Kitabı oku: «Fidelidad, guerra y castigo», sayfa 2
Existe un elevado número de investigadores y trabajos sobre nuestras universidades. Contábamos con el grupo de nuestros programas –junto a mi hermano y López Piñero que siempre asistieron–, con el Instituto Antonio de Nebrija de la Carlos III, el CESU mexicano y el centro salmantino Alfonso IX, que componían la nervadura y principal asistencia. Los organizadores invitaban a otros investigadores que trabajaban en estos temas para asegurar la necesaria ósmosis y aprender… Cada investigador se dedica a la época y tema que le atrae o le conviene en función de su área y posibilidades, que aporta a veces con otros del grupo o externos. Trabajábamos en equipo, pero cada uno su parte… La amistad académica entre todos –amigos en sentido estricto hay pocos– y una forma de hacer, rigurosa y honesta ha espoleado la cooperación y logros.
Nunca nos atrevimos a editar una revista que supone trabajo y costes, un ritmo de publicación. Pero Adela Mora fundó los Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la universidad desde 1997; y en Salamanca, Luis Enrique Rodríguez-San Pedro impulsó la Miscelánea Alfonso IX, que reúne coloquios sobre cuestiones universitarias desde 2003. Tampoco aspiramos a crear un centro o instituto en Valencia –odio la burocracia, enemiga de la investigación–. Nos bastaba con la secretaría del departamento, con la extraordinaria ayuda de Rosa Ruiz y Mar Vera…
En Italia lo hicieron muy bien, con un centro interuniversitario (CSUI), que acordaron los rectores de Bolonia, Mesina, Padua y Sassari, a instancia de Gian Paolo Brizzi, Piero del Negro y Andrea Romano, al que pronto se unieron otros centros. Han podido editar su revista Annali di storia delle Università italiane –desde 1997–, y una colección que publica congresos y monografías… En España hubiera sido difícil…
No quise promover una sociedad de historiadores de las universidades. Tenía reciente experiencia de la sociedad de historia de la ciencia y la técnica, promovida por mi hermano y otros amigos, que nada más creada generó pugnas y desencuentros. No obstante, en Alcalá de Henares en una reunión a la que asistieron Domenico Maffei y Antonio García, insistieron y acordamos una sociedad española dentro de la comisión internacional, pero yo tenía poca fe y apenas funcionó. Esta comisión internacional para la historia de las universidades, creada en Estocolmo en 1960 por Sven Stelling Michaud, estaba afiliada al comité internacional de ciencias históricas y en relación con el consejo de rectores europeos. Promocionaba coloquios o reuniones en que participé con agrado y fruto: pude oír y conocer a profesores y especialistas, seguir sus trabajos… Luego, gracias al empuje de Walter Rügg y de Ilde Rydder-Simoens publicaron cuatro volúmenes de A History of the University in Europe (Cambridge University Press, 1992-2004); solo los dos primeros fueron traducidos. Participé –como también mi hermano– como consultor en algunas reuniones previas. Walter Rügg, profesor de latín y griego y sociólogo, había ya editado su Geschichte der Universität in Europa (4 volúmenes, 1993).
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Pero vuelvo a la tesis de Sergio Villamarín sobre la guerra de sucesión y la nueva planta, Las instituciones valencianas durante la época del Archiduque Carlos (2001). Ahora completada, y con título más sugerente y exacto: Fidelidad, guerra y castigo. Las instituciones valencianas entre Felipe V de Borbón y Carlos III de Habsburgo. Una parte de la tesis fue ya publicada, La Generalitat valenciana en el siglo XVIII. Una pervivencia foral tras la nueva planta (2005). Pervivencia de la hacienda de la diputación de las cortes, pese a carecer de sentido tras la abolición de los fueros y las cortes, anexionada a la real hacienda y subordinada al intendente.
En estas páginas analiza la presencia sucesiva en Valencia de los dos monarcas en guerra, Felipe –el animoso, lo llamaron sus coetáneos– y el archiduque Carlos de Austria. Continuidad y cambio, durante los diversos momentos, desde la instauración del Borbón en 1700 hasta la caída del reino en manos del Habsburgo y en la posterior recuperación… Desde el marco bélico, examina el autor los problemas económicos y las variaciones que se suceden; trasmite las angustias de la guerra y las improvisaciones de la paz…
Ni Felipe de Anjou, ni tampoco el pretendiente Carlos introdujeron demasiados cambios durante los primeros años que dominaron Valencia, Aragón o Cataluña –hubo continuidad–. En 1705 la reina Ana de Inglaterra suscribe el tratado de Génova con los catalanes prometiendo que el archiduque juraría guardar sus leyes, constituciones y privilegios: juramento que prestó.
A partir de la victoria de Almansa el 25 de abril de 1707 Felipe de Borbón inició drásticas reformas en Valencia y Aragón, más adelante en Cataluña. En los preliminares del tratado de Utrecht, en el tratado de Madrid de 27 marzo de 1713 se aceptaba la cesión de Gibraltar y Menorca a su majestad británica, con tolerancia de la religión católica a sus habitantes, y respeto de iglesias, obispados y beneficios; conservarían sus propiedades y haciendas con los mismos derechos que los ingleses. La reina pidió el perdón y amnistía de vidas y haciendas a los catalanes, incluso sus fueros. Pero a pesar «de las fuertes y reiteradas instancias que milord Lexington ha hecho para que se les conservase también sus fueros, no ha podido su Majestad católica condescender a esta petición por la consideración de que los referidos fueros son demasiado perjudiciales a su soberanía, a su real servicio y a la misma quietud de los demás reinos…»
Las reformas borbónicas fueron improvisadas, inestables… Porque la nueva planta no fue un proyecto previo, racionalizado, una importación de instituciones de Francia: su única meta y designio fue sujetar más a los valencianos al poder de la corona. Se aplicaron recetas castellanas y se ensayaron soluciones nuevas… El decreto de nueva planta de 1717 para Cataluña –posterior– parece más meditado. Pero en Valencia, hubo dudas y retrocesos, pues la chancillería se convierte pronto en audiencia –la posible devolución de Furs en 1719 se frustró seguramente por un informe de este alto tribunal–. Hubo en poco tiempo dos modelos de ayuntamiento: en el primero nombró jurados adictos y suprimió el consell general, mientras luego introdujo –modificado– el corregimiento castellano… O creó un intendente como experiencia nueva…
A punto estuvo de desaparecer la universidad. Tras la victoria de Almansa, Felipe suspendió el patronato del ayuntamiento sobre el estudio general; no podría nombrar rector ni catedráticos, aunque siguió sosteniéndola por medio de vicerrectores y profesores interinos, pagando sus costes… En 1719 el rey pide informe sobre la universidad y el intendente y corregidor Luis Antonio Mergelina hace ver su situación: se perderían las rentas de pavordías de Sixto V, caso de quedar todas vacantes. El capitán general duque de San Pedro sugirió que la universidad cediese las aulas de gramática a los jesuitas –ya las tenían en otros centros universitarios– para facilitar la devolución del patronato. Y así se hizo y logró la restitución, aunque se enzarzó en un largo pleito con la compañía hasta 1741. Mientras en Cataluña el rey había reunido las seis universidades existentes, las municipales de Lérida, Barcelona, Gerona y Vic, la dominica de Solsona y Tarragona, establecida sobre el seminario conciliar. Había erigido con alto coste una sola en Cervera, que dominaron los jesuitas. En Aragón reformó Huesca y Zaragoza…
La relectura de estas páginas me ha hecho pensar que los juristas, por nuestra formación, tendemos a interpretar el poder, al que llamamos «el Legislador» –un tópico, un tótem o dios–, como una instancia benéfica que ordena y racionaliza. El propio poder político proclama y hace constante propaganda de esa virtud suya. Y ayer como hoy, más bien parece que busca mantenerse, perdurar, crecer, dominar en su beneficio. Su dinastía, los suyos, que no son todos… Mediante un poder absoluto o en un juego de contrapesos y garantías, dicta el derecho que le favorece… Pero ni siquiera diseña su designio con nitidez racional, porque el arbitrio del rey y de sus consejeros varía, se contradicen, como vemos en estas páginas. Y en épocas más recientes el juego de fuerzas sociales y partidos en busca del poder produce desarmonías y contradicciones, mientras se amparan en ideologías que predican libertad e igualdad, el sacrificio de los gobernantes, su generosidad y honradez. El historiador del derecho, si quiere entender algo, deberá olvidar su formación y adoctrinamiento inicial al interpretar las leyes del pasado –o del presente–. No puede conformarse con describirlas y alabarlas, sino ha de reconstruir el derecho vivo que se aplica, para revelar sus claves menos justas, sus contradicciones interesadas…
PRIMERA PARTE
LA GENERALITAT VALENCIANA
1. EL PLÁCIDO ARRIBO DE FELIPE V
1. EL ADIÓS AL ÚLTIMO HABSBURGO, LA BIENVENIDA AL PRIMER BORBÓN
La muerte del rey Carlos II se aborda por la Generalitat, en sesión extraordinaria convocada a tal efecto, el día 6 de noviembre del año 1700.1 El diputado eclesiástico Francisco Lloris de la Torreta, delegado del cabildo de Tortosa, es el encargado de transmitir a la corporación las órdenes reales y cláusulas del testamento. En ellas se contenía la polémica resolución real que nombraba heredero al pretendiente francés Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia Luis XIV; en una decisión nada fácil de adoptar por el moribundo monarca, que soportó todas las presiones imaginables de los bandos cortesanos –austracistas y borbónicos– en disputa por su vasta herencia.2 Herencia que, inevitablemente, provocaría un conflicto armado desarrollado tanto en escenarios europeos como peninsulares: la Guerra de Sucesión.
Sabedores de la trascendencia del momento, los diputados afrontaron de modo solemne la lectura de dos cartas: la primera, enviada por el propio monarca y fechada el día uno de noviembre de dicho año; y la segunda remitida por la reina y con fecha del tres de noviembre. En la misiva del monarca, sin firmar a causa de su precario estado de salud, se demandaba respeto al contenido de la orden de 30 de octubre de 1700 que otorgaba –en el ínterin de su enfermedad– el gobierno del país al cardenal Portocarrero, y se habría de mantener aún en el caso de su fallecimiento, en espera de la apertura de su testamento.3 Para este período Carlos II dispuso el mantenimiento de la planta del gobierno establecida y vigente, por ser más conveniente a la defensa y conservación de los fueros, privilegios, usos y costumbres del reino. La carta de la reina no hacía sino ratificar las disposiciones testamentarias que designaron al duque de Anjou como sucesor. Se decidió asimismo el mantenimiento en sus cargos de los oficiales reales hasta su venida, incluido el marqués de Villagarcía, virrey de Valencia, además de relatar la estructura que habrían de tener los nuevos órganos de gobierno en Madrid.4 Tras su lectura, la Generalitat en pleno y bajo la fórmula del nemine discrepante,5 acordó la ejecución de la real voluntad … segons son serie y tenor, ratificando la instauración de una nueva dinastía en el trono: los borbones. Atrás quedaba la incertidumbre por la maltrecha salud del último Habsburgo, que ocasionó el envío permanente de correos por las instituciones valencianas, Generalitat incluida, para conocer su condición, mejoras y recaídas…6
Sin debate alguno en torno a la sucesión y sin mayores alteraciones de la vida institucional –tal y como refleja la documentación–, la primera tarea fue disponer los funerales de Carlos II. Ya en la reunión en la que realizaron la lectura del testamento, acordaron los gastos de las exequias reales, para las que recibieron la autorización del virrey. Ascendían a 750 libras, apenas la tercera parte de lo invertido en otras ocasiones, reflejo de la precaria situación financiera de la institución y anticipo de una condición que se mantendría a lo largo de todo el período. Con todo, dentro de los actos de duelo se programó una embajada ante el virrey para el 26 de noviembre, en la que habrían de intervenir trece coches y los correspondientes lacayos.7 La preparación y realización de los actos por el real fallecimiento ocuparon a la institución, marcando también una prudente espera ante las posibles reacciones por la polémica sucesión. Demora favorecida por la situación personal de sus dirigentes, al final del mandato trienal establacido por ley.8 La llegada de 1701 trajo la renovación de cargos y con ella la llegada de los protagonistas del nuevo momento dinástico. Por si la dinámica propia de la institución no bastara para justificar su atonía en tan señalada coyuntura, tampoco el nuevo rey había entrado siquiera en sus dominios peninsulares…
Fieles a este patrón, las jornadas transcurrieron sin grandes acuerdos fuera de los propios del devenir diario. No se halla en la documentación referencia alguna a los hechos que rodearon la muerte del monarca o su sucesión.9 Esta normalidad, o desconexión de los hechos que sacudían la corona, recibió la renovación de los cargos sin incidentes ni institucionales ni personales.10 Apenas se produjo un lance en el estamento militar –desconectado del momento político sucesorio– por la recusación de la elección de diputado, el conde de Peñalva, quien a pesar del pleito planteado ostentaría el cargo durante el trienio.11 Asimismo, en el estamento eclesiástico resultaron elegidos diputados el obispo de Tortosa y el arzobispo de Valencia, con lo que ante la imposibilidad de que dos mitras fuesen simultáneamente diputados, la repetición del sorteo otorgó el puesto al prior de Valldecristo. Tras estas circunstancias la dirección de los cargos rectores de la diputación12 quedó así configurada:
Oficiales de la Generalidad
La venida del monarca sacudió la indiferencia del interregno. Con tal motivo, el 3 de febrero de 1701, la Generalitat solicitó permiso al virrey para instalar luminarias manifestando su obligación de seguir lo dispuesto por la ciudad en esta materia, señalando a su vez, que «…molts particulars hi posen…». Como explica la propia provisión, el virrey transmitió informalmente el real arribo a la diputación tras recibir la noticia del presidente del Consejo de Aragón. Su confirmación oficial, sin embargo, no se produjo hasta la reunión de 5 de febrero de 1701, cuando dieron lectura a la carta de Antonio Ubilla de Medina –fechada el 26 de enero– que transmitió la entrada de Felipe en Irún el 22 de enero. Junto a ella, recibieron la esperada confirmación del virrey sobre las luminarias, iniciando de inmediato los movimientos institucionales para establecer contactos con el nuevo rey. El 16 de febrero, con la solemnidad que requería el recibimiento de una nueva dinastía, la representación política del reino encabezada por los electos de los estamentos, se reunió con la Generalidad para, por fin, abordarlo. El síndico del estamento eclesiástico señaló en su exposición que los electos estamentales ya habían declarado el hecho como caso inopinado, lo que les permitía realizar un uso extraordinario de los fondos de la Generalitat, a invertir en una embajada al monarca.13 Con la decisión tomada, de esta reunión conjunta debía salir la confirmación y el nombramiento de las personas que habrían de desplazarse a Madrid con la misión de besar su mano y darle la bienvenida. La unanimidad presidió la reunión acordando sin discrepancias y tras votación secreta que el embajador fuese José Cernecio y Perellós, conde de Parcent, asignándole 2.000 libras para dietas y gastos. El 6 de marzo partió hacia la capital desde el convento de San Sebastián, tras haber cumplimentado una visita a la Virgen de los Desamparados. Según el dietarista Ortí «el tren de carrozas furlones y criados que se llevaba era luzidíssimo, y tanto que dificultó entrasse embaxador en la corte con mayor autoridad y luzimiento». Por fin, el 20 de abril fue recibido por Felipe V ante el que «desempeñó con gran luzimiento al reyno, así en la ostentación de su tren como en el banquete que hizo opulento y saçonado en la corte». La embajada terminaría cinco meses después.14
La actividad desplegada por el nuevo monarca desde su llegada fue incesante, traduciéndose políticamente en la adopción de una serie de disposiciones reformistas en la administración de la monarquía que afectaron principalmente a la Corona de Castilla, los órganos centrales de gobierno, la hacienda real o el ejército.15 Este ímpetu también alcanzó a la Corona de Aragón, pero desde una perspectiva más respetuosa y conciliadora, menos transformadora –consciente posiblemente de los incidentes que rodearon la aceptación del testamento en algunos de sus territorios, y siguiendo el consejo de su abuelo Luis XIV–16 con el claro interés de vencer recelos y desconfianzas. Así entendemos las tempranas convocatorias de cortes a Cataluña y Aragón. La primera recibió el anuncio de su celebración junto la comunicación de la boda real, el día 16 de julio de 1701 –apenas cinco meses después de su llegada– desarrollándose entre el 12 de octubre y el 14 de enero de 1702.17 Las de Aragón comenzarán casi a continuación, el 26 de abril de 1702, aplazándose en principio por motivo de la guerra hasta el mes de agosto de 1704, quedando finalmente inconclusas y sin virtualidad práctica.18
El traslado de Felipe V a Cataluña para su celebración provocó una respuesta inmediata en las instituciones valencianas. El 2 de octubre de 1701, Generalidad, ciudad y estamentos enviaron un correo a Barcelona reclamando, de nuevo, su presencia dentro de una representación hecha al rey mediante el conde de Cocentaina, miembro del séquito real, que se hallaba en Barcelona. A su vez, con fecha de 3 de noviembre, comenzaron en la ciudad de Valencia las reuniones de los electos para realizar els apuntaments para las futuras cortes, percibidas como muy próximas.19 Este acercamiento institucional hacia la nueva dinastía, neutro y sincero, no debe ocultarnos la presencia de decididos parciales del pretendiente austríaco protagonistas de pequeños escarceos, conjuras o conspiraciones, pero absolutamente ajenas a las instituciones principales del reino.20
Mientras los electos preparaban sus trabajos pensando en las futuras cortes, el enlace real enardeció el fervor de la Generalidad. Así, pese a la aparente sorpresa con que recibió la llegada de la reina a Barcelona –el 14 de noviembre de 1701– resultándole imposible convocar una reunión, la diputación envió a su compañía de ministrils al palacio virreinal y realizó unas disparadas en la casa de las armas para festejar el feliz acontecimiento. Las celebraciones continuaron tras el enlace. Junto a las tradicionales luminarias previstas para los días 22, 23 y 24 de febrero de 1702, siguiendo como es costumbre a las realizadas por la ciudad, los diputados participaron en unos festejos que incluían misas, procesiones, castillos de fuegos…21
2. ECOS DE UNA GUERRA LEJANA
Pese a la existencia de voces discrepantes, la total calma reinante se quebró con el inicio de la Guerra de Sucesión en los dominios italianos a mediados de 1702, provocando la salida de España de Felipe V. El 15 de julio, la reina comunicaba la partida real y su designación como gobernadora durante la ausencia, aceptada sin reparos por la Generalidad.22 El sobresalto por el inicio de un nuevo conflicto, no parecía afectar a las instituciones valencianas, al menos mientras las hostilidades se situaban allende sus fronteras. El sosiego, paradójicamente, no provenía de ninguna seguridad militar pues la contienda iba a exigir unos esfuerzos –provocados por el paupérrimo poder militar de corona y reino– para los que no estaban preparados ni una ni otro. Y no por la imprevisibilidad de un enfrentamiento casi seguro, ni porque las endémicas debilidades militares valencianas no fueran de sobra conocidas por el gobierno, pues el Consejo Supremo de la Corona de Aragón detallaba sus terribles deficiencias ya en el XVII:
Es casi todo el Reyno de Valencia costa marítima y teniendo poco menos de 60 leguas de largo, obliga a tener mucho cuidado en su guarda, así y porque no aya embarcaciones de moriscos, como por que no se reciva daño de los moros de la mar y para esto demás de las torres que están hechas, conviene que se hagan otras muy necesarias, y que se provean las demás cosas que baxo se dirán, todo lo qual toca a la Generalidad del Reyno en que suele proceder muy floxamente.
Falta de infraestructuras militares dada la extensión y características del litoral valenciano a la que debemos sumar la nula confianza que proporcionaban unas milicias escasamente preparadas, deficientemente armadas, y muy mal pagadas:
…no se pueden sustentar con el sueldo que tienen, no se les puede por esto castigar con rigor de donde nace mucha parte de los descuidos que ay.23
Tras esta falta de previsión militar ante el conflicto por parte de la corona y las autoridades valencianas, coexistían varias causas: exceso de confianza en el poder del aliado francés y un miedo la imposición de nuevas cargas a una población sobre la que algunos albergaban dudas de su completa fidelidad y que se encontraba exhausta tras los numerosos conflictos bélicos soportados en los últimos años de Carlos II.24
Desafortunadamente la guerra no tardó en alcanzar la península, y ya a finales del verano de 1702 se produjeron las escaramuzas de la armada aliada en Cádiz y Vigo25 obligando al virrey marqués de Villagarcía a demandar colaboración efectiva de las autoridades valencianas. La Generalitat, como custodia del arsenal más importante del reino, debía involucrarse de inmediato y Villagarcía le solicitó el préstamo de pertrechos para defender las plazas marítimas ante una probable invasión.26 Los diputados proporcionaron 2.000 armas de fuego –mosquetes y arcabuces– de las custodiadas en la casa de las armas, 1.500 para el servicio del rey en Cádiz y las restantes enviadas a la defensa de Alicante. Las recogerá y repartirá José Monflorit, designado a tal efecto por el virrey y con experiencia en estos menesteres, que ya había desempeñado en 1687, 1693 y 1694. La entrega se hizo siguiendo el procedimiento habitual, asegurando las armas mediante una fianza –5 libras por cada una– y dos fiadores –los ministros de la Audiencia Andrés Monserrat Crespí y Sebastián Pertusa–, a los que se recurrirá en caso de no devolución en buen estado en el plazo acordado –6 meses–. Semejante trasiego de armamento suscitó la curiosidad de los estamentos, que de inmediato –aprovechando una visita inconclusa de 1695– realizaron una inspección del estado y alcance del arsenal valenciano.27
Alertados de la posible llegada del conflicto, los diputados encomendaron la reposición de los pertrechos a Luis Claresvalls Miquel tras haber estudiado muestras procedentes de Vizcaya y Cataluña.28 Éste debía comprar 1.500 fusiles de las fábricas de Solsona y Ripoll, 800 de ellos con sus correspondientes bayonetas.29 Esta rápida actuación respondía a la magnitud del préstamo efectuado –según inventario el arsenal apenas superaba las 4.200 unidades entre arcabuces y mosquetes– ante la amenaza de la invasión.30 Indirectamente, también podríamos pensar en compromiso decidido con Felipe V.
La voluntad de contribuir al real servicio no acabó con la entrega, no tardando en rebajar el precio tasado –la cantidad dejada de percibir se consideraría un donativo– de las armas puestas a disposición de Monflorit con destino a Cádiz. Así en su reunión de 26 de enero de 1703
… considerant que és molt conforme a la obligació de ses señories estar als exemplars més favorables al Real Servici de Sa Magt. quals són los de la estima de 4 lliures per cascun arcabús y mosquet, majorment en ocasió tan urgent, y tant beneficiosa a la conservació de la Monarquia, com la de Cadis, per a què serviren aquels, en la qual si no es necessitàs per a la defensa de este Regne, y costa del remplazo de les armes, y la Generalitat tinguera effectes de hon poder remplazar-les, hagueren ses señories servit fent donatiu de aquelles ab lo gast, que correspon a la gran fidelitat y obligació del Real servici.31
Acorde con esta disposición Monflorit satisfizo la deuda con dos entregas de dinero en la Taula de Valencia: la primera por importe de 4.000 libras realizada el 17 de octubre de 1702, y la segunda de 2.000 libras el 23 de febrero de 1703. Según el ajuste definitivo, el total de gastos de compra y transporte de las nuevas armas ascendió a 6.226 libras y 10 sueldos. Si a esto unimos el gasto por la compra de flascos y flasquillos, de 1.237 libras y 10 sueldos, nos encontramos con que el desembolso global ascendió a 7.500 libras, a razón de 5 libras por unidad. De este modo la rebaja adoptada se tradujo en la donación voluntaria de 1.500 libras al servicio del monarca. Las armas entregadas a Alicante fueron devueltas íntegramente, tras alejarse los temores de la invasión, el 18 de diciembre de 1703.32 Tras la devolución, la diputación se encontraba repuesta del esfuerzo material realizado, si bien en el aspecto económico no había salido tan bien parada, y no sólo por el perdón en favor del real servicio. Las condiciones acordadas para su devolución se incumplieron, pues transcurrieron más de seis meses sin abono de cantidad alguna en compensación por el retraso. El interés por favorecer el servicio del rey eliminaba cualquier posible reproche. El compromiso de la institución era sólido y así lo parecía.
Mientras la Generalidad se comprometía activamente con un real servicio centrado en salvaguardar otros frentes peninsulares por las urgencias de la guerra, en el reino valenciano las muestras de rechazo al nuevo rey o de simpatía hacia el pretendiente austríaco, comenzaron a ser cada vez más abiertas y evidentes, espoleadas por la guerra en curso. Unas veces la presencia de la armada aliada frente a las costas valencianas desataba los ánimos, y otras eran los propios movimientos filoaustracistas, ayudados por la labor propagandística de los agentes del archiduque, los que se manifestaban abiertamente.33 En ambos casos se sirvieron, canalizándolos hacia su causa, de unos sentimientos latentes en amplias capas –eclesiásticos y campesinos principalmente– de la población: la francofobia y la dureza del régimen señorial valenciano. Para esto último se ayudaron de una promesa de reducción de las cargas señoriales. Reflejos de un larvado descontento, desvinculado de la distante pugna sucesoria, pero que brotaba ahora espoleado por el conflicto que asomaba en el horizonte. 34
La realidad competencial de la Generalitat permitía poco margen de actuación ante estos hechos, por lo que estas tensiones apenas incidieron en su devenir diario tal y como refleja la documentación.35 Pero el gobierno borbónico sí parecía haberse percatado de que la placidez inicial podía verse seriamente alterada por las turbulencias sociales resucitadas por la guerra. Este nuevo marco desvanecía certidumbres, alumbraba dudas, posibilitaba críticas y provocaba posicionamientos más allá de la disputa estrictamente dinástica. En un intento de alejar las sombras sobre la legitimidad de la sucesión y con ello aplacar las crecientes muestras de descontento con el testamento de Carlos II,36 desde Madrid se enviaron unas aclaraciones a través del Consejo de Aragón, abordadas por la Generalitat valenciana el 13 de noviembre de 1703.37 Una carta –fechada el 24 de octubre y que debía ser guardada junto al propio testamento– puntualizaba las líneas sucesorias en favor de la casa de Francia. Tras su lectura los diputados ordenaron que se cumpliese y ejecutase en su tenor literal, en una muestra más de coherencia con su apoyo al rey. Coherente proceder con lo actuado hasta ahora que, sin embargo, contrasta con la respuesta que recibió la misma misiva en Cataluña. Allí, el consell de cent, el brazo militar y los comunes de la diputación, evitaron cumplir el mandato real alegando no encontrar la manera de ejecutarla sin transgredir las constituciones y usos del principado y la ciudad.38 A pesar de que en 1703 la situación distaba aún de ser de claro enfrentamiento en Cataluña y la aceptación de este tipo de documentación no era obligatoria para las instituciones, la cercanía y la distancia entre unos y otros empieza a revelarse…
3. REACCIONES A LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES REBELDES
La llegada de 1704 supondrá el relevo de los responsables de la Generalitat elegidos tres años antes. Pese a que la guerra había enrarecido el clima político, sacando a la luz las parcialidades en el conflicto, éste se realizó con absoluta normalidad. No hubo depuración de insaculados, defecciones por parte de los aspirantes o manifestaciones disonantes de unos y otros. Ni los insaculados se apartaron de la normalidad del proceso ni el gobierno parecía desconfiar de ninguno de ellos ni, menos todavía, de la institución. Siguiendo el protocolo y formas habituales, se produjo el sorteo entre los brazos eclesiástico y militar los días 25 y 26 de diciembre de 1703, respectivamente. De igual modo se recogieron los juramentos de los ciudadanos en los protocolos de la casa, ya fuese en persona o a través de delegado.39
Oficiales de la Generalidad
Sin que se hubiera producido algún hecho de armas aún, 1704 vio incrementar notablemente la presencia del conflicto en territorio valenciano, centrada en la comarca de la Marina. El desembarco aliado del día del Corpus ocupó la atención virreinal sobre la zona. Desde la corte se recomendó fortalecer militarmente el litoral, y el virrey Villagarcía tomó plena conciencia de la necesidad de reprimir la cada vez más ruidosa disidencia auspiciada por los desembarcos aliados, creando una junta formada por magistrados de la Audiencia. Sin embargo, la falta de fondos dejó en nada la voluntad de fortificar la plaza –adelantando lo que fue la tónica de la política borbónica en Valencia, la falta absoluta de medios–.40 Y es que la agitación austracista era ya pública y notoria
