Kitabı oku: «Y va a caer... como decíamos ayer. Tomo 1: Informes mensuales de coyuntura política 1980-1984», sayfa 9
UNA OPOSICION INMUTABLE
El hecho de que se desdibuje la política de la DC y que los sectores medios tengan dificultades de expresión política, coloca al movimiento social popular y a las agrupaciones políticas de izquierda como el principal núcleo de oposición.
A la inversa de lo que ocurre con la DC, la iniciación de una nueva etapa del régimen no parece afectar directamente la actitud y acción de estos sectores de oposición.
El movimiento social de oposición no muestra logros espectaculares en el período, pero es interesante constatar que continúa desarrollándose y actuando tal como si los cambios a nivel institucional nada le importaran.
Para estos sectores existe efectivamente una continuidad del régimen y de acuerdo a esa definición se actúa.
Sigue siendo difícil determinar las relaciones que existen entre el movimiento social (sindical, estudiantil, poblacional) con las organizaciones políticas proscritas por el régimen. Es posible que no sean exactas las apreciaciones que tienden a ver una independencia muy grande, e incluso ciertas oposiciones de intereses, entre las organizaciones sociales y los partidos políticos. Pero, al menos, parece lógico que en las actuales condiciones las organizaciones sociales y sus dirigentes cuenten con una gran autonomía con respecto a los partidos.
En el período que nos ocupa, la oposición social al régimen ha tenido expresiones poco notables pero constantes. Quizás la más importante de ellas sea la tentativa de lograr la unidad sindical de las principales federaciones del país. Talvez esta tentativa de crear un comando sindical unificado, que plantee unidamente una plataforma de lucha, tenga un carácter más bien simbólico (la elección de Clotario Blest como presidente ya es todo un símbolo), sin embargo, estaría señalando una intención que, de lograr éxito real, podría tener mucha importancia en el futuro.
En el mismo terreno sindical, los trabajadores muestran cada vez mayor capacidad para manejar la nueva legislación laboral. No obstante, las negociaciones con los empresarios y las eventuales «huelgas» que se producen se mantienen bastante aisladas o recibiendo algún tipo de solidaridad no estructurada.
También se aprecia cierta protesta social en contra de medidas represivas del gobierno. Aunque también estas manifestaciones suelen ser pequeñas y aisladas, revelan en todo caso una cierta capacidad de sustitución de acciones que anteriormente sólo se realizaban a través o con el amparo de la Iglesia. La prolongada huelga de hambre de los presos políticos frente al deterioro de su situación penitenciaria; la huida de dos relegadas en protesta por la medida que las afecta; la ocupación de dependencias de la embajada de Austria para solicitar se deroguen las recientes disposiciones que afectan a los presos políticos, las manifestaciones de mujeres por el retorno de los exiliados y por la defensa de sus derechos, son expresiones de esta intención y capacidad de sustitución.
Más difícil es siempre saber lo que pasa con las organizaciones políticas proscritas. Al parecer el tema de la violencia política es uno de los más presentes. No sólo se trata de los grupos extremistas, sino que incluso partidos que tradicionalmente rechazaron esa vía hoy parecen considerarla seriamente. Por una parte están las declaraciones que en tal sentido hacen algunos dirigentes de partidos de izquierda, mientras que, por otra parte, los organismos de seguridad tienden a atribuirles participación en ciertos actos de violencia. En todo caso, el asunto no parece aún resuelto. Al respecto resultan significativas las declaraciones de Luis Corvalán, en el sentido de que el Partido Comunista podría utilizar la vía violenta, pero sin cometer «irresponsabilidades». Esto último talvez estaría dirigido a tranquilizar a los dirigentes de ciertas organizaciones sociales (particularmente sindicatos) que podrían mostrar temor o reticencia a la adopción decidida de la vía violenta.
En el Partido Socialista el tema también puede estar presente, pero resulta más difícil que se produzca una definición al respecto debido a la crisis y fragmentación por la que atraviesa. Sólo si fructificaran conversaciones para la reunificación sería posible la adopción de una estrategia global, hecho que se dificultaría si en el intertanto los diversos grupos adoptaran decisiones autónomas en tan importante materia. Por de pronto, ciertas manifestaciones públicas de pensamiento socialista (respecto al problema universitario) parecen más bien no considerar la opción armada.
INFORME MENSUAL DE COYUNTURA POLÍTICA Nº 10
Santiago, abril de 1981
EL TRAJE ADECUADO EN EL SALÓN ADECUADO
Como suele ocurrir. En marzo llegó el día once, llegó el día doce y así siguió el tiempo; rigurosamente apegado al calendario. No fue perceptible ningún corte ni cambio, sino que, más bien, pareció acentuarse la sensación de continuidad del régimen y del proceso.
El día 11 de marzo se cumplió con las formalidades previamente diseñadas para dar por iniciado el primer período presidencial con plazo fijo, al mismo tiempo que entraba a regir la nueva Constitución Política, en lo compatible con la transición. La significación precisa de estos acontecimientos es difícil de aclarar por el momento, puesto que lo único que parece quedar del once de marzo es la imagen de celebraciones que correspondió a ellos.
Talvez lo más notable del 11 de marzo sea el carácter superficial que muestra. No se percibe una fecha histórica, ni un discurso programático trascendental, ni una movilización social y política de consideración. Por el contrario, el 11 de marzo se presenta como una fiesta, pero una fiesta de rasgos muy especiales. Prácticamente consiste en un estricto desfile militar y de organizaciones civiles, y recepciones sociales de celebración con vestimenta adecuada y tono de gran mundo.
A primera vista puede resultar frívolo preocuparse de estos aspectos, pero no se trata de una preocupación mal intencionada, puesto que en los principales medios de comunicación se le dio especial relieve a la publicación de notas sobre tales recepciones. Estos detalles pueden tener importancia en el análisis. Son reveladores del tono social que asume el régimen en esta etapa.
Sabido es que el Gobierno instaurado en septiembre de 1973 no ha tenido nunca capacidad de convocar a las multitudes. Cualquier observador ha podido comprobar que las concentraciones públicas promovidas por el Gobierno –o por elementos afines a este– no han logrado reunir una cantidad de gente comparable a la que juntaban las grandes concentraciones políticas del pasado. Es por eso que no debería extrañar la escasa y desanimada manifestación pública que se produjo frente al Palacio de La Moneda. Pero esto tiene una connotación particular.
La iniciación del período presidencial y de la nueva institucionalidad no tuvo, ni se trató de darle, el carácter de fiesta popular.
Es posible que el temor de algún acto de violencia política opositora, y de las previsiones de seguridad al respecto, hayan ayudado a eliminar la característica de fiesta popular que pudo querer atribuírsele al acto, pero es probable que se haya tenido justamente la intención de evitar ese tono. Dicho en forma más adecuada, se trataría de separar al gobierno de los riesgos y presiones de la movilización de masas.
El gobierno se aísla y renuncia a las posibilidades de organizar y movilizar políticamente. Esta situación parece consecuente con la idea de una cierta despersonalización del poder que se estaría produciendo, lo cual se traduce, en este punto, en el debilitamiento de la intención de conformar algún tipo de movimiento político alrededor de la figura del general Pinochet.
Las diversas tendencias existentes entre los grupos en el poder, pueden llegar a generar movimientos políticos o «corrientes de opinión», frente a las cuales el gobierno mantiene una cierta distancia, se ubica en otra esfera, de manera de no comprometerse públicamente con ninguna de ellas.
El jefe de Estado mostraría un perfil menos aparente, eludiendo el desgaste y guardando una reserva que le otorgue solidez al régimen por sobre los vaivenes de la política contingente. En el fondo, vendría a ser una especie moderada de la aplicación del principio de mantener un régimen militar con un gobierno civil.
El proceso de descentralización administrativa tendría, entre otras, la finalidad de generar instancias de intermediación en la acción política, de suerte que las críticas o conflictos que susciten se planteen en forma localizada sin afectar globalmente al régimen. Típicamente resulta esto claro en las cada vez mayores atribuciones concedidas a las municipalidades.
Esto podría haber sido compatible con la existencia de un liderazgo popular, real o aparente, del general Pinochet. Pero, al parecer, se ha preferido otorgar al régimen un rasgo más institucional, más orgánico, evitando los inconvenientes de una excesiva personalización del poder. La nueva constitución ratificaría esto al establecer una participación más estructurada de las FF.AA., a través de mecanismos tales como la nueva configuración de la Junta de Gobierno y las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional.
ABRAN CANCHA POR EL CAMPEONATO
La velocidad ya comienza a ser rutina. Talvez haya habido un leve respiro para preparar el 11 de marzo, pero nuevamente se volvió a adquirir el ritmo vertiginoso o contundente de los últimos meses. Tal como si se tratara de una urgente y generalizada reorganización del país, las leyes que imponen transformaciones estructurales llueven como los inviernos antiguos: a chorros y como si no fuera a parar nunca.
En tales circunstancias, es lógica que los analistas encuentren cada vez mayores antecedentes para pensar que se habría impuesto o acordado una línea precisa y definitiva, capaz de conducir sin tropiezos ni vacilaciones la realización de un programa bien estructurado y carente de desviaciones. El gobierno habría agarrado firmemente la iniciativa y, en ausencia de una oposición considerable, estaría resuelto a sentar las bases de una nueva situación política, social y económica que sea definitiva.
Ciertamente que es difícil escapar a tal interpretación. Sin embargo, aunque ya parezca una porfía intolerable, insistiremos en que también es posible que las veloces y drásticas transformaciones que impulsa el régimen se deban justamente a un proceso inverso: que se esté produciendo un mayor grado de autonomía de cada uno de los sectores en el poder.
En efecto, hay algo extraño, que no calza con la interpretación más fácil de que hay una línea adoptada en definitiva. Repetimos un argumento ya señalado en informes anteriores. Hay una excesiva rapidez en la formulación de nuevas políticas por parte del gobierno. Una excesiva rapidez que no parece explicable cuando se recuerda la larga extensión de sólo el primer período presidencial de transición. Más aún, una excesiva rapidez que causa problemas de todo tipo (financieros y administrativos fundamentalmente), problemas que una planificación previa habría evitado.
En la reorganización de las universidades hay incertidumbres en la distribución de material y de docentes, y hasta de repente se descubre que una escuela quedó sin Facultad. En las municipalidades hay dificultades de presupuesto. La disolución de los colegios profesionales olvidó contemplar mecanismos sustitutivos para ciertas funciones que estos ejercían (proposición de miembros para puestos públicos o servicios sociales que prestaban –como el Servicio de Asistencia Judicial para pobres del Colegio de Abogados–).
Por otra parte, se producen reorganizaciones innecesarias, como ocurre con la creación de algunas nuevas municipalidades cuya unidad y viabilidad aparece dudosa, o con la formación de ciertas universidades regionales, para lo cual se le cambia el nombre a alguna carrera a fin de hacerla «universitaria» y reunir el quórum de carreras que la nueva ley exige para que pueda haber una Universidad.
Por último, tampoco ha desaparecido la discusión entre los sectores que participan o apoyan al poder. Es cierto que cada acción del gobierno es aplaudida, pero enseguida viene la reserva, la crítica velada. Aún más, las diversas tendencias entre los grupos de poder se acentúan y buscan formas de organizarse y mejorar posiciones. Persiste entre ellos la intención de vender programas al gobierno, lo cual es difícil que ocurriera si se pensara que hay una línea política definitiva.
QUE TODOS QUEDEN CONTENTOS… ¿HASTA CUANDO?
Se ha dicho que estamos frente a una vertiginosa sucesión de cambios estructurales. Ello es cierto, siempre que se entienda sin exageraciones. Porque estos cambios afectan fundamentalmente a la organización de la sociedad.
La nueva legislación laboral, la reforma previsional, ley de universidades, la transformación de los colegios profesionales en asociaciones voluntarias, la reestructuración de la organización regional y municipal, están todas orientadas básicamente a conformar rasgos fundamentales de la sociedad chilena.
Es cierto que tienen consecuencias económicas y políticas de importancia, pero su orientación primordial se dirige a solucionar problemas de organización social.
Como se ha señalado en otra oportunidad, ellas se explican más por el carácter defensivo y preventivo del régimen frente a la oposición real o eventual, que por su importancia en la creación del nuevo modelo político y económico. Entiéndase bien, no es que no le sirvan. Le ayudan y son compatibles, pero no están determinadas primordialmente por el proyecto político y económico.
De la anterior consideración se pueden sacar dos consecuencias. La primera es que la generalizada conformidad respecto a estas medidas de reorganización social expresa un acuerdo básico de los sectores en el poder; un acuerdo defensivo frente a la actual o eventual oposición.
La segunda es que ninguna de estas transformaciones estructurales de la sociedad chilena resuelve los problemas esenciales que separan a los diversos grupos en el poder. Estos difieren fundamentalmente en dos grandes temas: la orientación del modelo económico y el proyecto político definitivo.
Por de pronto, todos los sectores en el poder y todas las tendencias mantienen viva la expectativa de que se imponga la posición que sustentan. Ninguna de las espectaculares transformaciones producidas en los últimos meses resulta incompatible con alguna de las alternativas en disputa y tampoco ninguna de ellas parece irreversible.
Las discusiones sobre privatización total o reserva estatal se mantienen en equilibrio y se buscan complejos acuerdos. Las posibilidades de una apertura política gradual o de una acentuación del autoritarismo tampoco parecen resueltas. La disputa alrededor del precio del dólar (y todo lo que eso significa) sigue sin resolverse.
Resumiendo, los puntos que son cruciales para los diversos sectores en el poder no han sido resueltos. Todos hasta el momento pueden estar contentos, puesto que conservan intactas sus posibilidades de éxito. Sin embargo, son puntos que necesariamente tienen que resolverse, algunos dentro de poco tiempo. Mientras tanto se hace –y hasta con exceso– aquello en que se está básicamente de acuerdo.
CÓMPRATE UN BIOMBO, PERICO (Y VIVE TU VIDA)
El tipo de reorganización social que emprende el régimen a través de las drásticas medidas a las cuales se ha hecho referencia, parecen dirigidas a la atomización de la sociedad.
En efecto, la nueva legislación sindical favorece la multiplicación de los sindicatos y prohíbe o dificulta las federaciones. La ley de Universidades divide a las más grandes, crea entidades autónomas y facilita la creación de nuevas universidades e institutos privados. La disolución de los colegios profesionales está dirigida precisamente a la creación de numerosas asociaciones voluntarias en cada profesión. La reorganización municipal aumenta el número de municipalidades, disminuyendo su tamaño y encargándola de tareas que eran antes nacionales, como es la educación, vialidad, salud, etc.
Todas y cada una de estas transformaciones van produciendo paulatinamente una cierta pérdida de la posibilidad de identificación nacional. A la población sólo le cabría la identificación local, encerrándose cada vez más en pequeños mundos, en una delimitación de los problemas de espacio reducido.
Ahora bien, este tipo de reorganización social debe ser mirado cuidadosamente, pues las consecuencias políticas que de aquí deriven pueden ser de gran importancia.
Entre estas reorganizaciones, aparece como de gran importancia la emprendida en las municipalidades. Por momentos pareciera que se trata de traspasar gran parte de las políticas nacionales al nivel municipal.
Oficialmente, la reorganización social emprendida correspondería a la realización de un cierto esquema de gobierno que proclama autoritarismo en la cúpula y democracia en la base. La multiplicación de las organizaciones sociales y su reducción a límites manejables tendrían la intención de promover la participación de la población justamente en la solución de los problemas inmediatos y directos que le interesan (el problema de la escuela, la empresa en que se trabaja, de convivencia vecinal, del policlínico, de las calles y plazas del barrio, etc.).
Resulta extraño recordarlo, pero importantes sectores de izquierda defendieron durante mucho tiempo la idea de «participación en la base» e, incluso, más de alguno despreció en su oportunidad la participación formal en elecciones abstractas.
Pero, más allá de evocaciones incómodas, resulta claro que si esta reorganización social llega a establecer algún grado de efectiva participación popular, es muy probable que sea una fuente de problemas para el régimen.
En las situaciones de base es mucho más posible que los sectores populares logren movilizar y presionar a las autoridades locales en la defensa de sus intereses. A su vez, la situación de la autoridad local, que tiene que ver inmediata y directamente con los problemas de «su» territorio, suele conducir a un cierto grado de identificación con esos problemas y a una mayor disposición al diálogo. Tal actitud favorece el desarrollo del movimiento popular y tiende a disminuir la fuerza autoritaria del régimen.
Es, pues, poco probable que la reorganización social emprendida (y básicamente la municipal) esté encaminada a mejorar la participación de la población. Más aún, es mucho más probable que su intención sea diametralmente opuesta.
Por una parte, porque la multiplicación y el empequeñecimiento de las organizaciones debilita sus posibilidades de acción y, a la vez, porque dificulta una perspectiva de alcance nacional que permita cuestionar el poder vigente y plantear un proyecto alternativo.
Por otra parte, porque una reorganización local, como la que se impulsa respecto a las municipalidades, puede tener claras ventajas desde el punto de vista del control social. Permite una percepción más nítida y una acción más eficaz de la población sectorizada, lo cual le otorga al régimen mejores condiciones de control político, con mayor razón cuando las municipalidades cubren población homogénea.
En consecuencia, talvez pueda dudarse de las afirmaciones oficiales en cuanto a «democracia en la base», puesto que perfectamente podría tratarse de medidas destinadas a ejercitar el «autoritarismo en la base».
Hay otros alcances que se podrían hacer al proceso de municipalización. Uno de ellos es que, a corto y mediano plazo, la multiplicación de las alcaldías permite ir formando políticamente a una serie de «cuadros» de partidarios del régimen. De cierta forma se estaría generando una especie de carrera política, es que, de alguna manera, se intenta comprometer a la población en las creaciones del régimen, lo cual, de tener éxito, haría mucho más difícil la posibilidad de un cambio.
