Kitabı oku: «Cafés con el diablo», sayfa 2

Primera parte

Algunos lugares oscuros de nuestro tiempo

CAPÍTULO I

Chile bajo la Junta Militar

El bombardeo del Palacio de la Moneda, el 11 de septiembre de 1973, marcó con una brutalidad insólita el asalto al poder de las Fuerzas Armadas que, conducidas por el general Augusto Pinochet, pusieron fin a la democracia parlamentaria más antigua del continente sudamericano. Los ideales de un socialismo en libertad, acariciados por el gobierno de Salvador Allende al frente de la Unidad Popular, quedaban ahogados en sangre al cabo de muchos meses de tensión política, cultivada por una derecha golpista que actuaba bajo la influencia de los Estados Unidos. Los militares chilenos abrieron una etapa sangrienta en el Cono Sur, cuyas dictaduras –coordinadas por la Operación Cóndor– recurrirían sistemáticamente a métodos comunes de represión que incluían detenciones masivas, torturas, asesinatos y desapariciones.

Entrevista con Juan Molina. La mala costumbre de tirar cadáveres al mar

El chileno Juan Molina vive convencido de que Dios le castigó con la máxima dureza, arrebatándole a su hijo de año y medio, por su participación en el terrorismo de Estado. Mecánico de helicópteros, cumplió dos veces la misión de arrojar a las aguas del Pacífico cadáveres de prisioneros políticos, durante la etapa más dura del régimen de Pinochet. Atormentado por su conciencia, abandonó la carrera militar y acabó confesando su colaboración en la eliminación de los cuerpos de detenidos desaparecidos. El testimonio de Molina quebró el secreto castrense sobre los «vuelos de la muerte», que llegaron a ser una rutina en la metodología de la represión. Fueron muchos los centuriones implicados, pero jamás hablaron del tema, o lo hicieron sólo en círculos de máxima confianza, en voz baja y con pocas palabras. Habrían de pasar tres décadas hasta que se desvelase aquella práctica criminal.

Los verdugos chilenos, al igual que sus colegas argentinos, han mantenido un férreo pacto de silencio. Prácticamente ninguno quiso reconocer sus culpas ni pedir perdón, convencidos de haber obrado «correctamente». Una actitud explicable porque la dictadura los recompensó oficialmente y consideró irreprochables sus comportamientos. Después, cuando Chile recuperó la democracia, a la soberbia militar se sumó el miedo de afrontar responsabilidades como justificantes del obstinado mutismo de todos los asesinos de uniforme. Muchos han sido procesados y condenados, pero no se conocen casos de centuriones arrepentidos por las más de 3.000 ejecuciones sumarias, ni han querido revelar el destino final de sus víctimas cuyos cuerpos fueron sepultados en fosas comunes, incinerados, dinamitados o arrojados al océano. Juan Molina es una excepción.

Conocí a Molina en septiembre de 2003, en un Santiago de Chile crispado por los actos conmemorativos del trigésimo aniversario del golpe militar. Su aspecto correspondía a lo que realmente era: un hombre de origen humilde, sin grandes luces ni ambiciones; un soldado que aceptó sin rechistar unas órdenes inhumanas y acabó confundido por la complicidad que implicaban en hechos radicalmente opuestos a su formación cristiana. Obedeció y calló hasta que una tragedia familiar removió en lo profundo de su alma un horror que no estaba capacitado para asumir.

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Juan Molina cree que la muerte de su hijo fue un castigo de Dios, por haber participado en los «vuelos de la muerte».

Fabio Díaz, productor de TVE en el Cono Sur, lo localizó y logró que nos recibiera en su hogar, una modesta vivienda en el cinturón obrero de Santiago[1]. Dos fotografías destacaban, expuestas en el comedor donde realizamos la entrevista. Una era un enorme retrato del propio Molina, impreso en cartón troquelado, vistiendo el uniforme de cadete de la Escuela Militar, repeinado y con cara aniñada. La otra, más pequeña y enmarcada sobre un aparador, mostraba a su hijo con los ojitos ya cerrados para siempre. Coloreada a mano, era una de esas imágenes dolorosas que antiguamente se tomaba a los difuntos para conservar su último recuerdo. Al notar que nos fijábamos en ella, Molina la alzó para que Juan Pangol pudiera grabarla. Después pareció olvidarse de la presencia de la cámara y desnudó su memoria a lo largo de una hora. Empezó explicándonos que sólo tenía 19 años cuando se vio envuelto en el golpe de Estado contra Salvador Allende:

—Yo aún estudiaba en la Escuela Militar cuando me tocó estar en primera línea del asalto al Palacio de la Moneda, para desalojar del poder a las izquierdas de la Unidad Popular. Probablemente sería un acto necesario, pero como chileno me quedó un recuerdo muy amargo. Tomamos posiciones en la entrada de la plaza y enseguida nos encontramos metidos en combate. Había francotiradores que nos disparaban desde varios sitios, como el hotel Carrera. De pronto llegó la aviación y empezó a bombardear la sede del Gobierno. Los rockets hicieron explosión en los ventanales de arriba y se incendió el edificio. Fue un momento impactante que no he podido olvidar.

Molina hablaba con sinceridad. Seguramente nunca había sido consciente de la importancia del momento histórico que Chile vivía a comienzos de la década de los setenta, con la confrontación entre los sueños revolucionarios de una izquierda agrupada en la Unidad Popular y una derecha cómplice de los intereses económicos norteamericanos. En el ambiente prusiano de la Escuela Militar aquel proceso político no significaba más que un clima social turbulento, con enfrentamientos y desórdenes públicos, en el que cada día se alzaban voces pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas para «poner orden» y evitar un «triunfo del comunismo».

Pero el tema de su actuación el día del golpe de Pinochet se agotó pronto. Molina sabía que habíamos ido a visitarlo para hablar de sus «misiones secretas», a bordo de helicópteros que transportaban los restos de detenidos políticos, muertos en la tortura o ejecutados, para hacerlos desaparecer bajo las aguas del Pacífico. Un tema sobre el que pesaba una consigna de secreto militar que nadie había roto durante cerca de treinta años. Tras una pausa en la charla, forzada por las tazas de café con que nos obsequió su esposa, Juan Molina comenzó sin más preámbulos a desgranar la parte oscura de su memoria.

—En noviembre de 1979, un viernes a las cuatro y media de la tarde, me designaron para un vuelo. Nunca nos informaban en qué consistía cada misión, así que sólo sabía que sería una salida local por la costa del Pacífico. Nadie nos dijo que íbamos a tirar gente al mar. Cuando estábamos preparando el helicóptero, llegó una camioneta Chevrolet de color crema, con la carga que teníamos que llevar. Yo estaba a unos veinte metros de distancia y no me fijé bien. Enseguida vinieron los pilotos y dieron orden de marcha. Al abrir la puerta para subir me encontré con dos bultos en el suelo. Era evidente que se trataba de dos personas muertas, tapadas con sacos y atadas por los pies a un pedazo de riel. A la del costado izquierdo se le veía parte de las piernas y parecía ser una muchacha joven. En fin, yo no me esperaba aquello…

—¿Conocía usted la existencia de ese tipo de vuelos?

—Sí. Había oído hablar de ellos en conversaciones con los compañeros de armas. Los demás mecánicos me habían dicho que esos vuelos eran «normales», porque desde el año 73 se estaba lanzando presos al mar, e incluso que al principio los llevaban vivos, lo que era aún más triste. Entonces me dije: «Esto no puede ser».

—Así que todos sabían que el Ejército eliminaba de esa forma a numerosos prisioneros políticos…

—Sí. Como no había tenido que participar, moralmente no me sentía afectado, aunque sabía que debía ser «un poco complicado». Incluso pensé que nunca me iba a tocar. Pero al final también yo tuve que ser testigo de cómo se lanzaban cadáveres al océano.

—¿Cuántas de esas misiones le asignaron?

—En noviembre del año 79 tuve que presenciar el lanzamiento de esas dos personas al mar, a unos 80 nudos de Quintero. Y en 1980 me tocó otra triste misión, con ocho cuerpos que partían de la misma forma: con rieles en los pies y tapados con sacos. Pero en esa ocasión dejaron grandes rastros de sangre porque se notaba que iban abiertos. Cuando volvimos a la base no quise limpiar las manchas de sangre que habían quedado en el suelo del helicóptero. Dije «Ya lo haré el lunes», y dejé las puertas abiertas para que se marchara el mal olor que había. Cuando llegué a mi trabajo, temprano en la mañana, un oficial me riñó diciendo que las manchas podían haber sido vistas por alguien que no debía saber lo que se había hecho, y podían empezar a hacer preguntas. Le respondí que mi conciencia no soportaba más todo aquello. Entonces me quitaron las armas y quedé arrestado en la guardia.

—¿Qué protocolo se seguía para descargar los cuerpos?

—Los pilotos decían cuándo había que lanzarlos al vacío. Los dos del primer vuelo fueron arrojados por una puerta lateral del helicóptero. Para tirar a los otros ocho, se utilizó el portón central. Las operaciones eran rápidas, con una duración de cinco a siete minutos cuando se trataba de ocho o diez bultos.

Lo narraba como si hubiese sido un simple espectador, como si no hubiera tenido que desmontar los asientos para hacer sitio a los cadáveres, como si para moverlos no hubiera resultado imprescindible que ayudase al oficial encargado de empujarlos. Seguramente temía que su confesión lo incriminara si describía todos los detalles. Pero bastante era que hablara para expulsar de su cabeza los fantasmas que lo atormentaban.

—¿A quiénes correspondían esos cuerpos?

—Eran detenidos políticos, de eso estoy seguro. Pero lo único que yo sé de ellos es que estaban muertos y atados con alambre a trozos de rieles de ferrocarril. De la forma en que los ejecutaran no tengo idea. Tampoco pude ver sus caras ni su aspecto, porque estaban tapados. Una de las veces, incluso me hicieron alejarme para que no presenciara cómo los subían. Porque de hacer eso se encargaban civiles, aunque yo creo que eran militares que no vestían uniformes, gente de la DINA[2]. Uno de ellos venía también en cada vuelo.

—¿Escuchó usted a sus compañeros hablar del número de prisioneros eliminados de ese modo?

—Sí, pero nadie estaba seguro. Tuvieron que ser centenares porque eso duró como siete años. Empezó en 1973 y, por las conversaciones que tuvimos, entre el 74 y el 75 fue cuando se echó más gente al mar. A mí me tocaron de los últimos, todavía en 1980. Fueron muchos, aunque no sé cuántos. Podría decirle que unas cuatrocientas personas, pero a lo mejor me quedo corto. Centenares.

—¿En qué zona eran tirados al mar?

—Eso sólo lo sabían con exactitud los pilotos. En las dos oportunidades que yo estuve fueron arrojados cerca de aquí, casi central a Santiago. Se operó de igual forma. Y en los dos vuelos vino la misma persona de la DINA.

—¿Ha intentado usted identificar quién era?

—Sí, pero, aunque me mostraron fotografías, no pude reconocerlo. Creo que tal vez fuera uno de los que vi en las fotos... Pero no me atrevo a decir «sí, efectivamente éste es». Porque tendría que haber estado seguro al cien por cien para no perjudicar a otra persona.

Ambos ignorábamos que, pocas semanas antes de nuestra conversación, había empezado a dar fruto una investigación judicial sobre los «vuelos de la muerte», tras pasar un año varada por las trabas administrativas con que el Ejército aún pretendía ocultarlos. El juez Juan Guzmán descubrió aquel método criminal en el curso de sus pesquisas sobre un antiguo caso de detención y desa­parición de dirigentes clandestinos del Partido Comunista. Entre ellos se encontraba Marta Ugarte[3], cuyo cuerpo apareció en septiembre de 1976 en la playa La Ballena. Aunque la prensa pinochetista afirmó entonces que había sido víctima de una venganza pasional, la autopsia reveló que acusaba numerosas huellas de tortura, además de fractura de columna, e hígado y bazo reventados a golpes. Pasarían 27 años hasta que la Justicia demostrara la procedencia de su cadáver. Uno de los mecánicos del helicóptero declararía que aún agonizaba cuando fue embarcada, y que el agente de la DINA Cristian Álvarez la remató, empleando para ahogarla el mismo cable que la sujetaba al riel de ferrocarril. Al parecer volvió a atarla de manera defectuosa, y el cuerpo se desprendió. El propio Álvarez reconoció los hechos y manifestó su «miedo de venganzas militares por hablar».

Juan Molina, que ya no mantenía lazos con sus antiguos camaradas, quedó al margen de las actuaciones del magistrado porque el proceso en curso se limitaba al periodo entre los años 1974 y 1978. Y a los periodistas todavía no nos habían llegado noticias precisas sobre los avances judiciales, ya que todas las partes se esforzaban en impedir filtraciones: los militares, para evitar otro escándalo, y la Justicia, para que el expediente no reventara antes de tiempo, cuando aún quedaban averiguaciones por hacer o confirmar.

—¿De qué modo le afectó la experiencia de aquellos vuelos, Molina?

—Mucho, moral y personalmente. Porque yo no sabía si esas personas eran culpables de algo o no, pero tampoco creo que nadie tenga el poder suficiente para decidir que se elimine y se haga desaparecer a otras personas, como pasó en esos casos. Me repetía: «Dios nos va a castigar, porque esto es delito». Y me costaba mucho dormir, porque me ponía a pensar que aquellos muertos tendrían hijos o familia. Por eso me planteé retirarme del Ejército en 1981. Entonces me tocó la muerte de mi hijo pequeño, y eso ya fue definitivo. Lo tomé como un castigo de Dios, sinceramente.

Hablaba despacio, visiblemente turbado. Veintidós años después aún se le nublaban los ojos al recordar aquella tragedia familiar. Hizo una pausa, apuró el café y prosiguió con palabras vacilantes, evitando mirar tanto a la cámara de Juan Pangol como a Fabio Díaz o a mí, que le escuchábamos en el más respetuoso silencio.

—Se me murió ahogado en un tarro[4] con agua. Y dije: «Qué pasa aquí, algo está pasando». Lo de los vuelos lo sabían únicamente mi madre y mi abuelita, que en las dos oportunidades me vieron tan afectado que ni siquiera pude comer. A mi señora no se lo conté hasta que falleció el niño y le dije: «No sé, esto a lo mejor es un castigo de Dios». Yo sabía que no era culpable de aquellos hechos, pero había sido testigo presencial y eso me atormentaba.

—¿Qué edad tenía su hijo?

—Tenía un año y siete meses, estaba recién empezando la vida. Un año y siete meses… Y ya andaba por todos lados. Mi señora lo encontró caído dentro del tarro, con los dos zapatitos afuera. Fue un día domingo, cinco minutos que se descuidó y el niño... Se ve que intentó sacar un cepillo que se le había caído al agua jugando, quiso alcanzarlo y... Cinco minutos fueron suficientes para que muriera. Dicen que falleció en el hospital, pero yo sabía que estaba muerto cuando lo saqué y quise darle respiración artificial para reanimarlo. Entonces me vino de inmediato el recuerdo de lo otro, porque era todo tan cruel... El día lunes, cuando sepultamos al niño, salí en la mañana para ir al Ejército y encontré una carta hecha con recortes de diarios pegados en un papel, que me decía «Para que te des cuenta de lo que se siente cuando se ahoga un ser querido». Nunca supe quiénes lo mandaron. Acaso unos vecinos, aunque nadie conocía las operaciones en que yo había participado. Pero tuvo que ser alguien que sabía algo... o tal vez vinieron del Ejército. No sé. Pero eso rebasó los límites. Y dije: «No sigo más».

—¿Comentó con alguien que asociaba la muerte de su hijo con aquellos dos vuelos?

—Se lo comenté a un psicólogo del hospital militar. Y me dejaron internado durante un mes para estabilizarme, porque estaba demasiado alterado. Me sentí detenido, como en una cárcel; sólo podía ver a mi mujer una vez por semana y prohibieron que mis compañeros me visitaran. El día que me dieron de alta me informaron que el coronel había dicho que «borrón y cuenta nueva» y que siguiera trabajando igual que antes. Yo contesté: «No, tengo que irme». Todo aquello hizo que yo no quisiera continuar en el Ejército.

—¿Solicitó formalmente la baja?

—Sí. Pero no me concedieron baja voluntaria, sino «baja en lista 4» para no pagarme, o sea, para dejarme en la calle. No me dieron ni un peso. Además, yo vivía en un departamento de propiedad estatal y cuando fui a buscar mis cosas no había nada. Se habían llevado todo. Lo único que quedaba eran estos muebles de comedor que están ustedes viendo, y tardé tres años en recuperarlos. Todo lo demás se lo repartieron. Desde entonces quedé totalmente al margen de lo militar y traté de rehacer mi vida trabajando en otras cosas.

—¿Por qué ha decidido usted contar su participación en los vuelos, tanto tiempo después?

—Porque pasan los años y seguimos recordando el golpe de 1973. Fue algo que nos afectó tanto a las víctimas como a los victimarios, y todos los chilenos quedamos divididos. Si no se puede olvidar lo que pasó es porque hubo un daño demasiado grande. Los responsables directos tienen en sus conciencias cosas que todavía no han podido entregar. Y me pongo en su lugar: se sienten culpables, no duermen tranquilos, deben estar sufriendo como también sufren las personas que tienen seres queridos desaparecidos. Aquí hay que hacer un examen de conciencia. Esto no se va a calmar hasta que no se sepa toda la verdad. Yo hablo porque quiero liberarme de la presión que supone el que no se haya dicho nada sobre aquellos vuelos. He contado toda la realidad que conocía. Y me han llamado de los tribunales, sin mayores consecuencias. Pero me he sentido ya más tranquilo.

—Participar en aquellos vuelos arruinó su vida, Molina.

—Sí. Seguramente todo habría sido muy diferente sin eso. Creo que habría alcanzado un grado máximo, estaría viviendo en otro lado, tendría una buena casa y mejor vehículo… como la mayoría de mis compañeros, mientras yo he pasado hambre. No me avergüenza decirlo porque realmente ha sido así. De repente me encuentro con que no tenemos ni para comprar el pan, y vivir tan lejos del centro de Santiago complica todo. Aquí casi no hay donde trabajar. He tenido que hacer de todo, arreglos de motores, reparaciones eléctricas, lo que saliera. Hasta estuve una temporada cortando fruta con mi señora. Pero no me importa porque todo tiene un precio. No me arrepiento de haberme retirado del Ejército, aunque de seguir podría haber tenido una vida mejor. Tampoco sé lo que hubiera pasado, y a lo mejor se habría caído mi helicóptero... Pero así estoy más conforme con la sociedad, con la gente. Porque no me siento traidor. Cuando tenía diecinueve años juré por Dios que serviría fielmente a mi patria. Y no estoy con el Ejército ni con las personas que llevaron a este país al caos. Ellos sabrán cómo van a afrontar su realidad cuando vayan a pedir perdón. Dije siempre que el golpe de Estado, el pronunciamiento militar, fue algo necesario. Aún lo pienso, porque comprendí lo que pasaba en el país. La política estaba quebrantada, lo sabe todo el mundo. Pero no voy a dejar de pensar que las muertes fueron innecesarias. Y la forma como lo hicieron... Por eso no me considero traidor al Ejército. Todo lo contrario, me siento fiel a mi país que me pide que cuente lo que vi. Sería enfermo ignorar a los miles de compatriotas que perdieron a sus seres queridos y ni siquiera conocen aún donde están sus cuerpos. Yo quise aportar el grano de arena de los hechos de que fui testigo.

(Dos meses después de esta entrevista, en noviembre de 2003, los funcionarios judiciales a las órdenes del juez Guzmán, desvelaron aquellas misiones secretas de las que Molina hablaba con tanta amargura como vergüenza[5]. Aunque sus investigaciones alcanzaban sólo hasta 1978, el juez estableció que se efectuaron «al menos 40 viajes», tras haber interrogado a las tripulaciones que aparecían en los libros de bitácora del Comando de Aviación del Ejército. Todos los pilotos mantuvieron el pacto de silencio, pero doce suboficiales mecánicos reconocieron los hechos. Sus testimonios permitieron establecer que cada vuelo transportó entre 8 y 15 cadáveres. Y detallaron la eliminación de prisioneros políticos, desde el nombre en clave de Operación Puerto Montt y la composición de las tripulaciones (piloto, copiloto, mecánico y agente de la DINA) hasta los estrictos protocolos que debían seguirse: los presos eran ejecutados mediante una inyección de cianuro, los cadáveres debían ir cubiertos para impedir su identificación, los mecánicos tenían que encargarse de quitar los asientos traseros de los helicópteros y el tanque suplementario de combustible para ampliar su capacidad, etcétera. También señalaron a algunos responsables con nombres y apellidos, como el comandante Carlos Mardones que amenazaba a quienes no guardasen el secreto más estricto, o la teniente enfermera Gladys Calderón Carreño que administraba las dosis de cianuro en el cuartel Simón Bolívar. Incluso aportaron al sumario descripciones siniestras como el insoportable olor de algunos bultos ya en descomposición, o que otros eran de menor tamaño porque contenían cuerpos despedazados.

Las identidades de los testigos quedaron protegidas por el secreto sumarial. Una medida necesaria, dado que el mismo día que el juez abrió el procedimiento contra cinco de los pilotos fue secuestrado un hijo de uno de los doce mecánicos que hablaron. Un grupo de hombres lo subió a un coche, lo maniató y le cubrió la cabeza con una capucha, le propinó una paliza y lo dejó en libertad tras darle un mensaje para su padre: «Dile que cierre bien el hocico». La palabra que utiliza la mafia en estos casos es omertá).

* * * * *

El sicario de confianza de Pinochet

Mientras el general Contreras, el mayor y más odiado de los verdugos de Pinochet, agonizaba en el hospital militar de Santiago, una gigantesca «cadena de oración» pedía a Dios que lo mantuviera con vida. No se trataba de amigos y partidarios del hombre que orquestó la represión de la dictadura, ni siquiera de «buenos cristianos» que se apiadaran por los daños que varias enfermedades –cáncer de colon, diabetes e hipertensión– causaban a su cuerpo de 86 años. Eran sus víctimas, los supervivientes y los familiares de los asesinados por órdenes suyas, quienes suplicaban que no muriera «todavía», cuando le quedaban por cumplir más de 500 años de cárcel, esperaba otra sentencia de 576 años más y tenía pendientes 556 juicios orales. Sus enemigos querían que continuara sufriendo, pero sus rezos no respondían tanto al odio como a un ansia desesperada de justicia. Porque Contreras nunca había llegado a pagar realmente por sus múltiples crímenes.

Manuel Contreras, alias el Mamo, cerebro de la policía política de la dictadura, salió muy bien librado de sus tardías rendiciones de cuentas ante los tribunales de la democracia. Aunque se viera condenado de por vida, pasó menos de cinco lustros enclaustrado en el Penal Cordillera, un antiguo resort reacondicionado para acoger en sus cinco lujosas cabañas de vacaciones a diez represores, al cuidado de treinta y ocho agentes de la Gendarmería[6]. Contreras nunca fue despojado de su rango castrense, ni privado de la pensión que disfrutaba, pese a que el artículo 222 del Código de Justicia Militar chileno sancionase con la degradación a los centuriones castigados a penas de muerte o prisión perpetua. Y hasta el final de sus días alzó la cabeza con «la satisfacción de haber salvado a la Patria de caer en poder del marxismo», proclamando con cinismo que el régimen pinochetista no torturó ni asesinó, y que «los desaparecidos estaban en los cementerios». Tales alardes de descaro e hipocresía hicieron que hasta el partido de extrema derecha Unión Demócrata Independiente se opusiera a que se rindieran honores militares en su funeral.

La biografía del Mamo Contreras podría figurar en la vieja colección de tebeos católicos Vidas ejemplares[7] por los constantes actos de fe que la jalonan de principio a fin. Desde muy joven había destacado por su firme vocación y sus grandes cualidades para el ejercicio del mal. En sus tiempos de cadete fue seleccionado por los jefes de la Escuela Militar para vigilar a sus propios compañeros y delatar sus faltas. Y enseguida, allá por 1946, se labró un merecido «prestigio de dureza» como Brigadier Mayor de la 1.ª Compañía por su autoritarismo, prepotencia, abusos de poder e incluso actitudes sádicas. Sus métodos disciplinarios nunca serían olvidados por quienes estuvieron a sus órdenes:

—Nos castigaba con medidas desproporcionadas –recordó el capitán Alejandro Barros Amengual[8]–. Nos obligaba a introducir la cabeza en las tazas de los baños y tiraba de la cadena, acción que graciosamente llamaba el champú. En otras oportunidades nos sujetaba la cabeza y nos introducía en la boca el pitón de la manguera que usábamos en los baños matinales, dando al chorro la máxima potencia.

El destino de Manuel Contreras hizo que se cruzara en la Academia de Guerra con otro siniestro personaje que se convertiría en su mentor: el entonces coronel Augusto Pinochet Ugarte, profesor de Estrategia y subdirector de la entidad. La afinidad personal entre maestro y alumno se correspondía, además, con una común obsesión anticastrista en los momentos del triunfo de la Revolución cubana. Y cuatro años después de graduarse, en 1966, el alumno pasó a ejercer la docencia en materia de Inteligencia Militar. Ese puesto le abrió las puertas de los centros norteamericanos de Fort Benning –donde recibió un curso de Posgrado de Oficial de Estado Mayor– y de la Academia de las Américas en 1967. En las aulas de esta «Escuela de dictadores», como la definió el congresista Joseph Kennedy II[9], el Mamo estableció contactos con la CIA y cultivó la amistad de oficiales argentinos, uruguayos y brasileños, llamados como él a ejecutar los planes de represión diseñados por el Pentágono para los países del sur del continente. Entre otras materias, se impartían clases de interrogatorios con tortura y una asignatura con un nombre que no permite dudas: «Estudio del asesinato», cuyos manuales figuran entre los documentos secretos desclasificados por Washington en 1997. Todos esos conocimientos y experiencias, puestos al servicio de una ideología basada en un anticomunismo primario, sirvieron para que Manuel Contreras dedicara su vida al «exterminio del marxismo y otras doctrinas afines como si fueran plagas», mediante un plan de «purificación nacional». Con esas palabras textuales explicaría el propósito que le llevó a fundar la DINA, tras el golpe de Estado contra Salvador Allende.

Ascendido a mayor, se dedicó a impartir clases de Inteligencia en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, a la vez que diseñaba un aparato clandestino –con elementos de grupos fascistas como Patria y Libertad– para desarticular a las principales organizaciones de izquierda, y que respondiera a los deseos y necesidades de la CIA, ante la victoria electoral de la Unidad Popular y su ascenso al poder en 1970. Su puesta en marcha estaría determinada por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Desde la primera hora aplicó de modo implacable sus planes de acción, que destacaron en la represión desatada por la Junta Militar. Y bajo su dirección Tejas Verdes se convirtió en uno de los mayores centros de secuestros, torturas y ejecuciones sumarias.

Un par de semanas después del golpe, con los múltiples lugares de detención abarrotados –incluido el Estadio Nacional, donde se hacinaban 7.000 prisioneros–, las autoridades castrenses se dieron cuenta de que, en aras de una mayor eficacia, resultaba imprescindible mejorar la coordinación entre las distintas secciones de las Fuerzas Armadas, sistematizando la información y cruzando los datos de diferentes fuentes. El Estado Mayor de la Defensa Nacional convocó una reunión para crear un organismo que se encargara de establecer una metodología de trabajo. Ese día, Contreras deslumbró al alto mando con un detallado plan que, sobre todo, encandiló a su antiguo maestro y amigo Augusto Pinochet. Tanto, que el jefe de la Junta decidió saltarse el sagrado escalafón y, pasando por encima de los generales, apostó por el ya entonces coronel Contreras como máximo responsable de la represión en que habría de basarse su gobierno.

Así nació la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuyo personal militar y civil –escogido directamente por Contreras– comenzó inmediatamente a trabajar en las oficinas de las plantas altas del Congreso, como una afrenta más a la democracia, hasta su instalación definitiva en un edificio de la calle Marcoleta. Los tentáculos del nuevo organismo, a partir de su constitución oficial en junio de 1974, crecieron y se extendieron a través de varios centros neurálgicos que se harían rápidamente famosos, como Villa Grimaldi o Cuatro Álamos. El número de sus víctimas se multiplicaría de forma vertiginosa, hasta acabar superando los 40.000 detenidos y cerca de 3.000 muertos a lo largo de su existencia.

Al principio, el enorme y creciente poder adquirido por el coronel suscitó celos y suspicacias entre los generales, que defendían las prerrogativas de los departamentos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y del cuerpo de Carabineros. La DINA quedaba situada por encima y su jefe disponía de mayor autoridad que sus superiores en rango; incluso podía ordenar la muerte de detenidos políticos sin informar más que a Pinochet, de quien dependía directamente. Un profundo malestar se hizo visible en los más elevados círculos castrenses. El propio general Lutz, director del Servicio de Información Militar (SIM), se enfrentó a Contreras negándose a entregarle sus prisioneros, y terminó cesado.

Peor suerte corrió el general Óscar Bonilla, pese a haber sido ministro del Interior en el primer gobierno de la Junta golpista y, después, detentado la cartera de Defensa. Bonilla se atrevió a ordenar la destitución del titular de la DINA tras presentarse de improviso en Tejas Verdes e inspeccionar sus calabozos. «En mi recorrido me encontré con hombres que estaban tendidos boca abajo en el suelo, otros desnudos y amarrados, algunos colgados de los brazos y con su cuerpo en el aire. Cuando comprobé que la realidad era más horrible de lo que me habían dicho, llamé al subcomandante y le comuniqué que él asumía el mando y que el coronel quedaba arrestado.» Bonilla pagó aquel error con la vida: el 3 de marzo de 1975 moría en un extraño accidente de helicóptero[10].