentar esta tendencia que, en términos generales, reconoce la legitimidad del régimen. Un acto simbólico viene a ratificar esta tendencia: el cardenal oficiará un solemne Tedeum de Acción de Gracias en la Catedral Metropolitana el próximo 11 de marzo, «orando por Chile y sus gobernantes».
Como se suele repetir, hay que tener en cuenta que la Iglesia no es un partido político, lo que no implica que no tenga ni haga política.
La Iglesia Católica ha demostrado siempre una maravillosa capacidad adaptativa frente a la política estatal. En la situación chilena, el mejoramiento de las relaciones con el gobierno parece deberse tanto a la consolidación del régimen como a la escasa capacidad que muestra la oposición en términos de constituirse como alternativa en el corto plazo. La Iglesia en ningún caso va a reemplazar a la oposición política. Interesada en lograr algunas modificaciones en la acción estatal, preferiría influir en el Gobierno a partir de un mejoramiento de las relaciones, antes que enfrentarlo directamente sin contar con actores políticos opositores de envergadura.
Por otra parte, es necesario considerar también que la adopción de cierta línea por la jerarquía católica no implica encuadrar todas las acciones de la iglesia en esa línea. Subsisten en su interior diversos sectores y tendencias que –respetando los gruesos límites fijados por la jerarquía– manifiestan diversas opciones ideológicas y realizan acciones acordes con tales posturas. Un hombre prudente no pone todos los huevos en la misma canasta.
Las consideraciones anteriores permiten entender un hecho que, en general, ha sido poco analizado. La iglesia chilena contó en el último tiempo con un recurso extraordinario que mejoraba sus posiciones respecto del gobierno y que le habría permitido impulsar con más fuerza las rectificaciones que había venido reclamando en ciertos aspectos críticos.
En efecto, la mediación papal del conflicto con Argentina en el extremo austral colocó a la Iglesia en una situación de privilegio en sus relaciones con el Gobierno. Sin embargo, la Iglesia no utilizó ese recurso, mientras que el Gobierno y los grupos en el poder no atenuaron sus acciones en los puntos más criticados por aquella. Más aún, la Iglesia presentó un frente sólido de respaldo a las autoridades en el conflicto austral y respecto a la mediación papal.
Es que la Iglesia no es un partido político, es un misterio. Insistir en la creencia de que la Iglesia es contraria al régimen puede llegar a ser una ingenuidad.
LA GENTE LINDA Y LA REGULARCITA
Al iniciarse la nueva etapa del régimen habría que ser muy porfiado para no reconocer que (al menos en ciertos sectores) el país se ve próspero. Esta imagen de país próspero se percibe justamente en los espacios en que suele transitar la «gente decente» nacional y los turistas extranjeros. En Santiago, el centro de la ciudad y las comunas del barrio alto son las encargadas de dar esa imagen de prosperidad.
El régimen político (y el sistema económico) parecen haber tenido éxito en desplazar de esos lugares a los grupos sociales más miserables. No es que estos sean menos que antes o que hayan mejorado su nivel de vida. Se trata simplemente de que ellos han sido prácticamente empujados a la permanencia en determinados territorios. Casi es como si estuvieran excluidos de la ciudad.
Esta situación deriva justamente de un hecho que ha sido resaltado en numerosos estudios. El funcionamiento del actual esquema económico estaría conduciendo a una creciente polarización de la sociedad. Es la tendencia a que se marque cada vez más claramente la división en «dos países», de los que están «dentro» y los que están «fuera» del sistema económico y político. A menudo se ha señalado que esta tendencia a la polarización social llegaría a conducir en el futuro a una radicalización política. Ello no es necesariamente así, pero parece peligrosamente posible.
No obstante lo anterior, siempre permanece un cierto centro social, aunque éste se ve reducido y modificado en su composición. La crisis actual de la Democracia Cristiana es, en buena medida, expresión de los cambios ocurridos en el centro social.
Es necesario recordar que esta crisis se manifestó claramente después de la realización del plebiscito constitucional. A pesar de todas sus protestas, la DC aceptó, en términos generales, la validez de las cifras que el Gobierno mostró como resultado del proceso electoral. Frente a esas cifras la DC parece haber pensado que habría perdido el control del centro social, y, por lo tanto, su base fundamental de apoyo.
El inmovilismo que caracteriza a la DC desde esa fecha está marcado por el juego de opciones que no logran éxito ni terminan por imponerse. Por una parte, se rumorea insistentemente que la cúpula partidaria estaría empeñada en entablar conversaciones con ciertos sectores en el poder, buscando un lugar en la nueva institucionalidad. Por otra parte, en otros grupos de la DC habría una fuerte crítica a la cúpula del partido, tanto por la orientación que adquiere como por la incapacidad política demostrada.
Frente al vacío de centro político, el centro social tiende a expresarse corporativamente, al menos así ocurre con las capas medias que parecen subsistir dentro del modelo.
La fuerte reacción de los colegios profesionales frente a la nueva legislación que los elimina, creando asociaciones profesionales carentes de todo poder, resultaba esperable. Pero lo que llama la atención es el hecho de que tal reacción permanezca aislada, sin recibir apoyo considerable y sin ser capaz de transformar su problema en un problema nacional. Es posible que se logre la unidad de los colegios profesionales para defender sus intereses, pero, salvo casos aislados, no se puede esperar comprometer a otros sectores en su defensa.
Lo mismo ocurrió con el gremio de taxistas. En este caso, la Federación Nacional de Taxistas parece haberse ido galvanizando al enfrentar sucesivamente al gobierno por problemas del gremio. Incluso su dirigente máximo estuvo preso un corto período por algunas fuertes declaraciones contra el gobierno al que siempre ha apoyado. En relación al conflicto suscitado por la fijación de tarifas (el gobierno pretendió obligar la competencia de tarifas entre los taxistas, mientras éstos preferían la tarifa única) este terminó con el triunfo de la FENATACH.
Tampoco en esta ocasión hubo apoyo externo a los miembros del gremio. Sólo la extraordinaria unidad gremial de este sector logró el éxito de sus pretensiones.
Sobre este punto queda por ver hasta dónde esta demostración de éxito de la unidad gremial puede ser imitada por otros sectores.
En todo caso, hay que anotar que estos frentes de conflicto no están formados propiamente por opositores, sino que se trata de sectores que apoyaron el establecimiento del presente régimen, y lo han continuado apoyando en su gestión.
Distinta es la situación de otros grupos sociales de las llamadas capas medias que no aparecen apoyando al régimen. En ellas la falta de centro político no parece haber sido sustituida por un movimiento corporativo. Entre aquellos que más se identificaban con la DC es incluso difícil conocer su actual orientación.
La escasa actividad de la DC en el último tiempo suele dejar desorientados a aquellos que adhieren o simpatizan con ese partido. Puede decirse que, a lo menos en ciertos sectores (y aún contra la opinión de los propios dirigentes), subsisten fuertes grupos que estarían disponibles para realizar las acciones que la Democracia Cristiana les indicara. Particularmente esto ocurre en el sector agrario, donde la Reforma emprendida por Frei le otorgó sólido respaldo. Sin embargo, nada hace la DC al respecto, prefiriendo sólo manifestarse en las discusiones jurídicas.
Talvez convenga señalar que una de las pocas acciones en que interviene actualmente la DC, es la declaración del Grupo de los 24, que en términos duros aparece criticando a la Constitución que entra en vigencia el 11 de marzo.
