Kitabı oku: «México ante el conflicto Centroamericano: Testimonio de una época», sayfa 4

¿Activismo o intervencionismo?

México frente a Nicaragua, 1978-1982

Mónica Toussaint 1

El papel de México en la región centroamericana a fines de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado ha despertado polémica. Para algunos, México dio continuidad a una preocupación por lo que acontecía en los países del istmo centroamericano, que había estado presente a lo largo de su historia como nación independiente. Para otros, a partir de 1979, México manifestó una clara vocación “centroamericanista” y empezó a desarrollar una diplomacia francamente activa hacia Guatemala, Nicaragua y El Salvador debido a la situación de crisis política y a su mayor capacidad de ejercer el papel de actor regional, derivada de los recursos petroleros. Algunos más han llegado a argumentar que la política exterior de México hacia Centroamérica en esos años rebasó el marco de los principios tradicionales de la diplomacia mexicana, y la han caracterizado como una política de franca intervención.

De aquí que en este capítulo se busque analizar la política exterior de México hacia Nicaragua en el periodo de 1978 a 1982, tomando en cuenta el pensamiento y las acciones de los actores diplomáticos concretos, en el marco de lo que puede definirse como una política de Estado impulsada por un gobierno defensor de una ideología nacionalista y revolucionaria. Partiendo de que se trata de una época caracterizada por un marcado activismo de la diplomacia mexicana, se hará énfasis tanto en los mecanismos de formulación de política exterior desde la Cancillería como en el papel de la embajada mexicana en Managua. Con este fin, se presenta un panorama general del proceso revolucionario en Nicaragua, para luego exponer cómo las acciones emprendidas por el gobierno mexicano pueden ubicarse en varios niveles.

En primer lugar, se destacan algunas de las acciones llevadas a cabo durante este periodo, las cuales corresponden a la tradición de la política exterior mexicana de defensa de una serie de principios y, en particular, se hace referencia a la práctica de otorgar asilo a los perseguidos políticos en las sedes diplomáticas mexicanas. En segundo término, se analiza el viraje en la política exterior mexicana a partir de 1979, para convertirse en una política francamente activa hacia la región, que buscaba dar apoyo a los movimientos sociales que luchaban por un cambio, y que se expresó en dos iniciativas claras: la ruptura de relaciones con el gobierno de Anastasio Somoza en mayo de 1979 y la solidaridad con el nuevo gobierno a través de acuerdos de cooperación, como el Pacto de San José, firmado en 1980. Un tercer apartado busca explicar cómo, derivado de esta política activa, se inició un importante proceso negociador encabezado por México, el cual tuvo como característica principal el enfrentamiento con el gobierno de Ronald Reagan, empeñado en intervenir de manera directa en la región, proceso que fue el antecedente de la creación del Grupo Contadora, en 1983. Por último, se hace referencia a las acciones promovidas por la Cancillería o impulsadas de manera personal por el encargado de negocios de la embajada de México en Managua, que claramente rebasaron los límites de los principios de nuestra política exterior y que pueden considerarse una forma de intervención o, al menos, de participación directa en el apoyo a los movimientos sociales nicaragüenses que desafiaban al régimen de Anastasio Somoza Debayle.

De esta manera, se busca dar cuenta de un fenómeno que, por su complejidad, no puede analizarse a través de una sola línea explicativa, sino que tiene que ser abordado tomando en cuenta los diversos factores que incidieron en la elaboración de la política exterior mexicana y las distintas formas en que ésta se expresó.

La revolución sandinista

A finales de los años sesenta, las protestas sociales se incrementaron en Centroamérica. Frente al fracaso de los partidos políticos tradicionales, las luchas sociales fueron encabezadas por los movimientos estudiantiles y el incipiente movimiento guerrillero, a los que se sumó la crítica de sectores cercanos a la oligarquía, como fue el caso de la Iglesia. A todo ello, la clase dominante respondió con una oleada creciente de represión. Para complicar más la situación, los factores externos otorgaron al conflicto una dimensión político-ideológica que influyó muchas veces en su evolución. Así, la segunda mitad de los años setenta fue un periodo de crisis en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En cada uno de esos países, las manifestaciones del deterioro social, económico y político fueron diferentes, pero en todos los casos se intentó dejar atrás los regímenes autoritarios, militarizados y carentes de prácticas democráticas.2

En el caso de Nicaragua, al iniciarse la década de los sesenta existía una gran inquietud popular por organizarse en contra de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, quien ejercía el monopolio económico en el país y sustentaba el control político con base en una constante represión a las fuerzas de oposición. Las luchas y protestas masivas contra la carestía de la vida, la insalubridad, la falta de vivienda y otros muchos problemas se sucedían de manera espontánea en los sindicatos, los barrios, las escuelas y el campo, debido a la ausencia de una organización que encabezara estas luchas. En general, la oposición antisomocista había sido hegemonizada por el Partido Conservador, pero venía experimentando una pérdida gradual de control sobre los movimientos sociales que, cada vez más, buscaban la caída de Somoza. En este periodo, el movimiento estudiantil empezó a enarbolar la figura de Augusto César Sandino y la consigna antimperialista como banderas de lucha que pudieran aglutinar a los sectores sociales más pobres de Nicaragua.

El surgimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1961,3 organización antisomocista con un programa revolucionario, abrió una nueva etapa en el desarrollo de las luchas populares en Nicaragua. En un inicio, el FSLN trabajó en la clandestinidad, desarrollando una actividad fundamentalmente guerrillera. Ello se debió tanto a la constante represión de la que eran víctimas los sectores populares contrarios al régimen como a la concepción política que, debido a la influencia de la revolución cubana, privilegiaba la lucha guerrillera como medio para acabar con la situación económica, política y social imperante.

Después del revés militar sufrido en el primer intento armado llevado a cabo en Bocay, en 1963, el FSLN inició una campaña de acumulación de fuerzas y estructuración de una red clandestina con el fin de subsistir frente a la represión, al tiempo que trabajaba con el objetivo de ganar autoridad política para organizar y movilizar al pueblo nicaragüense. Por ello, se dio a la tarea de vincularse a los movimientos sociales en los sindicatos de la ciudad y el campo, en los barrios y en las escuelas, presentando una alternativa de expresión y protesta, a la vez que desarrollaba una intensa labor de propaganda política. Este incipiente trabajo de masas fue dirigido por el FSLN a través del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) y de los Comités Cívicos Populares. Durante este primer repliegue, se trabajó también en alianza con algunas fuerzas democráticas, como el Partido Socialista Nicaragüense (PSN) y Movilización Republicana, con el fin de llevar adelante luchas de carácter reivindicativo por el agua, la luz, el transporte, etcétera, pero sin darles un contenido político revolucionario. De manera paralela, se lograron difundir las ideas sandinistas por medio de círculos de estudio, volantes y propaganda armada.

El año de 1967 fue el punto de partida para la conformación de una alternativa revolucionaria independiente, que buscaba combinar la lucha guerrillera con el trabajo político-organizativo en el campo y la ciudad, a fin de que el movimiento popular se desprendiera de la tutela de la burguesía opositora y de los partidos políticos tradicionales. Cuando el Partido Conservador, dirigido por Fernando Agüero, pactó con Anastasio Somoza Debayle para que éste llegara al poder, el FSLN emergió, después de la experiencia guerrillera de Pancasán, como la única fuerza enfrentada al régimen somocista y comenzó a adquirir un carácter nacional, frente a la oposición burguesa que estaba cada vez más desprestigiada. A partir de entonces, se desarrollaron mecanismos clandestinos de vinculación a las masas y se comenzó a participar de manera más activa en las organizaciones estudiantiles, obreras, campesinas, comités de barrios, comunidades de base, etcétera. Con todo, el FSLN vio mayores resultados a nivel del fortalecimiento de sus estructuras clandestinas que en el ámbito de la organización popular masiva.

El terremoto de 1972 conllevó una seria crisis política y económica debido a la destrucción que produjo en Managua, que se agudizó en virtud de que gran parte de la ayuda económica internacional fue a parar a los bolsillos del dictador. De aquí que el FSLN se planteara la necesidad de reforzar su trabajo político de masas, creándose organizaciones y frentes que apoyaban y difundían los postulados sandinistas, al tiempo que participaban en diversas movilizaciones y jornadas de lucha.4

En 1974 surgió la Unión Democrática de Liberación (UDEL), grupo opositor dirigido por Pedro Joaquín Chamorro, que agrupaba a algunos miembros del Partido Conservador, sindicatos, grupos democristianos, al PSN y, en general, grupos de la pequeña burguesía nicaragüense. El 27 de diciembre de ese mismo año, el FSLN llevó a cabo un operativo en casa del ministro Chema Castillo, acción que les proporcionó recursos económicos, dio gran difusión a sus planteamientos y les otorgó mayor presencia nacional e internacional, pero que trajo consigo una severa represión que resquebrajó al incipiente movimiento de masas.5 A ello se sumó el surgimiento de tres tendencias al interior del FSLN a partir de 1975: la Tendencia Proletaria (TP), que recalcaba la necesidad de la organización de la clase obrera en los centros de producción; la Tendencia Guerra Popular Prolongada (GPP), que apoyaba el trabajo político de masas pero ponía mayor énfasis en la actividad guerrillera en la montaña; y la Tendencia Insurreccional (TI), que buscaba impulsar acciones armadas en la ciudad con base en una amplia política de alianzas.

Para 1977, el objetivo del FSLN era desarrollar un programa mínimo de reivindicaciones populares,6 que reflejara las demandas más sentidas del pueblo de Nicaragua y sentara las bases para la implantación de un gobierno revolucionario, democrático y popular. Al mismo tiempo, se realizó un intenso trabajo orientado a fortalecer las organizaciones populares, el cual se vio favorecido por la derogación del estado de sitio en septiembre del mismo año. En ese contexto, en octubre se constituyó el Movimiento Pueblo Unido (MPU), integrado por organizaciones de trabajadores, colonos, campesinos, estudiantes y mujeres en torno a la problemática de los derechos humanos en Nicaragua y la libertad de los presos políticos.

A raíz del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro el 10 de enero de 1978, la UDEL convocó a una huelga general. La mitad de los comercios de Managua cerraron sus puertas y cerca de 300 000 trabajadores faltaron a sus labores. Los sandinistas realizaron acciones en Matagalpa, Granada, León y Masaya y tuvieron lugar importantes levantamientos indígenas en los barrios de Monimbó y Subtiava. El movimiento popular se desbordó y fue víctima de la sangrienta represión de la Guardia Nacional. En respuesta, la oposición antisomocista empezó a aglutinarse y a conformar bloques unitarios en contra de Somoza. Tal fue el caso del surgimiento en marzo del Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), dirigido por Alfonso Robelo; el Frente Amplio Opositor (FAO), constituido en mayo por el propio MDN, la UDEL y el Grupo de los Doce,7 la oposición conservadora y algunos sindicatos obreros; y el MPU, creado por los sandinistas en julio, y en el cual confluyeron partidos políticos de izquierda, organizaciones estudiantiles, sindicatos, asociaciones de mujeres, etcétera.

Los movimientos populares culminaron con la toma del Palacio Nacional el 22 de agosto,8 acción que abrió la puerta a la insurrección de septiembre de 1978. A partir de entonces comenzaron a darse pasos más certeros hacia la unidad del movimiento popular. El FAO y la Organización de Estados Americanos (OEA) pretendieron negociar una salida pacífica con un “somocismo sin Somoza”, contando con el apoyo de Estados Unidos, por lo que el Grupo de los Doce, el PSN y la CTN se retiraron del FAO y, a partir de que se inició el proceso de reunificación de las tres tendencias dentro del FSLN, se conformó el Frente Patriótico Nacional (FPN), cuyo eje fundamental era el MPU, y al cual se sumaron el Grupo de los Doce, diversas fuerzas de izquierda y los sindicatos dirigidos por el FSLN. Así, ante la imposibilidad de llevar adelante un gobierno somocista sin Somoza, los sectores conservadores decidieron aliarse con las fuerzas populares y tratar de influir en el nuevo gobierno. Por su parte, el FSLN amplió su política de alianzas y empezó a trabajar en la organización de las masas que participarían en la insurrección y en la creación de una fuerza militar que garantizara la victoria: el Ejército Popular Sandinista (EPS).

En los primeros meses de 1979, el ascenso del movimiento revolucionario era incuestionable. Las acciones militares del FSLN se multiplicaron9 y, a la par que se desarrollaban los enfrentamientos militares con la Guardia Nacional, las organizaciones populares se hacían presentes en manifestaciones, tomas de ciudades, construcción de barricadas, tomas de iglesias, etcétera. Este proceso culminó con la reunificación de las tres tendencias en marzo de 1979, el inicio de la ofensiva final, el llamado a la huelga general el 4 de junio y la constitución del Gobierno Provisional de Reconstrucción Nacional el 16 del mismo mes, acciones que junto con los intensos combates llevados a cabo por el EPS y las movilizaciones de las masas organizadas condujeron al triunfo de la revolución sandinista el 19 de julio de 1979. En este proceso tuvieron un papel central los frentes amplios (MPU y FPN), las organizaciones de masas sectoriales, así como la participación en formas de lucha armada y no armada a través de los Comités de Defensa Civil (CDC) que fortalecieron la labor de dirección del FSLN.10

Tradiciones y principios

Los principios tradicionales de la política exterior mexicana (no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, igualdad jurídica de los Estados, cooperación internacional para el desarrollo, y lucha por la paz y la seguridad internacionales) comenzaron a adquirir un carácter doctrinario oficial a partir de la revolución mexicana y fueron defendidos por los gobiernos emanados de ésta, convirtiéndose en factores de legitimación del sistema político mexicano.11 Durante la segunda mitad del siglo XX, México impulsó una política exterior de Estado, claramente delineada desde la Cancillería, la cual contó con la participación de los diplomáticos que debieron aplicarla en varios países, ante distintos casos concretos y en los diversos foros multilaterales, con el fin de hacer oír la voz de México. Se reivindicaba una serie de principios del derecho internacional y se promovía el desarrollo de una política exterior activa que buscaba la independencia frente a Estados Unidos, la protección de los mexicanos en el exterior, el ejercicio del derecho de asilo, la construcción de un mundo sin armas, la promoción de la ayuda humanitaria, la condena a las invasiones militares, la pacificación de los conflictos y la defensa de la soberanía.